ARTÍCULO

¿Es la historia lo menos nacional que tenemos?

 

«Para explicar su propósito de manera sencilla y directa, este volumen podría titularse Historia de la historia de España»: son las palabras con que arranca el que figurará como último de una serie de doce volúmenes que componen la Historia de España dirigida por Josep Fontana y Ramón Villares para la empresa conjunta de las editoriales Marcial Pons y Crítica. Debería este libro, si ese es su propósito, haber comenzado por advertir al lector de la rareza de su presencia en una Historia de España, pues la norma es más bien la contraria, es decir, entender que la historia de la historia no forma parte por sí misma de la Historia. La otra novedad de la obra en que se inserta este libro es un volumen dedicado a la historia de la relación entre España y Europa en los siglos XIX y XX, en este caso firmada por Juan Pablo Fusi, José Luis García Delgado y José Manuel Sánchez Ron.

Aunque participan en el proyecto historiadores que cubren varias generaciones, puede decirse que la serie Historia de España es el reflejo de la cultura historiográfica desarrollada en la España que transitó de la dictadura a la democracia y que fructificó sobre todo en la década de los ochenta y los noventa. Lo más urgente, a comienzos de los ochenta, fue la consolidación del sistema democrático y constitucional, puesto en peligro de nuevo por una derecha levantisca y golpista. Pero, aparte de esto, aquéllos fueron años en que los debates públicos giraron con frecuencia alrededor de hechos que parecían propicios a superar la historia de las dos Españas. Me refiero a la vinculación a Europa y la construcción de un modelo de Estado basado en la idea de autonomía territorial. Lo primero, Europa, exigía hacer limpieza ideológica a quienes aún no habían practicado mucho la higiene democrática, sobre todo si aspiraban a liderar políticamente un país unido a otros europeos. Lo segundo, la autonomía territorial, ofrecía un tertium genus entre centralismo y federalismo que parecía entonces poder adaptarse, si no a toda, sí a la mayor parte de la concurrencia ideológica. En qué medida era España un país regularmente europeo y cómo administrar la historia y sus relatos para dar cabida y satisfacer distintas identidades «españolas», fueron preocupaciones que se cruzaron constantemente en aquellos años. No es, por tanto, casual que esta Historia de España, ideada y en buena parte escrita por historiadores que protagonizaron aquellos debates y que realizaron algunas de las aportaciones más significativas a ellos, se cierre con dos volúmenes –el aquí reseñado y España y Europa– que constituyen su marca de fábrica y que se dedican justamente a esas dos cuestiones: Europa y la regularidad española, por un lado, y, por otra, España y sus problemas de identidad expresados en las formas de relatar su historia.

Abre el volumen coordinado por Álvarez Junco con una rendición de cuentas historiográfica y acaba, sin embargo, planteando toda una cuestión histórica que tiene que ver con la genética nacional española. Se presenta organizado en tres grandes cuestiones: cómo se ha escrito la historia de España (Gregorio de la Fuente y José Álvarez Junco), cómo se ha enseñado (Carolyn Boyd) y cómo se ha celebrado y conmemorado (Edward Baker). Las dos últimas partes pondrán al lector muy a la vista la cuestión de la genética nacional a que acabo de aludir. La lectura de la tercera parte deja flotando en el aire la sensación de que en España la nación se ha celebrado de manera precaria, tardía por lo general y ampulosa cuando ha habido dinero disponible. A ello debe añadirse que la celebración de la nación, según Baker, ha ido en direcciones y hacia motivos muy variables dependiendo de la orientación gubernamental, encontrando su máxima expresión en la avasalladora imposición de la nación franquista.

En España la nación se ha celebrado de manera precaria, tardía por lo general y ampulosa cuando ha habido dinero disponible

El estudio de las denominaciones que recibieron las calles de la capital de España es una buena muestra, según Baker, de esa condición caprichosa de la celebración nacional, con vías y lugares que cambiaron de nombre tanto como lo hacía el gobierno que tenía su sede en esa ciudad (dieciocho veces, ni más ni menos, su plaza más importante, la Plaza Mayor, desde 1812 hasta 1939). Más allá de la anécdota, estos hechos, junto a otros que refiere el autor relativos a la celebración de fechas y momentos tenidos por muy simbólicos de la nación española, despiertan necesariamente la sospecha de que algo estaba fallando en los consensos básicos, en la imaginación común de una nación de mínimos asumible desde distintas ideologías.

No cambia, sino que quizá acentúa esta sensación, la lectura de los cinco capítulos que, bajo el escueto epígrafe de «Los textos escolares», firma Carolyn Boyd. Por trazar un paralelismo que permita resumir la posición central de la autora, sobradamente conocida para la historiografía española por sus aportaciones a nuestro conocimiento de la configuración de una historia patria, podría decirse que, con respecto a la codificación oficial de la historia nacional de España, ocurrió poco más o menos en el siglo XIX lo mismo que con el Código Civil: que la conciencia de su necesidad es tan temprana y contundente como tardía y poco efectiva su llegada. Si España no tuvo hasta 1889 el Código Civil que venían reclamando sus constituciones desde 1812 (y aún entonces proclamándose supletorio del foral), otro tanto vino a suceder, según Boyd, con la enseñanza de la Historia como historia de uso civil: «Si los libros de texto de la época de la Restauración “nacionalizaron” a los jóvenes españoles, lo hicieron de una manera tan limitada que dejaba sin contestar muchas preguntas relativas a la identidad nacional, la ciudadanía y los objetivos comunes» (p. 476).

