El conflicto del Sahara: la historia interminable de un desencuentro

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I.- El contencioso y la comunidad internacional

I.1.- Evolución histórica

El conflicto del Sahara Occidental se enmarca en un proceso de descolonización de un territorio no autónomo, en el que son parte Marruecos y el Frente Popular para la Liberación de Saguia el-Hamra y Río de Oro (Polisario), al que es aplicable la resolución 1514 de la Asamblea General de 14 de diciembre de 1960 sobre la concesión de la independencia a los pueblos coloniales, lo que implica el reconocimiento del derecho a la libre determinación del pueblo saharaui. Este estatus jurídico internacional fue ratificado en octubre de 1975 por el Tribunal de La Haya que, tras rechazar la pretensión de Marruecos, no apreció que existieran razones válidas para que la normativa de descolonización no se aplicase al Sahara Occidental.

El contencioso debía resolverse conforme al derecho internacional mediante la celebración de un referéndum en el que los habitantes originarios del territorio podrían decidir entre la independencia o la integración en Marruecos. En ese contexto, el 30 de agosto de 1988 Marruecos y el Polisario dieron su asentimiento al Plan de Arreglo propuesto por la Organización para la Unidad Africana (OUA) y la ONU, que contemplaba la organización del referéndum de autodeterminación a través de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), que se desplegó en la región el 6 de septiembre de 1991, coincidiendo con el cese de las hostilidades y la entrada en vigor de un alto el fuego.

Las dificultades surgidas para la elaboración del censo de votantes, motivadas esencialmente por los impedimentos que puso Marruecos, paralizaron el proceso, que cobró un nuevo impulso con la designación en 1997 del antiguo Secretario de Estado norteamericano James Baker como enviado personal del Secretario General (SG) de la ONU. Su intervención dio pie al inicio de negociaciones directas entre el Polisario y Marruecos que culminaron en los acuerdos de Houston suscritos el 16 de septiembre de 1997 y fueron hechos públicos en el informe del SG de 24 de septiembre de 1997. En ellos, las partes se sometían nuevamente a la autoridad de la ONU para organizar un referéndum de autodeterminación y convinieron un conjunto de medidas prácticas para la reanudación del proceso de identificación del censo.

Combatientes del Frente Polisario, 1970.

Sin embargo, a lo largo de los años noventa, Marruecos propició la emigración de más de 100.000 colonos a las principales ciudades de la región con objeto de engrosar el censo y presentó más de 130.000 apelaciones a la lista de votantes, lo que llevó una vez más a la paralización de la consulta. Esta situación motivó que el SG de la ONU, en su informe al Consejo de Seguridad (CS) de 17 de febrero de 2000, planteara sus dudas respecto a que el referéndum pudiera tener lugar y sobre su efectividad, pues no existía poder coercitivo para aplicar su resultado si alguna de las partes no lo aceptaba, teniendo en cuenta que nunca se planteó la posibilidad de enmarcar el conflicto en el capítulo VII de la Carta fundacional de NNUU, para hacer cumplir coactivamente las resoluciones del CS, ante el veto seguro de Francia y Estados Unidos.

A partir de ese momento, quedó de manifiesto que el diferendo del Sahara no podía resolverse aplicando estrictamente la legalidad internacional y que la única solución era política, debiendo las partes negociar directamente para consensuar una solución justa, duradera y mutuamente aceptable.

En el discurso del trono pronunciado el 30 de julio de 2004, el rey Mohammed VI manifestó que su país estaba dispuesto a negociar sobre la base de una propuesta de autonomía concebida en el marco de la soberanía del reino y desde entonces no se ha movido de esa posición. Por otro lado, el Polisario ha mantenido igual de firmemente su postura de negarse a negociar ningún tipo de autonomía bajo la soberanía marroquí, lo que ha motivado el estancamiento de las negociaciones por la incompatibilidad de las pretensiones de las partes.

I.2.- El proyecto de autonomía de Marruecos

En una declaración que hizo el 6 de noviembre de 2006, el rey de Marruecos informó que su Gobierno estaba elaborando un proyecto de autonomía que confió al Consejo Asesor Real para Asuntos del Sahara (CORCAS) con miras a encontrar una solución política a la cuestión del Sáhara Occidental. El 11 de abril de 2007, Marruecos presentó al SG el Proyecto de Autonomía para los Saharauis, como propuesta de solución al contencioso mediante un referéndum que permitiría a los residentes del Sahara Occidental votar la opción de convertirse en una región autónoma del reino.

La iniciativa proponía la negociación con el Polisario del proyecto autonómico que, una vez consensuado, sería sometido a referéndum por la población del Sahara, incluidos los saharauis residentes fuera del territorio controlado por Marruecos. De ser aprobado, se modificaría la constitución para incorporar el estatuto de autonomía y se declararía una amnistía a favor de los saharauis retornados.

El plan confería a las poblaciones del Sahara el derecho a elegir a las autoridades que administrarían la región, la cual gozaría de un amplio estatuto de autonomía con competencias exclusivas en todos los ámbitos, a excepción de la seguridad nacional, defensa, relaciones exteriores, moneda y prerrogativas religiosas del monarca, que quedarían bajo competencia estatal.

