A la mitad de su primer mandato, en su particular paso del ecuador, el presidente Xi Jinping y su gobierno han demostrado que las narraciones radiantes de sus entusiastas no pueden revolverse contra los hechos. La primera víctima ha sido la promesa de dar un «papel decisivo» a los mercados en la economía china. Pese a los suspiros de alivio de sus seguidores, la descompasada intervención gubernamental en las Bolsas locales sigue sin enmendar su ritmo descendente y la de Shanghái no consigue recuperar el índice 4.500 que, con un dogal gubernamental al cuello y un batacazo el pasado lunes; las grandes casas de cambio se comprometieron a alcanzar antes de volver a vender sus participaciones. Los altibajos forman parte habitual de la vida bursátil y tal vez, o no, el mercado dé un nuevo salto hacia arriba que tal vez, o no, sea un rebote de gato muerto. Pretender augurar el futuro de la economía sobre base tan resbaladiza es como querer leer los posos del té. El problema real que los dirigentes comunistas tienen ante sí –cambiar un modelo económico basado en la represión del consumo, en la difusión de inversiones improductivas y en una deuda galopante– no lo resuelve ninguna coyuntura bursátil. La pretendida reforma económica, pues, ha pasado a mejor vida, aunque los intereses creados en la sociedad china y en el Partido Comunista se empeñen en que gane batallas después de muerta.
Ese que yace hecho así añicos era, sin embargo, uno de los dos jarrones famille rose que Xi Jinping había prometido a su país y el mundo en general. Del otro –el compromiso con el imperio de la ley–, ni siquiera queda una fotografía. Nunca nadie pensó que Xi Jinping hablase de ello en serio. Lo curioso ha sido, y sigue siendo, que mientras se acredita una y otra vez que lo suyo sólo era un trasgo, los amigos de Pekín, cuando lo mientan, miran hacia otro lado, como si la creciente represión que Xi ha impuesto en China fuera un incontrolable contratiempo natural ante el que se sienten impotentes. Posiblemente a los amigos de Pekín, como a los que no lo somos, les abruma la fatiga ante tanto material como manan todas las fuentes, pero eso no puede excusar su falta de pulso. Siempre puede intentarse resumir lo que está pasando y tratar de entender sus causas. Como es lógico, un sumario como el que se intenta a continuación tiene que ser selectivo y dejar muchos elementos para otra ocasión.
Empecemos por la lucha contra la corrupción, que es el trofeo mayor de Xi y lo que, hasta el momento, parece haberle ganado un amplio apoyo popular. Ling Jihua ha dado su nombre al último incidente. Ling era el típico funcionario mediocre, convertido por su entrega al trabajo y su fidelidad perruna en el factótum de Hu Jintao, el anterior presidente de la República y secretario general del Partido Comunista. Pese a su irrelevante apariencia externa, más bien inconspicua y hasta apocada, Ling controlaba la secretaría del Comité Central y, por tanto, las intrigas de Zhongnanhai, el centro político de China, y manipulaba a Hu con la misma destreza con que Li Lianying, el eunuco en jefe, había controlado a Cixi, la emperatriz consorte durante el crepúsculo de la dinastía Qing (1644-1911).
A Ling lo hundió un accidente de coche. En la primavera de 2012, las redes sociales chinas bullían con la noticia de un Ferrari 458 Spider negro que se había estrellado en un cinturón de ronda de Pekín. Con tal velocidad marchaba que se partió en dos al chocar. El coche lo conducía Ling Gu, el hijo de Ling Jihua, que murió de resultas del brutal impacto. Gu (tenía veintitrés años) iba acompañado de dos mujeres también jóvenes y los tres, decía socarrón The New York Times, estaban «incompletamente vestidos». El Ferrari, insistían los más exagerados, estaba valorado en un millón de dólares; en cualquier caso, a Ling padre se lo había regalado Taiyuan Iron & Steel Goup, una compañía presidida por Chen Chuanping, uno de sus protegidos. Según los rumores, Zhou Yonkang, el antiguo miembro del Comité Permanente del Politburó del Partido Comunista y ministro de Seguridad recientemente condenado a prisión perpetua por corrupción, le ayudó a encubrir un asunto que, pese a todo, iba a acabar con su carrera.
