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De campos, cárceles y checas. Maneras de ver la represión durante la Guerra Civil y la posguerra 

 

El estudio de la represión política durante la Guerra Civil y el franquismo es una línea historiográfica que ha ido adquiriendo una creciente solidez en los últimos veinticinco años. La atención creciente que se otorga en la actualidad a la organización penitenciaria no debe explicarse sólo como una manifestación sectorial de la fascinación por los temas vinculados al control social y la represión, sino que obedece también a causas externas (el renovado interés que suscitan en Europa las grandes experiencias coactivas y genocidas de signo totalitario) y domésticas (la apertura de nuevas fuentes documentales, pero también el nuevo valor otorgado a los relatos autobiográficos). Todo ello ha permitido que los estudios sobre el mundo carcelario hayan transitado rápidamente desde las aproximaciones pionerasVéase José Manuel Sabín, Prisión y muerte en la España de posguerra, Madrid, Anaya & Mario Muchnik, 1996; el buen trabajo divulgativo de Isaías Lafuente, Esclavos por la patria. La explotación de los presos bajo el franquismo, Madrid, Temas de Hoy, 2002; o las recopilaciones testimoniales de Rafael Torres, Los esclavos de Franco, Madrid, Oberón, 2000, y Rodolfo y Daniel Serrano, Toda España era una cárcel. Memoria de los presos del franquismo, Madrid, Aguilar, 2002. a los primeros grandes estados de la cuestión. Este último es el caso de Una inmensa prisión, que recoge las actas parciales del congreso «Los campos de concentración y el mundo penitenciario en España durante la guerra y el franquismo » que en octubre de 2002 reunió en Barcelona a más de doscientos investigadores nacionales y extranjeros.

La obra comienza por negar el paralelismo entre el sistema represivo nazi (que, como señala Michel Leiberich, creó los campos de concentración no como instituciones correctoras de delitos individuales, sino como «fábricas de la muerte» sobre colectividades) y el del franquismo, que no pretendió el exterminio físico deliberado, ya que el espíritu vindicativo de clase antepuso la explotación de los trabajadores, sobre cuyas espaldas recayó la tarea de reconstrucción nacional. El libro puede leerse a diversos niveles. Es, en primer lugar, un recorrido bastante omnicomprensivo por las sucesivas etapas del «universo carcelario»: desde los campos de prisioneros y los batallones disciplinarios de trabajadores de la guerra a las colonias penitenciarias y las cárceles de posguerra, con su diversidad de sistemas de explotación: talleres, destacamentos o colonias militarizadas, que proporcionaron el mayor contingente de trabajadores al Servicio Nacional de Regiones Devastadas, pero también a la Iglesia, la Falange o las empresas privadas. Javier Rodrigo, autor de una muy reciente obra sobre los campos de concentración de la guerra y la inmediata posguerraJavier Rodrigo, Los campos de concentración franquistas. Entre la historia y la memoria, Madrid, Siete Mares, 2003., nos muestra su evolución desde su puesta en marcha como solución provisional en la depuración ejercida sobre el Ejército Popular hasta sus sucesivas reestructuraciones con el fin de perfeccionar las tareas básicas de clasificación, exclusión, explotación y reeducación con tendencia totalitaria. Desde el otro lado de la frontera, Francesc Vilanova nos ofrece un diagnóstico de la errática política de los gobiernos franceses ante «la retirada» de 440.000 refugiados republicanos en marzo de 1939. Mientras que los últimos gobiernos galos de la preguerra aplicaron una política de extranjería supeditada a la preocupación por la seguridad nacional y el mantenimiento del orden público, la drôle-de-guerre obligó a que los campos fueran difuminando su perfil concentracionario y se adaptaran al esfuerzo de guerra con la incorporación de contingentes republicanos a las compañías de trabajadores extranjeros, a la Legión Extranjera y a los batallones de marcha. El régimen de Vichy mantuvo a su vez una actitud contradictoria, descartando repatriaciones masivas a España y favoreciendo la huida hacia América o la incorporación al mercado laboral a través del Service du Travail Obligatoire, pero también toleró la intromisión de la Gestapo, que condujo a la deportación de muchos republicanos hacia el mucho más nivelador y destructivo «universo concentracionario» nazi.

