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Biden o las desventuras de la virtud (y 2)

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Al poco de hacer públicos los primeros nombramientos de su equipo, la revista Vogue jaleaba al nuevo presidente Biden por haber devuelto «su papel a los adultos». No ha sido nunca el análisis político el fuerte de la gran revista de modas, pero la traigo a colación para recordar que por aquel entonces el meme se replicaba por doquier. Tras las irresponsables chiquillerías de Donald Trump había llegado la hora de la cordura.

La opinión de Vogue como tantas otras se emitió antes de la fecha aciaga del 6 de enero 2021 cuando una turba de seguidores del expresidente asaltó el Capitolio y sumió en el oprobio a su valedor. Antes de ese suceso la conseja era una muestra más del desprecio con el que se distinguía a sus 74 millones de votantes. Biden había ganado la elección limpiamente y con 7 millones de ventaja, pero entre los pocos miles de sediciosos de aquel día, hoy machaconamente recordados en la miniserie del Comité Selecto de la Cámara de Representantes para el Ataque de 6 de Enero (nombre oficial), y el mayor número de votos populares obtenido nunca por un candidato republicano -tampoco por ningún otro, excepto Biden en esa misma elección 2020- hay una distancia que conviene recordar.

Especialmente cuando dieciocho meses después de su elección la aprobación del desempeño de Biden no consigue superar a la que hundió a Trump desde el inicio de su mandato. Nadie lo hubiera pronosticado cuando el 20 de enero 2021 el nuevo presidente juró su cargo.

Por entonces, la autopsia de la elección 2020 estaba hecha. Biden había sido el pararrayos de un gran descontento entre la mayoría blanca -especialmente las mujeres-, residente en grandes zonas suburbanas; y con estudios universitarios. También entre una abrumadora proporción de la minoría negra y, aunque menos ardiente, significativa en otros grupos étnicos. Si el post-mortem de la elección presidencial resultaba inequívoco, al afán por explicar la disonancia con los resultados de las elecciones al Congreso de ese mismo día se le puso sordina.

La dura realidad, empero, era que el nuevo presidente no había conseguido impulsar un ascenso parejo de las candidaturas demócratas, aquella marea azul anunciada por los medios de solera. En la Cámara de Representantes, Biden contaba ahora con una exigua mayoría (222 demócratas frente a 213 republicanos) que imponía una forzosa unidad entre sus miembros.

El Senado renovaba 35 escaños: 33 por el tercio de cuota bienal, más una elección especial en Arizona y otra en Georgia, donde la especial concurría con la bienal. Lo ocurrido en Georgia merece un rápido recuerdo. La elección especial se debía a la dimisión de su titular en 2019, un político republicano. Cuando se produce una vacante así, en la mayoría de los estados el gobernador designa a un sucesor que mantiene el puesto hasta la elección más próxima. En 2019 el nombramiento había recaído sobre una candidata republicana, obligada a concurrir en 2020. La elección se celebró, junto con el resto de las senatoriales del país, en 3 de noviembre.

Georgia, empero, tiene una especialidad: si en la fecha de elección ninguno de los candidatos supera un 50% de los votos emitidos, se necesita una nueva votación, en la que, para ganar, basta una mayoría simple. En 2020 ninguno de los candidatos para ambos puestos senatoriales logró la mayoría cualificada en la primera vuelta. Para la segunda, Trump había lanzado ya su grotesco reto al resultado de la elección presidencial y ambos puestos de senador pasaron a manos del partido demócrata.

Tras esta incidencia, ambos partidos contaban con 50 senadores. Según la constitución, el presidente del Senado es el vicepresidente de la nación que, habitualmente, al existir una mayoría en esa cámara, sólo ejercerá esa función en grandes acontecimientos ceremoniales como el discurso anual sobre el estado de la nación o el recuento formal de votos en el Colegio Electoral para el nombramiento del presidente cada cuatro años. Pero si, como en 2020, el Senado se divide por la mitad, el voto del vicepresidente decide eventuales empates. Ese era el papel reservado para la vicepresidenta Harris cuando tocase desempeñarlo.