Todo este enredo, como tantos otros en la caza de tigres de Xi Jinping, es indudablemente un reflejo de la corrupción que corroe hasta la médula a los dirigentes chinos, pero no es ése el matiz que quiero destacar. Lo cierto es que los procesos contra Bo Xilai, Zhou Yongkang, Ling Jihua y tantos otros acusados de corrupción se han destacado por la total indefensión de los acusados, condenados de antemano desde que se abrieron sus respectivos shuanghui (investigaciones reservadas a cargo del organismo disciplinario del Partido Comunista) por crímenes tan mal definidos y escasamente probados como «violaciones de la disciplina del partido», «aventuras extraconyugales» u «obtención de secretos oficiales». Salvo en el caso de Bo Xilai, los juicios contra la mayoría de ellos han sido secretos. Si tal es el caso de la elite del partido, cuál no será la suerte de quienes no se ven protegidos siquiera por los antiguos vínculos mafiosos gestados en su interior.
A partir del pasado 9 de julio, los medios oficiales chinos (no hay otros) anunciaron una gran redada. En ese día y siguientes fueron detenidos más de doscientos abogados y activistas pro derechos humanos en diversos lugares del país. Poco a poco, la mayoría de ellos ha recobrado la libertad, pero al tiempo de escribir este blog siguen aún en prisión unos veinte, cinco de ellos miembros del bufete Fengrui de Pekín. El Gobierno chino les acusa de haber participado en una conspiración para crear «una importante banda criminal», además de «haber llamado la atención sobre casos sensibles, perturbando gravemente el orden social». También «de crear conflictos sociales a través de pagos a grupos de protesta, de tratar de influir en los sentimientos del público y de propalar rumores» Entre los detenidos se encontraban Zhou Shifeng, el titular del bufete, y sus colegas Liu Sixin, Huang Liqun, Wang Yu y Wang Quanzhuang. Todos ellos, decían los medios chinos, habían organizado más de cuarenta incidentes desde julio de 2012. Zhai Yanmin, otro de los abogados detenidos, habría pagado dinero para que sedicentes damnificados gritaran consignas y portasen pancartas en defensa de los abogados defensores. Una participante en esos grupos, de apellido Li, afirmó haber recibido seiscientos yuanes (unos noventa y cinco euros) por enarbolar una pancarta. El Ministerio de Seguridad, que era la fuente de la información, no tuvo al parecer tiempo de averiguar a quién de entre los noventa y tres millones de chinos que se llaman Li se refería. El Diario del Pueblo, el portavoz oficial chino, decía que Zhou Shifeng, el titular del bufete, había reconocido bajo detención haber desarrollado «actividades criminales»: «He participado y he animado acciones ilegales […] que han tenido un impacto negativo sobre la armonía social. Mi responsabilidad es irrenunciable». Por alguna razón, sin embargo, esas declaraciones no fueron recogidas por la televisión, como suele ser habitual en ocasiones similares.
Las autoridades no han entrado en contacto con la familia de Zhou, cuyo paradero se desconoce. Cuando Yang Jinzhu, otro abogado y conocido defensor de los derechos humanos, se declaró dispuesto a defender a Zhou, recibió numerosas advertencias y amenazas de parte del poder. Los otros abogados desaparecidos están en régimen de «residencia bajo vigilancia», es decir, detenidos en un lugar no revelado y acusados de haber puesto en peligro la seguridad nacional.
No en balde China acababa de aprobar una Ley de Seguridad Nacional draconiana días antes de las detenciones. En su artículo primero se define como cometido de la ley «defender la dictadura democrática popular y el sistema de socialismo con rasgos chinos». Como se ha señalado, «“Socialismo con rasgos chinos” es la ideología oficial del Partido Comunista, de suerte que defender el monopolio comunista del poder se convierte en asunto de seguridad nacional. Quien quiera que patrocine la democracia deviene ipso facto en culpable de socavar la seguridad nacional», lo que, pese a no ser novedad, tampoco resulta menos inquietante.
Podríamos seguir con la represión religiosa en Xinjiang bajo la amenaza de un eventual terrorismo islámico; con la persecución de «las cinco feministas» y otros grupos de mujeres; con los ataques a las ONG; pero entonces esto se convertiría en el blog más largo jamás escrito y no quisiera amargarles las vacaciones a los lectores. No se sorprendan, pues, de que los amigos de Pekín también callen.
No puede informarse de todo.