Ambos autores alargan la sombra del déficit en la socialización simbólica y educativa de la nación hasta la actualidad. Como parece concluir Carolyn Boyd, quizá sea improbable que una «nación de naciones» llegue a tener un discurso homogéneo de la nación, porque ello entraña un problema político que parece reproducirse incesantemente sin alcanzar solución efectiva. Sería, en efecto, seguramente tan improbable como que tenga letra su himno nacional. Y, sin embargo, como ocurre precisamente con la bandera rojigualda o con la Marcha Real, si son llamativos tales quebrantos en los modos de imaginar la comunidad nacional y socializar su percepción, si han sido tantas las dificultades para que esos símbolos acabaran perdurando, lo extraordinario es que lo hayan hechoJavier Moreno Luzón y Xosé M. Núñez Seixas, «Rojigualda y sin letra. Los símbolos oficiales de la nación», en Javier Moreno Luzón y Xosé M. Núñez Seixas (eds.), Ser españoles. Imaginarios nacionalistas en el siglo XX, Barcelona, RBA, 2013, recensionado recientemente por Ricardo García Cárcel en Revista de Libros.. Lo que, por tanto, debería preocupar a los teóricos de las naciones y el nacionalismo no es tanto lo extraordinario de su himno sin letra o su bandera contestada, como el propio hecho de que exista España.

Parte de la respuesta a esta paradójica experiencia del nation-making español está en la cuestión que abordan las cuatrocientas páginas que este libro dedica a analizar la escritura de la historia de España, firmadas al alimón por José Álvarez Junco y Gregorio de la Fuente. Es de suponer que ambos historiadores debieron de dedicar no pocas horas a decidir por dónde empezar a contar esta historia. Se resolvieron por el principio, entendiendo por tal la aparición de referencias, en antiguas versiones, a Spania o Hispannia. No menos debió de entretenerles dónde había de detenerse el relato, contentándose con dejarlo en una neutra constatación de la actual ausencia de «grandes paradigmas» y de la aparente incapacidad para transitar de las historias regionales, que tanto interés y dedicación despertaron al hilo de la creación de la España autonómica, hacia una «historia de España realmente plural e integradora de las diversas perspectivas nacionales y regionales» (p. 434).

Rafael AltamiraConcluir de este modo un estudio sobre la manera de escribirse la historia de España, después de unas doce mil páginas dedicadas a escribir una Historia de España, es, cuando menos, desalentador. El problema no es eludible, creo, por la vía de afirmar que se trata de un signo más de estos tiempos, como si la cultura española hubiera dado, cual remedo de la Transición, un gran paso adelante en los últimos treinta años que le hubiera llevado directamente a la posmodernidad sin haber hecho antes las tareas de la modernidad. El problema al que este libro nos enfrenta es, a mi juicio, mucho más de fondo y seguiría siéndolo aunque la nación española despareciera mañana en una suerte de cumplimiento del presagio orteguiano de una contracción extrema de la misma a unas dimensiones puramente castellanas. Seguiría siendo un problema incluso para los historiadores de una eventual Cataluña independiente, lo mismo que lo es (o debería serlo) para los historiadores de los países americanos surgidos del big bang de la monarquía española que se prolongó durante todo el siglo XIX. Tal cuestión sería la que se plantea en su parte final este ensayo: sobre qué hay que escribir cuando se hace Historia de España.

Es un problema que podemos ver mejor si nos fijamos en países que, a estos efectos, caen más cerca que los geográficamente próximos. Por ejemplo, México, en vez de Francia o Italia. Los debates de la historiografía mexicana en los últimos años –que han coincidido con la celebración en 2010 de un inexistente bicentenario de su independencia, que llegará en 2021– han girado mucho sobre la conveniencia de superar convencionalismos fuertemente arraigados, socializados y simbolizados sobre la nación mexicana. Un debate que ni de lejos se ha producido entre nosotros, por más toneladas de papel (y no exagero) que se hayan escrito sobre la crisis de 1808 y la Constitución de 1812. El problema es que, para criticar y superar una historia de bronce, primero hay que tenerla. No se trata –al menos yo no estoy proponiéndolo– de hacerse con una a estas alturas. Se trata de explicar por qué en España los consensos sobre la nación no se produjeron de una manera regular en torno a una historia civil de ese sujeto, la nación española, y en consecuencia, qué sentido puede tener en el siglo XXI escribir una Historia de España.

En un ensayo escrito hace unos años, el coordinador de este volumen se refería con el sintagma «el nombre de la cosa» a la dificultad de concretar un vocabulario con el que poder empezar a manejarse en la compleja trama de las identidades nacionales en España. El profesor Justo Beramendi replicó, con buen criterio a mi entender, que ese problema no era algo propio de nuestro tiempo, generado por el despliegue autonómico de nuestro actual sistema político, sino una cuestión estructural no resuelta en el nation-making de España. Discreparía de él únicamente en su alcance, pues no creo, como luego explicaré, que sea cosa de un siglo, sino que se halla presente desde los orígenes mismos de la España contemporánea, es decir, desde la crisis imperial de la que nacióJosé Álvarez Junco, Justo Beramendi y Ferrán Requejo, El nombre de la cosa. Debate sobre el término nación y otros conceptos relacionados, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2005..

Si la «cosa» es la nación moderna, es evidente, como explica bien y largamente en el texto citado Álvarez Junco, que el nombre le precedió sin que necesariamente existiera. Obviamente, no es que los antiguos no se refirieran a nada cuando escribían o pronunciaban ese nombre parecido a España, sino que no lo hacían a la nación. Se aludía, como con gran profusión de datos se explica en este libro, esencialmente a un espacio y a una religión, pues ni siquiera entonces había una lengua que fuera la de España. Tampoco hasta el siglo XV hubo un dominio claro sobre aquella geografía, disputándose, como mucho, la preeminencia historias instrumentales que argumentaban la exención imperial castellana, la conexión carolingia catalana o la autonomía de linaje de Portugal. La operación que podríamos calificar de dinastismo global en la península, completada entre los siglos XV y XVI, no fue animada por el prurito nacional, por la fuerza del sentimiento que tanto enloqueció a la generación noventayochista, sino por un providencialismo y una escatología que apuntaban hacia una visualización en la monarquía católica de la quinta monarquía, preparadora de la ParusíaEva Botella, Monarquía en España: discurso teológico, 1590-1685, Madrid, Universidad Autónoma, 2006..

