Las denuncias de la existencia de planes rebeldes de exterminio aparecieron rápidamente en la España republicana tras el estallido de la Guerra Civil. A finales de julio de 1936, la prensa madrileña publicó las «instrucciones» que se encontraron al parecer a un oficial rebelde capturado en Guadalajara. Para El Socialista, este documento demostraba que el propósito de los rebeldes era «sembrar […] el terror por todos los medios», y fue el producto inevitable de «los elementos podridos y parásitos de una sociedad llamada inexorablemente a depurarse». Dos meses después, el purgado Colegio de Abogados de Madrid publicó un informe sobre las atrocidades rebeldes que declaraba que «la consigna de los insurrectos» era «la del más impío exterminio y terror». El año siguiente se había difundido ya en la España republicana una versión oficial sobre el empleo del terror en los dos bandos. Ángel Ossorio y Gallardo, el embajador republicano en París, escribió en julio de 1937 que «se habla de los excesos y crímenes cometidos en el frente de izquierda. Mas ahora se pone en claro que las atrocidades han sido infinitamente mayores en el otro lado». Y, lo que era más importante, subrayaba, las matanzas en la zona leal a la República reflejaban «el extremismo de las masas populares y los detritus sociales [que] han ejercido su pasión vindicativa contra personas sueltas […] menospreciando la autoridad y las órdenes del Gobierno», mientras que las de la facción contraria «se han realizado siempre por orden de las autoridades rebeldes».
Esta dicotomía entre terror rebelde organizado y la violencia «incontrolada» en la zona republicana se vio repetida en los escritos de dirigentes republicanos exiliados. «Los generales [rebeldes]» –escribió Francisco Largo Caballero en 1945– se sublevaron en julio de 1936 para «exterminar a los españoles que se opusieran a su obra de salvación de España». Según el veterano socialista, las matanzas rebeldes «exacerbaron a las multitudes» en la zona republicana, dando lugar a las represalias. Sin embargo, «entre los grupos de patriotas exaltados se mezclan siempre pescadores de río revuelto». El odio dirigido hacia ciertos perpetradores del terror en la zona republicana no disminuyó con el paso del tiempo. La historia oficial de la Guerra Civil del Partido Comunista de España aceptaba en 1966 que treinta años antes se habían producido «verdaderos crímenes» en la España republicana. Pero, como siempre, eran otros quienes habían sido los responsables, principalmente los anarquistas, entre los que se hallaban infiltrados «elementos desclasados, incluso delincuentes de derecho común».
Esta versión republicana sobre la represión en la Guerra Civil fue aceptada por historiadores extranjeros como Gabriel Jackson antes de la muerte de Franco y por una nueva generación de historiadores españoles a partir de noviembre de 1975. El ejemplo más conocido de entre estos últimos es el de Alberto Reig Tapia. Sin embargo, los últimos treinta años han sido testigos de una avalancha de investigaciones sobre este sombrío episodio de la historia española moderna y raro es el año que pasa sin que aparezcan nuevos libros de síntesis sobre el terror durante y después de la Guerra Civil, a pesar de que, como muestra la publicación en 2010 del volumen editado por Francisco Espinosa, Violencia roja y azul. España, 1936-1950 (que yo mismo recensioné en el número 172 de Revista de Libros), el paradigma del exterminio franquista planificado/la represión republicana no planificada sigue siendo extraordinariamente influyente.
Las tesis principales de El holocausto español resultarán, por tanto, familiares a los lectores. El catedrático Príncipe de Asturias de Historia Contemporánea Española en la London School of Economics sostiene que «La represión orquestada por los militares insurrectos fue una operación minuciosamente planificada»; su objetivo era nada menos que «el exterminio de la izquierda». En la zona republicana, sin embargo, «la clase dirigente republicana y el grueso de los partidos socialistas y comunistas se opusieron» a la violencia revolucionaria, «en parte porque creían en los genuinos valores liberales». Se trataba de una violencia «caótica», «espontánea», «incontrolada», «una venganza ciega y secular –el resentimiento inherente tras siglos de opresión»– y llevada a cabo principalmente por anarquistas y «criminales» que se aprovecharon del colapso del Estado republicano provocado por la propia rebelión militar. Cuando el Gobierno republicano restauró el control a finales de 1936 –sostiene Preston–, la represión se limitaba a los quintacolumnistas y a la extrema izquierda, que «perjudicaba seriamente el esfuerzo bélico de la República».