Pronto iba a ser necesario.

A lo largo de 2020 se habían aprobado dos grandes paquetes de ayuda y estímulo frente a la crisis creada por Covid-19. El primero (CARES Act) subió a US$2.2 billones, alrededor de 10% del PIB e incluía ayudas directas personales por US$1.200; beneficios para los parados; préstamos y deducciones impositivas para empresas de diversos tamaños; ayudas especiales para las industrias sanitarias y otras medidas para diversos colectivos (retirados, estudiantes universitarios, etc.). El plan obtuvo la aprobación de ambos partidos y se convirtió en ley en 27 de marzo 2020.

El segundo plan (Consolidated Appropriations Act), también bipartidista, se aprobó tras la celebración de las elecciones 2020 el 27 de diciembre y por un total de US$2.3 billones. Incluía nuevas ayudas directas personales por US$600; medidas adicionales para pequeñas empresas; gastos de vacunación y otros sanitarios; ayudas al paro y ampliación selectiva de algunos de los beneficios anteriores. A última hora hubo un intento -frustrado- por parte del partido demócrata para que las ayudas directas subiesen de US$600 a 2.000 por persona. Bajo Trump, pues, la legislación bipartidista y anti-Covid-19 alcanzó un total de US$5.5 billones.  

Tras convertirse en presidente, Joe Biden y los demócratas propusieron aumentar las ayudas con el llamado American Rescue Plan (11 de marzo 2021) por US$1,9 billones adicionales que no obtuvo la aprobación del partido republicano y se convirtió en ley mediante el procedimiento conocido como reconciliación, que permite a algunos asuntos económicos pasar a ser discutidos sin el techo mínimo -el filibuster– de 60 votos en el Senado. El proyecto inicial incluía un aumento del salario mínimo a US$15/hora que no se incluyó por la negativa de dos senadores republicanos. Incluía nuevas ayudas personales directas por US$1.400 a personas bajo determinados límites de renta, ayudas a los parados, beneficios fiscales, una moratoria en el pago de deudas por estudios universitarios y diversas otras ayudas a pequeñas y medianas empresasExplicaciones detalladas y generalmente encomiásticas de los beneficios de cada uno de los tres planes aprobados pueden obtenerse aquí https://en.wikipedia.org/wiki/CARES_Act; https://en.wikipedia.org/wiki/Consolidated_Appropriations_Act,_2021; https://en.wikipedia.org/wiki/American_Rescue_Plan_Act_of_2021.

Suma y sigue: el total de los programas anti-Covid-19 hasta aquel momento subía a US$7,4 billones. Pero no quedaban ahí los deseos del presidente y su partido.

Hagamos un alto. Joe Biden consiguió la nominación presidencial a los 77 años y a falta de otro candidato mejor para batir a Trump. Probablemente nadie entre las dos docenas que concurrieron a las primarias hubiera conseguido hacerlo. El socialismo de Bernie Sanders era una incógnita y ni siquiera el candidato podía o quería contestar en qué consistía exactamente. Elizabeth Warren tenía un plan para todo lo que se terciase, pero todos ellos coincidían en poco más que en pedir fuertes subidas de impuestos para las grandes empresas sin explicar cómo podría impedirse que los trasladasen a los consumidores. Los demás, en general ni se preocupaban de exponer propuestas detalladas. Y, de esta forma, las ansias reformistas de los convencidos se relajaban a medida que uno recorría los círculos concéntricos que alojaban a residentes crecientemente alejados del centro del partido. La necesidad de poner a Trump en la calle era un sentimiento común y vívido; no necesariamente sucedía así con el resto de las políticas propuestas. El círculo más amplio del electorado demócrata en general se quedaba claramente en la primera etapa: el cambio presidencial.

