Multitud de decisiones políticas deben tener en cuenta los consejos científicos, lo que no quiere decir que deban atenerse a ellos. Basta con que el imperativo político no condicione al informe científico y que los hechos no se distorsionen a favor de una tesis política preestablecida. Una testigo privilegiada viene a decirnos que estos requisitos no se cumplen siempre en el ámbito de la Comisión Europea. Se trata de mi colega Anne Glover, catedrática de Biología Molecular y Celular en la Universidad de Aberdeen, quien fue científica-jefe del Gobierno escocés hasta que, en 2011, José Manuel Durão Barroso la nombró para el puesto equivalente en la Comisión Europea, el de principal responsable del asesoramiento científico al Gobierno comunitario. Aunque sus consejos deben ser confidenciales, Glover no viene teniendo ningún empacho a la hora de opinar públicamente sobre las cuestiones científicas más espinosas y, más recientemente en una conferencia, sobre el problema de la injerencia política en los informes científicos que se presentan a la Comisión.
Desde el principio, Glover ha defendido que, para desempeñar su papel, tenía que tener independencia y libertad plena para centrarse en la ciencia, olvidando por completo las consideraciones políticas. Sin embargo, según su testimonio, esto no ha sido así, porque los procedimientos no soplan a favor. Si a un hipotético comisario europeo se le ocurre alguna idea descabellada durante el fin de semana, el lunes dará orden a un director general para que le busque la evidencia científica que apoye dicha idea y, por mucho que su equipo objete o discrepe de ésta, al final distorsionará los hechos para que cuadren con lo ordenado.
Con frecuencia la Comisión subcontrata la obtención de apoyo científico a empresas de consultoría para realizar estudios de impacto e investigaciones específicas y estas empresas tienen un incentivo negativo para que sus consejos sean realmente independientes, ya que la posibilidad de que vuelvan a contratarlas depende implícitamente de su capacidad para amoldarse a la agenda política. En opinión de Glover, este problema no sólo afecta a la Comisión, sino también al Parlamento Europeo y al Consejo de Ministros de la Unión.
En mi ya lejana experiencia como consejero científico de la Comisión, no fui testigo de injerencia alguna, ya que la presencia entre nosotros de varios premios Nobel no hacía probable la presión externa, y más recientemente, como relator de una reunión especializada sobre biocombustibles, en uno de los institutos con que cuenta la Comisión como apoyo científico, tampoco se produjo distorsión alguna sobre lo que opinaron los más variados expertos en representación de intereses igualmente variados. Sin embargo, las decisiones de la Comisión Europea sobre muchos asuntos han ido a menudo en contra del consenso científico y con el tiempo se ha visto que no eran acertadas. En cuestiones tales como la seguridad de las nanopartículas, el impacto sobre los precios agrícolas de la decisión de destinar parte de ciertas cosechas a la producción de biocombustibles o la posible perturbación hormonal causada por algunos compuestos químicos, el vivo debate ha gravitado más sobre la evidencia científica que sobre la decisión política en sí. El récord de confusión, según Anne Glover, se produjo en torno a la regulación REACH sobre productos químicos, que dio lugar nada menos que a tres docenas de evaluaciones de impacto, la mayor parte a instancias de las distintas industrias, haciendo ver los desastrosos efectos económicos que la regulación traería sobre sus respectivas actividades.
Ante los inminentes relevos en la Comisión, Glover propone reestructurar en un único servicio todo el asesoramiento y que se clarifique en cada caso cuál es la evidencia científica y cuál la decisión política, estén o no de acuerdo entre sí. Lo que aquí gloso de las opiniones de Anne Glover sobre el consejo científico en las instituciones europeas es extensible a nuestro país. La falta de cálculo en relación con la gestión de las energías renovables o el sobredimensionamiento del plan de desaladoras son buenos ejemplos de lo que quiero decir. Será muy interesante ver en el futuro próximo cómo reacciona el Gobierno a los informes científicos negativos sobre el almacenamiento de gas en yacimientos de petróleo vacíos del mar Mediterráneo o sobre la extracción de gas esquisto por fracking.