La continuación de ese proceso a partir de comienzos del siglo XVI al otro lado del océano, junto al engranaje imperial europeo, le otorgó unos visos de verosimilitud para los contemporáneos que permitieron hacer de esa condición, la de monarquía católica, la razón esencial de la misma, tanto que se erigirá en su «verdadera razón de Estado», defendida así a uno y otro lado de la monarquía en el momento en que en Europa se dirimían diferencias confesionales en el campo de batallaJulián Viejo, «Razón de Estado católica y monarquía hispánica», Revista de Estudios Políticos, núm. 104 (1999), pp. 233-244.. A pesar de no haber aún, ni de lejos, «cosa», el momento es determinante porque nos encontramos ante la conformación de una matriz de la que surgirá en el siglo XIX la nación española junto a otros sujetos políticos soberanos diseminados por el Atlántico.

«Este último campo historiográfico, el indiano, dio lugar a un formidable plantel de historiadores del que, desgraciadamente, no podemos dar cuenta aquí» (p. 81): esta referencia llega en el momento en que se inicia el repaso de la producción historiográfica que acompañó a la consolidación y singladura de la monarquía católica. Esta decisión de los autores que, por otra parte, no hace sino reproducir el canon historiográfico español, determina en buena parte, a mi juicio, toda la arqueología de la narrativa historiográfica de España a que ha de enfrentarse aún este libro. Se trata, como digo, del reflejo de una actitud historiográfica de sólida raigambre en nuestro país que tiende a segregar lo americano como propio de otra disciplina (Historia de América). Sin embargo, si se trata de entender cuál fue la naturaleza de aquel continente monárquico referido, siquiera alegóricamente, como España, resulta imposible hacerlo prescindiendo de una parte sustancial del mismo.

Mientras en la corte se hacía historia monárquica, en los reinos y provincias se fraguaba una historiografía civil

Hay, al menos, tres razones que deberían hacernos pensar en la necesidad de cambiar dicho canon historiográfico en el que hasta ahora siguen formándose los historiadores españoles y que creo de especial relevancia para lo que es el contenido del libro. En primer lugar, el hecho de que fue la americana la parte más estable de la monarquía hasta 1810. Desde luego, lo fue mucho más que la europea, donde, entre Holanda, Cataluña y Portugal en los siglos XVI y XVII, y luego la poda territorial subsiguiente a la paz de Utrecht a comienzos del XVIII, la monarquía no dejó de contraerse o de amenazar seriamente con hacerlo. En segundo lugar, porque América fue un escenario donde el poder se levantó sobre la aniquilación o apropiación sistemática de lo previamente existente, no sólo de las gentes y las cosas, sino también, y de manera muy relevante, de las instituciones, el derecho y las historias. Como explicó Rafael de Altamira, el derecho y las instituciones tuvieron que adaptarse a una realidad dual, la de los «emigrantes» europeos y la de los naturales, catecúmenos permanentes en aquella monarquía católica. El cacicazgo, desde su nombre, es un buen ejemplo de dicha apropiación para su reconversión en institución y derecho de la monarquíaRafael Altamira, Autonomía y descentralización legislativa en el régimen colonial español, Coimbra, Coimbra Editora, 1945.. La Nueva España, la Nueva Granada o tantos otros «nuevos» reinos y dominios americanos no fueron réplicas de los reinos europeos, sino que conformaron una nueva forma de territorialidad, y deberíamos verlos a la misma luz que las iglesias de Cholula, Izamal o muchas otras levantadas sobre pirámides que, en vez de echarse abajo, se tapan, se ocupan, se envuelven. Esa extensión de la monarquía española en América, por tanto, supuso un experimento identitario de una complejidad descomunal, que no puede ser ignorado a la hora de proceder al rastreo de las formas de identidad en la España moderna. La tercera razón, sobre la que volveré más tarde, tiene que ver con el momento en que, en las tres primeras décadas del siglo XIX, aquella parte tan complejamente «española» dejó de serlo, hecho igualmente determinante, creo, para reconstruir nuestra propia genética nacional.

Los grandes historiadores del humanismo y el Barroco, como Esteban de Garibay o Juan de Mariana, ya dejaron impresos algunos marcadores inconfundibles acerca del sujeto a que se referían cuando componían relatos de rebus Hispaniae, bien como Compendio historial o como Historia general. Tenían que ver con las condiciones básicas de España, que, además de seguir siendo una referencia geográfica, era monarquía y era católica (pp. 114-115). Estaba integrada por reinos y otros dominios, a los que estas historias prestaban atención, dejando clara la preeminencia del reino de Castilla sobre los demás de España. Ambas cosas son relevantes para la arqueología de las identidades en España. No es baladí que estuviera afirmándose la primacía castellana entre los reinos –especialmente ahora que Castilla se extendía al otro lado del mar–, ni, sobre todo, que se asumiera algo que los historiadores a menudo no vemos, empeñados como estamos en seguir un rastro nacional tras la palabra España: a saber, España era una monarquía, pero no un reino. Por tanto, difícilmente podría haber tenido historiadores e historia fuera de la propiamente monárquica. Además, es justamente en esos momentos de consolidación cuando la «monarquización» alcanza su culmen, con el abandono en Castilla, el reino primado, de toda referencia a su constitución territorial específica.

Un mérito indudable de Álvarez Junco y De la Fuente consiste en mover el foco, permanentemente, desde la corte a los reinos y territorios. Atendiendo a los relatos historiográficos propios escritos en Cataluña, Aragón, Navarra o Vizcaya, los autores consiguen poner de relieve un contraste decisivo: mientras en la corte se hacía historia monárquica, en los reinos y provincias se fraguaba una historiografía civil. En la resistencia a absorciones imperiales, vinculaciones voluntarias y condicionales, transmisión del ius proprium y la obligada demostración de un acercamiento autónomo a la verdadera fe, estaban fraguándose esas primeras historias civiles. Lo fueron en la medida en que trataban de explicar, no la monarquía, sino «la manera de estar» en la monarquía.

