Los estudios publicados en los últimos años sobre la historia política de la España contemporánea sobresalen más por su calidad que por su cantidad, cada vez menos abundante. Por eso, es una excelente noticia para los interesados en ella, sean o no especialistas, la publicación del libro de José-Vidal Pelaz y Pablo Pérez, catedráticos ambos de Historia Contemporánea, el primero en la Universidad de Valladolid, y el segundo en la de Navarra. Ambos nos ofrecen una monografía que cubre una etapa apenas estudiada dentro del proceso de transición y consolidación democráticas en España: la presidida por Leopoldo Calvo-Sotelo entre 1981 y 1982. Periodo breve, de apenas dos años, que suele despacharse como el epílogo de los gobiernos de la Unión de Centro Democrático, cuando no como un paréntesis insustancial entre las presidencias más longevas de Adolfo Suárez y Felipe González. Como subrayan con razón los autores, ambas suposiciones no se corresponden con la densidad y la relevancia de los acontecimientos de ese bienio. De hecho, las consecuencias de las decisiones que se tomaron entonces condicionaron, y todavía lo hacen, la evolución de la democracia española hasta nuestros días.
El gran mérito de este trabajo es que no se limita a cubrir este vacío de manera provisional, a modo de balance superficial que pudiera servir de marco para futuras investigaciones. Por el contrario, ambos autores han reconstruido esta etapa a través de una copiosa y ardua labor de investigación. Ofrecen, así, una disección de ese apasionante bienio destinada a convertirse en la obra de referencia para muchísimo tiempo. Para ello, entre el sinnúmero de fuentes primarias, Pelaz y Pérez han trabajado a fondo el archivo personal de Leopoldo Calvo-Sotelo. Con él han logrado encajar las cuantiosas piezas que aún faltaban para entender muchas de las claves de un periodo tan difícil y tan accidentado de la vida política española, que se inauguró con el golpe de Estado del 23-F y que acabó con la pulverización de la UCD, el partido que había protagonizado la transición.
Los autores demuestran sobradamente que aquellos dos años de presidencia precaria no fueron un tiempo perdido. Sorprende la labor constructiva de tanta relevancia como la de Calvo-Sotelo, atenazado, de un lado, por la persistencia de las conspiraciones alentadas por grupúsculos extremistas dentro de las Fuerzas Armadas y, de otro, por el goteo de defecciones en el grupo parlamentario centrista. Por de pronto, Calvo-Sotelo superó a Suárez a la hora de articular un entendimiento más estable con el principal partido de la oposición, el PSOE; de hecho, logró el apoyo de los socialistas para dos cuestiones de calado. Una, el Acuerdo Nacional de Empleo, que el Gobierno firmó con la patronal y los sindicatos, y que buscaba atajar una inflación y un desempleo desbocados, en una España azotada con virulencia por la segunda crisis del petróleo. Otra, la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA). Sobre la base del informe evacuado por una comisión de destacados juristas presidida por Eduardo García de Enterría, la LOAPA trató de reconducir las, hasta entonces, confusas y desordenadas demandas autonomistas, dotando a España de un verdadero modelo territorial, una cuestión que la Constitución de 1978 había dejado abierta.
La tentativa de combinar unas autonomías territorialmente viables, dotadas de contenido y recursos, con unas instituciones nacionales con facultades suficientes para aminorar los desequilibrios y asegurar la cohesión de España, acabó fracasando. Pero no por la ruidosa campaña de oposición de los nacionalistas, que detectaron con agudeza que la LOAPA topaba cualquier tentativa de instrumentalizar la autonomía para avanzar hacia la secesión. Lo hizo el Tribunal Constitucional que, en 1983, declaró inconstitucional una parte de la ley y que se arrogó, en perjuicio de las Cortes, la competencia exclusiva de plasmar sobre la marcha el modelo territorial. El Tribunal se erigió, así, en la instancia decisoria única para resolver los conflictos potenciales entre las instituciones nacionales y las regionales, puestas ambas en un plano de igualdad. Con ello se abolía de facto la lógica prevalencia, consagrada por la LOAPA, de la legislación general sobre la particular de cada territorio, que era el mecanismo básico para la armonización. El plan de Calvo-Sotelo de construir un Estado con autonomías regionales factibles dio paso a una etapa, todavía no superada, de progresivo desmantelamiento de las instituciones nacionales en beneficio de nuevos sub-Estados sostenidos sobre la diferencia y el privilegio. Una tendencia que se agravó en las autonomías directamente regidas por los partidos nacionalistas, imbuidas desde entonces en una perceptible deriva iliberal.
Pelaz y Pérez subrayan, por otra parte, la labor insuficientemente ponderada de Calvo-Sotelo en la lucha contra el terrorismo, singularmente el de ETA. Aunque los atentados continuarían constituyendo una realidad cotidiana en aquella España, su número descendió significativamente respecto de los «años de plomo» de 1979 y 1980. Se detectó una mayor eficacia de la fuerza pública, coordinada en un mando único al que Calvo-Sotelo dotó de mejores recursos legales. A eso se sumó el éxito del entonces ministro del Interior, Juan José Rosón, al culminar las negociaciones que condujeron a que la rama «político-militar» de ETA abandonara las armas, y ello sin cesión política alguna. En esta labor colaboraron unas Fuerzas Armadas que, pese a lo espectacular del 23-F, estaban en su inmensa mayoría comprometidas en un proceso de renovación, despolitización e integración en el sistema constitucional, que Calvo-Sotelo aceleró sin dar cuartel a los grupúsculos antidemocráticos. Iniciativa personal suya fue recurrir al Tribunal Supremo para que revisara y agravara las penas de los responsables del golpe de 1981.
