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La violencia de ETA contra los empresarios

La violencia terrorista se manifiesta de muchas maneras. No empieza y acaba en el asesinato, aunque el acto de matar sea la característica fundamental del terror. Las organizaciones terroristas requieren de un entorno que las sostenga material e ideológicamente. Alguien tiene que financiarlas para que puedan llevar a cabo sus propósitos. En el caso de la organización terrorista ETA, es sabido que extorsionó durante años a empresarios vascos, de quienes obtenía el mal llamado «impuesto revolucionario». De esta forma conseguía, además de los recursos económicos, la complicidad y, en definitiva, el apoyo de quienes cedían ante sus amenazas. El tema de la financiación o, por decirlo sin eufemismos, de la extorsión empresarial, es un aspecto del terrorismo etarra que no había sido suficientemente estudiado hasta que se decidieron a hacerlo un grupo de estudiosos de la Universidad de Deusto. El resultado es el libro titulado Misivas del terror, un análisis sociológico, político y ético, riguroso y exhaustivo, que tiene como base empírica las cartas de extorsión enviadas a los empresarios, un conjunto de entrevistas realizadas a los afectados y testimonios diversos, además de toda la documentación académica o mediática que ha podido recogerse relativa al tema.

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Cataluña, o el paraíso en la otra esquina

La historia se ha acelerado en Cataluña hasta el punto de convertir cualquier artículo en un ejercicio de reflexión con una exigua fecha de caducidad. Las novedades fluyen a un ritmo vertiginoso, transformando constantemente el escenario e introduciendo nuevas variables, a veces esperpénticas. La fuga a Bruselas ?¿o se trata de un viaje diplomático?? de Puigdemont y varios exconsellers del Govern introduce una nota pintoresca que evoca las intrigas de la ficticia Ruritania. La maniobra produce estupor y vértigo. ¿Se busca internacionalizar el procés, creando conflictos legales en el seno de la Unión Europea? Cualquier persona sensata anhela el restablecimiento de la legalidad y entiende que las fuerzas políticas constitucionalistas no pretenden reeditar el franquismo, sino preservar la convivencia y la estabilidad. El Gobierno ha activado el artículo 155 de la Constitución de 1978 con extraordinaria prudencia, rehuyendo la confrontación directa con los secesionistas. Muchos han criticado esta demora, pero la cautela nunca es excesiva cuando se aborda una crisis con un enorme potencial desestabilizador. 

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