Por este motivo convendría matizar la afirmación de Edward Baker, sobre la que basa parte de su estudio sobre Madrid, cuando señala el tránsito de su condición de caput regni a la de capital nacional. Es un acierto fijar la atención en la política urbana, de la que sí fue considerada capital en el sentido de ciudad sede de las instituciones de gobierno, pues, como se ha apuntado más arriba, ahí se descubren síntomas interesantes de las peculiaridades de la socialización simbólica de la nación en la España de los siglos XIX y XX. El problema se plantea porque Madrid fue la corte de la monarquía y luego la capital del Estado, pero no cabeza del reino. De no haber sido así, probablemente este libro estaría escrito de otra manera, pues otra habría sido la historia de España, y seguramente otra la narración histórica que habría requerido un reino de España con su cabeza radicada junto a la corte. Madrid no fue caput regni porque ese reino no existía. Existía el de Castilla y su cabeza era Burgos, disputándose entre esta ciudad y la de Toledo la primacía en la representación, aunque con prácticamente nulos efectos, precisamente por la desactivación constitucional que había sufrido dicho reino. A la España-monarquía le bastaba con la corte –lugar de residencia del rey y sus consejos– para gobernarse sin Cortes. Tanto era así que el primer gobierno de España que denominó oficialmente «Reino» al conjunto de la monarquía, la Junta Suprema Central Gubernativa del Reino (1808), tuvo que hacer una excepción con Madrid, como la hizo con América, para admitir a sus diputados.

Este punto se demuestra relevante cuando se estudia el período que va desde el siglo XVIII hasta el surgimiento del constitucionalismo a comienzos del XIX. Como se explica bien en este libro, fue entonces cuando no sólo aparece en Europa una actitud historiográfica más atenta a la crítica filológica y a la historia filosófica, sino que comienza también la producción de historias que tenían como objeto preferente las sociedades civiles y las naciones entendidas como sujetos capaces de encarnar un protagonismo histórico político. La reconstrucción de Álvarez Junco y De la Fuente da buena cuenta de los escritores españoles centrales para la operación de reciclaje del discurso historiográfico del siglo XVIII, desde Nicolás Antonio y Manuel Martí hasta Jovellanos, pasando por Gregorio Mayans, Juan de Ferreras o Benito Jerónimo Feijoo, entre otros muchos.

Como observó en un influyente ensayo Pablo Fernández Albaladejo, este momento se caracteriza por una preocupación por determinar el «nosotros» español. Ello imponía dos tareas: una de limpieza –de rastros espurios e improbables que habían tejido el discurso historiográfico sin mucho cuidado por la crítica, emborronando más que aclarando– y otra de elaboración de una nueva narración que diera cuenta de las conexiones históricas de ese «nosotros» actual (el que querían ver encarnado en una monarquía a cuyo frente se colocaba un rey patriota) con la propia monarquía histórica. De ahí el interés desatado por la «conexión goda»Pablo Fernández Albaladejo, Materia de España. Cultura política e identidad en la España moderna, Madrid, Marcial Pons, 2007..

La primera de estas tareas, no sin dificultades, se comenzó pronto, todavía en la centuria barroca. Como se concluye en el libro que comentamos, la operación intelectual de poda por medio de crítica llevada a cabo por los novatores e ilustrados españoles terminó por permitir visualizar un nuevo sujeto: «Lo que domina, pues, es una reivindicación de lo propio, y lo propio es “la nación”, entendida como un colectivo popular, más que como una monarquía o una dinastía, que alcanzó su expresión plena en una época histórica idealizada» (p. 179). Es muy pertinente el contraste entre monarquía y nación, aunque habría que debatir más en profundidad si la nación de los ilustrados era, en efecto, un «colectivo popular» o, más bien, un «colectivo público», pero no necesaria ni preferentemente popular. Lo último ocurre, creo, cuando Antonio de Capmany y otros muchos escritores tratan de presentar la nación española como un «sujeto histórico» en el contexto de la experiencia de la ocupación imperial de España en 1808. Por sujeto histórico estoy refiriéndome a un sujeto al que se hacía el requerimiento de manifestarse como pueblo para intervenir en la historia, para devolver ésta a su curso correcto, corrigiendo la desviación revolucionaria que encarnaba entonces Napoleón Bonaparte. Goya pintaría el horror de ese pueblo encargándose de dicha tarea.

Nuestros liberales pasaron el siglo XIX lamentando el momento en que la historia de España se torció

La nación de los ilustrados se desenvolvió mucho más ágilmente en el ámbito de lo público, en el que el pueblo no entraba. Ahí, en la república de las letras y su espacio, fue donde toda esta considerable producción intelectual adquirió su sentido. De ahí la relevancia de extender la observación, como hace esta obra, no solamente a lo propiamente historiográfico, sino a la literatura y la historia de la misma. Es más, solamente como uno más de los rasgos de un debate literario es posible entender el que tenemos por historiográfico: su espacio es el de la misma nación literaria que habita en la república de las letras, el espacio de la opinión que, en el ideal ilustrado, debía servir al rey patriota para calibrar políticamente el gobierno, lo que le era exclusivamente propio y que dejará de serlo sólo cuando la nación se extienda más allá de aquella república literaria, invadiendo también el espacio de la soberaníaUn reciente ensayo señala claramente los ejes centrales de este «momento literario» de la nación: Julio A. Pardos, «Epifanías de la opinión. Condición de ciudadanía en Monarquía de España, aledaños de 1770», en Espacio, Tiempo y Forma IV, núm. 26 (2013)..

