ARTÍCULO

La utopía de la renta básica

 

En su obra fundamental sobre teoría de la hacienda, Richard Musgrave desarrolló su conocido modelo de la triple función del sector público. Una generación entera de economistas se educó, gracias a él, en la idea de que los Estados contemporá­neos deben tratar de mejorar la asignación de los recursos productivos, estabilizar el crecimiento mediante el manejo discrecional de los ingresos y los gastos públicos y contribuir a redistribuir la rentaRichard A. Musgrave, The Theory of Public Finance, Nueva York, McGraw-Hill, 1959.. La manera en que Musgrave introducía el sentido de esta última función es interesante. Afirmaba que, aunque la asignación de recursos es el objetivo original de la política presupuestaria, con el paso del tiempo «la mayoría de la gente» acabó reconociendo que los ingresos y gastos públicos pueden utilizarse también con otros propósitos, entre los cuales la redistribución de la renta es uno de los más importantesIbíd., p. 17.. Explicar la política social como un proceso de descubrimiento de una realidad de la que antes nadie era consciente es una forma peculiar –y bastante criticable, seguramente, desde el punto de vista histórico– de entender el problema. Pero, con este enfoque, se presenta a la hacienda redistributiva como un estadio avanzado de la política del sector público, y, por tanto, como algo que, en principio, siempre resulta positivo para la sociedad. Tal idea es discutible, desde luego, pero ha llegado a ser ampliamente aceptada. Y constituye hoy el punto de partida en la discusión de muchos problemas políticos.
La redistribución de la renta implica, en la mayoría de los casos, la existencia de transferencias de fondos de los grupos de renta elevada a los de renta baja. Y la manera tradicional de llevarlas a cabo consiste en obtener ingresos mediante la recaudación de impuestos –pagados en función de la renta o la capacidad de gasto de los contribuyentes– y ofrecer servicios a precio cero –o a un precio inferior a su coste de producción– que son utilizados de forma mayoritaria por quienes menos han contribuido a su financiación. Siempre han existido, desde luego, transferencias directas, con entrega de fondos a los beneficiados; pero su papel ha sido bastante reducido en comparación con el que han desempeñado las transferencias en especie. Este modelo está siendo puesto en cuestión, sin embargo, desde hace bastantes años. Y la idea de que deberían sustituirse los servicios gratuitos por pagos monetarios tiene fundamentos muy diversos. La teo­ría de la renta básica es una de las posibles estrategias para llevar a cabo esta reforma, pero no la única.
Algunas propuestas de utilizar pagos monetarios directos en la redistribución de la renta tienen, en realidad, unos orígenes ideológicos radicalmente diferentes de los principios que comparten los compiladores y autores de este libro. Muy anterior a la teoría moderna de la renta básica es, en efecto, la idea de Milton Friedman de sustituir buena parte de las transferencias que se llevan a cabo en la actualidad mediante servicios públicos subvencionados por un impuesto negativo sobre la renta. El modelo es bastante simple. El gobierno fijaría un nivel de renta que se consideraría el mínimo necesario para poder vivir con las condiciones básicas de nutrición, salubridad, confort, etc. Las personas cuyos ingresos superaran ese nivel tendrían que pagar un impuesto sobre la renta que excediera al mínimo establecido, de forma similar a como lo hacen en la actualidad. La diferencia con el modelo vigente estaría en el tratamiento que se daría a las personas de renta más baja, que recibirían un pago monetario que les permitiera alcanzar ese mínimo vital.
El objetivo de la reforma propuesta en su día por Friedman era elevar la eficiencia de las transferencias, a partir de la idea de que el Estado no es un buen gestor de los servicios públicos y de que el nivel del bienestar de los grupos más pobres de la sociedad se elevaría si pudieran utilizar ese dinero de la forma que consideraran más conveniente, adquiriendo bienes y servicios ofrecidos por el sector privado. Se trata, por tanto, de un enfoque liberal, contrapuesto a aquella curiosa idea paternalista del profesor Pigou, de acuerdo con la cual es más fácil ser capaz de ganar dinero que saber gastarlo bien, por lo que el Estado debe intervenir para modificar nuestros patrones de consumo en beneficio tanto de cada persona como del conjunto de la sociedadArthur Cecil Pigou, The Economics of Welfare, Londres, MacMillan, 1938, p. 754..
La teoría de la renta básica coincide con el modelo de Friedman en su idea de ofrecer un mínimo de ingresos a todos los ciudadanos. Pero su visión de la economía y de la sociedad tiene un sustrato muy contrario a los principios de la economía de mercado y el laissez-faire. Sirva como muestra el hecho de que uno de los textos importantes en el desarrollo de la teoría de la renta básica, un artículo del año 1986 de Van der Veen y Van Parijs, lleva el expresivo título de «Una vía capitalista al comunismo»Robert van der Veen y Philippe van Parijs, «A Capitalist Road to Communism», Theo­ry and Society, vol. 15, núm. 5 (1986), pp. 635-655.. El objetivo de los defensores de este modelo de redistribución es que todo ciudadano, por el hecho de serlo, y al margen de cuál sea su actividad –o incluso si no quiere realizar actividad productiva alguna–, reciba del Estado una renta. Y, como el título mismo del libro señala, la percepción de tal ingreso debería ser reconocida como un auténtico «derecho ciudadano».
