En su contestación al discurso de recepción de Juan Francisco Fuentes en la Real Academia de la Historia, Octavio Ruiz-Manjón decía de él que «ha demostrado una extraordinaria versatilidad en lo que han sido sus temas de estudio, sin ceder nunca a la superficialidad, ni dejarse llevar por las diversas modas que arruinan a veces la labor historiográfica».

No se puede caracterizar mejor a Juan Francisco Fuentes. No es un investigador atado a una época histórica, ni apegado a un único tema al que acuda con reincidencia y alevosía. Sus inquietudes abarcan por igual desde el siglo XVIII al XX, y alcanzan los temas más dispares. Pero todas sus monografías presentan siempre una nota en común: adquieren el rango de referentes indiscutibles. Es una suerte de rey Midas de la historia, que convierte en material preciado cuantos estudios aborda. Hambre de patria es una nueva prueba de ello.

La mención a la investidura de Juan Francisco Fuentes como académico no resulta baladí, porque Hambre de patria tiene su origen precisamente en su discurso de recepción a la Real Academia de la Historia, oficiado en 2024, donde asumió la medalla que había correspondido nada menos que al ilustre Miguel Artola. Un digno sucesor, pues, de tan excelso maestro. Su discurso fue publicado en una edición no venal de la propia academia, con el mismo título de la conferencia («Numancia errante»: La idea de España en el exilio republicano), y ahora ve la luz, ampliado y profusamente anotado, en la editorial Arzalia, fundada y dirigida precisamente por Ricardo Artola. Una acertadísima decisión editorial, ya que brinda la oportunidad de difundir una obra imprescindible para reconstruir nuestra memoria histórica con la objetividad, el talante reflexivo y la documentación que solo un historiador de la talla de Juan Francisco Fuentes puede ofrecer.

El propio autor anticipa en su prólogo que el suyo será, para muchos, un libro incómodo. Porque, en efecto, está llamado a serlo en estos tiempos en los que la simplificación pueril, la apelación a lugares comunes, y tergiversación ideologizada de la historia se han convertido en el mantra de una sociedad cómodamente instalada en la absurda idea de la «posverdad». Que, en realidad, no es más que un revisionismo de sesgo puramente político y carente de rigor histórico. Esa misma actitud es la que ha sustituido el debate por la confrontación, convirtiendo una legítima aspiración, como puede ser la memoria democrática, en un elemento de conflicto, en el que se reabren las heridas de la ya lejana Guerra Civil, mientras se blanquean los mucho más recientes asesinatos de ETA, se desprecia el compromiso y la generosidad que caracterizó la transición política, y se glorifican los nacionalismos a costa de la nación. En definitiva, se derriban los puentes que nos han permitido convivir ―con sus altibajos, qué duda cabe― durante casi medio siglo. El mismo término «patria», que forma parte del título del magnífico libro de Juan Francisco Fuentes, se interpreta hoy en día por un sector de malentendido progresismo como un anatema; una palabra de la que huir en su lenguaje político. Ser nacionalista está bien visto; ser patriota parece, sin embargo, un nuevo pecado capital.

En este enrarecido panorama se asienta también la mitificación de la Segunda República, del mismo modo que el pensamiento reaccionario glorifica hoy la dictadura franquista. La experiencia republicana ―o, por mejor decir, toda menos el bienio radical-cedista― aparece a menudo retratada por políticos y tertulianos como una suerte de Arcadia feliz, en la que la democracia en su forma más prístina habría hecho al fin acto de presencia en España. Pero si bien es cierto que, comparada con los regímenes liberales decimonónicos españoles la Segunda República supuso un extraordinario avance constitucional (reconocimiento de derechos sociales, supremacía constitucional, sistema parlamentario racionalizado o control de constitucionalidad, entre otros muchos aspectos), no resiste la más mínima comparación con el sistema constitucional presente, con el que interesadamente se lo contrapone como modelo. Porque en aquella fase histórica faltó precisamente un elemento consustancial a la democracia: la negociación, el compromiso y la búsqueda de lugares comunes que posibilitan que el pluralismo político sobreviva. Y el libro de Juan Francisco Fuentes supone, indirectamente, un recordatorio también de esta realidad: una reivindicación silenciosa de nuestro presente constitucional que a menudo tiende a infravalorarse comparándolo con una versión ficticia e idealizada de la Segunda República.