La otra tarea pendiente, la de ofrecer un relato alternativo a «las historias» con una Historia de España, resultaba ya más complicada, tanto que no se hará hasta mediados del siglo XIX. «¿Cómo ha ido pasando la España por todas estas modificaciones? ¿Cómo ha ido llegando el pueblo español al estado en que hoy a nuestros ojos se presenta? ¿Cómo se ha ido desarrollando su vida propia y su vida relativa? Echemos una ojeada general por su historia, examinemos rápidamente cada una de sus épocas». Este programa fue repetidamente formulado a lo largo del Setecientos. Finalizando el siglo, en 1794, Vicente González Arnao, en un Ensayo de historia civil de España, se dolía de que España no tuviera aún desarrollada cada una de las ramas con que debía armarse el árbol de su historia nacional (política, legislativa, religiosa, literaria y de comercio). Las preguntas citadas en este mismo párrafo no serían respondidas, de hecho, hasta que lo hizo quien también las formulara, Modesto Lafuente, en 1850Modesto Lafuente, Historia General de España, Discurso preliminar (1850), Juan Sisinio Pérez Garzón (ed.), Pamplona, Urgoiti, 2002, pp. 9-10..

La cuestión entonces es por qué no se produjo en España una historia nacional, una Historia de España, en el momento propicio, auspiciada por la necesaria aparición de la crítica y del público. Es bien sabido que la institución que debería haber acometido esta empresa, la Real Academia de la Historia, corporación realmente extraordinaria en el panorama europeo, nunca llegó a hacerla. Tampoco se ataron cabos en la Historia General de las Indias, a pesar de incautarse de los materiales que había elaborado Juan Bautista Muñoz y hacerse con el cargo de cronista. No es que la Academia no se propusiera culminar esas historias nacionales, que lo hizo varias veces, sino que este cuerpo terminó siendo más bien brazo del Consejo de Castilla encargado de la censura de libros, y, como muestran los autores en las páginas en que analizan su labor, un mero depósito de documentos, libros y curiosidades.

A pesar de la apelación continua a la necesidad de contar con una historia civil propia, la sombra de Mariana siguió alargándose, por tanto, en diferentes prolongaciones y versiones de su obra, sin encontrar sustituto hasta mediados del siglo XIX. Fue más factible, y no es casualidad, llevar a cabo una historia eclesiástica de España, a la que daría cima el agustino Enrique Flórez. La explicación a este hecho ha de buscarse, creo, en el propio sujeto para el que se reclamaba historia civil por parte de los ilustrados. Como explicó Santos Juliá, nuestros liberales pasaron el siglo XIX lamentando el momento en que la historia de España se torció, provocando con ello la desconexión –para ellos evidente– con las naciones «avanzadas» de Europa. Esa desconexión la situaban en el momento en que una desgracia dinástica había traído al trono español a un príncipe extranjero, introductor del absolutismo corruptor de la buena constitución histórica propiaSantos Juliá, Historias de las dos Españas, Madrid, Taurus, 2004, pp. 34 ss..

Aunque los liberales pusieron decididamente el acento en la condición de «extranjero» de Carlos I y en la liquidación de las «libertades castellanas» tras la batalla de Villalar, no deja de tener enorme interés (y en ello insisten los cuatro autores que participan en este libro) que identificaran como divisoria de la historia de España la conformación de una monarquía imperial. Añadiría, por mi parte, que esa es justamente la clave que puede ayudarnos a explicar el largo tiempo de espera que recorre el siglo XVIII y la primera mitad del XIX en lo que a la elaboración de una historia nacional se refiere. Insiste Gonzalo Pasamar, con sobrada razón, en presentar a Modesto Lafuente, a la vez que como el gran narrador liberal, como el heredero de los afanes y proyectos ilustradosGonzalo Pasamar, Apologia and Criticism. Historians and the History of Spain, 1500-2000, Berna, Peter Lang, 2010, pp. 62 ss.. En efecto, con todo, y a pesar de sus invocaciones a Bossuet y Vico, Lafuente logró ofrecer finalmente un relato histórico de España, hacer realidad la concreción de una historia civil que relatara los progresos sociales, políticos, culturales, religiosos o comerciales. Aunque Lafuente tampoco dudará en dar entrada a la providencia divina como motor esencial del cambio, lo relevante es que finalmente pudiera construir un relato comprehensivo de los diferentes estadios evolutivos de la nación. Fue, como afirma Benoît Pellistrandi, el encargado de llevar a cabo finalmente la «reapropiación» española de la historia de EspañaBenoît Pellistrandi, Un discours national? La Real Academia de la Historia entre science et politique (1847-1897), Madrid, Casa de Velázquez, 2004, cap. VI..

Cuando comienza a publicar su Historia General, Lafuente puede aprovechar ya una labor realizada tanto dentro como fuera de España por extranjeros y, sobre todo, por exiliados españoles, los cuales, como explican los autores de este ensayo, se negaron a aceptar el exotismo y orientalismo que evocaba habitualmente España. La ventaja de Lafuente para cumplir la demanda ilustrada con décadas de retraso debió, no obstante, no poco al sustancial cambio de escenario operado en las cuatro primeras décadas del siglo XIX. No dejan de advertir Álvarez Junco y De la Fuente un dato realmente llamativo de esta obra: «el reducido lugar que la Historia General dedica a la conquista y administración del imperio americano» (p. 278). Tamaña decisión historiográfica la explican los autores aludiendo a una coherencia interna entre el carácter defensivo de España frente a las dominaciones extranjeras y la consecuente falta de justificación para invadir «territorio ajeno». No es ese, sin embargo, el tono cuando se da cuenta de las sublevaciones indígenas en América (la más relevante del siglo XVIII, la de Túpac Amaru, de la que da cuenta el volumen XXI de la Historia General de España), ocasión magnífica para explayarse con un argumento tan filantrópico.

