¿Puede decirse que China sea una sociedad capitalista?
Por muchas contorsiones que se hagan la respuesta habitual suele ser afirmativa. Basta con ver el papel de las empresas privadas, de las que razonablemente se dice que contribuyen el 60% del PIB; 70% de la innovación; 80% del empleo urbano; y 90% de los nuevos puestos de trabajo. Muchos medios de producción están en sus manos. No hay cartillas de racionamiento y los consumidores compran lo que les apetece si cuentan con recursos. Pueden obtenerse créditos bancarios para consumir e invertir. Desde su reapertura en 1990, Shanghái y Shenzhen han contado con sendas bolsas donde pueden comprarse y venderse acciones y obligaciones.
No solamente funcionan, pues, en China algunas de las instituciones básicas del capitalismo. La previsión más extendida hasta hace poco era la de que la profundización en las reformas económicas iniciadas bajo Deng Xiaoping a finales de los 1970s acarrearía una completa adopción del capitalismo, eventualmente acompañada de mayores libertades públicas y de una democratización del sistema político. De Deng se recordaban propósitos apócrifos como el dicho de que hacerse rico es glorioso y a sus seguidores se les atribuían innegables intenciones de continuar en el empeño. Recordar hoy la catarata de ditirambos con la que los medios globales acogieron la llegada al poder de Xi Jinping en 2013 sería de mala educación.
¿Por qué?
Porque desde entonces, sin suficiente esclarecimiento, el gobierno chino ha iniciado un giro en sentido contrario: menor libertad económica y un fuerte aumento de la represión política cuyo remate se ha alcanzado por el momento con el genocidio contra la población musulmana de Xinjiang y la Ley de Seguridad de Hong Kong. Aunque dan cuenta de ésas y de otras derivas totalitarias, los medios globalistas siguen sin explicar ni explicarnos satisfactoriamente cómo se ha producido esa evidente inversión de sus expectativas.
Mi tesis personal apunta a que esos medios se hallan dominados por una específica disonancia cognitiva que les impide reconocer los hechos que no se adaptan a su visión de rebaño, ésa que recordaba el presidente Obama como el arco de la historia que lenta pero inexorablemente se vence hacia la justicia. Una de sus carencias básicas en el caso chino es que casi nunca se toman en serio las explicaciones con las que los responsables de la gobernación china se justifican.
Pensaba haber insistido en este y futuros blogs en el papel que, para los dirigentes chinos, tiene lo que allí se conoce como el Pensamiento Mao Zedong. Y lo haré. En principio el sintagma debería referirse a los escritos y discursos del dirigente que vivió entre 1893 y 1976 y que ocupan un amplio espacio en las bibliotecas, pero con el tiempo ha pasado a ser definido como la práctica colectiva de los comunistas chinos para la construcción del socialismo. La meta socialista es, pues, su máxima ambición y a ella dirigen sus esfuerzos. Por supuesto, a menudo su definición es elusiva o cambia rápidamente de acuerdo con las nuevas circunstancias, pero siempre amparará sus decisiones por muy rocambolesca que parezca su relación con la realidad.
A Deng, por ejemplo, se le suele recordar por la sentencia apócrifa de más arriba. Pero no era eso lo que quería decir con la fórmula empleada en una famosa entrevista con una cadena de televisión estadounidense en septiembre 1986. Para él «no [podía] haber comunismo o socialismo si hay pobreza. Según el marxismo, la sociedad comunista exige abundancia material, así que no es pecado hacerse rico. Pero lo que nosotros llamamos hacerse rico es diferente de lo que entienden ustedes. […] Hacerse rico en una sociedad socialista significa, ante todo, desarrollo de la producción primero y, luego, prosperidad colectiva. Permitiremos que algunas personas y algunas regiones alcancen esa prosperidad antes como anticipo de la prosperidad común. […] Francamente, no permitiremos la aparición de una nueva burguesía».
No sería razonable pensar que Deng estuviera engañando a su audiencia ni a sí mismo. Estaba convencido de lo que decía, aunque, como trataré de mostrar, su semántica dista mucho de la que aplicaba a sus declaraciones el espectador americano medio. Esa razón por la que algunas personas o regiones podrían desarrollar la abundancia en China podía valorarse de distintas maneras.
Lo que obliga a un paréntesis.