Aunque son muchas las ideas que el autor desgrana con maestría a lo largo de las casi trescientas páginas del libro, tres son las premisas clave sobre las que pivota toda la narrativa. La primera sería la percepción que los actores políticos tuvieron de su papel en el conflicto bélico que precedió al exilio republicano, apelando tanto al debate sobre la inevitabilidad o no de la guerra civil, como a la responsabilidad colectiva y compartida de sus protagonistas, cualquiera que fuese su ideología. La segunda idea medular de la obra atiende a la imagen que los exiliados republicanos mantuvieron de España durante su obligada diáspora; una imagen a menudo idealizada, basada en recuerdos y sensaciones y que sobre todo a partir de los años 50 se contradecía con la realidad que se vivía en el interior del país. Finalmente, el libro demuestra ―de forma incontrovertible y documentada― cómo el sentimiento mayoritario del exilio republicano fue dejar atrás la confrontación, alcanzando un consenso que suturase las heridas abiertas con la Guerra Civil. En este sentido, en el exilio ―«la musa del escarmiento»―, en palabras de Azaña– se hallaría el embrión de la futura transición política que conduciría a la primera democracia verdaderamente transaccional de nuestra historia: la que culminó con la Constitución española de 1978.

La Guerra Civil fue el resultado directo del alzamiento nacional del ejército sublevado. Pero, como demuestra Juan Francisco, entre buena parte de los intelectuales y políticos españoles afines al republicanismo circulaba la opinión de que ese conflicto bélico resultaba no sólo inevitable, sino incluso deseable. La imagen romántica de la España temperamental y de las gestas numantinas se entreveró con la creencia de que sólo los conflictos armados podían conducir a la revolución que ansiaba la izquierda. Ahí estaban los precedentes, siempre a mano para quien quisiera buscarlos: la Guerra de la Independencia se interpretó no sólo como un proceso de liberación nacional frente al invasor, sino también como el desencadenante de la revolución liberal, y no en balde el conde de Toreno había titulado a su narración del acontecimiento como «Historia del levantamiento, guerra y revolución de España», poniendo al mismo nivel el conflicto armado y la revolución liberal. Por su parte, las Guerras Carlistas habían entrañado la victoria del bando liberal y la definitiva (o casi) sepultura del Antiguo Régimen. Le llegaba, pues, el momento a la revolución obrera y socialista, cuya lucha ya se había anticipado en la «huelgona» asturiana, que, a decir de parte de la intelectualidad socialista, había evidenciado que sólo a través de la violencia era posible alcanzar los objetivos políticosociales a los que aspiraba. Pero si la revuelta de octubre en Asturias mostraba la posibilidad de un camino revolucionario a través de la fuerza, la propia represión sufrida por los mineros reforzaría esta idea: en palabras de Indalecio Prieto, tras las represalias sufridas en la tierra norteña «toda concordia parecía imposible» (Concordias y rectificaciones, 1 de mayo de 1942). De este modo, poco antes de estallar la Guerra Civil, el discurso belicista se había instalado plenamente en la izquierda obrera española.

Y es que, como demuestra Juan Francisco Fuentes, fue el republicanismo, más que las fuerzas conservadoras (con la excepción, por supuesto, del falangismo, no tanto de José Antonio Primo de Rivera como de su discípulo, Dionisio Ridruejo) el que con más intensidad clamó por el alzamiento en armas para poner fin a un clima de hostilidad creciente. Creyendo erróneamente que la victoria estaría de su lado (¿acaso no lo había estado también en la Guerra de la Independencia, con el triunfo del bando patriota, y en las guerras carlistas, con el éxito liberal?), no tuvo empacho en instar a un clima bélico que tendría unas consecuencias dramáticas y muy distintas a las pretendidas.