Más bien la observación de nuestros autores es relevante, a mi juicio, porque nos da la medida del cambio operado. El mismo Lafuente lo hace en el resumen histórico que le sirve de discurso preliminar a su magna obra. Al referir la advertencia que el conde de Aranda hiciera a Carlos III para reformar el imperio con ánimo de mantenerlo, observaba que, por no haber atendido la inteligente propuesta de su ministro, «Cuarenta años después lloraba España la pérdida de sus ricas Indias. Hoy nos parece un acontecimiento feliz cada vez que los representantes de alguno de aquellos nuevos estados, antes posesiones nuestras, vienen a convidársenos por amigos. Tal vez alguna de aquellas nuevas repúblicas no muy afortunadas en la obra laboriosa de su organización […] tal vez la España misma también haya vuelto en alguna ocasión sus ojos hacia algo semejante al pensamiento salvador del gran conde de Aranda»Modesto Lafuente, Historia General de España, vol. I, Barcelona, Montaner y Simón, 1889, p. LXXXVII..

Hacia 1880, un solo año de enseñanza de historia de España bastaba para un bachillerato de cinco años

La punta de nostalgia de la imposible Commonwealth hispana no oculta el alivio imperial que sienten Lafuente y otros muchos liberales españoles de mediados del XIX. Dicho de otro modo, Lafuente ya no escribe en un escenario, como el del Setecientos, sometido a unas tensiones imperiales que hacían imposible congeniar los espacios de la monarquía y de la nación. Salvo muy contadas excepciones, los ilustrados españoles segregaron ambos conceptualmente, entendiendo que la nación se refería a la parte metropolitana y europea, mientras la monarquía se componía de todos los dominios de su soberano. Por su parte, los que se identificaban a sí mismos habitualmente como «españoles americanos» no dejaron de reclamar su lugar en la «nación literaria» española, aduciendo sus muchas aportaciones a sus glorias y civilización. No puede dejar de recordarse a este respecto que, junto a los jesuitas expulsados que oportunamente refiere este estudio como forjadores de la «sensibilidad patriótica» española (Masdeu, Lampillas, Andrés y Morell), Juan Ignacio Molina dio a luz un Saggio sulla Storia Civile del Chili (traducida en 1794) y Francisco Javier Clavijero una Storia antica del Messico (1780). El chileno y el mexicano, así como muchos otros americanos, estaban ofreciendo en la España del Setecientos muy relevantes ejercicios de patriotismo historiográfico con voluntad también de contribuir con ello a las glorias de la nación española.

El fracaso del primer constitucionalismo al intentar una identidad entre los ámbitos de la monarquía y de la nación –«La nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios»– llevaría a su segregación de nuevo en 1837, diseñando un espacio monárquico-colonial y otro constitucional y nacional. En ese tránsito, la monarquía atlántica española conformada desde el siglo XVI, así como la nación soñada en Cádiz, terminaron perdiendo la mayor parte del territorio, a la vez que nacía una notable serie de nuevas naciones.

El momento de Lafuente debe ser visto, por tanto, como el resultado de una desarticulación imperial. Si la crisis de la monarquía imperial talló a la nación española, entre otras varias, resulta coherente que la historia nacional no llegue hasta ese momento de alivio imperial que con su tanto de nostalgia refería el historiador castellanoEn Colonias para después de un imperio, Barcelona, Bellaterra, 2005 Josep M. Fradera argumentó sólida y extensamente sobre la centralidad de la dimensión atlántica, antes y después de 1837, para entender el proceso de nation-making español.. Recuerdan los autores de nuestro libro en este punto un dato de indudable importancia para situar correctamente las coordenadas de este auténtico buque insignia de la historiografía española durante varias décadas: su eje moral no pasa, a pesar de todo el discurso nacional, por la sociedad civil, sino por el Estado. En la historia de Lafuente, bueno y malo se dirimían por el acomodo al progreso del Estado (pp. 270 y 278). Una Historia moderna de España escrita diez años antes, la del diplomático Manuel Marliani –que este libro refiere en el muy útil listado de obras ordenadas cronológicamente, pero sin ningún tipo de análisis–, ofrece a este respecto el contraste preciso: Marliani tenía como objetivo escribir una historia moderna de España que le llevara a explicar y legitimar el cambio constitucional de 1837 como «cuestión social y de gobierno»; Lafuente, por su parte, se extiende por la historia de España, toda ella, buscando los marcadores de su evolución hacia el Estado moderno (de ahí, por ejemplo, su fascinación por los Borbones del siglo XVIII).

No son pocas las referencias que pueden encontrarse en debates parlamentarios y escritos de diferente tipo acerca de la necesidad de completar la consolidación de la nación española, eclosionada definitivamente como sujeto político en la década de los treinta. Como en más de una ocasión se dijo, desde la derecha y desde la izquierda, le faltaba de casi todo, desde legislación económica hasta andamiaje administrativo. Fue por este motivo por lo que una parte muy significativa del liberalismo adoptó el mismo criterio moral que se respira en la historia de Lafuente, haciendo del Estado y su consolidación una suerte de norte al que debía apuntar la aguja de marear del progreso histórico de España. El Derecho Administrativo de Manuel Colmeiro, también de 1850, sería un buen ejemplo: el problema no es ya la emancipación nacional, sino la organización del Estado.

A la altura del cambio de siglo, la Iglesia iba ganando terreno en el control de la educación de los españoles

Álvarez Junco y De la Fuente, al igual que Boyd, refieren ese proceso centrándose en la elaboración y socialización de un discurso historiográfico que pudiera sostener una identidad nacional compartida. La ley promovida por Claudio Moyano en 1857, la cual, en lo que hace a la legislación educativa, es lo que la obra de Lafuente a la historiografía española, reflejaba perfectamente, según Boyd, «el concepto restrictivo de “la nación” que tenían los moderados» (p. 446). Marca, en efecto, una tendencia que se consolida de la mano del moderantismo y conservadurismo tan dominantes en ese siglo: hacia 1880, un solo año de enseñanza de historia de España bastaba para un bachillerato de cinco años y en 1903 esta materia ocupaba un tres por ciento de las cursadas. El contraste que recuerda Boyd es inapelable: «en el resto de Europa […] se obligaba a los alumnos a estudiar la historia nacional a lo largo de todos los años que duraban la primaria y la secundaria» (p. 448). Si a estos datos añadimos los de un analfabetismo que rondaba el sesenta por ciento de la población y que el sistema, desde Moyano, estaba pensado para orillar a la mayor parte de la población del bachillerato, la conclusión necesaria es que la historia de España la conocían poco y mal, prácticamente nada, la mayoría de los españoles.