Hace unas semanas, George Soros escribía alarmado que «la dictadura de Xi amenaza al estado chino» . Si Mao Zedong concibió e impuso una sociedad cerrada donde sus súbditos tienen que subordinarse al estado-partido, Xi parece convencido de que, con el tiempo, esa polis totalitaria ha demostrado su completa superioridad sobre otras fórmulas políticas. Es más disciplinada, más fuerte y, en consecuencia, más apta para arrollar a otras en caso de eventuales conflictos. Remataba Soros: «tengo a Xi por el enemigo más peligroso para las sociedades abiertas del mundo».
Soros recurría a la historia reciente para fundar su juicio. Xi llegó a la cumbre del poder en 2013 como beneficiario del valeroso legado reformista de Deng Xiaoping. Lejos de buscar un enfrentamiento con el mundo occidental, Deng persiguió que China creciese dentro de él y con esa visión provocó maravillas. China entró en la Organización Mundial del Comercio en 2001 y, a partir de ahí, se embarcó en un proceso de crecimiento inigualado en la historia y fue capaz de reaccionar ante la Gran Recesión de 2007 con mayor eficacia incluso que el mundo desarrollado.
Xi, sostiene Soros, ha dedicado su vida al desdoro de ese legado, en parte por resentimiento personal hacia Deng a quien responsabiliza de la destitución de su padre como miembro del Politburó en 1962, así como de sus propias lagunas educativas. Pero, ante todo, porque Xi es intensamente nacionalista, quiere convertir a China en el hegemón mundial y necesita de un partido leninista capaz de imponer a sus nacionales los sacrificios precisos para lograrlo. Como sabe que buena parte de la clase política y de las élites económicas no comparten esos fines, Xi se ha visto crecientemente en el brete de avasallar a todos aquellos con recursos propios suficientes para desplegar un poder independiente del partido.
Ese proceso que comenzó con la inesperada cancelación de la oferta pública del grupo Alibaba en la bolsa de Nueva York el pasado noviembre se ha extendido a otras compañías financieras y educativas. «Xi está decidido a someter a los creadores de riqueza al control del partido estatal único». Con ese fin ha diseñado una estructura dual en la gestión de las empresas que hoy, pertenezcan al sector público o al privado, impone la autoridad de los representantes del partido sobre la de sus dirigentes a la hora de tomar decisiones. El régimen de los comisarios políticos que Mao copió de la Unión Soviética estalinista para el ejército y la administración pública lo ha trasplantado Xi al conjunto de la sociedad y de la economía chinas.
Para mantenerse al frente de su nación en el próximo Congreso del PCC en 2022 Xi no ha dudado así en convertirse en un dictador que, lejos de aceptar que sea su sociedad la que le marque el camino, decide por sí y ante sí imponerle sus propias metas. El pasado 28 de junio la televisión nacional recogía un acto en el que Xi y sus camaradas del comité permanente del Politburó repetían el juramento que se exige a todos los nuevos miembros del PCC. Aleccionador.
No es difícil compartir el diagnóstico de Soros; sí lo es, en cambio, aceptar ésa que él llama una lección de historia porque repite la inaceptable fábula mundialista de que Deng rompió por completo con el maoísmo. Nada tan lejos de la verdad.
La etapa de reformas y de apertura que, a partir de 1978, se adjudican con justicia a Deng se caracterizó por la ruptura con la quimera de una economía planificada y de tipo soviético. Llevado de sus propias convicciones pragmáticas y también por el desastre económico y moral en que habían sumido a China el Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural, los dos grandes dislates que, para Mao, eran consustanciales con una rápida construcción del socialismo en el país, Deng se prestó a un cambio radical impulsando la desaparición de las comunas agrarias e industriales y abriendo parcialmente la economía a las fuerzas del mercado. Es un proceso bien conocido que sería innecesario reiterar.
Bajo Deng, sin embargo, los límites de la nueva etapa económica quedaron bien definidos. Los mercados no iban a acabar con Mao en dos aspectos decisivos. Ante todo, el sector público estatal y, aún más importante, el provincial y el local siguieron teniendo un protagonismo inequívoco. Fundada en 2003 la SASAC (en castellano: Comisión para la Administración y Supervisión de los Activos Estatales del Consejo de Estado, el nombre con el que se designa al gobierno chino) -un organismo similar al INI de la España franquista, aunque mucho más poderoso- y sus equivalentes en otros niveles administrativos tuvieron bajo Deng y retienen en la actualidad un amplísimo control sobre todos los aspectos estratégicos de la economía china.