Si el liberal exaltado Juan Romero Alpuente ―posiblemente parafraseando a Gabriel Bonnot de Mably― ya había sostenido en 1821 que «la guerra civil es un don del cielo», casi un siglo más tarde Miguel de Unamuno afirmaría otro tanto, quizás con la inercia provocada por la frustración sufrida tras el desastre del 98, pero también por un nebuloso recuerdo de la Guerra Carlista vivida en su infancia. La guerra civil, diría el escrito bilbaíno, era «gracias a Dios, inevitable», asignando al derramamiento de sangre una fuerza genésica en lo político: no en balde de «fecunda» denominaba la pretendida guerra civil. Luis Araquistáin también apuntó hacia una posible y hasta deseable guerra ―de la que la izquierda se creía victoriosa de antemano―, renegando de cualquier conciliación con el «enemigo irreconciliable». Si la Restauración se había edificado sobre un pacto impostado (el Pacto de El Pardo), el régimen que le sucediera debía asentarse sobre una revolución que podía ―e incluso debía― ser sangrienta. Incluso los resultados electorales adversos se interpretaban como la espoleta que podía hacer estallar la guerra: Largo Caballero ya había anunciado que, de perder el Frente Popular las elecciones del 36, la única salida sería «la guerra civil declarada».

Algunos tuvieron tiempo a rectificar. Lo hizo Miguel de Unamuno, que en la antesala de la contienda que fracturó España elevó una desesperada llamada de atención a los «hunos y los otros» para tratar de impedir lo que ya en esos momentos resultaba inevitable: una guerra «incivil». También lo hizo Manuel Azaña, en un agónico llamamiento para conjurar el inminente peligro de una guerra fratricida, aunque su voz resultó eclipsada por el contumaz clamor que llamaba a las armas. Porque para la mayoría de los republicanos la catarsis no llegó hasta el exilio, momento en que se percataron de que su insensata apuesta por una confrontación armada ―como mecanismo para lograr la revolución político-social― había sido un manifiesto error. Y el resultado lo evidenciaba: no solo por la devastación que sufrió el país, sino también porque, a diferencia de lo ocurrido en la Guerra de la Independencia y en las Guerras Carlistas, en la de 1936 habían vencido «los otros».

El exilio obligado por la dictadura franquista desencadenó la catarsis de los vencidos, que, lejos de dejarse llevar por el resentimiento y el victimismo, en muchos casos asumieron la parte de culpa que a ellos mismos les correspondía. Y que los diferenciaba de otros exiliados políticos anteriores: ni los liberales del 1808 habían tenido responsabilidad alguna en la invasión francesa, ni tampoco los del 1824 la tuvieron en la incursión de los Cien Mil Hijos de San Luis perpetrada por la Santa Alianza. Aquellos habían sido responsables sólo de la revolución liberal, pero no de las contiendas armadas en las que se había visto envuelta. No sucedió lo mismo con los republicanos, que admitieron con humildad su parte de culpa al haber promovido un clima prebélico. Precisamente ellos, que habían estampado en la Constitución del 31 el sentimiento de paz universal. Desde luego, la Guerra Civil la desencadenó el golpe de Estado de Francisco Franco, pero los republicanos exiliados sentían en sus carnes el remordimiento de haber deseado un desenlace armado antes de que éste realmente tuviera lugar, y de haber renunciado a quemar todas las naves de la transacción política antes de decantarse por cargar los fusiles. «Los dos beligerantes eran muy parecidos en lo bueno y en lo malo», afirmaría Manuel Tagüeña, reconociendo que la guerra había sido una responsabilidad colectiva.

