El quid del Informe Browne y de la política gubernamental británica en relación con la educación superior radica en una sencilla noción basada supuestamente en la economía: que la introducción de las fuerzas del mercado en el ámbito de la educación superior empujará simultáneamente al alza la excelencia y a la baja los precios. La confianza de la que han hecho gala los ministros a la hora de predecir estos efectos resultaría más tranquilizadora si no estuviera reñida con la evidencia de que lo que está sucediendo es precisamente lo contrario. La lista de universidades decididas a cobrar en concepto de tasas de matrícula una cantidad cercana al límite más alto de nueve mil libras no deja de crecer.

La crisis financiera de 2008 ha desencadenado la Gran Recesión, que todavía estamos padeciendo, y también, aparentemente, ha puesto fin al movimiento de protestas contra la globalización, martillo de las instituciones multilaterales, que tan activo había estado en las calles desde mediados de los años noventa. Dominada por activistas, la antiglobalización era el único núcleo unificador en una coalición circunstancial de grupos de las ideologías más varias: grupúsculos antisistema, comunistas recalcitrantes, partidarios del comercio justo, feministas radicales, ecologistas, sindicatos tradicionales, ONG de desarrollo y empresarios de la industria cultural, entre otros. Las primeras protestas se desarrollaron en Madrid en 1995, con ocasión de las reuniones de las asambleas del FMI y del Banco Mundial, y se hicieron violentas en Seattle en 1999, reventando la celebración de la reunión ministerial de la Organización Internacional del Comercio (OMC), para alcanzar su cosecha de un muerto y varias decenas de heridos en enfrentamientos de los globófobos con la policía en la reunión del G-8 en julio de 2001 en Génova.