ARTÍCULO

Sorpresas nos da la vida

 

Hay libros con mal fario y la edición española de éste es uno de ellos. Su tesis central –que la elección presidencial estadounidense del año 2000 marcó un cambio decisivo hacia el conservadurismo– era más que discutible en el momento en que John Micklethwait, director de The Economist desde marzo de 2006 y anterior responsable de la revista en Estados Unidos, y su colega Adrian Wooldridge, corresponsal de la misma en Washington, la formularon. Sacar el libro al mercado español en octubre de 2006, justo unos días antes del revolcón que las elecciones de mitad de mandato propinaron a los republicanos a principios de noviembre de 2006, no ha sido precisamente un ejemplo de buena suerte.
«Tres palabras rectificadoras del legislador y bibliotecas enteras se convierten en maculatura», que dijera –hablando de la jurisprudencia– Julius Hermann von Kirchmann. En traducción libre para la política eso puede formularse así: un cambio en la voluntad del electorado y las más brillantes hipótesis pasan a estar tan muertas como el periódico del día de ayer. La cuestión, empero, es otra: por qué se han empecinado los autores en formular esta brillante hipótesis. Tal parece que la premura por convertir en tendencia algunos sucesos, sin duda llamativos, se ha impuesto a la reflexión.
Curioso, porque The Economist ha ofrecido un juicio cauteloso sobre los resultados electorales de 2000, 2002 y 2004 al considerar que Estados Unidos, más que desequilibrada, es una sociedad dividida en partes relativamente iguales en la que una de las dos opciones que se ofrecen al país sólo podía ganar coyunturalmente. Lo defendió de manera especial en 2004, cuando casi todos los poncios de los medios escritos y audiovisuales estadounidenses e internacionales cayeron, para dolerse o celebrarla, en la ilusión de que la derecha religiosa se había convertido en el punto de referencia de la política americana.
La verdad es que, después de noviembre de 2004, fueron muchedumbre quienes concluyeron que el plan de Karl Rove, el estratega republicano más influyente (el niño prodigio, que le decía Bush), de establecer una mayoría republicana para muchos años había culminado. Los demócratas –con la mayoría de los comentaristas– no daban crédito a sus ojos. Tras la pasión con que se habían opuesto al presidente y el dineral que se habían gastado en desbancarlo, el triunfo de Bush devenía en perentorio. Los demócratas habían conseguido movilizar a buena parte de su electorado, pero los republicanos lo habían hecho aún mejor. A pesar de que en 2004 hubo quince millones más de votantes que en 2000, Bush obtuvo una ventaja de 3,5 millones sobre John Kerry y aumentó su porcentaje de penetración en todos los grupos sociales con la sola excepción del 4% del electorado que se declara homosexual. Desde 1936 con Franklin Roosevelt, ningún presidente había sido reelegido al tiempo que conseguía un aumento de los escaños de su partido en el Congreso. No es, pues, de extrañar que Micklethwait y Wooldridge pensaran que su brillante hipótesis había salido reforzada, como lo muestran las actualizaciones de la versión española. Pero que se hayan rendido con armas y bagajes a lo que parecía ser la evidencia, por más que comprensible, no les exime del cargo de precipitación, pues han aceptado esa teoría sin beneficio de inventario.