Basada en gran medida en fuentes secundarias, la principal novedad de El holocausto español es el propio título. Hasta ahora los defensores del exterminio rebelde planificado utilizaban conceptos como «genocidio» o «politicidio»; solo los periodistas sensacionalistas denunciaban «el holocausto español». Esto no significa que los historiadores hayan limitado siempre el empleo del concepto de «holocausto» a la aniquilación de casi seis millones de judíos europeos por parte de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. En 1997, por ejemplo, Ronald Suny defendió que el Gran Terror de 1937-1938, que acabó con las vidas de alrededor de ochocientos mil ciudadanos soviéticos, fue un «holocausto político». Pero de cara a tener algún significado, su uso necesita situarse en un marco comparativo: la afirmación de Suny se realizó en un volumen colectivo titulado Stalinism and Nazism: Dictatorships in Comparison (Estalinismo y nazismo: dos dictaduras comparadas). ¿En qué sentido se asemeja entonces la violencia política rebelde/franquista a la Solución Final? ¿Demuestra Preston la afirmación hecha por Josep Fontana en 2002 de que las sangrientas masacres de Badajoz en agosto de 1936 fueron «un anticipo» del asesinato industrializado en masa de Auschwitz? Un serio defecto de este libro es la ausencia de cualquier tipo de explicación de por qué las experiencias de los izquierdistas bajo el régimen de Franco habrían de ser comparables a la suerte de los judíos en la Europa ocupada por los nazis. Las únicas referencias a la Solución Final en este libro de 860 páginas se encuentra cerca del final, cuando Preston se ocupa de los republicanos que acabaron en los campos de la muerte nazis; en el índice no aparece siquiera Adolf Hitler.
Más destacable aún es la ausencia de todo comentario sobre los debates historiográficos que han rodeado el genocidio del siglo XX. Dada la creencia de Preston en un «programa de terror y aniquilación» rebelde, uno se ve obligado a suponer que sigue la «doctrina Núremberg»: un modelo explicativo mecanicista para el terror ofrecido por los fiscales en los juicios de Núremberg de los jerarcas nazis en 1945-1946, que subrayaba la existencia de un «plan de conspiración común». Sin embargo, los especialistas en el genocidio ya han dejado de considerar los planes o programas de destrucción como algo esencial para demostrar la existencia de (por ejemplo) la Solución Final o el anterior genocidio armenio de 1915-1916, que se tradujo en las muertes de alrededor de un millón de armenios a manos del Estado imperial otomano. Los historiadores están también ahora empezando a preguntarse si el genocidio ruandés en 1994 que produjo la muerte de ochocientos mil tutsis y hutus moderados en apenas un centenar de días fue un acto premeditado por parte de élites radicales hutus. Es cierto que la violencia contra los tutsis ejercida por un Estado dominado por los hutus se incrementó tras la invasión del Frente Patriótico Ruandés tutsi en 1990. Pero como ha observado Michael Mann, no existen documentos de «pistolas humeantes»; «no sabemos de planes o conspiraciones precisos anteriores al 7 de abril de 1994», la fecha que marca el comienzo del genocidio como tal. Este se vio precipitado por el asesinato el día anterior del presidente ruandés Juvénal Habyarimana, que, en palabras de Mann, produjo «una radicalización [del Estado] que pocos habían previsto de antemano […]. El genocidio fue entonces improvisado por élites y militantes radicales porque surgió la oportunidad y a modo de amenaza». El argumento de Mann se ve apoyado por el hecho de que, desde su creación en noviembre de 1994, el Tribunal Internacional para los Crímenes de Ruanda, el órgano judicial especial de las Naciones Unidas al que se confió la tarea de juzgar a los planificadores y ejecutores del genocidio, aún no ha condenado a nadie por conspiración para cometer genocidio antes del 7 de abril de 1994.