La región autónoma tendría órganos legislativos, ejecutivos y judiciales propios, con poderes exclusivos. Dispondría de un parlamento integrado por miembros elegidos por las distintas tribus saharauis y por representantes elegidos por sufragio universal directo, que designaría a un jefe de gobierno, el cual formaría su gabinete.

El CS en su Resolución de 31 de octubre de 2007 tomó nota de la iniciativa marroquí y la acogió favorablemente, reconociendo sus esfuerzos serios y creíbles para hacer avanzar el proceso hacia una solución. Aunque, en opinión del CS, la propuesta marroquí era una opción realista y viable para desatascar el contencioso del Sahara, la misma no fue objeto de consideración por el Polisario, ni tan siquiera como punto de partida de una negociación que permitiera acercar posiciones, pues la rechazó totalmente, insistiendo en que el Sahara Occidental se enmarcaba en un proceso de descolonización que solo podía resolverse ejerciendo el derecho inalienable del pueblo saharaui a la autodeterminación, a través de un referéndum popular con opción a la independencia, conforme con el derecho internacional.

I.3.- El bloqueo actual

De lo expuesto cabe concluir que la intervención de la ONU no ha conseguido ningún avance del proceso negociador, estancado desde que en 2007 el CS recomendara a las partes negociar directamente un arreglo. En las distintas resoluciones del CS, desde 2008 hasta la última de octubre de 2020, se ha repetido como un tópico la encomienda a los Secretarios Generales de facilitar negociaciones directas sin condiciones previas para lograr una solución política justa, duradera, y mutuamente aceptable con realismo y espíritu de avenencia, que prevea la libre determinación del pueblo del Sahara Occidental, en el marco de la Carta de NNUU, habiendo desparecido la formulación inicial del referéndum de autodeterminación.

La situación se ha agravado últimamente a causa de dos acontecimientos preocupantes: la ausencia de un enviado especial del SG y la ruptura del alto el fuego de 1991.

A mediados del mes de mayo de 2019 el expresidente alemán Horst Köhler, nombrado enviado personal en agosto de 2017 por el actual SG António Guterres, presentó su dimisión por motivos de salud, sin que se haya podido renovar el cargo hasta el momento.

Los graves incidentes que tuvieron lugar el 13 de noviembre de 2020 en la carretera que conduce al puesto fronterizo de Gueguerat que conecta el Sahara con Mauritania, en los que Marruecos, desatendiendo las indicaciones de la MINURSO y en una franja desmilitarizada de amortiguación, desplegó al ejército para dispersar a los activistas saharauis que bloqueaban el paso, fueron considerados por el Polisario una vulneración del alto el fuego de 1991 y motivaron la declaración del estado de guerra con Marruecos.

1.4.- El olvido del derecho humanitario en las negociaciones

Es de lamentar que también se haya incumplido la legalidad internacional en el aspecto humanitario, ya que las negociaciones deberían haber estado presididas por la salvaguarda de los intereses de los habitantes originarios del Sahara, en cumplimiento de la declaración relativa a los territorios no autónomos del Capítulo XI de la Carta de NNUU, cuyo art. 71.1 dice que los países que asuman la responsabilidad de administrar territorios, cuyos pueblos no hayan alcanzado la plenitud del gobierno propio, aceptan como encargo sagrado la obligación de promover el bienestar de los habitantes de esos territorios. Esa obligación sagrada de velar por el bienestar del pueblo saharaui y su porvenir debería convertirse en el factor prioritario para desbloquear definitivamente el proceso, mediante la búsqueda de buena fe de soluciones realistas que permitan acabar con tanto sufrimiento humano y posibiliten el regreso a su tierra de los saharauis en el exilio.

II.- Cómo se ha vivido el conflicto en el lado marroquí

II.1.- Una obsesión soberanista

Tras conseguir la independencia en 1956, Marruecos exigió la cesión de la región del Sahara, por considerar que históricamente formaba parte de sus provincias meridionales y que España no llevó a cabo una descolonización completa, a diferencia de Francia.

Manifestación de apoyo al Frente Polisario, 2007.

El discurso y la propaganda oficial han alimentado constantemente un sentimiento nacionalista tremendamente pasional que ha arraigado profundamente en la población. La marroquinidad del Sahara es considerada una verdad absoluta, asumida como tal por todos los partidos políticos de diferente ideología y los medios de comunicación. Los que se atreven a cuestionarla, aunque sea con moderación, son tachados de separatistas, simpatizantes de terroristas o enemigos de Marruecos. Es imposible hablar de este tema con un poco de sosiego, pues se ha convertido en una causa nacional casi sagrada, que no admite la menor discrepancia. Esta situación ha generado un odio profundo hacia los habitantes autóctonos del Sahara, especialmente entre los colonos marroquíes instalados en el territorio, así como un rechazo a todo lo español, por el pasado colonial y la simpatía por el Polisario que profesa buena parte de la sociedad civil española. De hecho, la enseñanza del idioma español se ha eliminado prácticamente del plan de estudios, quedando como asignatura optativa, detrás del francés y el inglés.

En el ámbito internacional, la soberanía respecto al Sahara Occidental ha constituido una reivindicación innegociable del Estado marroquí que ha estado siempre presente en su política exterior, volcada con vehemencia en la llamada causa de la integridad territorial, la cual ha generado gran parte de los desencuentros diplomáticos.