Un rápido ejemplo reciente y edificante. En su pulso por controlar riesgos en Alipay, la sección financiera de Ant Group, el grupo tecnológico dirigido hasta hace poco por Jack Ma y que cuenta con más de un millardo de usuarios, la administración china ha ordenado la separación de sus unidades crediticias y la creación de una nueva compañía abierta a accionistas externos. Ant ha tratado de mantener el control de la nueva iniciativa, pero finalmente se le ha impuesto la entrada en su mayoría de varias compañías públicas -entre otras el Grupo de Inversiones Turísticas de Zhejiang cuya experiencia en los mercados crediticios es inexistente- que, sin embargo, impondrán un férreo control del partido sobre la nueva empresa.
Aunque a menudo se insista sobre el papel reservado a las empresas privadas, en China el peso del sector público sigue siendo desmedido y fundamental. Entre las 500 mayores compañías listadas en Fortune Global, 109 son chinas, pero sólo 16 son de propiedad privada. En definitiva, por mucho que razonablemente se critique su gigantismo, sus enormes deudas y su escasa flexibilidad para adaptarse a las exigencias del consumo privado, son ellas las encargadas de imponer las decisiones estratégicas del gobierno chino. Si, bajo Xi, han extendido su papel hasta los nuevos límites a los que se refiere Soros, no lo han hecho sino para reclamar una preponderancia que nunca habían dejado de ejercer. Los sucesivos planes quinquenales les han otorgado siempre un papel decisivo. Por su parte, la nueva etapa de circulación dual, central para el recientemente aprobado Decimocuarto Plan Quinquenal, supone una nueva vuelta a la tuerca pública, esta vez aún más claramente astringente para con el sector privado, especialmente en la parte hasta ahora cubierta por las empresas de capital extranjero o de propiedad mixta.
Para Alicia García Herrero, «básicamente se trata de una estrategia de repliegue sobre el mercado doméstico respecto al resto del mundo eliminando cuellos de botella, sea en recursos naturales, sea en tecnología, para integrar verticalmente la producción y conseguir una autosuficiencia asentada sobre el amplísimo mercado doméstico chino». China se propone así reducir rápidamente y hasta prescindir, tanto como sea posible, de la importación de bienes de alta gama en perjuicio de los grandes líderes tecnológicos como Alemania, Japón, Corea del Sur y Estados Unidos, sustituyéndolos con producción industrial nacional.
Eso, piensan los estrategas locales, hará al país menos dependiente de las importaciones al tiempo que -en el desiderátum burocrático- aumentará las opciones endógenas para la demanda interior, protegiendo al país ante eventuales guerras comerciales como la desencadenada por Trump. El envés de este renovado impulso autárquico es acrecer la importancia de la Belt & Road Initiative (BRI por sus siglas), impulsando la demanda exterior para abrir nuevos mercados a China en países emergentes.
Caben muchas dudas de que ese objetivo de circulación dual acabe por convertirse en realidad, pero resulta incuestionable que solamente podrá hacerlo mediante un renovado impulso del sector público. No sabemos cómo juzgaría Deng esta nueva estrategia, pero indudablemente no es contradictoria con el papel que sus seguidores reservaron al sector público en las reformas impuestas por Zhu Rongji a principios de este siglo y, ya antes de Xi, en la respuesta dada a la Gran Recesión por el equipo de Hu Jintao y Wen Jiabao.
Hay otro aspecto histórico en Deng del que, pese a su interés por la materia, Soros hace tabla rasa. No voy a extenderme porque es perfectamente conocido: sus reformas sólo podían tener cabida dentro de los límites que estableciesen los verdaderos detentadores del poder en la sociedad china, es decir, los militantes del Partido Comunista y en especial sus dirigentes. En concreto, cabía aceptar una ampliación de los mecanismos de mercado y de las decisiones empresariales, inconcebibles unos y otras bajo Mao, pero de ninguna manera la extensión de esas libertades a la vida política. No es Soros el único que se olvida de ello. La biografía de Deng más frecuentemente citada (Ezra Fogel, Deng Xiaoping and the Transformation of China. Harvard UP: 2011) liquida rápidamente sus años anteriores a 1978 y se centra de forma casi exclusiva en los de sus reformas económicas.