La esencia del genocidio del siglo XX no es, como supone Preston, un «plan básico de exterminio», sino la radicalización del Estado. Como ha escrito Mark Levene, el genocidio debe situarse en el «extremo de un continuum de estrategias estatales represivas que incluyen la marginalización, la asimilación forzosa, la deportación e incluso la masacre». En el caso de los Estados nazi y otomano, la guerra radicalizó la determinación de crear una «comunidad nacional» étnica o racialmente homogénea. La solución nazi a la «cuestión judía» pasó de la marginalización y la emigración forzosa al exterminio a gran escala entre septiembre de 1939 y diciembre de 1941; la resolución del gobierno otomano de la «cuestión armenia» cristiana evolucionó desde masacres periódicas antes de 1914 hasta el genocidio en mayo de 1915 tras los desembarcos de la Entente en Gallipoli el mes anterior y los temores de que una inminente ofensiva rusa en el Cáucaso sería apoyada por los armenios dentro del Imperio.
Es aquí donde la tesis de Preston de un «holocausto español» resulta más problemática. Numerosos estudios provinciales han demostrado el carácter puramente asesino de la cruzada de los rebeldes contra el impío «comunismo». El repaso que hace Preston de la literatura existente conduce a la conclusión de que un mínimo de 130.199 personas fueron asesinadas por los militares rebeldes y sus partidarios; de ellos, veinte mil fueron ejecutados después de la Guerra Civil. Sin embargo, estas estadísticas sin más, por terribles que sean, no demuestran la existencia de un genocidio. La investigación ha indicado también la existencia de una relación inversa entre el desarrollo del poder estatal franquista y los tintes asesinos de la represión. Preston muestra que las regiones más afectadas por la represión fueron Andalucía (47.399 víctimas, o 36% del total de ejecuciones) y Castilla la Vieja (17.195, o 13%). Estas zonas fueron ocupadas en su mayor parte por los rebeldes al comienzo de la Guerra Civil o durante los siete meses posteriores, cuando la norma eran los asesinatos extrajudiciales, y los juicios militares, la excepción. En su conjunto, las estadísticas de Preston sugieren que más de la mitad de los asesinatos se produjeron antes de la proclamación formal del «Nuevo Estado» franquista el 1 de octubre de 1936.
Así, lejos de radicalizarse la represión, la institucionalización de la represión dentro del incipiente Estado franquista desde el invierno de 1936-1937 se tradujo en un relativo declive en el número de ejecuciones. Esto no equivale a decir, por supuesto, que podamos trazar una clara línea divisoria entre represión «arbitraria» e «institucional» a partir de 1937. Al fin y al cabo, la construcción del Estado en la España franquista fue un ejercicio lento; la creación de un solo partido no se produjo hasta abril de 1937 y Franco no nombraría a su primer gobierno como tal hasta enero de 1938. Pero las consecuencias de la institucionalización fueron reales. Por ejemplo, según Preston, alrededor de mil cuatrocientas personas fueron ejecutadas extrajudicialmente en la provincia de Burgos entre agosto y octubre de 1936 y otras ciento cuarenta fueron ejecutadas tras un juicio militar entre julio y diciembre de 1936. Desde enero de 1937 hasta enero de 1941 el número de ejecuciones judiciales fue «únicamente» de 147. Que la justicia militar franquista era dura, pero no exterminadora, puede constatarse también si se examinan las actividades de la Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación, una columna militar creada en noviembre de 1936 que siguió los pasos del ejército franquista, administrando «justicia» en el frente de Madrid y en Bilbao, Santander, Aragón, Cataluña y Levante. Su fiscal, Felipe Acedo Colunga, escribió una memoria que mostraba que, de las 30.224 personas investigadas hasta el final de 1938, 3.189 (10,5%) fueron condenadas a la pena de muerte; 3.953 (13%) recibieron penas de cárcel de treinta años; 7.700 (25%) fueron condenadas a penas de cárcel inferiores a treinta años; y 15.382 (51%) fueron absueltas o sus causas fueron sobreseídas antes del juicio. Estos porcentajes están en consonancia, a grandes líneas, con los cálculos generales sobre los tipos de sentencias de tribunales militares antes y después de la Guerra Civil que han propuesto historiadores como Pablo Gil Vico: existe consenso en que las penas de muerte supusieron una pequeña minoría de entre la totalidad de las sentencias dictadas por los tribunales militares.