Los demócratas registrados como tales -condición indispensable en la mayoría de los estados para votar a candidatos de su partido en las elecciones primarias- podían coincidir en opciones políticas ampliamente aceptadas como el aborto o, de forma más etérea, el derecho de las mujeres a disponer de sus propios cuerpos, también conocido como libertad reproductiva. [En el momento de redactar estas líneas acaba de hacerse pública la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre este asunto, lo que necesitará atención en el futuro JA]. También podían estar a favor o no de limitados aumentos impositivos; o coincidir o no en la necesidad de discriminación positiva para algunos grupos de ciudadanos menos favorecidos; o sobre la necesidad de reconocer las aportaciones a la vida en común del colectivo LGTBQ+ y de dotar de iguales derechos a tod@s y cad@ un@ de sus miembr@s, pero poco más. Una falta de unanimidad que no iba a dejar de pesar sobre muchas de las decisiones posteriores y en detrimento de las opciones elegidas por el presidente en cada caso.

Para creer que «en agosto de 1619, sobre el horizonte cercano a Point Comfort, un puerto en la costa de la colonia inglesa de Virginia, apareció un barco  que transportaba a más de una veintena de esclavos africanos que fueron vendidos a los colonos; [que] ningún aspecto de la vida del país que se iba a formar más tarde fuera a quedar intacta tras los años de esclavitud que siguieron; [o que] en este cuadringentésimo aniversario [2019 JA] de aquel fatídico aniversario ha llegado la hora de contar con veracidad esa historia», como lo quiere el Proyecto 1619 desplegado a toda vela por el NYT; o para proponer la sustitución de la policía por trabajadores sociales; o para justificar el pillaje de centros comerciales en el verano de 2020; o para mantener que no hay diferencias biológicas entre hombres y mujeres hace falta un notable plus de fe que sólo a unos pocos elegidos está dado alcanzar, justamente a aquellos que participan en el círculo íntimo de candidatos o internos o ayudantes o allegadores de fondos cercano al selecto colectivo de los elegidos para cargos de representación.

No es extrañar, pues, que en esas condiciones Joe Biden representase un mínimo denominador común en el que cada uno de sus posibles electores leía sus propios deseos y expectativas. Recluido para evitar un eventual contagio vírico en su casa de la playa de Rehoboth en Delaware, el estado al que había representado como senador por cerca de treinta años, Biden se convertía en un paradigma de sensatez frente a un Trump decidido a terminar él solo y de un jalón con la pandemia aun a costa de las ocurrencias más peregrinas. Biden no participaba en mítines, posaba siempre atrincherado en una ridícula mascarilla así concediese entrevistas a un solo periodista y al aire libre, y sobre todo, en cuanto se presentaba la ocasión se mostraba partidario de las opciones más restrictivas de la libertad individual como los confinamientos y de una amplia reducción de las actividades productivas.

Tampoco es, pues sorprendente, que Biden careciese del empuje necesario para convertir su pasividad en entusiasmo por las candidaturas más discutibles de sus compañeros de partido ni para que el electorado se mostrase dispuesto a apoyarle más allá de echar a Trump. Así que al Biden voluntariamente aislado del tumulto electoral no le quedaba otro remedio que asentarse sobre la jarca de agitadores con especial relevancia en el seno del partido demócrata y en los medios de solera. Históricamente un oportunista a carta cabal, Biden nunca había hecho mucho más que dejarse mecer por la corriente dominante. Unas veces, como en 1989, atacaba a Bush padre por no encarcelar a suficientes «malhechores violentos» y «depredadores callejeros»; otras, como en 2019, antes del violento verano 2020, proponía «un plan por valor de US$300 millones para reformar la justicia penal […] y financiar labores de policía centradas en la comunidad […] y condicionadas a que los departamentos de policía contratasen agentes representativos de la comunidad a la que sirven».

