Estados Unidos y la Unión Europea llevan tiempo negociando con gran sigilo un acuerdo de comercio e inversiones libres, el TTIP, cuyo fin declarado es disminuir la burocracia, los aranceles y las barreras no arancelarias para el libre intercambio de bienes y capitales entre los dos sistemas económicos. De aprobarse, este tratado afectaría significativamente al intercambio agroalimentario, y la falta de transparencia de su negociación está levantando miedos y recelos entre los ciudadanos europeos, reservas que no parecen tener en la misma medida los norteamericanos, que confían más en la capacidad negociadora y la fortaleza de la posición de sus gobernantes.
El TTIP afectaría a ochocientos millones de consumidores y a casi la mitad del Producto Interior Bruto Global. Europa es el primer exportador e importador mundial de alimentos. La industria y los servicios superarían en magnitud al sector alimentario en estos intercambios, que se aumentarían en virtud del acuerdo. Desde junio de 2013 se han celebrado trece rondas de negociación, la última de ellas en el mes de abril en Estados Unidos, y han cubierto todas las áreas, excepto la protección de las inversiones y la posible implementación de un sistema para dirimir las posibles diferencias legales respecto a éstas. El próximo mes de julio se celebrará la decimocuarta ronda. Las dificultades intrínsecas para alcanzar un acuerdo de esta naturaleza se ven agravadas si, como parece, éste invade competencias no sólo de la Unión Europea, sino también de los Estados miembros, lo que involucraría, por tanto, la aprobación de los parlamentos estatales además del europeo.
La obligación de mantener informado al Parlamento Europeo durante las negociaciones no se ha empezado a cumplir hasta muy recientemente y se ha hecho de forma muy restringida. Por esta razón, la filtración por parte de Greenpeace de algunos de los documentos ha tenido un cierto eco, sobre todo en Alemania, y ha suscitado las protestas del negociador norteamericano. El foco de la campaña de esta ONG se ha centrado en la libre importación a la Unión Europea de vegetales transgénicos, carnes hormonadas y el llamado «pollo clorado», que son legales en Estados Unidos, mientras que están prohibidos en la Unión Europea, con la excepción de algunos granos transgénicos, como son el maíz y la soja para piensos.
En una reciente reunión convocada por la Fundación Foro Agrario, a la que asistieron representantes de la Administración, de los sectores agroalimentarios y de las embajadas de Estados Unidos y de Francia, pudimos constatar una actitud en general positiva frente al posible TTIP, aunque preocupan tanto las dificultades para llegar a un acuerdo como las consecuencias que se derivarían de que este adoleciera de falta de equidad. Tanto Europa como España en particular parten de una situación actual que no es desfavorable. La reciente crisis económica española ha estimulado enormemente la exportación y las empresas han hecho enormes progresos cuantitativos en los últimos años y, por otra parte, su incipiente incursión americana les ha hecho especialmente sensibles al potencial de su posible expansión en ese mercado y las trabas que han encontrado en él. Nos ha sorprendido la unanimidad que existe respecto al protagonismo de las trabas no arancelarias como la mayor barrera proteccionista del país norteamericano. Alguien señaló que por muy barroca que sea la situación europea por la diversidad de los países miembros, mucho más puede serlo la estadounidense, donde a las normas federales, que son las únicas que están sobre la mesa, hay que sumar las estatales, que no están incluidas y en cuyo ámbito se producen la mayor parte de las trabas no arancelarias.
La oposición europea a los productos transgénicos legalmente aprobados en Estados Unidos tiene fuertes tintes ideológicos y carece de fundamento científico. Existen bases reales para un debate respecto al uso de hormonas en la producción de carnes y al de hipoclorito en el tratamiento de pollos y otros productos cárnicos. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria analizó el riesgo del uso de hormonas como estimulantes del crecimiento del ganado vacuno y concluyó provisionalmente que su consumo podía implicar riesgos para la salud. La negativa de la Unión Europea a autorizar el uso de hormonas para el engorde de vacuno ha supuesto un enfrentamiento con Estados Unidos durante los últimos tres lustros. El uso del hipoclorito como antibacteriano permite disminuir la carga bacteriana de un producto cárnico, como el pollo, y evitar así en él la presencia de bacterias potencialmente patógenas para humanos. Según el negociador europeo, no hay ninguna alusión a este pollo clorado en los documentos filtrados por Greenpeace. No hay nada peligroso en sí asociado a este tratamiento, pero sus detractores alegan que, al realizarse al final del procesamiento, puede servir para enmascarar chapuzas perpetradas en las fases intermedias del tratamiento industrial. Puede señalarse que el sistema de protección sanitaria de los alimentos en Estados Unidos ha sido históricamente pionero y es esencialmente seguro. No hay nada en los puntos arriba esbozados que no pueda ser resuelto en una negociación de buena fe.
Otra cosa son las posibles reformas legales que alejen la resolución de los conflictos que surjan de la competencia de los Estados y los dejen en manos de tribunales de arbitraje privados. ¡Bastante tenemos ya con las desaprensivas agencias de calificación financiera!
