Miguel Platón es el primer historiador que explora el tesoro archivístico recientemente disponible de 22.337 expedientes que las autoridades judiciales militares (Cuerpo Jurídico Militar) produjeron entre 1939 y 1975. Estos expedientes dieron lugar a 25.003 sentencias de muerte (algunos expedientes contenían múltiples nombres) que fueron reenviadas a Francisco Franco, quien tomó literalmente las decisiones finales. En su calidad de jefe del Estado, el Caudillo conmutó casi la mitad de estas condenas a muerte. En casi todos los casos, siguió las recomendaciones de los auditores militares, que consideraron las apelaciones de los familiares, vecinos, clérigos, funcionarios e incluso víctimas que conocían y a menudo respondían por los acusados. A diferencia de otros regímenes autoritarios durante este periodo de guerras civiles revolucionarias/contrarrevolucionarias, comenzando por la rusa de 1917, los defensores de los condenados a muerte se sentían libres para pedir justicia y clemencia sin la consiguiente persecución por parte del Estado.
Platón admite que, aunque el trío de auditores militares fuera en general sincero en la búsqueda de pruebas de la inocencia o culpabilidad de los acusados, sobre todo después de 1939, sus procedimientos violaron no obstante las normas y garantías del Estado de Derecho, especialmente los derechos de defensa de los acusados. Los nacionalistas pervirtieron el significado de «lealtad», «rebelión» y «legalidad» al decretar a posteriori que la República era ilegítima. Tal vez lo más significativo es que se ignoró la igualdad de justicia, ya que los crímenes nacionalistas, que superaban considerablemente a los republicanos, quedaron impunes. En total, teniendo en cuenta algunos casos adicionales, Platón calcula que el número de ejecutados ascendió a entre 14.000 y 15.000; casi todos varones fusilados, cifra muy inferior a las estimaciones anterioresGutmaro Gómez Bravo, El exilio interior: Cárcel y represión en la España franquista (1939-1950), (Madrid, 2009), 37-38; Francesco Moreno, «La represión en la posguerra», en Santos Juliá, ed., Víctimas de la guerra civil (Madrid, 1999), 288-336; Isaías Lafuente, «Esclavos por la patria». Víctimas de la guerra civil (Madrid, 1999), 288-336; Isaías Lafuente, Esclavos por la patria: Un antídoto contra el olvido de la historia (Barcelona, 2018), 47; Fernando Mendiola Gonzalo, «¿Reeducación por el trabajo? Caminos de montaña en el universo concentracionario español (Pirineos Occidentales, 1939-1942)», Historia del Trabajo, vol. 55, n.º 1 (2014), 103: Las tasas de mortalidad en algunos de estos batallones se aproximaron en ocasiones a las de los prisioneros de guerra italianos bajo la autoridad nazi.. El régimen se ajustaba a la tendencia general, interrumpida por la violencia del periodo de las guerras mundiales, que se alejaba de la tortura y la ejecución públicas, ya que el garrote vil solo se empleaba en un número relativamente pequeño de casos. Como en la Unión Soviética, aunque de forma menos masiva, el régimen permitía la tortura para hacer sufrir a los acusados, confesar sus «crímenes» y confirmar las convicciones de los torturadores. La mayoría de los condenados a muerte fueron acusados de crímenes violentos contra civiles que habían sido sus enemigos políticos o religiosos. Tanto en las zonas republicanas como en las nacionalistas, los condenados a muerte rara vez habían cometido delitos de sangres. Algunas de las víctimas, especialmente en el caso de los sacerdotes, fueron asesinadas de formas grotescas y brutales, y sus cadáveres sufrieron un trato despiadado.
Los asesinos republicanos solían ser campesinos, pobres y, en el mejor de los casos, semianalfabetos. Muchos eran conocidos por sus apodos, lo que sugiere la familiaridad de las pequeñas comunidades. Las descripciones que Platón hace de estos asesinos contradicen sus afirmaciones iniciales sobre que los analistas han exagerado el retraso social y económico español en la primera mitad del siglo XX y que la guerra civil se debió a un exceso de odio político. Ciertamente, las esposas que escribieron a Franco rogándole que indultara a sus cónyuges eran con frecuencia analfabetas, al igual que un buen número de vecinos que también suplicaron que se salvara la vida de los condenados. El alto nivel de analfabetismo reveló el fracaso a largo plazo de la educación de masas en España, que había estado en gran parte en manos de la Iglesia antes del advenimiento de la Segunda República en 1931. Los soldados republicanos que mataban siguiendo órdenes durante operaciones militares formales solían ser indultados en este periodo, al igual que los desertores del ejército nacionalista que hubieran abandonado las filas por motivos personales y familiaresSobre la deserción, véase Pedro Corral, Desertores: La Guerra Civil que nadie quiere contar (Barcelona, 2006).. Una minoría relativamente pequeña pero bien conocida de los ejecutados (Julián Zugazagoitia, Lluís Companys, etc.) no eran culpables de delitos de sangre, pero habían ocupado cargos de responsabilidad en el gobierno republicano o en organizaciones asociadas.