La otra versión «whig» de la historia

Para llegar a su conclusión, los periodistas de The Economist han tenido que pasar por una serie de condiciones que al cabo resultan demasiado one­rosas. Ante todo, se han tragado una reescritura de la historia de los conservadores que se parece como un huevo a otro huevo a la versión whig de la historia británica, aunque sea a repelón. Según ellos, el ascenso conservador en Estados Unidos marca un jalón tan importante en la vida política del país como la ley de reforma de lord Grey lo hiciera en Gran Bretaña en 1832. Si allí, según creía Thomas Macaulay, todo lo sucedido con anterioridad a esa fecha sólo cobraba sentido como un entremés de aquélla, aquí hay otro embeleco –el excepcionalismo americano– que explica a guisa de deus ex machina la necesidad del ascenso conservador.
La explicación de moda rastrea los orígenes del ascenso conservador en el estrepitoso fracaso electoral de Barry Goldwater en 1964. Hoy se pone de relieve su claridad moral. Goldwater formó parte del puñado de senadores que votaron en contra de la ley de derechos civiles de 1964 y, en política exterior, defendía posiciones radicales de enfrentamiento con la entonces Unión Soviética, muy alejadas de la tradicional parsimonia republicana. La importancia que sus seguidores atribuyeron a la buena organización de sus bases, se dice igualmente, convirtió al ancestral partido de notables en otro de masas.
Semejante historia más parece dictada por la necesidad de un mito fundacional que por los hechos. En vez de señalar hasta qué punto el candidato republicano había perdido el compás de los cambios en la sociedad estadounidense (lucha por los derechos civiles, incipiente oposición a la intervención en Vietnam) y en el mundo, hoy quiere creerse que el callejón sin salida en que metió a los conservadores americanos durante años no fue sino una dura travesía del desierto elegida a ciencia y conciencia para templar el talante de los futuros vencedores. De derrota en derrota hasta la victoria final.
En la realidad, si a la sazón alguien puso sus convicciones por encima de sus intereses electorales, ésos fueron los demócratas. Lyndon Johnson acertaba al confiar a uno de sus fieles que con la firma de la ley de derechos civiles los demócratas estaban perdiendo definitivamente el sur del país. En 1950 los republicanos no tenían ni un solo senador y sólo dos congresistas en todo el sur. Hoy tienen allí su gran vivero de votos.
Adicionalmente, la forma en que los demócratas y los tribunales aplicaron esa ley a favor de las mujeres, las minorías étnicas y demás otros que no fueran hombres y blancos iba a propiciar que éstos, especialmente los tra­bajadores asalariados, abandonasen la coalición del New Deal. El triunfo de la fórmula política ofrecida por Ronald Reagan, lejos de ser la historia de unos cuantos visionarios idealistas, fue posible sobre todo por el batiburrillo demócrata al tratar de convertirse en una coalición arco iris y perseguir la ilusión de que triangulando intereses contrapuestos iban a poder satisfacer a todos ellos a la vez. Añádase la coyuntura presidencial de Jimmy Carter y su enternecedora visión, seguramente adquirida en un saldo kantiano de fin de temporada, de que una buena voluntad puede allanar hasta a los ayatollahs más recalcitrantes y, sin quitar un ápice a Reagan y a los nuevos republicanos, la cosa no podía acabar de otra manera que con una catástrofe de la que los demócratas tardaron doce años en salir o, según los optimistas bien informados, aún no han salido.

Arenas movedizas

Micklethwait y Wooldridge lucen más pintureros cuando hacen periodismo. Lo más interesante de su trabajo son los capítulos 6 y 7, donde dan un repaso a cómo la derecha estadounidense ha pasado en treinta años de ser un archipiélago de ce­náculos a parte integral de la escena política. Más que a Goldwater, a quien hay que acreditar ese cambio es al puñado de personajes que vieron la necesidad de dar la batalla de las ideas y se agruparon en cuarteles intelectuales como la Universidad de Chicago (donde profesaron Hayek y Friedman), el American Enterprise Institute o la Hoover Institution de Stanford. El más popular fue William F. Buckley, fundador de la National Review, que en su primer número proclamaba la necesidad de «ponerse al bies de la historia».