Y, como todos los arribistas, el Biden presidente iba convertirse en un rehén de los activistas de su partido. Su discurso de toma de posesión fue el de un personaje virtuoso, dispuesto a unificar el país y a buscar acuerdos entre tendencias opuestas. «Ante Dios y ante todos ustedes: siempre seré sincero, defenderé la constitución y nuestra democracia […] Y juntos escribiremos una historia americana de esperanza, no de miedo; de unidad y no de división; de luz y no de penumbras; una historia americana de decencia y dignidad». Sin embargo, su actuación posterior ha distado poco de la defensa de los objetivos woke que ha hecho suyos el ala izquierdista/sandernista de su partido. Ya antes de la desastrosa y aún inexplicada retirada de Afganistán su afincamiento en ellos había empezado a pasar factura.

Pero su llegada a la presidencia fue muy jaleada por los medios de solera que le animaban a «pensar en grande» o, como aconsejaba Financial Times, «a realizar su tarea histórica, que es la misma de FDR: terminar, para ésta y otras futuras generaciones, con la endémica inseguridad económica que ha llevado a demasiados americanos a dar de lado las normas democráticas liberales. Para alcanzar el éxito [Biden], como Roosevelt, tiene que usar sus primeros meses de presidencia en un envión contundente, sin limitarse a tareas inmediatas de salvamento, sino impulsando políticas estructurales para el futuro y, fundamentalmente, para la reestructuración de la economía». Su paso por la presidencia tenía que ser estructural, fenomenal, astral, transformacional, colosal o cualquier otro adjetivo que denotase grandiosidad con tal de que acabase en -al.

Descomun-al, por ejemplo, remataba Foreign Policy: «Biden tiene altas miras como lo revela el nombre que ha dado a su programa: la “nueva ocasión” [en este contexto ocasión remite a un reclamo de temporada de grandes almacenes JA] O, tal vez, sea mejor llamarlo sin más Bideconomía». Tal vez, sí, pero, conociendo a Biden, su edad y la okupación del partido demócrata por su rama woke, y con la cuenta de su escasa mayoría congresu-al, esos medios y otros de igual solera hubieran acertado más echando mano de un dicho inmemori-al de los rancheros tejanos: Demasiado sombrero para tan pocas vacas.

Hasta hoy la bideconomía puede resumirse con mayor sencillez, aunque con menor solera: conjunto de propuestas para un aumento exponenci-al del gasto público sin conseguir el menor resultado tangenci-al. Aunque no sería por dejar de intentarlo. A lo largo de los primeros cien días de su gobierno los anuncios de nuevos planes menudearon hasta el punto de oscurecer sus contenidos, sometidos a nuevas reglas y variadas denominaciones cambiantes.

En 31 de marzo 2021la administración anunciaba un American Jobs Act por valor de US$2,3 billones para trasformar la infraestructura física del país, crear millones de nuevos empleos, facilitar la transición ecológica y, de paso, impulsar a más trabajadores del sector privado hacia la participación sindical, que en 2021 acabaría, empero, en un 10,3% del total. Finalmente, en 5 de noviembre el proyecto se convertía en una ley bipartita (Infrastructure Investment and Jobs Act por su nombre oficial) por un total de US$1,2 billones, una rebaja de casi 50% sobre la propuesta inicial. El gasto de emergencia por Covid-19 bajo ambas administraciones ascendía ya, pues, a US$8,6 billones.

No era más que un entremés. En 28 de abril 2021, el presidente, proponía su tercer plan (American Families Plan) que completaría junto con los dos anteriores ya aprobados el proyecto completo conocido como BBB (Build Back Better Plan) y que iba a timbrar para siempre el éxito transformacion-al de su política soci-al. Biden, que parecía haberle tomado gusto al rótulo infraestructur-al, lo presentaba como un conjunto de gastos sociales fundamentales para completar la infra-etcétera necesaria para el pueblo americano.