A pesar de su importancia, El holocausto español ignora sin más este proceso de institucionalización. Así, Preston tilda de manera un tanto singular el terror extrajudicial de 1936 de «violencia institucionalizada». Luego se refiere a la posterior represión de 1937-1939 como «la larga guerra de aniquilación de Franco», al tiempo que describe el objetivo de la represión de la posguerra como un intento de «perfeccionar la maquinaria del terror de Estado». Sus capítulos sobre la represión rebelde/franquista son un compendio de atrocidades extraídas de fuentes impresas. Su modelo de explicación estático del exterminio no aborda –ni, mucho menos, explica– por qué el número de sentencias de muerte descendió abruptamente a partir de 1941 o por qué 134.136 prisioneros habían sido liberados a finales de 1943. ¿Cuándo y por qué llegó a su fin el «exterminio» franquista? El holocausto español no proporciona una respuesta.
Preston se muda de fiscal en abogado defensor cuando estudia la violencia política al otro lado de las líneas. Su empatía con la izquierda, en especial con los socialistas, se manifiesta con claridad en este libro. La sección sobre el período anterior a la guerra, por ejemplo, muestra hasta qué punto Preston ha interiorizado la actitud patrimonial de los socialistas hacia la República. Las elecciones de noviembre de 1933, en las que fueron derrotados los socialistas, fueron las más limpias durante la breve historia electoral de la Segunda República, pero Preston cree que «los socialistas tenían razones de más peso para rechazar la validez de las elecciones». Del mismo modo, la insurrección encabezada por los socialistas contra el nuevo gobierno legalmente constituido de Alejandro Lerroux aparece descrita como guiada por metas «limitadas y defensivas». Preston parece simpatizar incluso con Francisco Condés, el capitán socialista de la Guardia Civil que estuvo al frente del pelotón mixto policía/milicia que asesinó a José Calvo Sotelo en la noche del 12-13 de julio de 1936. Citando memorias socialistas, insiste en que «la intención de Condés era llevar al líder monárquico a la Dirección General de Seguridad». Además, a pesar de que los dirigentes socialistas protegieron a Condés y frustraron la posterior investigación judicial, Preston afirma que el asesinato de Calvo Sotelo «causó gran consternación entre los dirigentes republicanos y socialistas».
Un enfoque igualmente tendencioso caracteriza sus secciones sobre el terror republicano, que costó la vida a alrededor de cincuenta mil españoles. Las recientes investigaciones han hecho que la mayor parte de los historiadores rechacen las explicaciones ofrecidas en las memorias republicanas. En 1999, Julián Casanova advirtió que no se debería «descargar demasiado las culpas en los “incontrolados”, en esos que parecían moverse por su cuenta, a los que tantas veces se alude para explicar los actos más extremos de violencia». Francisco Espinosa Maestre, un historiador al que difícilmente puede acusarse de abrigar simpatías franquistas, admitió asimismo en 2010 que «la violencia roja fue la respuesta brutal de grupos más o menos organizados y conectados con el poder político en la que intervinieron elementos de diferentes ideologías de izquierdas».