Aunque no coincidían en el detalle, todos ellos creían en la superioridad de los individuos sobre las burocracias para solventar las incógnitas de la vida social; por ende, en la superioridad del capitalismo sobre cualquier otro de los sistemas económicos conocidos, empezando por el comunismo; y, dentro del capitalismo, del sistema estadounidense frente al capitalismo renano, luego rebautizado Estado del Bienestar. De ahí se inducía una necesidad paladina: rechazar todo cuanto pudiera frenar la creatividad individual, tanto en actividades empresariales como en la vida privada. La acción del gobierno debe limitarse a ofrecer una serie limitada de servicios básicos (seguridad, imperio de la ley, infraestructuras estratégicas) y poco más. En políticas públicas los libertarios defienden la reducción de las burocracias de cualquier nivel mediante una dieta impositiva. Por lo que hace a la vida privada, igualmente quieren limitar al máximo las intervenciones de las autoridades en cosas tan debatibles como las uniones homosexuales, el tabaco, la obesidad y hasta las drogas. En todos estos asuntos, la decisión sobre lo que les conviene debe estar en manos de los individuos. Esa visión no anda muy alejada de la del liberalismo clásico, pero en Estados Unidos los demócratas de izquierda, partidarios de ampliar el gobierno federal, y los populistas, que coincidían con ellos en echar mano del presupuesto para resolver cualquier mal, les habían madrugado la marca. Así que los verdaderos liberales estadounidenses hubieron de verse empeñados en una batalla contra el liberalismo que fue causa de numerosas disonancias cognitivas. Por eso hoy en Estados Unidos, donde poca gente sabe quiénes fueron Bakunin, Salvochea o los wobblies, quienes así piensan prefieren identificarse como libertarios.
La paradoja libertaria de que el interés individual ofrece la mejor base para organizar la vida colectiva en una sociedad abierta resuena poco entre la gente. Los conservadores normativos se apuntan a todo lo contrario, pues están convencidos de que existe un prontuario de fines sociales positivos y un repertorio de buenas prácticas para alcanzarlos. Sobre esto sí que coinciden un buen número de individuos en todas las sociedades. ¿Cómo ha sido, pues, posible que corrientes tan dispares hayan podido asociarse en Estados Unidos con resultados eutróficos? La solución ya está apuntada: los libertarios no creen en el Estado intervencionista; los conservadores estadounidenses sí, pero el suyo es distinto del de los liberales y los populistas que, según los conservadores, lo subvierten para hacer que el gobierno se gaste el dinero de todos en imponer políticas progresistas como la acción afirmativa, el aborto, o la separación de la religión y el Estado, o que permita la irresponsabilidad entre los medios de comunicación. Si por ellos fuera, habría de hacerse justamente lo contrario: defender la familia heterosexual; controlar el gusto de Hollywood y las cadenas de televisión por el sexo y la violencia; dar oportunidades de mejora a la clase media; poner la asistencia social en manos de las instituciones religiosas. Los neoconservadores añaden un toque de internacionalismo soñador al sostener que Estados Unidos debe favorecer la expansión de la democracia, hasta por la fuerza si fuere menester.
Ambas corrientes llevaron a cabo durante años y con credibilidad creciente una guerra de culturas o, por otro nombre, una deslegitimación del Estado de Bienestar de los demócratas. Para ello se dotaron de una amplia red institucional que creció rápidamente durante la era Reagan. Micklethwait y Wooldridge describen con detalle la formación de esa rive droite que ha suministrado munición al empeño y cómo parte de ella abandonó luego los think-tanks y los movimientos de base para montar despachos de influencias y lobbies de toda índole que han crecido al amparo de las buenas relaciones entre los intereses económicos y las burocracias gubernamentales. Finalmente, los conservadores normativos, especialmente notables entre las denominaciones evangélicas y entre los católicos, abandonando su pertinaz repugnancia hacia la política coyuntural, han aportado masivamente sus votos para defender las opciones del gobierno de Bush el chico. Este es, según los autores, el telón de fondo sobre el que se gestó una duradera coalición social que explica el cambio radical de la política estadounidense.