El segundo eje sobre el que pivota la extraordinaria monografía de Juan Francisco Fuentes atiende a la imagen que los exiliados republicanos retuvieron de España durante su diáspora. Consigo no sólo se llevaron a menudo un ejemplar del Quijote (¡qué mejor forma de evocar la España perdida, y su propia condición de idealistas!) sino las imágenes que sus retinas retuvieron de su país natal, condensadas y congeladas en el tiempo. Sus recuerdos de España estaban con frecuencia conformados por sensaciones: un aroma, un sabor, un sonido hogareño… Pero también por una apelación a algunos de los mitos culturales e históricos nacionales, curiosamente compartidos ex aequo con el franquismo: don Quijote, el Cid Campeador, Numancia… Aunque la lectura sería distinta en uno y otro frente ideológico. Los republicanos verán en el Quijote el caballero de la triste figura, en el Cid, el desterrado por Alfonso VI, en Numancia, la dolorosa derrota.

Esa distancia, y ese anhelo de la tierra dejada atrás contribuyeron a forjar entre los exiliados un patriotismo revitalizado; un «hambre de patria», en palabras de Indalecio Prieto, quien sentenciaba que, si alguno había creído con anterioridad no profesar patriotismo, el exilio le habría abierto los ojos. «Hasta que no se vive en la emigración forzada ―reconocería alguien tan inclinado a los extremos como Largo Caballero―, no se comprende lo grande y hermosa que es España». Patriotismo que reivindicó incluso el PCE, con Dolores Ibárruri a la cabeza. En certerísimas palabras de Juan Francisco Fuentes, «esa españolidad intensa y apremiante no se percibe como algo vergonzoso, sino como una revelación luminosa y un poderoso vínculo con los otros emigrados».

Este anhelo por mantener viva la memoria de la España que se había dejado atrás explica la aparición de publicaciones como España Peregrina (1940), publicada en México por José Bergamín, y otras muchas del mismo talante, como Nuestra España, en Cuba, Pensamiento Español, en Argentina, o, simplemente, España, en Venezuela. Puntos de encuentro culturales entre los exiliados ―con un tono a menudo lastimoso―, como lo fuera los Ocios de españoles emigrados, publicado durante la Ominosa Década por los liberales exiliados en Londres. Allí pudieron dar rienda suelta a sus recuerdos, y a sus anhelos de retornar a su patria. Pero, en realidad, ¿a qué patria?

Alejados en el espacio, también los exiliados lo estaban en el tiempo: la suya era a menudo una imagen congelada, vista a través de un retrovisor, de la que cada vez se distanciaba más la realidad española. Como señala Juan Francisco Fuentes, nada lo ejemplificó mejor que la descripción que Max Aub ofreció de la España franquista en La gallina ciega (1969). Su turbación al hallarse con una España que ya no era capaz de reconocer tras treinta años de exilio evidenciaba, en realidad, que el país había avanzado hacia una prosperidad material que él identificaba con el banal conformismo de una nación huera de libertades. El no haberse encontrado con una España mísera le generaba desconcierto: «¿debo alegrarme? No lo sé». La propia duda contenía la respuesta.

Max Aub representa, sin embargo, solo un paradigma. El mismo que expresaba Cernuda a construir su metáfora de una «España-madrastra» que repudiaba a sus hijos condenados al exilio. Pero esta visión resentida y hostil no fue la dominante entre los exiliados republicanos. Si Luis Araquistáin llegaría a reconocer en 1958 el asombroso desarrollo industrial de España, no es menos cierto que muchos exiliados ―como Fernando de los Ríos o Ramón J. Sender― consideraron que España sólo podía reconstruirse verdaderamente desde su interior, puesto que los desterrados se hallaban lastrados por sus propias filias y fobias. Lo que se necesitaba era un contacto –logrado por vía epistolar– entre los intelectuales que residían en España (y que conocían la realidad nacional de primera mano) y aquellos exiliados que les pudieran orientar y servir de ejemplo (en lo bueno y en lo malo), sobre todo después de haber hecho el ejercicio de contrición obligado por la diáspora. El propio Araquistáin lo diría con unas bellísimas palabras que reproduce Juan Francisco Fuentes: «Hay gente que cree que no hay misa cuando ellos no asisten; pues yo creo que en España se volverá a la democracia plena aunque nosotros no volvamos a tiempo, y acaso precisamente porque no volvamos».