Resulta, por tanto, desconcertante por qué Preston revive, sin embargo, la vieja versión del anarquista incontrolado. En un lenguaje que recuerda la historia oficial de la Guerra Civil de 1966 del Partido Comunista de España, atribuye la responsabilidad fundamental del terror izquierdista a la CNT-FAI, equiparando con frecuencia anarquismo y criminalidad. Por ejemplo, su estudio del terror en Barcelona, «una ciudad portuaria con un lumpen proletariado numeroso», queda reducida casi exclusivamente a los anarcosindicalistas, que contaban entre sus filas con «simples delincuentes [y] terroristas, incluso monstruos psicópatas». Sin embargo, la complicidad de otras organizaciones izquierdistas en el asesinato de 4.713 «fascistas» en la capital catalana es evidente. Es verdad que las Patrullas de Control (la brutal policía de seguridad del revolucionario Comité Central de Milicias Antifascistas que había suplantado de facto la autoridad de la Generalitat en el verano de 1936) estaban dirigidas por anarquistas, sobre todo Aurelio Fernández. Pero, como ha señalado Pelai Pagès i Blanch, menos de la mitad de sus setecientos miembros pertenecían a la CNT-FAI; el POUM, Esquerra Republicana de Catalunya y los comunistas estaban todos bien representados en la organización.
Cuando Preston centra su atención en Madrid, pinta un panorama de «cientos de criminales [liberados], entre los cuales había sádicos y psicópatas», haciendo estragos por las calles después de la derrota de la rebelión militar. Esto ayuda a explicar por qué «los anarquistas fueron los principales responsables de las matanzas de Madrid», que se tradujeron en más de ocho mil víctimas. Un problema con esta tesis es que la principal prisión de la ciudad, la Cárcel Modelo, no liberó a la inmensa mayoría de su población criminal hasta después de la masacre del 22-23 de agosto, un mes después del comienzo del terror. También es incapaz de explicar por qué algunos de los más brutales practicantes del terror en la capital eran comunistas que mantenían estrechos lazos con el aparato del partido. En términos más generales, resulta llamativo que Preston no consiga aportar pruebas que demuestren que los dirigentes estalinistas del PCE (y el PSUC) se opusieron al terror de 1936, y no digamos ya de que lo hicieron así por un compromiso con «los genuinos valores liberales».
Preston sí admite que uno de los asesinos más notorios en Madrid fue el prietista Agapito García Atadell. No tiene reparos en tildarlo de «criminal», pero niega que fuera nunca una figura socialista significativa. Esto puede refutarse fácilmente: antes de la guerra, Atadell era miembro tanto del Comité de la Agrupación Socialista Madrileña como de la Junta Administrativa de la Casa del Pueblo de Madrid. También había ejercido de presidente de la Asociación General del Arte de Imprimir, uno de los sindicatos más históricos dentro de la UGT y que tenía a Pablo Iglesias entre sus anteriores dirigentes. No es casual que la brigada asesina de Atadell estuviera integrada en su mayor parte por trabajadores diestros y bien pagados y no por elementos de la «clase marginal completamente embrutecida» que, tal y como insiste Preston, es la que producía a los asesinos de la izquierda.
Las actividades homicidas de Atadell no animan a Preston a reflexionar de manera crítica sobre la actitud de Indalecio Prieto o de estrechos colaboradores como Julián Zugazagoitia con respecto al terror. De hecho, Preston afirma de forma harto improbable que este último «no era consciente de las actividades nefandas» de Atadell cuando lo ensalzó sin reservas en las páginas de El Socialista. Sin embargo, la propia versión que ofrece Preston de la brigada de Atadell revela las ambigüedades de los prietistas hacia los asesinatos extrajudiciales de 1936; las denuncias de «incontrolados» podían coexistir con el apoyo y la protección para con los perpetradores. Es posible que Atadell cometiera crímenes, sostiene Preston, pero su brigada llevó a cabo «gran cantidad de actividades legítimas a diario», incluida «la disolución de círculos de espionaje [y] detenciones de falangistas, saboteadores y francotiradores». En otras palabras, Preston cree que la capital de España estaba infestada de peligrosos espías fascistas. Este es el motivo por el que describe a las víctimas de los tribunales revolucionarios de Madrid como solo «probablemente inocentes». Este tipo de comentarios resultan sorprendentes si se piensa en el trabajo llevado a cabo por historiadores como Javier Cervera, que ha demostrado que una «quinta columna» bien organizada no existió nunca en la capital durante el terror. Incluso cuando aparecieron en la ciudad grupos organizados de resistencia tras el fracaso de Franco en su intento de tomar la ciudad en el invierno de 1936-1937, se ocupaban fundamentalmente de la asistencia mutua, el espionaje y de minar la moral republicana, absteniéndose de cometer actividades terroristas como bombardeos y asesinatos.
