A principios de enero de 2017, el Diario del Pueblo, el órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista Chino, destacaba en su edición inglesa la noticia de que la población de altos ingresos en el país había llegado a los setenta y dos millones de personas. Era otro de esos factoides con los que a menudo nos regalan los medios de comunicación y no iba acompañado de información que permitiese ponerlo en contexto. El tono de la noticia era aséptico, limitado a datos procedentes de fuentes no claramente establecidas: inicialmente el periódico la refería a Sina Corporation, una plataforma de Internet que emula localmente a Twitter, pero más tarde la ligaba a un impreciso libro azul de la Academia China de Ciencias Sociales.

La información aportaba algunas particularidades de esa «clase social emergente», como la llamaba el diario. Cuarenta y ocho millones eran personal directivo o técnico «de empresas privadas o de capital extranjero»; catorce pertenecían a «organizaciones intermedias o sociales»; once eran trabajadores por cuenta propia y otros diez trabajaban en «nuevos medios».