Sin embargo, Deng vivió y murió como un ortodoxo leninista, en perpetuo acoso a las reformas democráticas que, en buena lógica, pudiesen derivarse de la creciente libertad económica. Pantsov y Levine (Deng Xiaoping. A Revolutionary Life. Oxford UP: 2015) no dejan de recordar su participación bajo Mao en la campaña de rectificación de Yan’an y en la persecución de los crímenes contrarrevolucionarios a partir de 1951, cuando más de dos millones de personas fueron ejecutadas. El diseño y la puesta en práctica de la campaña de las Cien Flores fue en buena medida obra de Deng para evitar que la revuelta antisoviética en Hungría 1956 repercutiese sobre China. Y, ya bajo su mandato, Deng se encargó de liquidar los eventuales ecos del Muro de la Democracia de Xidan en 1979 y participó decisivamente en la sangrienta represión de Tiananmen en 1989. La deriva autoritaria de Xi no deja, pues, de tener su preludio en la trayectoria totalitaria del PCC desde su fundación hace cien años y que incluye de forma destacada el curso represivo de Deng.
Pero volvamos a la economía. Todas las economías de mercado han aceptado con el tiempo una creciente participación del sector público, en un arco que en los países de la OCDE va del 24,5% de Irlanda hasta el 55,3% de Francia. En ese aspecto, la extensión del sector público en China no haría sino confirmar la regla.
Pero, una vez más, allí las reglas del juego no son exactamente las mismas. Para Deng, como se ha visto, el socialismo podía empezar a construirse mediante el enriquecimiento de algunas personas y regiones. ¿Y quiénes sino los protagonistas del socialismo, bajo Deng y bajo Xi, es decir, los miembros del Partido Comunista Chino, sus familiares y sus clientes podrían estar mejor cualificados y legitimados para darle su primer impulso?
Aunque con distintos grados de acceso al poder y a las decisiones clave, los 95 millones de militantes comunistas y sus dependientes son quienes se han lucrado en mayor medida de las oportunidades que abría la construcción del socialismo. Aunque en la entrevista televisiva de 1986 Deng descartara de plano la aparición de una nueva burguesía, ese grupo social ligado al poder y que abarca, en mi cuenta galana, alrededor de la séptima parte de la nueva sociedad china se ha convertido en la nueva clase dirigente.
Los mecanismos empleados para conseguirlo, sin embargo, están aún por detallar. Sabemos del grado de corrupción del aparato público por la campaña contra tigres y moscas desatada por Xi desde el principio de su mandato, pero muy poco sobre los recursos empleados por una mayoría de partícipes cuya posición prominente no ha sufrido contratiempos. De ahí la importancia del libro recién publicado por Desmond Shum (Red Roulette. An Insider’s Story of Wealth, Power, Corruption, and Vengeance in Today’s China, Scriber: Nueva York 2021).
Junto con su ex-esposa, Duan Weihong, más conocida en los círculos del poder como Whitney Duan, Shum mantuvo contactos con algunos de los personajes más influyentes del partido, se alió con ellos para cerrar acuerdos y negocios y generó un patrimonio familiar de varios cientos de millones de dólares. En septiembre 2017 Whitney desapareció en las oquedades del aparato represivo, mientras que Shum, ya divorciado, se había exiliado a Gran Bretaña en 2015 y allí preparaba su libro. La importancia que sus memorias tienen para los dirigentes chinos la subraya que, tras esos largos años de desaparición, Whitney surgiese repentinamente de las sombras carcelarias con dos llamadas telefónicas para convencer a su ex de que renunciase a publicarlas.
Los primeros pasos de Shum como conseguidor fueron en beneficio de Zhang Beili, la esposa de Wen Jiabao, el primer ministro entre 2003 y 2012. A lo largo de una relación desarrollada desde varios años atrás, Whitney se había ganado su confianza convirtiéndose en intermediaria y tapadera de sus negocios. Whitney, que no pertenecía a la élite, había aprendido pronto en su carrera que en China el éxito en los negocios depende de lo que allí llaman guanxi, es decir, el compadreo con los poderosos. Tan pronto como empezó a establecer sus relaciones, en 1996, fundó una compañía con el nombre inglés de Great Ocean para darles servicio.