El tratamiento que dispensa Preston a la figura de Atadell resulta ilustrativo de un problema metodológico más amplio con El holocausto español: una tendencia a aceptar de forma acrítica afirmaciones realizadas en las fuentes republicanas, sobre todo en las memorias. El empleo de material no fiable ha dado lugar a importantes errores. Por ejemplo, sostiene que la masacre en la Cárcel Modelo de Madrid del 22-23 de agosto, que produjo alrededor de treinta víctimas (entre ellas figuras políticas prominentes como Melquíades Álvarez y Manuel Rico Avello), fue desencadenada por los bombardeos rebeldes horas antes en Argüelles (el barrio en que se encontraba la prisión) y que causaron «cuantiosos daños». Sin embargo, como han mostrado Josep Maria Solé i Sabaté y Joan Villarroya en su historia de la guerra aérea entre 1936-1939 publicada en 2003, Madrid fue bombardeada por primera vez la noche del 27-28 de agosto; el ataque produjo una sola muerte y daños de poca importancia en el edificio del Ministerio de la Guerra situado en el centro de la ciudad.
La mención de un ataque aéreo imaginario por parte de Preston se hace para apoyar la tesis de que el terror izquierdista fue en gran medida una reacción ante los asesinatos y los bombardeos rebeldes. Así, las masacres de Paracuellos a finales de 1936 fueron «la respuesta de una ciudad aterrada». En general, su capítulo sobre las ejecuciones organizadas y prolongadas de más de dos mil doscientos prisioneros se concentra demasiado estrechamente en Santiago Carrillo, el consejero de Orden Público en la Junta de Defensa de Madrid del general Miaja. Al igual que otros historiadores, Preston llega a la conclusión de que Carrillo fue «uno de los principales participantes en la toma de la decisión y en la organización de las ejecuciones». Sin embargo, apenas se estudia cuál fue el papel del gobierno republicano en las masacres. Francisco Largo Caballero no «ordenó» la operación policial, pero podría haberle puesto fin rápidamente. Carrillo, al fin y al cabo, aunque no influido por preocupaciones humanitarias por los prisioneros, creía que la Junta de Defensa carecía de una autoridad independiente propia y no estaba por la labor de desafiar las decisiones tomadas por el gobierno en Valencia. Así, armado únicamente con un nombramiento procedimentalmente dudoso realizado por su amigo Mariano Sánchez-Roca, subsecretario del Ministerio de Justicia, como «Inspector general del Cuerpo de Prisiones», Melchor Rodríguez pudo detener las «sacas» masivas de prisioneros el 9 de noviembre, apenas dos días después de que dieran comienzo. Tristemente, por supuesto, se reanudaron poco más de una semana después, pero esto se debió a la intervención de Juan García Oliver, el ministro de Justicia, que revocó las credenciales de Rodríguez. Esto refleja la verdad de que los asesinos de Paracuellos disfrutaron de la protección de ministros importantes como García Oliver y Ángel Galarza, el ministro de la Gobernación. La controversia ininterrumpida sobre Santiago Carrillo no debería ocultar la complicidad del Gobierno republicano.
Para Preston, sin embargo, los ministros del Gobierno son siempre víctimas del terror en 1936. Los retrata invariablemente sobrepasados por la oleada de violencia «espontánea» que se apoderó de la República. Así, al tiempo que pasa por alto el proceso de la institucionalización de la represión en la España franquista, subraya la relevancia histórica de la restauración de la autoridad del Estado republicano y el final de los asesinatos extrajudiciales en masa a finales de 1936. A partir de entonces, la represión dirigida por el Estado no tenía otro objetivo que la neutralización del enemigo interno; esto significaba que la República, «al igual que otras sociedades democráticas cuya existencia se ve amenazada, adoptó prácticas contrarias a la democracia».