La política interior de Marruecos, desde la construcción del muro y la firma del alto el fuego con el Polisario, ha estado orientada a consolidar progresivamente el control sobre el territorio del Sahara Occidental, que administrativamente lo ha integrado en tres de las doce regiones en que se divide el reino: Guelmim-Río Noun, El Aaiún-Saguía el-Hamra y Dajla Río de Oro, con sus correspondientes provincias a las que se alude oficialmente como las provincias del sur.

II.2.- La construcción del muro

Para protegerse de las incursiones armadas del Polisario y controlar la zona donde se ubican los principales recursos económicos y minerales, así como la costa atlántica, con su importante banco pesquero, Marruecos empezó a construir en 1980 una línea de muros defensivos que fue ampliando a lo largo de siete años hasta completar unos 2.700 km de longitud que dividen de norte a sur el Sahara Occidental, separando las tres cuartas partes más occidentales, en las que se encuentran las principales ciudades.

El muro es una berma o construcción militar en forma de terraplén, que está considerado como el mayor obstáculo militar del mundo, después de la gran muralla china. Se encuentra protegido por alambradas, búnkeres y trincheras y rodeado de millones de minas personales. Cuenta con un avanzado sistema de vigilancia por radar y piezas de artillería ligera y pesada. Se estima que está defendido por unos 100.000 soldados.

II.-3 La estrategia marroquí respecto al Sahara

La estrategia del régimen marroquí, liderada por el monarca, ha sido la de actuar en el Sahara como si fuera una parte más de las provincias meridionales del reino. La primera medida para controlar el territorio fue convertirlo en un espacio seguro, protegido por el ejército y las fuerzas de seguridad, lo que se consiguió con la construcción del muro, el desplazamiento a la región de militares, policías y gendarmes, la adquisición de armamento sofisticado y la progresiva profesionalización del ejército.

El segundo paso consistió en fomentar la emigración interior mediante un desplazamiento masivo de colonos, hasta lograr que una mayoría de los habitantes fueran de origen marroquí, lo que cumplía el doble propósito de poblar la región con habitantes alóctonos ajenos a la causa saharaui y engrosar el censo de cara a un hipotético referéndum de autodeterminación.

Simultáneamente el gobierno marroquí favoreció a los dirigentes afines de las tribus saharauis que permanecieron en las principales ciudades, recompensando su lealtad con importantes cargos en la política nacional y nombramientos diplomáticos. Se les facilitó incluso el acceso privilegiado a las actividades más rentables de la economía regional, en sectores claves como la pesca, el transporte, el turismo o el comercio.

La dificultad mayor consistía en convertir el territorio en un lugar próspero, que fuera atractivo para sus habitantes y los inversores. Con esa finalidad se incentivó el traslado de funcionarios con sueldos superiores, se cedieron terrenos para facilitar la instalación de empresas, se concedieron exenciones fiscales y se subvencionaron artículos básicos, a la vez que se aprobó un ambicioso plan de inversión pública en infraestructuras para propiciar el desarrollo económico de la región y la creación de puestos de trabajo. El gobierno marroquí ha hecho a lo largo de los años un extraordinario esfuerzo presupuestario para mejorar las infraestructuras de conectividad, vivienda y servicios, con el fin de afrontar el desafío de la emigración interior hacia una región desértica y muy poco poblada, concentrando su plan de desarrollo en el Aiún.

En el discurso conmemorativo de la marcha verde de noviembre de 2013, Mohamed VI afirmó que no debía subordinarse la evolución de la cuestión sahariana a lo que pudiera decidirse en la ONU, sino que se habría de optar por un desarrollo integrado de la región, centrado especialmente la economía azul como vehículo de crecimiento. En ese contexto se elaboró en 2015 por el Consejo Económico, Social y Medioambiental (CESM) un informe encargado por la casa real, en el que se proponía un nuevo modelo de desarrollo descentralizado, integrado y sostenible para el Sahara, a fin de dotarlo de infraestructuras y equipamientos que fomentaran el crecimiento socio-económico y el empleo. Se pretendía poner en práctica una regionalización avanzada para duplicar en diez años el PIB y crear más de 120.000 puestos de trabajo en las llamadas provincias del sur. El objetivo era convertir la zona en una gran base económica orientada hacia el África Occidental, mediante la creación de un clúster marítimo, un plan de conectividad basado en la construcción de carreteras, el refuerzo de la red portuaria y del transporte marítimo y aéreo, del sector de las energías renovables, además de la puesta en marcha de una plataforma de ordenación digital del territorio y de plataformas logísticas y de comercio.

II.4.- El creciente desarrollo de la región

Actualmente se encuentran en fase de ejecución varios proyectos en ámbitos diversos como la construcción de plantas desaladoras, parques de energía fotovoltaica, infraestructuras aeroportuarias u hospitales. Entre ellos cabe destacar la construcción de una autovía de más mil kilómetros entre las localidades de Tiznit y Dajla que conecta con la red viaria de la cornisa atlántica para completar una carretera transcontinental de comunicación entre Europa y el África Occidental, a través de Marruecos.