Si la obsesión era ya más el Estado que la nación, lo que encajaba bien con un sistema político que no estaba pensado precisamente para «un público más activo e informado» (p. 449), y si la educación no estaba favoreciendo una efectiva socialización de la identidad nacional, fundándose en un relato histórico que motivara la imaginación de una patria común, aún había otro obstáculo más insalvable para que esto fuera así. La nación había surgido políticamente en un acto de emancipación, como no podía ser de otro modo: «La nación española es libre e independiente», decía la Constitución de Cádiz. Libertad e independencia se habían ganado respecto del rey, tantas veces representado en la literatura política moderna como padre, pastor o arquitecto. A ambos lados de la extinta monarquía española, ese proceso de emancipación estaba ya más que asentado a mediados de siglo. No podría decirse lo mismo, sin embargo, de la emancipación social respecto del otro término del binomio que había conformado el mundo hispano bajo la monarquía católica. En efecto, una cosa era emanciparse políticamente respecto de la soberanía de la monarquía, y otra muy distinta hacerlo respecto del dominio social de la Iglesia católica. Es algo que afectó, por otra parte, tanto a España como a los países emancipados de América. Ahí está la larga marcha de nuestro constitucionalismo hasta establecer tímidamente en 1869 que si «algunos españoles» quisieran seguir un culto diferente del católico podrían hacerlo como los extranjeros, al tiempo que el Estado seguiría manteniendo el culto y clero de su Iglesia, la católica.

Si la primera forma de emancipación, la que tiene que ver con la nación, había culminado en una guerra civil (1833-1840), también lo hizo el asomo de esta otra forma de emancipación social (1872-1876), como había sucedido también en México y Colombia. Aunque la Restauración amortiguará no poco sus efectos en lo relativo a la libertad de cultos y de matrimonio (entre otras materias), lo que ya no pudo detenerse fue un intenso debate sobre el alcance que debía tener dicha emancipación. Las novelas que entonces empiezan a escribirse relatan de muy diversas maneras los efectos sociales de esta forma de emancipación y de sus impedimentos. Historias de España contiene en su primera y segunda parte constantes referencias a la querella religiosa que recorre la historia del liberalismo español y su cultura. El lector puede encontrar delineadas y retratadas dos gruesas líneas que agruparon, de un lado, a los intelectuales que quisieron creer en la efectividad de una emancipación integral y, de otro, a quienes se resistieron a admitir que pudieran disociarse las condiciones de español y católico.

La primera de esas líneas iría desde Fernando de Castro, los krausistas y quienes este libro cataloga como el «reducto jacobino» hasta Rafael de Altamira. Sus tópicos y momentos preferidos seguían siendo una idealizada Edad Media de libertades municipales y de monarquía domesticada por la representación «nacional» –Martínez Marina había provisto de munición al respecto– y los destellos de ese espíritu liberal que querían ver en momentos como la guerra de las comunidades o la guerra de la Independencia. La otra línea, la del nacionalismo católico, que iría desde Jaume Balmes y Juan Donoso hasta Marcelino Menéndez y Pelayo, tuvo un campo de juego mucho más propicio, pues había a su disposición una historia de la monarquía que había adquirido dimensiones imperiales precisamente en nombre de su misión católica, y que estos escritores identificaron siempre con la verdadera España, la ortodoxa.

Retrato de Marcelino Menéndez Pelayo, de José Moreno CarboneroCarolyn Boyd aporta aquí una perspectiva del mayor interés, la de la enseñanza de la historia en las escuelas laicas y religiosas. Al contrario de lo que diría la lógica del Estado, a la altura del cambio de siglo, la Iglesia iba ganando y no perdiendo terreno en el control de la educación de los españoles. La labor realizada por Menéndez Pelayo se mostró ahí enormemente eficaz, pues alimentó un sentido católico de la nación capaz de contrarrestar cualquier noción liberal de la misma como comunidad ante todo política. Enrique Herrera Oria o Manuel Merry y Colón constituyen dos excelentes ejemplos de forjadores de una educación basada en el nacionalismo católico que transmitían a los españoles que adquirirían su mayoría de edad en los años treinta y cuarenta la idea de que la nación era ante y sobre todo una «comunidad de creyentes» (p. 493). Como concluye Boyd, los niños que estudiaron en las numerosas escuelas controladas por la Iglesia, difícilmente podían hacerse una idea de la nación que no estuviera forjada por santos, guerreros o reyes (p. 497).

Quienes no lo hicieron y siguieron estudios en las escuelas que sólo entonces, en 1900, comenzaron a depender de un ministerio de Instrucción Pública, encontraron el panorama, que hemos recordado antes, de escasa y mala enseñanza de la historia de España. Si uno de los objetivos del regeneracionismo español fue dar vida a la educación nacional como ingrediente esencial de una vida civil integral, el encargado de formular de manera más contundente las carencias al respecto en el estudio de la historia nacional fue Joaquín Costa; de ofrecer un relato historiográfico comprehensivo desde esa perspectiva se encargó Rafael Altamira. Señalan al respecto Álvarez Junco y De la Fuente un contraste oportuno: en el contexto nada cómodo de 1898, Altamira fue capaz de proponer una historiografía de España que se centrara en la conciencia frente al sentimiento. Su historia, en efecto, fue de España y su civilización, en el sentido de dar cuenta de manera integral de la evolución social, cultural y política de España y lo español. Interesaban en la narración de Altamira tanto el gobierno como las leyes, las costumbres o las formas de explotación.