El tercer pilar de la monografía de Juan Francisco Fuentes atiende al cambio de actitud experimentado por el republicanismo durante el exilio, renunciando al sectarismo que en ocasiones había guiado su conducta política (incluso dentro del mismo partido, como evidencia la hostilidad entre Indalecio Prieto y Largo Caballero) y clamando, en su lugar, por la concordia. En realidad, el exilio político a menudo sirvió en nuestra historia como invitación a una reflexión forzada, que sólo desde la lejanía física y emocional quizás resultaba posible. Así sucedió tras la Guerra de la Independencia, cuando tanto los afrancesados ―como tan bien sabe el propio Juan Francisco, autor de la mejor biografía de José Marchena― como los liberales que pudieron huir del presidio experimentaron un primer exilio. Incluso entre los más radicales hubo un intento de atenuar sus dogmas, como sucedió con Álvaro Flórez Estrada, en cuya Representación hecha a SMC, el señor Don Fernando VII, redactada en 1818 desde su autoexilio londinense, ofrecía la posibilidad de que el Rey otorgase una carta constitucional, ya que no aceptaba el articulado del texto diseñado por los constituyentes gaditanos. A la vuelta del sistema constitucional, en 1820, parte de los doceañistas habían abandonado su radicalismo de antaño, siendo el caso más emblemático el del conde de Toreno, que transitó de una defensa de postulados rousseaunianos, a una apuesta por el liberalismo doctrinario. La cuna del moderantismo español fue, ante todo, el exilio, y la reflexión que éste desencadenó, y en el que muchos de los liberales que habían redactado el articulado de la Constitución del 12 entendieron que quizás se trataba de un texto excesivamente adelantado para el estado de la nación española.

Juan Francisco Fuentes hace un extraordinario uso de fuentes documentales privadas ―sobre todo diarios y correspondencia― para mostrar ese sentimiento íntimo, no impostado, que albergaron los exiliados. Es cierto que algunos de aquellos desterrados siguieron anclados en la idea de que la única posibilidad política admisible era el retorno del régimen republicano. Pero no todos opinaban así. Incluso Largo Caballero admitía ya a mediados de los años 40 anteponer la libertad a la república, y otro tanto haría Manuel Azaña, que veía tan muerta la experiencia republicana, que ni Asclepio hubiera podido devolverla a la vida. «Debe evitarse que la república se revalorice en la estimación de las gentes simplemente porque sus enemigos son peores», afirmaría en una frase cargada de sentido común que Juan Francisco Fuentes recupera en su magnífico capítulo dedicado a los epistolarios de los exiliados. Era preciso construir el futuro sobre nuevas bases y no sobre la «memoria putrefacta» de una experiencia que había fracasado.

En su correspondencia cruzada con jóvenes historiadores e intelectuales que residían en España, los protagonistas de la Segunda República llegaban a pedirles disculpas por la herencia que les habían dejado, y apostaban por una reconciliación nacional como única solución para poner fin al cisma entre las dos Españas. No en balde, el político socialista Juan Simeón Vidarte tituló Todos fuimos culpables (México, 1973)a sus memorias, rememorando la Guerra Civil. La dignidad de aquellos próceres, capaces de reconocer sus errores desentona con la de nuestros políticos actuales, que, cortos de miras, interpretan la avenencia y la concordia ―cuyo paradigma fue la Transición― como una vergonzosa claudicación, y no como un acto de generosidad sin la que la democracia no puede subsistir, o al menos hacerlo con ese nombre.