Sin duda, el proyecto que tendrá un mayor impacto económico para el desarrollo de la región es la construcción del puerto de Dajla, con acceso a la autovía. Es una infraestructura portuaria de gran envergadura, con una inversión prevista cercana a los mil millones de euros y que contará con una zona industrial de 270 hectáreas. Se convertirá en el núcleo más importante para las conexiones marítimas de mercancías y pasajeros del Sahara Occidental, así como para el sector pesquero. Cuando esté operativo competirá con los puertos canarios en reparación y mantenimiento naval, pesca y tráfico de contenedores.

La región del Sahara, además de la pesca y los fosfatos, tiene reservas de petróleo, gas, uranio y cobre. Es también un espacio óptimo para instalar parques eólicos y fotovoltaicos, lo que la convierte en un interesante polo de inversión internacional. El reconocimiento estadounidense de la soberanía de Marruecos sobre el Sahara ha impulsado la cooperación económica y militar entre ambos países e Israel. Los dirigentes norteamericanos anunciaron un importante apoyo financiero y técnico del sector privado para participar en proyectos de inversión en la región y especialmente en el nuevo puerto de Dajla.

El rey Mohamed VI ha proclamado que la alianza con EEUU e Israel permitirá aplicar la tecnología más moderna para transformar el Sahara en un territorio próspero y fértil para el cultivo, a fin de conseguir el autoabastecimiento alimentario y la autosuficiencia energética de la región, que es actualmente la puerta de entrada económica de Marruecos en África subsahariana, a través del paso de Guerguerat hacia Mauritania que ya se ha convertido en la frontera comercial más transitada del continente africano.

Marruecos ha ido consolidando el dominio absoluto del Sahara útil y ejerce de hecho plena soberanía en una región que es, a todos los efectos, parte del territorio nacional. Sus habitantes ostentan la nacionalidad marroquí, disponen de su moneda y pueden votar en todos los procesos electorales. El Estado marroquí controla las fronteras aéreas, marítimas y terrestres, incluido el puesto fronterizo con Mauritania, asume la seguridad interior a través de las fuerzas policiales y tiene encomendada la defensa del territorio a las fuerzas armadas. Los Tribunales ejercen jurisdicción plena en la región. El gobierno aprueba concesiones a empresas extranjeras para la explotación de los recursos naturales, especialmente a favor de Francia y EEUU. Ha firmado convenios internacionales de libre comercio con países europeos, de Oriente Medio y del continente africano, en los que está comprendida la región sahariana. Ha suscrito acuerdos de pesca con la UE, incluyendo las aguas del Sahara como de jurisdicción marroquí que, a pesar de haber sido declarados nulos por el Tribunal de Justicia europeo, ha seguido celebrando con el beneplácito del Parlamento Europeo. Amplió unilateralmente en enero de 2020 sus aguas territoriales a lo largo de la costa del Sahara, extendiendo su soberanía hasta las 200 millas. Concede reconocimiento diplomático a las oficinas consulares abiertas por algunos países en las principales ciudades del Sahara, cuyo número está en aumento.

III.- Cómo se ha vivido el conflicto en el lado saharaui

III.-1.- El nacimiento del Polisario

El Polisario es el legítimo representante del pueblo saharaui. Fue fundado en 1973 como movimiento de liberación nacional para reivindicar la independencia del Sahara, entonces frente al colonialismo español, optando en su manifiesto fundacional por la violencia revolucionaria y la lucha armada como medio para conseguir su objetivo de fundar un Estado propio. En mayo de ese mismo año llevó a cabo su primera acción armada contra un puesto militar del ejército español, que fue reivindicado por el Ejército de Liberación Popular Saharaui (ELPS) el cual protagonizó algunas escaramuzas y enfrentamientos con las fuerzas armadas españolas.

El primer atentado del Polisario tuvo lugar el 10 de enero de 1976 contra el complejo minero de Fosbucráa, al hacer explotar dos bombas al paso de un convoy, falleciendo el conductor del vehículo y resultando gravemente heridos otros tres trabajadores españoles. El 27 de febrero de 1976, tras la salida de las tropas españolas de la región, el Polisario proclamó la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). Después de los acuerdos tripartitos de Madrid se produjeron también varios ataques del Polisario contra pesqueros españoles e incluso una patrullera de la armada, que causaron víctimas mortales. El Ministerio del Interior reconoció que 90 trabajadores, en su mayoría canarios, se vieron envueltos en acciones armadas del Polisario entre 1973 y 1986.

En mayo de 2016 falleció el histórico presidente del Polisario, Mohamed Abdelaziz, que había asumido el cargo en 1976, poco antes de la declaración de guerra a Marruecos y Mauritania. Fue una persona respetada y de talante conciliador que amagó varias veces con iniciar la lucha armada. Le ha sucedido Brahim Ghali, nacido en 1947. Es un líder guerrillero histórico del movimiento saharaui, miembro fundador y primer secretario general del Polisario. Fue su representante en España y ministro de defensa de la RASD. Es menos moderado que su antecesor y se declara abierto a tomar las armas si el proceso negociador continúa paralizado por la política dilatoria de Marruecos, que acogió su designación como una provocación por considerarle muy afín a Argelia, donde ejerció como embajador de la República Saharaui (RASD).