Probablemente el balance más decididamente positivo se encuentra en el plano internacional, en el que Calvo-Sotelo se movía con especial desembarazo. Cortó en seco la actitud dubitativa de Suárez sobre la integración de España en la OTAN, que había llevado al anterior presidente a explorar vías «tercermundistas» y de «no-alineamiento» en la Guerra Fría, que contraponía a las democracias liberales con las dictaduras comunistas. No entrar en la OTAN suponía eternizar, además, la explícita subordinación militar a Estados Unidos que se derivaba de los pactos firmados desde 1953, y renunciar a una posición más ventajosa, en la que España entrara en una alianza multilateral, como socio de pleno derecho y en pie de igualdad con otras democracias. Con la adhesión de España a la OTAN, Calvo-Sotelo supo anticiparse al previsible giro de la política internacional de Estados Unidos tras la victoria electoral de Ronald Reagan. Comprendió, por último, que un compromiso atlantista claro incrementaría las probabilidades de que España entrara pronto en la Comunidad Económica Europea.
Si hay un asunto que Calvo-Sotelo dominaba con preferencia era sin duda el de la CEE, pues había sido el ministro encargado de llevar las conversaciones de adhesión durante la presidencia de Suárez. De hecho, la contribución de Calvo-Sotelo, junto con su ministro de Exteriores, José Pedro Pérez-Llorca, fue decisiva para cerrar varios capítulos de la negociación, que suscitaron la fundada expectativa de que España pudiera incorporarse a la CEE en enero de 1984. Al final, como subrayan Pelaz y Pérez, los desacuerdos en materia agropecuaria y la actitud obstruccionista de franceses y griegos, liderados por los socialistas François Miterrand y Andreas Papandreu respectivamente, frustraron esas esperanzas. Aparte, no menos relevante fue abrir una ventana de oportunidad para negociar con el Reino Unido deMargaret Thatcher la soberanía de Gibraltar sobre la base de la apertura de la célebre verja. No obstante, el conflicto de las Malvinas impediría que Calvo-Sotelo capitalizara el inicio de las conversaciones.
Por lo demás, estos éxitos se vieron empañados por factores más visibles y menos alentadores. El masivo envenenamiento por aceite de colza en Madrid y otras provincias españolas deterioró la imagen de un Gobierno que aparentó incapacidad para proteger a sus ciudadanos. Sirvió, además, como detonante de un descontento cada vez más general ante una gestión de la economía con resultados discretos, que dañaron el capital de UCD como partido tecnocrático o de gestión. Peor fue que Calvo-Sotelo no solventara la crisis del, por entonces, primer partido de España, más heterogéneo en su cúpula que propiamente en su militancia o su base electoral, que nunca llegó a entender esa constante pugna interna entre «suaristas», «azules», «socialdemócratas», «liberales» o «democristianos». En realidad, como captan con agudeza Pelaz y Pérez, sucedía que aquella UCD estaba llena de «enorme talento, pero también de inmensos egos»: la incompatibilidad y la falta de solidaridad entre los notables del partido contribuyó decisivamente a dividir y a destruir la organización.
El espectáculo de las divisiones internas de UCD, de esa falta de sintonía entre el Gobierno, la dirección del partido y el grupo parlamentario, hizo que la fuerza política que había hecho posible la transición a la democracia comenzara a ser percibida como un partido ineficaz, y alentó la necesidad de un drástico cambio de rumbo de la mano del PSOE. En este contexto, si Calvo-Sotelo se había mostrado un técnico competente, lo cierto es que naufragó como líder político. Bajo su mandato, UCD cosechó las estrepitosas de derrotas electorales de Galicia y Andalucía, frente a AP y al PSOE respectivamente. Su miopía bloqueó, desde el Gobierno, una convergencia de todo el centro-derecha para las elecciones generales de 1982 similar a la lograda en las provincias vascas, con objeto de aminorar la enorme mayoría que las encuestas pronosticaban al PSOE, unos pronósticos que se acabarían confirmando.
Pelaz y Pérez destacan, con fundamento, que la peor herencia de Calvo-Sotelo fue un sistema de partidos con el PSOE de fuerza hegemónica, y con un espacio liberal-conservador fragmentado y desplazado excesivamente a la derecha. Una década tardaría en revertirse esa situación, cuando finalmente cuajó con el Partido Popular una alternativa unificada, centrada y capaz de competir con los socialistas de tú a tú. En descargo de Calvo-Sotelo cabe apuntar que no fue el único responsable. Adolfo Suárez contribuyó a ese desmigajamiento del centro-derecha con su salida de UCD y la fundación del Centro Democrático y Social, despechado por no obtener el «poder absoluto», como demandaba, para reflotar su antiguo partido.
Razones más fundadas tuvo Calvo-Sotelo para impugnar la tesis de que la victoria del PSOE habría consolidado la democracia española. Como señaló en sus memorias, «el triunfo socialista fue posible porque estaba ya consolidada la democracia cuando se convocaron las elecciones». La demostración fáctica de esta tesis, que ratifica lo mucho que queda por aprender sobre este apasionante periodo de nuestra Historia, está al alcance de la mano de quienes se atrevan con este esclarecedor libro.
Roberto Villa García es catedrático en el Área de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos de la Universidad Rey Juan Carlos.
