El pasado 20 de mayo, vestido con traje de faena, el general Prayuth, comandante en jefe del ejército de Tailandia, anunciaba en una rueda de prensa la proclamación de la ley marcial a lo que, a los dos días, seguiría el reconocimiento de que se trataba de un golpe de estado. El lunes 26 de mayo, Prayuth convocaba una nueva rueda de prensa televisada. Esta vez el general vestía un traje de gran etiqueta militar: guerrera blanca con alzacuello, cordones dorados de mando, entorchados, condecoraciones y demás ornamentos. La parafernalia realzaba el doble mensaje que quería trasmitir. Uno, que su majestad Bhumibol Adulyadej, conocido también como Rama IX, había sancionado el golpe de Estado. Las pantallas de televisión recogían la imagen del general arrodillado y con las manos juntas en un wai tradicional ante un retrato del rey. Su ausencia no significaba que el rey se distanciase de la subversión militar; desde hace tiempo el monarca no participa en actos públicos por razones de salud. Dos, que los delitos contra la seguridad serían juzgados por consejos de guerra. Todo el peso de la ley recaería sobre quienes protestasen contra el golpe de Estado. A este último –en una novedad respecto de otros anteriores aceptados con mayor mansedumbre– le han seguido pequeñas manifestaciones de oposición en Bangkok. Había un tercer mensaje, éste por omisión. De la eventual celebración de nuevas elecciones para restablecer el poder civil, ni una palabra: «Habrá elecciones cuando la situación se enderece; antes hay que reformar todo aquello que ha causado el conflicto», decía el general coincidiendo con los opositores al régimen anterior. A nadie se le oculta que esa reforma es precisamente el círculo que la revuelta militar tiene que cuadrar.
Los primeros días de la junta (nombre oficial: Consejo Nacional para la Paz y el Orden, o NCPO, por sus siglas en inglés) han sido ajetreados. La policía militar obtuvo grandes éxitos al descubrir alijos de armas que hasta entonces se le habían escapado. Según portavoces militares, una demostración palpable de que estaba preparándose la guerra civil. Quiénes y por qué la propiciaban quedaba a media luz. En ningún momento a nadie se le ocurrió apuntar que el kamnan Suthep, el caudillo de las algaradas, o sus seguidores pudieran tener la menor relación con ella. Eran los excesos de ambos bandos
Para justificar lo que vendría después, los golpistas convocaron un encuentro de los principales protagonistas de la crisis política con el fin de discutir una posible reforma institucional. Obviamente, llegaron a la misma evidencia que siete meses de revuelta callejera había demostrado hasta la saciedad: no había acuerdo posible. Así que decidieron sustituir a la legalidad vigente por decisiones de mando en plaza: abrogación de la constitución; toque de queda entre las diez de la noche y las cinco de la mañana; prohibidas las protestas y las reuniones políticas de más de cinco personas; las emisoras de radio y televisión tenían que suspender su programación y conectar con la cadena militar; los medios, abstenerse de informar sobre ataques a la corona, declaraciones provocativas o críticas a la junta; las redes sociales y a los proveedores de Internet les tocaba bloquear informaciones falsas y mensajes de oposición al golpe. El miércoles 28 de mayo, los seguidores de Twitter no pudieron entrar en sus cuentas. Un problema técnico, dijeron los militares. La junta ordenó también a una lista de unos doscientos políticos, militares, académicos y periodistas que se presentasen a las autoridades castrenses. Muchos de ellos siguen retenidos en un cuartel. Las imágenes de la televisión oficial les mostraban con buena salud y, al decir de los presentadores, contentos. La exprimera ministra, Yingluck Shinawatra, que se contaba inicialmente entre ellos, fue devuelta a su casa, donde permanece bajo arresto domiciliario.
Luego de la adopción de esas medidas urgentes, tan bien coordinadas que se diría que en las academias militares de Tailandia se enseñase una asignatura de «Técnica del Golpe de Estado», los golpistas se concentraron, como un láser, en la economía. Entre sus primeras medidas figuraba el anuncio de que los campesinos cobrarían inmediatamente las cantidades que se les adeudaban con motivo de las compras de arroz que había puesto en marcha el Gobierno de Yingluck. En breve, la junta pagaría el compromiso del Gobierno anterior de comprarlo a precios superiores a los del mercado internacional para almacenarlo y revenderlo cuando la escasez así provocada lo hubiese hecho subir. Esa ilusión se tornó un gran fiasco, que propició una acusación de la hoy desaparecida Agencia Anticorrupción contra Yingluck por negligencia en el cumplimiento de sus funciones. Un procedimiento muy jaleado por la oposición, que hoy también jalea que los pagos vayan a realizarlos los militares. Su monto es de unos dos millardos de euros. Pero la paz y la alegría volverán al corazón de los agricultores empecinados hasta ahora en apoyar el régimen corrupto de los Shinawatra. En la compra está la ganancia.