III.2.- La diáspora saharaui

Aunque los datos demográficos son muy controvertidos, por sus connotaciones políticas, la ocupación marroquí del Sahara Occidental provocó la diáspora de buena parte de sus habitantes. Algunos pobladores autóctonos permanecieron en el territorio, un número menor emigró a otros países y la mayoría se refugió en campamentos al sur de Argelia. Según la Cruz Roja, entre diciembre de 1975 y enero de 1976, unos 40.000 saharauis, en su mayor parte mujeres, niños y ancianos abandonaron las ciudades y se establecieron inicialmente en campamentos en el interior del Sahara, huyendo finalmente de los ataques del ejército marroquí hacia la frontera sur de Argelia e instalándose definitivamente en los campamentos de refugiados de la región de Tinduf, en terrenos cedidos por el Estado argelino.

III.3.- La vida en los campamentos

Los asentamientos se encuentran en una Hammada, que es un tipo de desierto inhóspito, árido y pedregoso, con temperaturas extremas, lluvias torrenciales ocasionales y fuertes vientos. A pesar de la admirable capacidad de organización de los refugiados, sus condiciones de vida son muy precarias. La población vive en jaimas o en casas de adobe, sin infraestructuras esenciales ni servicios de agua, luz y saneamiento, por lo general. Existen también serias carencias en materia de salud, nutrición y seguridad alimentaria.

Refugiada saharaui en el campo de Smara.

Los asentamientos se vieron al principio como una solución alojativa hasta la expectativa nunca cumplida de la celebración del referéndum de autodeterminación pactado con Marruecos en el plan de arreglo de 1988. No era el lugar, ni tenía las infraestructuras y condiciones mínimas necesarias para convertirse en el hogar definitivo de los saharauis desplazados. Sin embargo, han pasado ya más de 45 años desde que se instalaron en la región de Tinduf los primeros pobladores y el transcurso del tiempo ha producido un grave deterioro de la situación socioeconómica y anímica de los que continúan viviendo en ese desapacible lugar, que les es extraño. Se ha convertido en la crisis de refugiados más larga de la historia. La mayoría de los primeros desplazados han fallecido en el exilio sin haber podido cumplir el deseo de regresar a su tierra y los más jóvenes son refugiados de tercera generación que nunca han conocido su patria y están imbuidos por un sentimiento de rabia e impotencia, al sentirse abandonados a su suerte.

Banki-moon ha sido el único SG que ha visitado los campamentos de Tinduf. Lo hizo en marzo de 2016 y quedó impactado por las condiciones extremadamente duras e inhumanas que soportaban los refugiados. Pudo constatar la frustración y desesperanza que habían generado en la población demasiados años de vida sin la perspectiva de un futuro mejor y percibió el hartazgo, la ira y el resentimiento de la gente contra la comunidad internacional, NNUU, Marruecos y el Frente Polisario, por igual. En el informe que trasladó al CS tras la visita dijo lo siguiente: «lo que quisiera recalcar con más énfasis es que el conflicto del Sáhara Occidental y el sufrimiento humano verdaderamente desgarrador resultante deben llegar a su fin, en pro del bienestar de los habitantes del Sáhara Occidental y de la estabilidad y seguridad de la región de África Septentrional y fuera de ella». Por desgracia su llamamiento fue desoído y cinco años después la situación de los saharauis ha empeorado hasta extremos insoportables.

En los cinco campamentos de Tinduf viven actualmente unas 173.000 personas, según un informe de ACNUR, aunque es posible que la cifra sea menor, ya que el Polisario se ha negado repetidamente a elaborar el censo de refugiados. La población saharaui se ha mantenido unida en los campamentos gracias a su sentimiento nacionalista y a la solidaridad internacional, pero también por la imposibilidad de trasladarse a otro lugar y de manifestar cualquier crítica, que es inmediatamente reprimida y acallada por el gobierno del Polisario para impedir la división interna.

La Audiencia Nacional tiene abierta una causa por posibles delitos de genocidio, torturas y desapariciones, presuntamente cometidos entre 1976 y 1987, contra prisioneros de guerra y saharauis disidentes de los campamentos, en la que figura como investigado el actual presidente de la RASD y SG del Polisario Brahim Ghali y otros altos cargos, habiendo sido citado este último para prestar declaración por estos hechos.

III.4.- La ayuda humanitaria internacional y la pandemia

Los refugiados sobreviven gracias a la asistencia humanitaria proporcionada por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para la Ayuda a los Refugiados (ACNUR) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), así como por la ayuda ocasional argelina y de algunas organizaciones internacionales no gubernamentales, persistiendo los problemas crónicos de financiación que agravan la penuria de la población, pues los recursos no alcanzan a cubrir las necesidades básicas. En los últimos informes al CS, el SG viene reiterando su alta preocupación por el aumento de las tasas de anemia en mujeres y niños, así como la malnutrición de las mujeres embarazadas y lactantes, instando a la comunidad internacional a que proporcione con urgencia la financiación necesaria.

Las condiciones de vida en los campamentos se han agravado aún más a causa del COVID-19, siendo de verdadera emergencia humanitaria por la escasez de vacunas y ausencia de tratamiento sanitario. Según el último informe del SG, con el comienzo de la pandemia, el posterior confinamiento y la detención de las actividades económicas, los agentes de la ayuda humanitaria tienen cada vez más dificultad para cubrir las necesidades de la población más vulnerable. Los indicadores de salud y nutrición se mantienen en niveles alarmantes y el suministro de agua potable sigue estando muy por debajo de las normas internacionales.