Analizar las características de este nuevo derecho en el marco de la situación económica de nuestros días es el objetivo de la decena de artículos de diversos autores que Gerardo Pisarello y Antonio de Cabo presentan en este libro. En su breve introducción los compiladores señalan que un objetivo que comparten cuantos colaboran en esta obra es «presentar una alternativa igualitaria y libertaria, participativa y antiburocrática a las relaciones de poder dominantes en las actuales sociedades capitalistas»Gerardo Pisarello y Antonio de Cabo (eds.), La renta básica como nuevo derecho ciudadano, p. 17.. Por ello es muy importante saber en qué consisten tales relaciones de poder; en otras palabras, cuáles son las características y las normas de funcionamiento de las actuales economías que los partidarios de la renta básica quieren reformar. Y es en este punto en el que, en mi opinión, las ideas defendidas en este libro plantean mayores problemas. Porque me temo que la mayor parte de los economistas no estarán en absoluto de acuerdo con el análisis de los aspectos positivos y negativos de las economías contemporá­neas que aquí se ofrece. Y si no somos capaces de identificar correctamente los problemas, difícilmente podremos ofrecer soluciones para mejorar el mundo en que vivimos. De hecho, muchas de las propuestas prácticas que aquí se presentan como innovadoras no son sino el reflejo de políticas ya experimentadas y abandonadas por sus efectos negativos en el crecimiento económico en el marco de economías abiertas.
Sorprende, así, que se consideren como indiscutibles ideas que no resisten una simple contrastación con la rea­lidad. Se afirma, por ejemplo, que, en los primeros años del siglo XXI, la pobreza está aumentando sin cesar y que las diferencias entre los países ricos y los pobres son cada vez mayores. Y esto se dice en unos momentos en que la pobreza está reduciéndose en el mundo a una tasa como no se había visto nunca antes en la historia y en el que grandes países subdesarrollados como China o India están inmersos en procesos de crecimiento realmente espectaculares. Error más grave aún que el anterior es la aceptación de forma totalmente acrítica de la idea de que nuestra sociedad se caracteriza por la existencia de un gran paro estructural contra el que sólo puede lucharse repartiendo los puestos de trabajo existentes. «El pleno empleo ha de­jado de ser una realidad, incluso para las cabezas de familia», escribe uno de los autoresJosé Antonio Nogueira, en p. 202.. Los puestos de trabajo se habrían convertido así en activos escasos –a los que, por tanto, no todo el mundo puede tener acceso– y serían «monopolizados por una parte de la población». Pues bien, esto no es una simple interpretación equivocada de unos datos: es un error fundamental. Parece increíble que, en momentos como los actuales, siga pensándose que el número de empleos está dado y, por tanto, que, si crece la población activa, habrá mucha gente que quedará en el paro, a no ser, claro está, que se reduzca la jornada laboral.
Y, lógicamente, esta es una de las conclusiones a las que se llega en este libro. Como el problema del desempleo no parece tener otra solución, la reducción de la jornada laboral debe ser, en opinión de otro de los colaboradores, «repentina y drástica». Tan drástica que se afirma que «es necesario descender al menos a 30-32 horas para que esta reducción produzca algún efecto en el nivel de ocupación»Andrea Fumagalli, en p. 48.. El fracaso de las experiencias que –de forma bastante más moderada, por cierto– se han realizado no parece significar nada para quienes exigen estos cambios.
No cabe duda de que la construcción de esta nueva sociedad, en la que todo el mundo percibiría una renta por el simple hecho de ser ciudadano y quienes tuvieran un empleo trabajarían pocas horas, tendría un coste muy elevado. Y su financiación exigiría, necesariamente, un fuerte incremento de la presión fiscal. Uno de los autores estima el coste de la renta básica universal en aproximadamente un 20% del PIB, cifra que variaría en los distintos países en función del coste de las políticas sociales existentes en la actualidad, muchas de las cuales desaparecerían al establecerse la renta básica. En todo caso, supondría una cantidad enorme, imposible de financiar sin una auténtica revolución fiscal que fuera justamente en el sentido contrario de los programas de reforma impositiva que han venido aplicándose en el mundo occidental en las últimas décadas. Lo que se sugiere, en concreto, es un impuesto sobre la renta fuertemente progresivo, un impuesto sobre el patrimonio y hacer crecer, en general, los impuestos directos en relación con los indirectos: en resumen, lo opuesto a lo que la mayoría de los hacendistas recomiendan hoy. A esto se añadirían nuevos impuestos a las operaciones económicas internacionales, que irían desde la famosa «tasa Tobin» –un impuesto sobre los flujos de capital considerados especulativos que, por cierto, no tiene demasiado que ver con las ideas del propio Tobin– a nuevos tributos sobre las inversiones que las empresas realizan en el exterior, para evitar el outsourcing, la deslocalización y las estrategias basadas en el dumping social. Los daños que tales medidas causarían tanto a las empresas como a los propios países en vías de desarrollo no parecen preocupar en exceso a quienes defienden estas reformas.