En el primer trimestre de 2014, la economía cayó 2,1% sobre el último del año anterior y la confianza empresarial estaba por los suelos. El turismo, que aporta en torno al 9% del PIB, se había contraído con fuerza. En estas condiciones, los tecnócratas del banco estatal presentaron a toda prisa un presupuesto que los militares han hecho suyo. El presupuesto promete una recuperación del 6,3% en 2015 con una inflación del 2,3%, cifras ambas teñidas de rosa. Por lo demás, en un alarde de imaginación, opta por una solución pseudokeynesiana: aumentar inversiones infraestructurales y financiarlas con deuda pública. Es decir, los caprichos de los revoltosos van a pagarlos de sus bolsillos, con la sanción del ejército, los contribuyentes tailandeses.
A la junta le acucia también la necesidad de reparar los daños que el golpe ha causado a Tailandia. La opinión internacional no puede entender fácilmente que los militares golpistas no hayan querido garantizar el cumplimiento de la constitución que ellos mismos impusieron tras el golpe de Estado de 2006, lastrada ya, como lo estaba, por la existencia de poderosos aparatos no elegidos y dotados de poderes exorbitantes. A la falta de comprensión por los golpistas del secretario general de la ONU, de la Unión Europea y del Departamento de Estado norteamericano que ha dolido mucho al ammat (la elite, la gente per bene), se ha unido el encono de los medios occidentales, que se han lanzado sobre los generales como «aves carroñeras atraídas por un animal moribundo», que decía un sulfurado colaborador del diario en inglés The Nation). Cómo no iba a querer lo mejor para su país una gente tan bien educada como ellos, que sólo compran marcas occidentales y pasan sus vacaciones en Nueva York, en Londres, en París… ¿Acaso los periodistas extranjeros no se han enterado de que, enfrente de ellos, sólo están el mal gusto y la grima del perraje thaksinista? Algún día comprenderán su error.
Mientras tanto, el círculo sigue sin cuadrar. Y es que las opciones de los militares golpistas están tasadas. Tanto por razones de economía como de imagen del régimen, no pueden emprender la represión necesaria para inculcar un santo temor de Dios entre los prai (la gentucilla), aunque a muchos golpistas se lo pida el cuerpo. Ahora no bastarían los casi cien muertos de mayo de 2010. Si hasta sus colegas de Myanmar han tenido que imaginar mejores soluciones. Pero si acceden a nuevas elecciones, volverán a ganarlas los de Thaksin. El Partido Demócrata, el partido del ammat, ha sido incapaz de llevarse a casa una sola victoria desde 1992.
Tal parece que los golpistas han empezado a darse cuenta de sus límites. A la inicial negativa a poner fecha a los comicios han empezado a seguirle signos de vacilación en menos de una semana. El 30 de mayo, el general Prayuth apuntaba que las elecciones podrían celebrarse dentro de unos quince meses. En ese lapso de tiempo, a los egregios juristas que cocinaron la constitución de 2007 podrían ocurrírseles nuevas y atrevidas diabluras. Por ejemplo, los anteriores «órganos independientes» podrían completarse con sutiles manipulaciones de la ley electoral para disminuir el peso de las provincias que han votado por Thaksin desde hace años. La imaginación al poder.
Eso, que no es mucho, es lo que da de sí la idea insistentemente proclamada antes por Suthep, y ahora por Prayuth, de que hay que hacer reformas antes de convocar nuevas elecciones. Por si acaso, el general ha comenzado ya a lanzar nuevas ideas. Un llamado Comando de Seguridad Interior (ISOC) se encargará de establecer «centros de reforma» para lograr la reconciliación nacional. Su portavoz ha hecho saber que Prayuth desea que desaparezcan las diferencias de ideas políticas desde la raíz, empezando por las familias, en un proceso que luego se extendería a los pueblos, las regiones, las ciudades, las provincias, el país. El portavoz aclaraba: «No tenemos un modelo perfecto de reconciliación […] pero queremos que la gente entienda cuán importante es acercarse a los demás y vivir juntos y en unión […] Prayuth quiere una genuina reconciliación; no palabras vanas» (Bangkok Post).
Dicho y hecho. Eficacia castrense. El 31 de mayo, el ISOC organizó el primer acto de la campaña de reconciliación en Piyanon, un pueblo de la provincia de Pathum Tani, cercana a Bangkok. Pathum Tani tiene una población de un millón de habitantes. Entre las nueve y media de la mañana y el mediodía, «oficiales del ejército acogieron a los participantes y les ofrecieron servicios de peluquería gratuitos, chequeos de salud, dulces, bebidas y hasta un concierto [a cargo de una banda militar]. Había también una exposición cronológica de las iniciativas de su majestad el rey […], Asistieron unas mil quinientas personas».
¡La órdiga! ¿Será posible que esta dictadura que gusta de presentarse como una dictablanda acabe por ser nada más que otra dictatonta?