Recientemente se ha sabido que el propio Brahim Ghali ha sido trasladado a España desde Argelia para ser tratado de una infección grave por coronavirus. La acogida del gobierno español al líder del Polisario, por razones humanitarias, ha desencadenado un grave conflicto diplomático con Marruecos, que lo consideró una provocación y amenazó con que traería consecuencias. El país vecino ha tenido una reacción insólita y desmesurada, que ha generado una tensión migratoria sin precedentes en la frontera de Ceuta. Con ello ha quedado una vez más de manifiesto que la enorme susceptibilidad de la sociedad marroquí y sus gobernantes sobre la cuestión del Sahara condiciona y contamina su política exterior y provoca actuaciones destempladas que perjudican la imagen internacional de Marruecos y las relaciones de vecindad, no solo con España, sino también con la UE y Argelia.

IV.- ¿Cuál es la salida?

IV.1.- ¿El Plan de autonomía como única vía?

En la actual coyuntura solo hay dos opciones: continuar con el estancamiento del proceso, con o sin la participación de la ONU, o negociar un estatuto de autonomía efectiva para la región, dentro del Estado marroquí.

Si el proceso entra en vía muerta no es descartable que la ONU pudiera desentenderse de la cuestión, teniendo en cuenta que se han roto las negociaciones tras la declaración de guerra del Polisario y que no hay consenso para la designación de un nuevo enviado especial. En este contexto resulta difícil que se mantenga el mandato de la MINURSO, una vez finalice el 31 de octubre de 2021 la última prórroga. No debe olvidarse que el mayor logro de la ONU ha sido aprobar su  despliegue en la zona para contribuir al mantenimiento del alto el fuego, que ha sido roto por el Polisario, y del statu quo militar, que no ha sido respetado por Marruecos en la franja de Guerguerat, lo que pone en entredicho la utilidad de la misión, máxime cuando ha desaparecido también la función principal por la que se instauró, consistente en la organización de un referéndum, que el propio CS considera inviable.

No podemos saber el devenir del contencioso sin la mediación de la ONU, pero no hay motivos para el optimismo, pues se corre el riesgo de que se extiendan los enfrentamientos violentos y se pierda toda esperanza de lograr una solución pacífica. Si la ONU renunciara a su intervención por considerarla estéril, Marruecos podría plantearse una salida unilateral, mediante la puesta en marcha de un referéndum para votar su plan de autonomía, dando la opción de retorno a los saharauis que voluntariamente quisieran regresar de los campamentos, documentándolos debidamente para incluirlos en el censo de votantes, a fin de que pudieran participar en la consulta. La confirmación de una autonomía seria y creíble a través de un referéndum acercaría la solución política del conflicto a los postulados de NNUU y podría dar pie a que otros países importantes dieran el paso de los EEUU y reconocieran la soberanía del reino marroquí sobre la región.

La declaración del estado de guerra proclamada por el líder del Polisario Brahim Ghali tras los sucesos de Guerguerat del pasado 13 de noviembre de 2020, ha sido ignorada por el gobierno marroquí y no hay constancia acreditada de las incursiones y ataques recogidos en los partes de guerra del Polisario. Esta crisis bélica tampoco ha generado gran inquietud en el panorama internacional, como demuestra la pasividad de NNUU.

El enfrentamiento armado anunciado por el Polisario es peligroso, inútil y muy perjudicial para los intereses del pueblo saharaui, pues las posibilidades de recuperar el territorio por la fuerza son completamente ilusorias. La debilidad del ELPS ha quedado patente tras el fallecimiento del jefe de la guardia nacional Adaj el Bendir a principios de abril de 2021, como consecuencia de un ataque de la fuerza aérea marroquí cerca de Tifariti. Es la cuarta baja saharaui reconocida y, a pesar de la importancia del militar abatido, no se conoce ninguna reacción armada o represalia saharaui por este hecho, lo que pone en cuestión su capacidad operativa.

La evolución del contencioso ha evidenciado que la reivindicación por parte de los dirigentes del Polisario de un referéndum de autodeterminación como única opción no es viable, dada la imposibilidad material de configurar a estas alturas el censo electoral para una consulta que es inasumible por Marruecos y que la comunidad internacional no va a imponer. No se atisba ninguna salida de este laberinto si el Polisario no se apea de su irrealizable pretensión, por más que esté amparada por el derecho internacional

La solución política realista que propugna NNUU significa, en lenguaje diplomático, un apoyo claro a la oferta autonómica de Marruecos. Esa vía es mucho más beneficiosa en todos los sentidos que el mantenimiento del statu quo actual, especialmente para los refugiados saharauis que podrían poner fin a su prolongado exilio y volver a su tierra. La convalidación del acuerdo tras el referéndum se da por segura y generaría un nuevo escenario de estabilidad para la región y de prosperidad para sus habitantes.

IV.2.- Ventajas para Marruecos

A Marruecos no le conviene seguir arrastrando un problema que ha convertido en una causa nacional muy pasional, que lastra y condiciona su acción exterior. Sería un gran alivio para los marroquíes y sus dirigentes políticos que la comunidad internacional acabara reconociendo su reivindicación sobre la soberanía del territorio. La sociedad marroquí reconocería como el gran logro histórico del reinado de Mohamed VI la culminación de la gesta que inició su antecesor con la marcha verde.