Ángela Cenarro hace un recorrido institucional desde la derogación de las reformas penitenciarias republicanas en los inicios de la guerra a la concesión del «derecho al trabajo» a los prisioneros con la creación en 1938 del sistema de Redención de Penas por el Trabajo. En la paulatina definición del «universo penitenciario » franquista, señala la incongruencia entre el paternalismo caritativo desplegado por curas y funcionarios, y la utilidad económica y propagandística derivada del sistema carcelario, que generó un fuerte desfase entre un proyecto regenerador y reeducativo de marcado corte autoritario y la realidad cotidiana de la arbitrariedad y la corrupción. Abundando en la caracterización de ese «universo carcelario», Ricard Vinyes propone su extensión al entorno familiar exterior, a las redes de intereses económicos, a las sociedades de beneficencia de la Iglesia y el Estado, y a las organizaciones políticas clandestinas. La función de este sistema no fue vigilar y castigar, sino doblegar y transformar, ejecutando un conjunto de operaciones sociales, políticas, culturales y económicas destinadas a obtener la transformación existencial completa de los reclusos y de sus familias, desposeyendo moral y materialmente a los mismos para destruir de ese modo su identidad colectiva.

Ejemplos ilustrativos de la heterogeneidad, provisionalidad y arbitrariedad del microcosmo penitenciario franquista son los que aportan cuatro estudios concretos. El testimonio de Nicolás Sánchez Albornoz sobre su experiencia como contable en el destacamento penal de Cuelgamuros pone de relieve que la redención de penas fue una importante fuente atípica de ingresos netos para el Estado, donde «la represión cedió su furor vengativo para crecer como negocio y abrir los brazos a la corrupción». Se trataba de liberar al Estado de la carga del mantenimiento de los presos y de generar ingresos en su calidad de mano de obra barata o gratuita sometida a innumerables motivos de exclusión. Esta singular función del Estado como proveedor de trabajadores para la empresa privada también queda de manifiesto en el trabajo de José Luis Gutiérrez Molina sobre la servidumbre casi medieval desplegada en las colonias penitenciarias militarizadas que participaron en las obras públicas y las subcontratas privadas para la construcción del Canal del Bajo Guadalquivir. En ocasiones, este tipo de prestaciones no reportaron sólo beneficios económicos, sino de otro tipo más sutil, como muestra el análisis de Francisco García Alonso sobre el batallón disciplinario puesto bajo la autoridad del arqueólogo falangista Martín Almagro Basch para realizar las campañas de excavaciones en Ampurias en 1940-1943. Por último, el estudio de Santiago Vega sobre la vida cotidiana (en sus diversas facetas de alimentación, horario, comunicaciones, cultura y propaganda, convivencia, disciplina, salud e higiene, trabajo o vida religiosa) en la Prisión Provincial de Segovia des- cribe con detalle los métodos empleados para lograr la paulatina disolución del concepto y de la identidad de prisionero político, «patologizando» la delincuencia política (objetivo de los estudios del psiquiatra Antonio Vallejo-Nágera) hasta asimilarla a una inadaptación que requería reeducación.

Un último nivel de lectura lo brindan los estudios sobre fuentes: Carles Feixa y Carme Agustí analizan los discursos autobiográficos y memorialistas (con una caracterización especial de los elaborados por mujeres) que se han ido multiplicando desde el final de la transición; María Campillo describe los testimonios literarios de narradores-supervivientes (Primo Lévi, Joaquim Amat-Piniella o Jorge Semprún) como el único arma de que disponen las víctimas en su búsqueda de justicia. Por último, Manel Risques hace un recorrido por los fondos documentales depositados en los archivos militares generales (Madrid, Segovia, Ávila o Guadalajara) y regionales, así como en los archivos judiciales ahora disponibles para la investigación, que están renovando completamente el estudio de la represión y de la violencia en las dos zonas combatientes durante la Guerra Civil y en el franquismo.