Aunque esta obra es una destacada contribución a la literatura sobre la represión de la posguerra en España, no examina en detalle las muertes causadas por fusilamientos ad hoc, hambre y enfermedades en las múltiples variedades de confinamiento franquista. La defensa que el autor hace del clero católico ―del que afirma que fue notablemente generoso a pesar de haber sido objeto de un «genocidio» (p. 377, que yo defino como una eliminación demográfica a gran escala de una etnia o raza, intencionadamente patrocinada por el Estado)― no resulta convincente. Para evitar una competencia indecorosa entre víctimas durante la era de la guerra global de 1914-1945, el uso de «genocidio» debería limitarse a los armenios del Imperio otomano durante la Primera Guerra Mundial y a los gitanos y, en particular, a los judíos del Imperio nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Para debilitar aún más la afirmación de una Iglesia española justa, los sacerdotes vascos encarcelados se resintieron comprensiblemente de que sus homólogos nacionalistas no les defendieran de la persecución, a pesar de que los vascos habían protegido a los españoles durante la revolución anticlerical. Platón podría haber explorado con más detalle los destinos posteriores al indulto de la gran masa de detenidos, aunque subraya correctamente que a la mayoría se les concedió la libertad provisional tras aproximadamente entre cuatro y seis años de encarcelamiento o trabajos forzados. En defensa del autor, abordar esta crítica habría alargado el volumen más allá de sus 646 páginas y lo habría hecho menos atractivo para su editor, a quien hay que elogiar por ignorar los límites de extensión habituales.
Trabajando hábilmente con las pruebas disponibles, Platón transmite las conmovedoras narraciones de las víctimas y de las familias, a menudo indigentes (y numerosas), que los autores encarcelados o ejecutados dejaron atrás. Su atención a los individuos atrapados en los terribles dilemas de la guerra civil evita el maniqueísmo común al demostrar que los deseos de justicia y reconciliación evitaron a muchos las ejecuciones sumarias o semilegales. Por tanto, demuestra que las raíces de una convivencia «de abajo arriba», que se convirtió en la base social de una Transición mucho más tardía, estaban presentes incluso cuando los asesinos de ambos bandos promulgaban paseos letales. Además, muchos de los acusados fueron indultados o liberados cuando Franco y sus colaboradores del Eje alcanzaron la cúspide de su poder. Así, España se diferenció de la Alemania nazi y de la Unión Soviética, donde la libertad de un gran número de prisioneros supervivientes tuvo que esperar a la muerte de los propios dictadoresSobre esta cuestión, véase Julio Ruiz, Franco’s Justice: Repression in Madrid after the Spanish Civil War (Oxford, 2005).. España se ajusta al modelo general según el cual la represión política en las guerras civiles disminuye con el tiempo, y particularmente después de 1940 la justicia española se benefició del desapasionamiento retardado.
Esta rica obra supone una sólida contribución a la vasta historiografía de la guerra civil, mientras que sus convincentes narraciones de las decisiones de vida o muerte tomadas por españoles individuales merecen llegar al más amplio público.
Michael Seidman es profesor de Historia en la Universidad de Carolina del Norte, Seidman ha publicado extensamente sobre la guerra civil. Entre sus obras traducias al castellano: A ras de suelo. Historia Social de la República durante la Guerra Civil (2006) y La victoria nacional. La eficacia contrarrevolucionaria en la Guerra Civil (2012).
Around the repression during Franco’s dictatorship
Miguel Platón is the first historian to explore the newly available archival treasure of 22,337 files (expedientes) that military judicial authorities (Cuerpo Jurídico Militar) produced from 1939 to 1975. These cases resulted in 25,003 death sentences (some files contained multiple names) which were submitted to Francisco Franco who made the literally final decisions. In his capacity as head of state, the Caudillo commuted nearly half of these death sentences. In almost all cases, he followed the judgements of military auditors, who considered appeals from the relatives, neighbors, clergy, officials, and even victims who knew and often vouched for the accused. Unlike other authoritarian regimes during this period of revolutionary/counterrevolutionary civil wars, which began with the Russian in 1917, defenders of death row candidates felt free to plead for justice and mercy without ensuing persecution by the state.