En términos económicos la situación de la región mejoraría considerablemente, ya que el statu quo y la inseguridad jurídica que genera frenan la inversión extranjera y el desarrollo humano. Si se resolviera el diferendo, importantes empresas del exterior tendrían interés en participar en los proyectos en marcha e invertir en nuevas infraestructuras, así como en sectores muy atractivos como energías renovables, economía azul y turismo.

Refugiadas saharauis en Dakhla.

El reconocimiento internacional de unas nuevas fronteras territoriales facilitaría a Marruecos la celebración de acuerdos comerciales con más países y la explotación de los recursos naturales sin impedimentos externos. Favorecería igualmente la expansión comercial hacia el continente africano, así como las relaciones de vecindad con Argelia y España.

Además, el reino de Marruecos consolidaría la soberanía sobre la totalidad del territorio, incluyendo la parte de la zona Este separada por la berma, lo que le permitiría negociar la extensión de sus aguas territoriales y la delimitación de las fronteras con Mauritania y Argelia.

Por último, se aportaría la seguridad jurídica necesaria para eliminar algunas reticencias de la UE en sus relaciones políticas y económicas con Marruecos, que goza de un estatuto avanzado, el cual podría implementarse para favorecer el comercio e inversión y contribuir al fortalecimiento del estado de derecho.

IV.3.- Ventajas para el Polisario de una negociación justa

La aceptación de la autonomía dentro del reino de Marruecos no implica en absoluto la derrota de la causa saharaui. Cualquier arreglo debe partir del respeto a la dignidad de un pueblo noble que, gracias a su tenaz resistencia, puede conseguir un acuerdo honorable para saldar el contencioso, el cual no hubiera sido posible sin su lucha para defender su identidad y sus derechos. No hay que entenderlo como una rendición o una concesión, sino como una oportunidad inteligente y mutuamente beneficiosa, para terminar con un diferendo que ya no tiene ningún sentido y que ha causado mucho sufrimiento.

Por otra parte, la autonomía del Sahara no puede considerarse como una graciosa concesión del reino marroquí a los saharauis, sino como un deber moral y legal. No debe olvidarse que el art. 73 de la Carta de NNUU impone al país administrador de un territorio no autónomo el deber de asegurar las aspiraciones políticas de los pueblos y de promover las condiciones que permitan desarrollar el progresivo desenvolvimiento de sus instituciones

El reto fundamental que habría de afrontar el Polisario es el de conseguir, en un plano de igualdad y sin dogmatismos, un arreglo justo y razonable que permita salvaguardar la dignidad y los derechos cívicos, políticos, sociales, culturales y económicos del pueblo saharaui. La primera de las cuestiones a abordar sería la vuelta a su tierra de los refugiados que lo deseen y la adopción de una ley de amnistía para los activistas saharauis procesados o condenados.

La propuesta marroquí sería el documento base de partida para la discusión. Habría que negociar la extensión de las competencias autonómicas y las condiciones para la puesta en práctica, con compromisos claros sobre plazos, dotación económica, reformas constitucionales y legislativas y medidas concretas de apoyo presupuestario, integración social, vivienda y empleo en favor de los retornados.

Un aspecto fundamental, en mi opinión, es el de garantizar una vivienda para alojar a los retornados de los campamentos, así como la percepción de una prestación económica, junto con una cobertura social y sanitaria que les facilite la subsistencia inicial, su integración y el acceso a un puesto de trabajo. Conviene recordar a este respecto que Mohamed VI, al manifestarse a favor de la regionalización y el plan de autonomía del Sahara, se comprometió a procurar el regreso de los refugiados. Por otra parte, el CESM ya contemplaba en su informe del año 2015 la preparación del regreso de las poblaciones de los campos de Tinduf, permitiéndoles su integración en la vida social y económica del reino y previendo para ello la creación de un fondo interregional dedicado al sostenimiento social y a la integración de los retornados, el cual sería confiado a una Agencia especial.

El acuerdo alcanzado por las partes de dotar a la región de un estatuto de autonomía sería sometido a referéndum para cumplir la legalidad internacional, en el que participarían los saharauis retornados y los actuales habitantes del Sahara.

Por último, para que la autonomía fuera efectiva tendría que tener pleno encaje en la Constitución marroquí, que habría de reformarse, pues la última modificación de 2011, aunque contiene algunas normas sobre la regionalización de las provincias y referencias al plan de autonomía del Sahara, apenas supone un reconocimiento simbólico a la cultura y patrimonio sahaní. En orden a la credibilidad del proceso negociador y la efectividad de los compromisos alcanzados, las partes deberían conducirse con transparencia y lealtad, aceptando un mecanismo de supervisión de los derechos humanos.

V.- Algunas Conclusiones

– El diferendo del Sahara comenzó siendo de carácter jurídico, discutiéndose cómo aplicar el derecho internacional para organizar el referéndum de autodeterminación, pero ha evolucionado hasta convertirse en un conflicto político, en el que las partes debían asumir la responsabilidad de negociar sin condiciones previas para consensuar una solución, que han sido incapaces de encontrar hasta ahora.