En su clásico Surveiller et punir, Michel Foucault advertía que el análisis de la prisión es fundamental para reflexionar sobre las relaciones de poder que se establecen entre el Estado y la sociedadMichel Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, París, Gallimard, 1975, págs. 267 y ss.. En ese sentido, el sistema penitenciario fue la plasmación más evidente e inmediata de esa política de exclusión social masiva desplegada por el Nuevo Estado, que ampliaba su radio de acción punitiva a los familiares, limitando sus ingresos, erosionando su patrimonio o arrebatando la tutela de los hijosSobre este tipo de acciones coactivas, véase Conxita Mir, Fabià Corretgé, Judit Farre y Juan Sagués, Repressió econòmica y franquisme. L’actuació del Tribunal de responsabilitats polítiques a la província de Lleida, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1997; y Francesc Vilanova, Repressió política y coacció econòmica. Les responsabilitats polítiques de republicans i conservadors catalans a la postguerra, 1939-1942, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1999.. Una política de la sumisión que alcanzó un carácter tan indiscriminado que, como dice Sánchez Albornoz, «en materia de libertad, la cárcel y la calle se diferenciaban sólo en grado». Trabajos como el que analizamos tienen la virtud de mostrarnos el camino recorrido en poco tiempo y de plantearnos las eventuales líneas de investigación que deben ser profundizadas como un intento de evaluación global del beneficio económico que reportó al Estado la aplicación de la política de redención de penas por el trabajo en el contexto de la economía autárquica del régimen franquista.

Lamentablemente, no puede decirse lo mismo de la obra de Vidal, cuya falta de originalidad arranca desde su mismo título, tomado de una novela del periodista de ABC Tomás Borrás —el inventor del «complot comunista» de la primavera de 1936Tomás Borrás, Checas de Madrid. Epopeya de los caídos, Madrid, Editora Nacional, 1944, pág. 5. Sobre su papel en la justificación del Alzamiento, véase Herbert R. Southworth, «Conspiración contra la República. Los “Documentos secretos comunistas” de 1936 fueron elaborados por Tomás Borrás», Historia 16, n.° 26, junio de 1978, págs. 41-57. Vidal también parece abonarse a la tesis de la conspiración comunista en las págs. 160-161.— que ni siquiera aparece aludida en la bibliografía final. Estamos ante un ejemplo señero del «método» de confección de libros que ha dado notoriedad a este escritor: una porción de páginas de relleno que envuelve la inanidad total a la hora de tratar el tema que es presunto objeto de análisis (sólo se dedican 26 páginas a la actividad «chequista » en Madrid de un total de 364); un aparato «crítico» repleto de notas improcedentes o de relleno, con siglas que quizá pertenezcan a fuentes ignotas, con una bibliografía contextual que se exhibe pero que no se emplea, trufada de títulos deliberadamente poco accesibles al lector español, que se citan de forma incompleta o que no aparecen en la relación final. El repertorio bibliográfico, con obras repetidas o redundantes, asignaciones falsas, inserciones inexplicables y olvidos clamorososEntre otros, las pocas obras específicas sobre las checas madrileñas, como Alberto Flaquer, Checas de Madrid y Barcelona, Barcelona, Rodegar, 1963, y Rodolfo Vistabuena, Las checas, Madrid, Publicaciones Españolas, 1953. Otra novela sobre la cuestión, aparte de la de Borrás, que no se cita, es la muy conocida de Agustín de Foxá, Madrid, de corte a checa, Salamanca, Jerarquía, 1938 (1.ª ed)., es un caos absoluto que hubiera hecho las delicias de Southworth.

Los apéndices documentales son otro ejemplo contundente de esta falta de seriedad y de criterio: el número I (relación de checas de Madrid) aparece repetido literalmente en el texto y sin alusión alguna a las fuentes empleadas para su confección; el número II es una «antología documental» tan peregrina que repite sistemáticamente párrafos ya introducidos en el cuerpo de texto; el número III es una mera transcripción del martirologio depositado en el santuario de la Gran Promesa de Valladolid; y el número IV (relación de asesinados) es un listado pretendidamente alfabético, que revela su absoluta inutilidad al estar plagado de errores (véase a título ilustrativo las entradas 578, 719, 2186 o 3664), no señalar el lugar y la fecha de las ejecuciones, y no citar las fuentes para su elaboración, como tuvo el decoro de hacer Rafael Casas de la Vega en su catálogo de víctimas, que Vidal vampiriza descaradamenteRafael Casas de la Vega, El terror. Madrid, 1936. Investigación histórica y catálogo de víctimas identificadas, Madridejos, Fénix, 1994, págs. 311-460, donde se señalan la fecha, el lugar de la muerte y las profesiones de los asesinados, según los datos que asegura haber tomado del Archivo Histórico Nacional, el Servicio Histórico Militar y el santuario de la Gran Promesa de Valladolid. Existe una gran discrepancia en el número de asesinados en Madrid durante la guerra: Vidal da 11.705 nombres, Salas Larrazábal habla de 16.449 y Casas de la Vega ofrece un listado completo, y más fiable, de 8.500..