Aquí está uno de los muchos puntos fuertes del extraordinario libro de Juan Francisco Fuentes: frente a las posturas revisionistas que reivindican el legado de la Segunda República, oponiéndolo a la Transición política ―vista como una claudicación vergonzante―, muestra cómo en realidad fueron precisamente los constituyentes republicanos los que asentaron las bases de lo que se viviría en 1977. La Transición fue la realización práctica del desiderátum de aquellos exiliados; el camino que ellos entendían que debía recorrerse y que, en su mayoría, no tuvieron oportunidad de ver realizado. El camino de la reconciliación, del pacto y de la renuncia a los sectarismos.

En esta línea, Juan Francisco recoge las reflexiones de figuras tan diversas como Francisco Ayala, Fernando Valera, Luis Araquistáin o Juan Simeón Vidarte, pidiendo todos ellos un examen de conciencia de la propia culpa del republicanismo en la guerra, como camino previo para edificar un futuro libre de resentimientos y de reproches. Pero, sobre todo, Manuel Azaña, en La velada de Benicarló, fue el paladín que reclamó un «asenso común», auténtico germen de la idea de consenso sobre la que se instaló la Transición.

Por supuesto, no podía faltar en un libro de Juan Francisco Fuentes este depurado y fino análisis léxico-conceptual, que traza la genealogía de los términos políticos con la maestría de la escuela de historia conceptual de la que él es heredero, ligada a Koselleck y Skinner, y compartida con su gran amigo y compañero en tantas travesías intelectuales, Javier Fernández Sebastián, a quien no en balde está dedicado Hambre de patria.

Magistralmente, Juan Francisco Fuentes muestra cómo el término «transición» fue llenándose de un contenido que trascendía la idea de sucesión temporal, para incluir la idea de transacción, reconciliación y pacto como alternativa posibilista para la reconstrucción nacional, y que comenzó su singladura con la reunión de Múnich en 1962. Porque, en efecto, en un sentido estricto, la transición sólo denota una sucesión temporal entre dos momentos diversos; una fase ecléctica en la que pasado y presente se dan la mano. Es el sentido que, en términos jurídicos, adquieren en las normas las «disposiciones transitorias», en las que se mantienen vivas de forma provisional regulaciones previas, hasta que se puedan ya sustituir plenamente por otras que las reemplazan. La transición es, en este sentido, hija de la seguridad jurídica: un momento de adaptación a una nueva realidad normativa.

Pero, en su extraordinario análisis, Juan Francisco Fuentes muestra cómo el término fue llenándose de otro contenido: el de pacto, negociación, concierto y conciliación. Y todo empezó a edificarse en el exilio republicano. La transacción que oficializaron los constituyentes del 78 no es, pues, sino la herencia de aquellas reflexiones que los republicanos condenados al exilio empezaron a forjar. Recuperar la memoria democrática requiere, pues, reivindicar también ese generoso esfuerzo de conciliación que impulsaron desde su destierro. La memoria de los perdedores de la contienda sólo puede ser verdaderamente honrada si escuchamos el legado que nos dejaron desde su obligado ostracismo. Retomar el camino de la fricción, de la contienda y del conflicto es, precisamente, negar su herencia.

Hambre de patria es, por tanto, un libro tan valiente como necesario para que se pueda albergar una lectura objetiva, reflexiva e imparcial de la memoria democrática. Sin duda está llamado a ser entre los historiadores una obra de auténtica referencia. Sería de desear que también periodistas, políticos y tertulianos hicieran el esfuerzo de leerlo, y lo hicieran además desprendidos de la losa de sus numerosos prejuicios. Pero quizás eso sea ya pedir demasiado.

Ignacio Fernández Sarasola es catedrático de Derecho Constitucional en el departamento de Derecho Público de la Universidad de Oviedo.