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– Lo que no ha cambiado desde el principio es la tragedia humanitaria del pueblo saharaui. Las verdaderas víctimas del contencioso, en las que no han reparado lo suficiente las partes negociadoras, son los pobladores autóctonos del Sahara, repartidos entre aquellos que malviven en los campamentos de refugiados del más duro de los desiertos y los que permanecen en su territorio, muchos con familias divididas, sin que se les reconozca su identidad ni la capacidad de gestionar sus asuntos.

– Es de lamentar que en este interminable proceso haya pasado prácticamente desapercibida la conculcación flagrante de la legalidad internacional en el aspecto humanitario, ya que las negociaciones deberían haber estado presididas por la salvaguarda del bienestar y los intereses de los habitantes originarios del Sahara, en cumplimiento de la declaración relativa a los territorios no autónomos contenida en art. 71 de la Carta de Naciones Unidas.

– El Polisario corre el riesgo de no ganar nada por querer conseguir lo imposible, por lo que sus dirigentes deberían asumir responsablemente que la única opción en las actuales circunstancias pasa por revertir la declaración de guerra y sentarse a negociar la propuesta marroquí de autonomía para el Sahara, en el marco de la ONU, con la ayuda de un nuevo enviado personal. El estancamiento del contencioso y el mantenimiento del statu quo solo conduce a su degradación, perpetúa el sufrimiento de los refugiados en Tinduf que están ya en una situación límite y favorece la posición de Marruecos que, de hecho, tiene incorporado el territorio bajo su control a su ámbito territorial, como si se tratara de una parte más de sus provincias meridionales.

– Dentro del plan de autonomía de 2007 hay un amplio margen para la negociación de sus detalles y su desarrollo, la cual debería estar presidida por el respeto mutuo que caracteriza a dos pueblos hermanos que van a consensuar una nueva forma de convivencia, guiada por el espíritu de reconciliación. Los acuerdos deberían contemplar el aseguramiento de unas condiciones de vida dignas para la población autóctona, así como el reconocimiento de su identidad singular y lingüística. También el derecho a ejercer el autogobierno y participar en los asuntos públicos, a través del parlamento y gobierno regionales.

– Las partes deberían conducirse en el proceso negociador con voluntad real de llegar a un acuerdo, sin condiciones previas que puedan dificultarlo. La actitud de Marruecos ha de ser de generosidad y empatía, con total transparencia para permitir la supervisión de las conversaciones y la materialización de los acuerdos por NNUU, especialmente en lo que concierne al respeto de los derechos humanos.

– Argelia, aunque mantiene formalmente una postura de cierta neutralidad, al sostener que aceptaría cualquier pacto entre el Polisario y Marruecos a los que reconoce como las dos únicas partes del conflicto, no oculta que su solución preferida es que el pueblo del Sahara ejerza su derecho a la libre determinación mediante un referéndum, conforme al derecho internacional. Sin embargo, Argelia es una parte esencial para la resolución del contencioso, teniendo en cuenta que es el país de acogida de la población saharaui refugiada y que mantiene con su apoyo a sus dirigentes. Es uno de los actores principales con los que hay que contar para solucionar el conflicto, dada la gran influencia que ejerce sobre el Polisario. Su intervención ha endurecido las negociaciones y dificultado las posibilidades de alcanzar un acuerdo, por su reconocida enemistad con Marruecos.

– La solución política del diferendo contribuiría también al fortalecimiento de la cooperación entre los Estados miembros de la Unión del Magreb Árabe y a la estabilidad y seguridad del Sahel, lo que promovería el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo para los habitantes de la región.

– En lo que respecta a la política exterior española, los distintos gobiernos han mantenido una tibia posición oficial respecto al contencioso, manifestando su deseo de que las partes logren un acuerdo en el marco de NNUU para alcanzar una solución justa del conflicto, tratando de aparentar una neutralidad bastante impostada, como si nuestro país no hubiera tenido nada que ver en el asunto, lo que provoca una indisimulada irritación marroquí. Sin embargo, en las conversaciones privadas con altos cargos del reino alauita y los miembros del Marzem, que son los que controlan la cuestión desde el entorno del palacio real, la diplomacia española no ha discutido que el Sahara no forme parte de la integridad territorial de Marruecos, tanto por razones de conveniencia, para no perjudicar las relaciones bilaterales de cooperación, como también por la convicción de que la única alternativa realista para resolver el problema pasaba por la convalidación de la soberanía que viene ejerciendo de facto Marruecos sobre la zona occidental de la berma. Precisamente la idea de proponer una amplia autonomía de la región bajo soberanía marroquí fue sugerida por España y bien acogida por el monarca. Expertos españoles prestaron incluso una discreta asistencia técnico-jurídica a los dirigentes del CORCAS, cuya propuesta final está claramente inspirada en el estatuto de autonomía de Andalucía.

– El gobierno de España no debería desentenderse del problema escudándose en las resoluciones de NNUU. Su responsabilidad histórica y moral habría de llevarle a desempeñar un papel activo y a involucrarse para convencer a las partes de la necesidad de alcanzar un acuerdo, en el que deben preponderar las razones humanitarias para terminar con el sufrimiento del pueblo saharaui. El gobierno de España debería ofrecer también una mediación con Argelia y liderar propuestas constructivas en el grupo de países amigos del Sahara del que forma parte, junto con EEUU, Rusia, Francia y Reino Unido, todos ellos miembros permanentes del CS, para avanzar en el proceso de integración y estabilidad del Magreb.

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