Pero la obra no plantea sólo reparos formales que la hubieran hecho inaceptable como simple trabajo de curso, sino problemas de fondo que proceden en primer lugar de una visión profundamente distorsionada de la historia de España. Este autoproclamado «liberal» desarrolla la «tesis» de que las matanzas organizadas en zona republicana fueron el resultado de un proceso revolucionario que se inició «a fines del siglo XIX» y que, tras su derrota provisional en 1917 y 1934, logró el triunfo a partir de 1931; victoria que incluía «por definición» la práctica de exterminio de segmentos enteros de la sociedad. Este proceso revolucionario transecular habría sido protagonizado, en informe cargamontón subversivo, por la consabida amalgama «rojo-separatista » de comunistas (¡ya a comienzos del siglo XX!), republicanos «de clase media» (sic, pág. 46), anarquistas «partidarios de la acción directa » (sic, pág. 48), socialistas cuya actuación habría sido invariablemente ilegal durante décadas, y los «denominados nacionalismos», especialmente el catalán, cuya trayectoria histórica, a decir del autor, «encajaba mal en un proceso modernizador de signo liberal». Según parece, el catalanismo nunca sintió reparos en «acabar con un sistema político que se oponía a la consecución de sus metas» (pág. 45), especialmente el muy radical Cambó, que habría urdido en fecha indeterminada una «alianza vasco-catalana» para que el sistema constitucional saltara por los aires (pág. 50).

Pero la antología del disparate no se detiene ahí: la oposición se convierte en responsable de la proclamación de la Dictadura; Azaña se habría hecho republicano en 1930; los firmantes del «Pacto de San Sebastián» (a los que acusa de intentar derribar el orden constitucional, olvidando el «pequeño » detalle de su suspensión desde septiembre de 1923) se transformaron automáticamente en el primer gobierno de la República; la masacre de Arnedo habría sido un «motín armado socialista»; la huelga general campesina de junio de 1934, una «ofensiva revolucionaria»; y la izquierda en bloque habría provocado el «golpe de Estado nacionalista-socialista» de 1934. Como culminación de todo ello, tras el 18 de julio, el Frente Popular habría confirmado esa «cosmovisión antisistema y antiparlamentaria que incluía entre sus características las del exterminio del adversario considerado como tal a segmentos íntegros de la población » (pág. 78), ya que las matanzas las realizaron «organizaciones que desde hacía décadas consideraban moralmente lícita la eliminación física del adversario político» (pág. 81). En fin, un puro dislate, que no es sino la reiteración de la vieja tesis teleológica catastrofista urdida por la derecha ultrarreaccionaria decimonónica de la democracia como antesala del comunismo. Un argumento que, como es bien sabido, utilizó largamente el franquismo como baza de legitimación del golpe militar de 1936, pero al que Vidal da una vuelta de tuerca más al pretender la homologación de estos asesinatos con el Holocausto judío.