Pato (cojo) a la prensa

Esa brillante hipótesis, tan rápidamente caducada, se apresuraba, por un lado, a concluir la solidez de esa coalición y, por el otro, prestaba poca atención a la política concreta. Empecemos por lo segundo.
Contra toda lógica, Bush empezó su mandato en 2001 como si hubiera conseguido una mayoría abrumadora. Bien es verdad que contaba con mayoría republicana en ambas cámaras del Congreso, pero eso no justificaba la adopción de una agenda que sólo una minoría del país (si se cuentan los votos populares del año 2000) había apoyado. Pero la reducción masiva de impuestos con la que se estrenó sólo ofrecía pequeños beneficios a la mayoría de los conservadores normativos que con tanto tesón lo ha­bían votado. A cambio sólo obtenían dudosas contrapartidas en el campo educativo y una política obtusa sobre células madre.
Los atentados de los terroristas islámicos el 11-S crearon una coyuntura de unidad nacional en la que era muy difícil que se hiciesen explícitas las diferencias entre las diversas tribus republicanas. Hasta los demócratas se aprestaron a no crearle dificultades al presidente. Fue entonces cuando éste y sus consejeros más influyentes resolvieron invadir Irak y, a la sazón, sólo algunas voces se opusieron a ello. Decisión fatídica: ante todo, porque no pudo hacerse buena la gran justificación para derrocar a Sadam Husein. Las armas de destrucción masiva no aparecían por parte alguna. Fue entonces cuando Bush, que acababa de haber hecho bandera de que la política exterior estadounidense no podía dedicarse a la (re)construcción de naciones, se agarró como a un talismán a la idea neocon de que, en cualquier caso, la invasión valía la pena porque así se libraba a los iraquíes de su régimen tiránico y echó mano de un internacionalismo fantasioso a lo Woodrow Wilson para proclamar su hasta entonces desconocida intención de convertir Irak en una avanzada de la democracia en la región. Hoy puede verse que nada de eso ha sucedido. En realidad, los republicanos se han echado al cuello (y de paso se la han endilgado a toda la sociedad estadounidense) una pesada rueda de molino. La resistencia antiamericana (casi tres mil muertos en acción a finales de 2006, más otros muchos mutilados e inválidos) y la guerra civil en el país se han recrudecido, sin que la Casa Blanca sea capaz de ofrecer ninguna estrategia convincente para el futuro. La acumulación de ingenuidades, errores y atrocidades (Abu Ghraib, Guantánamo, la justificación de la tortura) han llevado al presidente a una situación en que cada una de sus posibles iniciativas empeora a la anterior. Si persiste en Irak, malo; si se retira en las circunstancias actuales, malo al cuadrado.
No es necesario compartir el exasperante irenismo de tantos gobiernos europeos en relación con el Medio Oriente para reconocer que las prisas de Bush en Irak lo llevaron a pasar por encima de aliados y terceros de buena fe. Sus empujones se hubieran olvidado pronto de haber podido hacer buena la pregonada amenaza a la paz mundial representada por Sadam Husein pero, al no ser así, Bush perdió casi toda la credibilidad de que suele disponer Estados Unidos. Pocas veces ha parecido tan irrelevante un presidente estadounidense como Bush en la cumbre de la OTAN celebrada en Riga en noviembre de 2006. Si así sucede con los aliados, peor aún será con los enemigos. El fiasco iraquí no ayuda a aislar a Irán y hacer que sus dirigentes retrocedan en su carrera nuclear. Por el contrario, el peso de los clérigos iraníes en Irak y Líbano se hace cada vez más palmario y sus desa­fíos al Gran Satán cada vez más atrevidos. Así que los conservadores domésticos de todo pelaje no tienen ninguna razón para estar contentos con una aventura militar en la que muchos de ellos han perdido familiares y amigos en el avispero mesopotámico.
En el frente interior, el presidente tampoco ha cosechado grandes éxitos. Para los libertarios, el recorte impositivo sólo tenía sentido si al tiempo se adelgazaba el presupuesto, pero Bush y los republicanos les han salido por un pico. El déficit se ha disparado durante su guardia y ya parecen oírse en los mercados señales de alarma por un repliegue del dólar que podría acarrear una recesión. Los intentos de iniciar la privatización de la seguridad social fueron rápidamente abortados. La cobertura de parte de los fármacos para los mayores de sesenta y cinco años, por sus costes, tiene a los libertarios en un grito, al igual que los subsidios a la siderurgia, las exigencias de una rápida revaluación del yuan chino, la ausencia de energía en las negociaciones de la ronda Doha, y los guiños o, al menos, la lacia oposición a las exigencias de los proteccionistas. Por no hablar de la situación de los inmigrantes ilegales. Mientras que el presidente y parte de los republicanos insistían en la necesidad de hallar soluciones de compromiso que les permitieran afrontar el problema de forma realista y, de paso, atraer el voto latino para una mayoría republicana estable, otro sector del partido sólo sabía proponer medidas como levantar una muralla a lo largo de la frontera con México, o la expulsión de todos los ilegales, o que la migra (la policía) se emplee a fondo para tomar medidas contra quienes los emplean.
Los conservadores normativos tampoco tienen muchas razones para estar contentos con la política interior de Bush. El que haya colocado a dos de los suyos en la Corte Suprema y, menos aún, el evangelismo de boquilla, son insuficientes para contrapesar la falta de liderazgo efectivo contra el matrimonio homosexual y a favor de una más estricta regulación del aborto. La desmayada reacción de los dirigentes republicanos en el caso Mark Foley, un representante de Florida que no sabía contener su admiración por los bellos ojos y otras dotes menos visibles de los pajes masculinos del Congreso, menores de edad todos ellos, fue la gota que colmó el vaso. Muchos republicanos se quedaron en casa y otros votaron por los demócratas con los resultados ya conocidos: la pérdida de ambas cámaras del Congreso tras doce años de hegemonía republicana.
Doce años son muchos, sin duda, pero no los suficientes para pensar, como quieren Micklethwait y Wooldridge, que se ha inaugurado una era de predominio republicano. Menos aún puede compartirse su idea de que la religiosidad es parte principal del excepcionalismo estadounidense y, por tanto, una de las bases en que se asentará la hegemonía del Grand Old Party. El fiasco iraquí ha comenzado a licuar la glaciación que los asesinatos masivos del 11-S impusieron en la vida política estadounidense y, con ello, ha vuelto a manifestar que el país sigue sin inclinarse decisivamente por ninguna de las grandes opciones políticas que se le ofrecen. Más allá de la cháchara sobre su religiosidad y su excepcionalismo, la mayoría de los estadounidenses quiere resultados y ha sido justamente su ausencia, más que las desaliñadas propuestas electorales de los demócratas, lo que les ha llevado a confiar a éstos la búsqueda de otras soluciones. El panorama de los dos próximos años no luce, en cualquier caso, muy ha­lagüeño. Hay quien considera que el presidente Bush, una vez perdida el aura de claridad moral que le regalaron Bin Laden y su banda, acabará por revelar lo que por tanto tiempo aquella ha tapado: que ni tiene madera de líder, ni le ha dado el Señor demasiadas luces para sobreponerse a esa carencia. Cada vez más parece un pato (cojo) a la prensa de los demócratas. Pero no es demasiado tranquilizador tampoco lo que puede suceder si, en vez de ofrecer políticas que puedan enganchar a la mayoría, los demócratas persisten en su ancestral costumbre de formar al pelotón en círculo cada vez que quieren fusilar al enemigo. 

 

01/02/2007

 
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