Por Zhang, a quien Whitney llamaba Zhang Ayi -la Tía Zhang, en una expresión cariñosa que en China denota una relación estrecha, aunque no parentesco-, Shum y Whitney tuvieron noticia de que Cosco (China Ocean Shipping Company), la gran compañía naviera y logística del gobierno chino tenía interés en desprenderse de un 3% de su capital en Ping An, otro gran conglomerado público especializado en seguros. Cosco había sido uno de los tres creadores de Ping An en 1988 junto con China Merchants Bank y el gobierno de Shenzhen (otro ejemplo entre muchos de las actividades financieras y comerciales que en China desarrollan entidades cuyos fines deberían ser otros).
En diciembre 2002, Whitney aceptó comprar ese paquete de acciones por 36 millones de dólares. Y, de acuerdo con la práctica establecida anteriormente, la familia Wen se quedaría con un 70% de los beneficios y el matrimonio Shum con el resto. Por supuesto, ni una sola de esas acciones aparecería a nombre de Zhang; todas ellas quedaban nominalmente en manos de la compañía Great Ocean. La operación fue altamente lucrativa. «Seis meses después de que Ping An empezase a cotizar en Shanghái […] obtuvimos ganancias por encima de 300 millones de dólares, alrededor de 26 veces nuestra inversión. La tía Zhang obtuvo beneficios potenciales por encima de los 600 millones» (p. 145).
No fue el único pelotazo. En junio 2006 con motivo de la oferta pública inicial en Hong Kong del Banco de China, Whitney aceleró su puesta en marcha gracias a su relación con el gobierno de Wen, lo que se le premió con la reserva de tres millones de acciones al precio de salida. El primer día de cotización subieron un 15%. Y a ésa le siguieron varias operaciones del mismo calibre.
No es éste el lugar para entrar en los detalles de los grandes proyectos que siguieron a estos éxitos iniciales y que redoblaron el patrimonio de la pareja como la ampliación del aeropuerto de Pekín de cara a los Juegos Olímpicos de 2008 o la construcción del hotel Bvlgari -escrito así, no es una errata- en la ciudad. Lo que me importa subrayar en esta ocasión es que el matrimonio Shum no era sino una gota importante, sí, pero gota al fin en el océano de operaciones semejantes que se desarrollaban a la vez por toda China. En ellas estaban todos aquellos a los que Deng había abierto el paso para que fueran los primeros en enriquecerse. Ninguno de ellos estaba lejos, menos aún fuera de los cambalaches que se cocían en el seno del partido y nadie podía ser admitido si no pagaba el favor en especie.
Y aun así había clases entre los beneficiarios. «Los burócratas chinos, los ejecutivos de las compañías estatales y los inversores privados cercanos al partido ofrecían continuamente oportunidades a quienes estaban en la pomada como la tía Zhang, pero las ofertas eran aún más jugosas para la aristocracia roja cuyos miembros tenían acceso a la compra de empresas monopolistas. Un ejemplo señero: el agua mineral Tibet 5100 que tenía la exclusiva en los trenes de alta velocidad. Según se dijo, algunos parientes de Deng Xiaoping pagaron prácticamente nada para hacerse con los derechos de embotellamiento de esa agua. Entre 2008 y 2010 el ministerio de Ferrocarriles compró doscientos millones de botellas. Cuando la compañía comenzó a cotizar en Hong Kong en 2011 su capitalización estaba en torno a 1,5 millardos de dólares» (p. 107).
Algo similar ocurría en el aeropuerto de Pekín donde la familia de Jiang Zemin obtuvo la licencia para la venta de productos duty-free a través de una firma llamada Sunrise que compartía la exclusiva con una compañía pública llamada Duty Free Group. «Un duopolio típicamente emblemático de la economía china: mientras una familia roja controlaba una de esas firmas, la otra pertenecía a una empresa pública» (p. 127)
Shum no aporta datos desconocidos. Ya en 2012 David Barboza, un periodista del New York Times había denunciado la súbita riqueza de la familia Wen. Pero, a mi entender, el enorme interés del gobierno Xi en impedir la publicación de su libro es claramente explicable: sin salirse en exceso del orden para no perjudicar a su ex-esposa ni verse él mismo comprometido ante la justicia penal en China, Shum confirma desde dentro lo que los medios chinos niegan y negarán como testimonios falsos de la conjura exterior.
Algo huele a podrido en el capitalismo sin reglas del Imperio del Centro.