Pero, sin duda, el coste social más importante no sería la recaudación de los ingentes recursos necesarios para llevar a cabo un proyecto de esta naturaleza. El gran problema estaría en los incentivos negativos a cualquier esfuerzo personal que supondrían la existencia de la renta básica y el incremento de la presión fiscal necesario para su financiación. Si se nos dice que toda persona tendría derecho a obtener unos determinados ingresos –al margen de que trabaje o no– y que quienes tengan un empleo deberían trabajar menos horas para permitir que otros puedan hacerlo, ¿en qué lugar quedarían aquellos que quieran triunfar en la vida mediante el esfuerzo y la asunción de riesgos? Su papel no sería brillante ciertamente. No sólo serían gravados con unos impuestos muy elevados; corre­rían, además, el peligro de ser tachados de individuos egoístas e insolidarios. Pero alguien podría pensar: si los puestos de trabajo son realmente escasos, los empresarios que los crean deberían ser considerados como personas muy importantes en la sociedad y recompensados económicamente; porque, si les subimos las cargas fiscales, contratarán aún a menos gente, y entonces...
El siguiente paso sería, seguramente, pedir al sector público la realización de las actividades que las empresas privadas habrían dejado de llevar a cabo, precisamente porque no tendrían ya incentivos para ello. Y el resultado final sería, sin duda, una economía con un peso muy fuerte del Estado, en la que el sector público se convertiría en suministrador de gran parte de los ­bienes y servicios consumidos. Es decir, terminaríamos en una economía socialista, muy alejada del modelo participativo y antiburocrático que se define como el objetivo a alcanzar con la creación de la renta básica universal.
En realidad los defensores de este modelo se enfrentan al problema fundamental de la socialdemocracia, consistente en hacer compatibles un sector productivo controlado por el sector privado y una distribución de la renta igualitaria decidida por el Estado. Desde que John Stuart Mill defendió la posibilidad de dar un tratamiento diferenciado a las esferas de la producción y la distribuciónJohn Stuart Mill, Principles of Political Economy (1848). En el capítulo 1 del libro II, Mill defendió la idea de que las leyes y las condiciones de la producción de la riqueza tienen el carácter de «verdades físicas»; pero, en cambio, la distribución de la riqueza depende de las instituciones humanas, y es determinada por las leyes y las costumbres de cada sociedad. Véase la edición de William J. Ashley, Londres, Longmans, 1909, pp. 199-200., se ha tratado de encontrar la fórmula mágica que permita alcanzar un equilibrio en el que las personas y las empresas no modifiquen sus estrategias de trabajo y producción, aunque sepan que una gran parte de sus ingresos van ser expropiados por el Estado para entregarlo a determinados grupos sociales en su política redistributiva. Y las contradicciones pueden ser aún mayores si esta política reduce el peso que los servicios subvencionados tienen en la redistribución e incrementa de forma sustancial el volumen de las transferencias monetarias directas. Lo más probable es, en efecto, que la resistencia de los contribuyentes más perjudicados sea mayor si ven con claridad cómo se regala su dinero a personas que absolutamente nada han hecho para merecerlo, excepto ser ciudadanos. Y el tema cobraría aún mayor relevancia si se introdujeran aspectos internacionales. En primer lugar, ¿cuál debería ser el límite geográfico de la renta básica? ¿Las fronteras de un país? Y, además, cabe preguntarse qué sucedería con la inmigración. Si en la actualidad existe un gran flujo de personas que emigran a países más ricos, no cabe duda de que el crecimiento del número de inmigrantes sería es­pec­tacu­lar si se les ofreciera la posibilidad de obtener, a cambio de nada, unos ingresos muy superiores a los que conseguirían en sus paí­ses de origen trabajando duramente. La resistencia de los contribuyentes a financiar estas subvenciones a inmigrantes sería aún mayor que en el caso de que se dirigieran a sus compatriotas.
En el fondo, este es uno de los pocos méritos que encuentro en el modelo de la renta básica universal que en este libro se defiende. Con él se incrementaría de forma significativa la transparencia en el proceso de redistribución de la renta. Pero creo que este aspecto positivo se volvería contra el proyecto mismo. Decía Adam Smith en la primera página de su Teoría de los sentimientos morales que, por muy egoís­ta que sea un hombre, hay en su naturaleza principios que le inclinan a interesarse por el bienestar de los demás y hacen que su felicidad le resulte necesaria, aunque de ella no obtenga nada más que la satisfacción de observarlaAdam Smith, The Theory of Moral Sentiments (1759). Véase la edición de David D. Raphael y Alec L. Macfie, Oxford, Oxford University Press, 1976, p. 9.. Pero de esto a ver con gusto cómo se entrega una parte sustancial de lo que hemos ganado con nuestro trabajo a gente que nada ha hecho por merecerlo –y es probable que nunca pretenda hacerlo– hay mucha diferencia.

 

01/01/2008

 
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