Se trataba de una propuesta con gastos de toda índole (desde nuevas transiciones climáticas pasando por promesas educativas -gratuidad total de la enseñanza pública- para llegar a una sanidad pública y universal) con un escandallo total de US$3,5 billones. De aprobarse, el coste total de los programas amparados en la pandemia subiría a US$12,1 billones, una cifra capaz de suscitar el mal de altura hasta en los alpinistas fiscales más inveterados.

Desde el mismo momento de su entrada en el Congreso los republicanos anunciaron su total oposición a ese desesperado intento de ampliación del Estado de Bienestar y el presidente volvió a conjugar el verbo reconciliar en su sentido fiscalista americano: aprobación unilateral de la ley tras un empate en el Senado resuelto por el voto de la vicepresidenta; o, en lenguaje español tradicional, un trágala. La trayectoria parlamentaria de este nuevo plan ha sido enormemente accidentada y, pese a diversos intentos de rebajar su coste para satisfacer al único senador demócrata descontento con su volumen (Joe Manchin por el estado de West Virginia), ha sido puesto en sordina. Hoy se habla de renovados intentos para aprobarlo con un alcance y un coste mucho menor y, así, conseguir un plácet final antes de las elecciones legislativas de noviembre próximo.

Impermeable, empero, a las críticas, el proyecto presupuestario para 2023 presentado en 28 de marzo 2022 planeaba un gasto de US$5,8 billones, un 31% superior al del año 2019, el último antes de Covid-19 e incluía muchos de los planes que habrían entrado en el nonato BBB. A juicio de Tax Foundation, una prestigiosa institución independiente y sin ánimo de lucro para el seguimiento de la política fiscal, el presupuesto 2023, «pese a argumentos en contrario, reduciría el crecimiento económico y crearía una insana política fiscal […] La propuesta incluye varios impuestos sobre individuos y empresas de altas rentas que, en combinación con BBB, impondría en Estados Unidos los mayores niveles impositivos del mundo desarrollado […] En nuestra estimación ese aumento, propuesto ya en el presupuesto del año pasado, […] obtendría US$954 millardos en los próximos 10 años pero reduciría la economía en un 0,7% y eliminaría 145.000 empleos […] El impuesto sobre beneficios de capital por realizar que subiría de 20% a 39,6% reduciría la economía en un 0,3% y eliminaría otros 27.000 puestos de trabajo […] En un tiempo en que la Reserva Federal está subiendo las tasas de interés para combatir la mayor inflación vista en este país desde hace 40 años y que ralentizará la economía al aumentar el coste crediticio cabría esperar una propuesta presupuestaria más seria y capaz de identificar los verdaderos retos económicos que nos aguardan» . La crítica de Tax Foundation mencionaba así una bicha que los demócratas y el presidente no consiguen exorcizar: sus políticas iban a contribuir a una inflación galopante que fácilmente degeneraría en estanflación.

Difícilmente podrían decir que no estaban advertidos… y por sus propios colegas.

En marzo 2021 las élites demócratas se creían capaces de asaltar los cielos tras el inesperado triunfo en Georgia de los dos senadores demócratas que he citado más arriba. No era ése, empero, el parecer de Larry Summers. Summers, que había sido, entre otras muchas cosas, presidente de Harvard y director del Consejo Económico de Obama, no se privaba de decir, ya en aquel tiempo, que los planes del presidente eran excesivos y podían «desatar presiones inflacionarias no vistas en una generación» y que el American Rescue Plan (ver más arriba) era «la política macroeconómica y fiscal más irresponsable de los últimos 40 años».  La evolución intelectual de Summers (ver el trabajo de Eric Levitz sobre su idea de estancamiento secular) es algo que no voy a evocar ahora. De lo que no hay duda es de que acertó cuando Paul Krugman, el único economista americano al que traduce El País, decía justamente lo contrario. Tal vez los adultos hayan vuelto a la Casa Blanca y a su Ala Oeste pero tienen ante sí una situación de la que no parecen ser capaces de salir.

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