En diciembre de 1978, cuando en el conjunto del territorio español (Cataluña y País Vasco incluidos) se aprobó la Constitución hoy vigente, había muchas dudas sobre la funcionalidad y, aún más, la perdurabilidad de dicho texto legal. Recordemos que su gestación había sido tortuosa, con sonadas rupturas entre sus artífices y también entre los partidos implicados. Era el peaje inevitable que había de pagarse por el camino elegido: una Carta Magna para todos los españoles, sin exclusiones ni banderías ni imposiciones de unos sobre otros. Los redactores del texto en cuestión y aquella clase política en su conjunto habían interiorizado la lección principal de nuestra historia contemporánea: la política coactiva –o simplemente no inclusiva‒ con los discrepantes y las minorías genera tarde o temprano inestabilidad, crisis y, en última instancia, conflicto violento. La expresión última de ello era la Guerra Civil, tan presente en la memoria histórica del momento –se diga lo que se diga‒ como el gran fantasma o el trágico error que debía evitarse a todo trance. En suma, para que la Constitución durase tenía que ser la Constitución de todos. Más concretamente, en términos operativos, que resultase un texto válido para cualquier gobierno, fuera del signo que fuese. 
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