Platón concedes that even if the trio of military auditors were generally sincere in seeking evidence of the innocence or guilt of the accused, particularly after 1939, their procedures nonetheless violated the norms and guarantees of the rule of law, especially the defense rights of the accused. The Nationalists perverted the meaning of “loyalty,” “rebellion,” and “legality” by decreeing ex post facto that the Republic was illegitimate. Perhaps most significantly, equal justice was ignored since Nationalist crimes, which considerably exceeded Republican ones, remained unpunished. In total, given some additional cases, Platón calculates that the number of the executed amounted to 14,000-15,000, almost all of whom were males killed by a firing squad, a figure much lower than previous estimates. The regime conformed to the general trend, interrupted by the violence of the period of global wars, that moved away from public torture and execution since the garrote vil was employed in only a relatively small number of cases. As in the Soviet Union, although less massively, the regime permitted torture to make the accused suffer, confess their “crimes,” and confirm the convictions of the tormentors. The majority of those subjected to capital punishment were charged with violent crimes against civilians who had been their political or religious enemies. In neither the Republican nor the Nationalist zones, those who they had murdered had seldom committed bloody offenses. Some of the victims, especially priests, were forced to undergo grotesque and brutal deaths followed by pitiless treatment of their corpses.
The Republican killers were often rural, poor, and, at best, semi-literate. Many were known by their nicknames, suggesting the familiarity of small communities. Platón’s descriptions of these assassins contradicts his initial assertions that analysts have exaggerated Spanish social and economic backwardness in the first half of the twentieth century and that the civil war was due to excessive political hatred (odio). Certainly, their wives who wrote to Franco begging him to pardon their spouses were frequently illiterate, and so were a good number of neighbors who also pleaded to save the lives of the condemned. The high level of illiteracy revealed the long-term failure of mass education in Spain which had largely been in the hands of the Church prior to the advent of the Second Republic in 1931. Republican soldiers who killed under orders during formal military operations were usually pardoned in this period, as were deserters from the Nationalist army who left the ranks for personal and familial reasons. A relatively small but well-known minority of the executed (Julián Zugazagoitia, Lluís Companys, et al.) were not guilty of blood crimes but had held responsible positions in the Republican government or associated organizations.
Even though this work is an outstanding contribution to the literature on postwar repression in Spain, it does not examine in any detail deaths caused by ad hoc shootings, hunger, and disease in the many varieties franquista confinement. The author’s defense of the Catholic clergy—whom he claims were remarkably generous even though they had been subjected a “genocide” (p. 377, which I define as an intentionally state-sponsored, large-scale demographic culling of an ethnicity or a race)—is unconvincing. To avoid an unseemly competition among victims during the 1914-1945 era of global warfare, the use of “genocide” should be limited to Armenians in the Ottoman Empire during World War I and to Gypsies and particularly Jews in the Nazi Empire during World War II. Further weakening the claim of a righteous Spanish Church, imprisoned Basque priests became understandably resentful that their Nationalist counterparts did not defend them against persecution even though the Basques had protected Spaniards during the anticlerical revolution. Platón might have explored in more detail the post-pardon fates of the great mass of detained, although he correctly emphasizes that most were given provisional freedom after roughly 4 to 6 years of imprisonment or forced labor. In the author’s defense, addressing this criticism would have lengthened the volume beyond its 646 pages and made it less attractive to its publisher who should be commended for ignoring the usual size limits.
Working skillfully with the available evidence, Platón conveys moving narratives of the victims and the frequently destitute (and large) families that jailed or executed perpetrators left behind. His focus on individuals trapped in the terrible dilemmas of civil war avoids common Manicheism by demonstrating that desires for justice and reconciliation spared many from summary or semi-legal executions. He therefore shows that the roots of a “bottom-up” convivencia, which became the social basis for the much later Transition, were present even as killers of both sides enacted lethal paseos. Furthermore, many of the accused were pardoned or released when Franco and his Axis collaborators reached the height of their powers. Thus, Spain differed from Nazi Germany and the Soviet Union where freedom for large numbers of surviving prisoners had to await the deaths of the dictators themselves. Spain conforms to the general model that political repression in civil wars diminishes over time, and particularly after 1940 Spanish justice benefited from delayed dispassion.
This rich work makes a solid contribution to the vast historiography of the civil war while its compelling narratives of life and death decisions taken by individual Spaniards deserve the broadest readership.