Esta propuesta de regeneración educativa en España y de socialización de una historia de España narrada desde el punto de vista de su pueblo como motor social de la nación y no desde su dimensión religiosa, militar y monárquica, resultó ser, como bien concluye Carolyn Boyd, muy poco efectiva. El innovador proyecto del Instituto Escuela comenzado en 1918, basado en un acercamiento crítico a las fuentes para ver en acción al pueblo como sujeto de la historia nacional, no había logrado difundirse prácticamente nada en la década de los treinta en la enseñanza secundaria, que seguía dominada por el manual del catedrático de instituto, en el que había de todo.

El relato predominante de la nación, en cualquier caso, seguía siendo el del sentimiento y no el de la conciencia. Añádase a ello que, como se muestra en este libro, los albores del siglo XX vieron asentarse una creciente invertebración nacional por oposición de otras identidades, la catalana sobre todo, pero también crecientemente la vasca. Evita este libro con notable acierto caer en la comodidad historiográfica de incluir el análisis de la historiografía producida en Cataluña o Euskadi sólo para identificar a nacionalistas catalanes o vascos. Al contrario, el lector va a poder apreciar aquí la pluralidad y complejidad de las formas de identidad que se conformaron en esos territorios y seguir el tránsito desde el catalanismo o el vasquismo al nacionalismo que José Ortega y Gasset se tomó tan en serio en su obra de 1921.

No era para menos, pues si la historiografía española iniciaba un camino prometedor espoleada por las grandes preguntas del noventa y ocho y por una profesionalización creciente, la «historia comunicada», que diría Altamira, no terminaba de conectar con el «pueblo» al que se quería colocar como protagonista de la misma. La lectura de estas nutridas páginas dejan la sensación de que el gran temor de los noventayochistas al «individualismo» español, es decir, a la precariedad de su vivere civile, no podía decirse superado en el momento en que se gestó el régimen más necesitado de ese ingrediente: la República. La generación de intelectuales que estuvo plenamente activa durante el período republicano, que había disfrutado de nuevas políticas del conocimiento, como la creación de la Junta para la Ampliación de Estudios, estaba en pleno proceso de acumulación de capital intelectual cuando se produjo el corte seco y sin contemplaciones del golpe de Estado, la Guerra Civil y el nuevo régimen totalitario surgido de ella. Basta ver la nómina de intelectuales que salieron de España en esos momentos, o que padecieron el tiempo de silencio desde el interior, y la de los nuevos catedráticos reclutados en la inmediata posguerra, para hacerse idea de la magnitud del roto producidoGonzalo Pasamar, Historiografía e ideología en la posguerra española: la ruptura de la tradición liberal, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 1991..

Tanto fue así que su explicación genera serios problemas incluso para ordenar los datos. Ello puede comprobarse en este mismo libro, donde se opta por embutir en un capítulo sobre «El franquismo. La historia “imperial”» el ramal de la derecha prefranquista de los años veinte superadora del pesimismo canovista por la vía de llevar a máximos el relato sentimental de la patria. Esto permite a los autores discriminar, como se verá enseguida, una historiografía propia y militantemente franquista –la que empalma con la historiografía ultracatólica, entusiastamente imperial y profundamente antirrepublicana– de la producida bajo la dictadura de Francisco Franco. También les obliga a abrir otro capítulo, con la mirada de nuevo en los años veinte como punto de arranque, para retomar el largo debate sobre el lugar de España en la modernidad, que venía desde Miguel de Unamuno y que llegará hasta el exilio español, con Francisco Ayala como colofón.

Aunque esto pueda generar cierta confusión en una lectura acomodada a un relato cronológicamente ordenado, no deja de tener sentido separar y singularizar el discurso historiográfico que alentó, primero, una acción de fuerza contra la República del que, luego, alimentó ideológicamente el régimen totalitario: el que se produjo bajo el franquismo y con sus encorsetamientos, pero no necesariamente al servicio del franquismo. Así, de un lado tenemos a autores como Antonio Tovar, Juan Beneyto o Ciriaco Pérez Bustamante, aunque también podría haber encajado ahí José Antonio Maravall, por ejemplo. De otro están los autores que en los años cincuenta y sesenta reactivaron el pulso de una historiografía sintonizada no con la tradición de exaltación de la singularidad y la «vía española», sino con las nuevas tendencias de las ciencias sociales, como Jaume Vicens o Miguel Artola y, más tarde, Manuel Tuñón. Si hubiera que encontrar una conexión con el legado de Altamira, sin embargo, habría probablemente que mirar a Cataluña y a la Historia de España de Ferran Soldevila, autor que aparece en este libro más por su Història de Catalunya que por la extraordinaria obra que publicó ni más ni menos que en 1952. Es conveniente la disección, porque, como ha demostrado Ignacio Peiró, los efectos redentores de la Transición tocaron a la historiografía no menos que a la política, e inventó una saga de historiadores e intelectuales «liberales» que, en rigor, no existieronIgnacio Peiró, Historiadores en España. Historia de la Historia y memoria de la profesión, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2013.. No alcanza el análisis hasta el momento de la Transición y el posfranquismo, y es lástima, porque es ahí donde realmente habría que cerrar esta descripción de la narración de la historia de España. De haberlo hecho, este libro se habría convertido a sí mismo en fuente.

José M. Portillo es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad del País Vasco. Sus últimos libros son El sueño criollo. La formación del doble constitucionalismo en el País Vasco y Navarra (San Sebastián, Nerea, 2006), Crisis atlántica. Autonomía e independencia en la crisis de la monarquía hispana (Madrid, Marcial Pons, 2006) y La vida atlántica de Victorián de Villava (Madrid, Fundación Mapfre, 2009).

01/12/2013

 
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