Haría bien este autor en reconsiderar la tipificación del genocidio a la luz de las últimas aportaciones de la historiografía europea sobre el temaVéase, por ejemplo, la propuesta de definición de Gerhard Hirschfeld, «Il genocidio nella storia moderna. Per un approccio comparativo », en Gustavo Corni y Gerhard Hirschfeld, L’umanità offesa. Stermini e memoria nell’Europa del Novecento, Bolonia, Il Mulino, 2003, págs. 17-34.. En todo caso, su afirmación resulta difícilmente sostenible cuando se constata que a la represión «incontrolada » causada por la guerra y la revolución en sus primeras semanas le sucedió una justicia popular «institucionalizada» que trató de atajar las manifestaciones más arbitrarias y sangrientas de aquélla, «normalizando» el aparato represivo al hilo de la evolución militar y política de la zona republicanaPor ejemplo, Casas de la Vega, op. cit, pág. 247, demuestra que la parte más importante de la represión en Madrid se produjo durante la grande peur de noviembre de 1936 (tras la matanza de mediados de septiembre en Badajoz y el feroz avance franquista hacia Madrid) con 3.077 asesinados, mientras que evalúa en 177 los muertos en 1937, 32 en 1938 y tres en 1939.. No se trata de minusvalorar la represión indudable que existió en el bando republicano, sino de contextualizarla y explicarla en sus características, estructura y actuación. Es en ese aspecto donde nos llevamos una última decepción. El autor no explica la evolución de estos centros de detención y tortura en ese necesario contexto histórico, exhibiendo nuevos documentos o proponiendo perspectivas de análisis renovadas (cosa que hace Javier Cervera en su libro sobre la «quinta columna» madrileñaJavier Cervera Gil, Madrid en guerra. La ciudad clandestina, 1936-1939, Madrid, Alianza, 1998, especialmente págs. 60-105.), sino que opta por la consabida descripción de los crímenes, con sesenta años a sus espaldas, empleando como citas de autoridad la Historia de la Cruzada, los testimonios de ex comunistas como Castro Delgado o Hernández (mientras que los de Prieto o Azaña son insidiosa y sistemáticamente rechazados) y el libro La dominación roja en España. Causa general instruida por el Ministerio Fiscal, que es «saqueado» de forma tan inmisericorde que nos podemos lamentar de la perpetración de un último «fusilamiento» en masa. Ni que decir tiene que, en su opción por destacar la truculencia de los asesinatos sobre la explicación de las estructuras del terror, Vidal no se detiene un momento en considerar los dilemas metodológicos que muchos especialistas se han planteado a la hora de explotar el ingente fondo documental de la Causa General, cuyo origen eminentemente punitivo exige una previa labor de depuración y crítica de informaciones y cifras, cruzando datos con la prensa, los testimonios orales, las memorias de personajes, los registros civiles o los archivos políticosComo es bien sabido, la Causa General fue instruida a raíz del decreto de 26 de abril de 1940 como material judicial en forma de sumario, recopilado por la Fiscalía General del Estado para complementar la actuación de los tribunales militares y de responsabilidades políticas, pero fue utilizada también como propaganda exterior a raíz de la condena del régimen franquista por las potencias aliadas y su ulterior rehabilitación en el contexto de la Guerra Fría. Véase, por ejemplo, la versión inglesa de La dominación roja en España publicada en Madrid en 1953. Sobre los problemas metodológicos que plantea la explotación de la Causa General, véanse los trabajos de Glicerio Sánchez Recio, Manuel Ortiz Heras y Carmen González Martínez, en Isidro Sánchez, Manuel Ortiz y David Ruiz (eds.), España franquista. Causa general y actitudes sociales ante la dictadura, Albacete, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1993, págs. 23-77; Conxita Mir y Francesc Prats, «La Causa General com a font historiogràfica: la documentació de Lleida i província », en Miscel·lània Homenatge a Josep Lladonosa, Lérida, IEI, 1992, págs. 697-708, y Glicerio Sánchez Recio y José Miguel Santacreu Soler, «La Causa General, fuente para el estudio de la rebelión y de la Guerra Civil», Arbor, n.° 491-492, noviembre-diciembre de 1986, págs. 217-230..

En definitiva, Vidal no deja «al descubierto» las cárceles republicanas, sino su incompetencia para tratar con solvencia este tema. Es un exponente más de esa producción bibliográfica paralela (difícilmente se puede hablar de historiografía) de la Guerra Civil que tanto fascina al profesor Payne, pero que en su apuesta por la denuncia histérica antes que por el análisis sereno dificulta que el tema de la represión política se encamine hacia su definitiva normalización historiográfica.

Eduardo González Calleja es científico titular del Instituto de Historia del CSIC y profesor asociado en la Universidad Carlos III de Madrid. Acaba de publicar La violencia en la política.

08/03/2004

 
COMENTARIOS

minionrush 27/09/19 10:51
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