En otras palabras, mientras que Franco estaba llevando a cabo una «guerra de aniquilación» programada, la República «democrática» se veía obligada a tomar medidas desagradables para garantizar su supervivencia. Esta insistencia en que el terror del Estado franquista fue siempre «peor» que su homólogo republicano da como resultado algunos de los pasajes más perturbadores del libro. Tomemos como nuestro ejemplo el tema de los trabajos forzosos. El holocausto español se apresta a condenar «las condiciones esclavistas» de los batallones de trabajos forzosos franquistas, pero se muestra mucho más circunspecto sobre los campos de trabajo establecidos por el Servicio de Investigación Militar (SIM), la brutal policía secreta militar republicana. En su impresionante estudio de 2001, Francesc Badia detalló las bárbaras condiciones que existieron en los seis campos de trabajo controlados por la sección catalana de la SIM a partir de abril de 1938. En estos campos, que acogieron de siete a ocho mil prisioneros en detención administrativa, la disciplina era extrema y los castigos, ejemplares; a los prisioneros se les pegaba un tiro por decir que estaban demasiado enfermos o tenían demasiada hambre para trabajar. Peor aún, las autoridades de los campos utilizaban la táctica de ejecutar a los miembros restantes de una brigada de trabajo de un prisionero que hubiera logrado fugarse a fin de disuadir al resto de emprender nuevas fugas. Juan Negrín era consciente de lo que estaba sucediendo, ya que la ejecución de trece prisioneros (incluidos seis anarquistas) por dos fugas en el campo de Omells de Na Gaia (Lérida) el 8 de mayo de 1938 provocó protestas del ministro Segundo Blanco, de la CNT-FAI. Sin embargo, el primer ministro socialista se negó a promover una investigación y las condiciones dentro de los campos de la SIM fueron atroces hasta que la resistencia republicana en Cataluña se vino abajo en 1939.
Poco de esto aparece en El holocausto español. «Hubo casos de prisioneros abatidos a tiros al tratar de escapar», se muestra dispuesto a admitir Preston. «Sin embargo, en marcado contraste con la zona rebelde, había actividades culturales y clases de alfabetización, y los reclusos recuperaban la libertad cuando cumplían sus sentencias». Además, aunque Preston lamenta el «coste humano del trabajo forzoso», no reflexiona sobre el hecho cierto de que fueron los republicanos quienes fueron pioneros en el empleo de los trabajos forzosos durante la Guerra Civil: el primer campo de trabajo estable se inauguró en Totana (Murcia) en abril de 1937. No fue concebido como una medida temporal durante la guerra, ya que en el recurso a los trabajos forzosos por parte de la República subyacía la idea de que podía reformarse a los enemigos políticos por medio del trabajo duro. Así, los prisioneros recién llegados a Totana eran recibidos en la entrada con un cartel que decía: «Trabaja y no pierdas la esperanza». Difícilmente puede considerarse esto como una prueba de la restauración de un sistema de gobierno democrático.
El holocausto español constituye un buen ejemplo de lo que Fernando del Rey ha calificado como «historia militante». Ha atraído sin duda a aquellos que ya están convencidos de que la Guerra Civil española fue un enfrentamiento maniqueo entre las fuerzas del bien republicanas y las franquistas del mal. Ha sido bien acogida sin duda por aquellos que creen fervientemente que el régimen de Franco cometió genocidio: sus críticos pueden ser ahora denigrados como «negadores del holocausto». Preston ha afirmado recientemente que uno de los objetivos de su libro era promover la reconciliación entre los españoles. No queda nada claro cómo contribuye a este propósito una repetición de las trasnochadas versiones republicanas sobre el terror.
Traducción de Luis Gago
Este artículo ha sido escrito por Julius Ruiz especialmente para Revista de Libros
