Queridos lectores, suspendemos las publicaciones, como en años anteriores, hasta el 5 de Septiembre. ¡Feliz Verano!

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Nos estamos aproximando ya —el tiempo vuela— al quinto aniversario del referéndum ilegal sobre la secesión que vino a culminar aquel procés independentista lanzado por las élites nacionalistas catalanas en plena crisis financiera. A la vista está que la situación ha cambiado mucho: el frente soberanista vive momentos de desunión y todo indica que, si alguna vez hubiera otro asalto a la independencia, adoptaría una forma distinta. Podría deducirse de aquí que el Estado español, a través de las decisiones de sus sucesivos gobiernos, ha adoptado las medidas necesarias para contrarrestar la fuerza persuasiva del independentismo; tanto dentro de Cataluña como fuera de España. Sin embargo, eso está lejos de haber sucedido y las razones no son un secreto: el actual gobierno socialista existe gracias al apoyo inicial —moción de censura— de las fuerzas independentistas, de manera que cualquier convicción que sus miembros pudieran albergar sobre la conveniencia de combatir a estas últimas quedaron pronto guardadas en un cajón. Eso no quiere decir que los demás partidos de gobierno tengan un plan infalible que espera a ser aplicado: nadie sabe muy bien lo que se puede hacer con una comunidad autónoma cuyos votantes se empeñan en premiar a quienes les mintieron, ni puede tampoco hacerse gran cosa cuando una parte de la izquierda española ve con buenos ojos la pretensión secesionista o se apresura a dar la razón a sus portavoces. Blindada la hegemonía política del nacionalismo catalán, que se permite incluso desafiar abiertamente las sentencias relativas a la enseñanza en castellano en los colegios de la comunidad, la única pregunta que flota en el aire es la de si está gestándose una nueva crecida secesionista —que se haría visible con el regreso del centroderecha a la Moncloa— o si bien el fracaso del procés generará una cohorte de desengañados lo bastante nutrida como para desactivar al soberanismo durante un par de décadas.

Sea como fuere, caben pocas dudas de que los grandes planes que se diseñaron durante los meses anteriores y posteriores al golpe —adjetiven como quieran— con objeto de reforzar la presencia del Estado en Cataluña y mermar la influencia del «relato» independentista en el exterior han quedado en agua de borrajas. Sencillamente, no toca; y no toca porque no conviene. Se ha podido comprobar con motivo del llamado Catalangate, que fue presentado como un tremendo escándalo de espionaje ilegal perpetrado contra un sinfín de líderes soberanistas y ha resultado ser más bien una fabricación interesada del soberanismo en la que ha colaborado una institución tan prestigiosa como la Universidad de Toronto. Pero no ha sido el gobierno, aun teniendo a su disposición a centenares de asesores y colaboradores oficiales y oficiosos, quien ha sacado a la luz este escándalo dentro del escándalo. Tampoco el periodismo, siempre presto a denunciar la posverdad como abstracción intelectual, ha estado a la altura: no ha querido o no ha sabido. Casi podría decirse que todos habríamos aceptado la hipótesis nacionalista —¡nos espían por nuestras ideas!— si José Javier Olivas, politólogo de la UNED, no hubiese puesto todo su empeño en averiguar lo que se escondía tras los titulares; la exhaustividad de su indagación puede comprobarse en su cuenta de Twitter.

Otro profesor comprometido con la defensa del constitucionalismo ante la amenaza secesionista, el historiador Carlos Conde, publicó este verano en el diario El Mundo una tribuna de opinión que levantó bastante polvareda. Miembro del Foro de Profesores, plataforma que reúne a profesores constitucionalistas concernidos por la amenaza secesionista, Conde denuncia en su tribuna la existencia de una «telaraña académica» dedicada a promover el relato independentista en el ámbito internacional. Su medio principal serían los papers y los números monográficos de revista, a veces promovidos por firmantes que tienen o han tenido con conexiones políticas o económicas con el gobierno catalán y sin embargo no declaran el correspondiente conflicto de interés. Sus ejemplos son elocuentes y conducen al autor —profesor en la británica Universidad de Northumbria— a una inquietante conclusión: se está construyendo fuera de los focos «un canon académico artificial y autorreferencial para justificar el secesionismo, desprestigiar la democracia española y construir un relato en el entorno universitario anglosajón que se alinee con los postulados procesistas». El propósito último de esta operación colectiva no sería otro que preparar el terreno para el futuro reconocimiento internacional de la secesión, visto que la brevísima república de 2017 apenas suscitó la adhesión de algunos excéntricos.

Frecuentador yo mismo de congresos internacionales, sin embargo, pude comprobar durante los años más intensos del procés que no hace falta que el independentismo se esfuerce demasiado en recabar el favor de la mayor parte de los académicos extranjeros: suelen adherirse de manera espontánea a una visión orientalista de España, en la que un Estado represor de corte neofranquista disfruta ignorando las legítimas demandas de los pueblos originarios que habitan su interior. Que no se celebre un referéndum legal à la québécois les parece inconcebible, por ejemplo, aunque no sabemos si seguirían pensando lo mismo en el caso de que los protagonistas de la historia fueran bávaros o corsos. Naturalmente, nuestros colegas extranjeros no suelen saber nada acerca de los rasgos etnocéntricos que adopta la hegemonía política nacionalista y lo desconocen todo acerca de asuntos como la política lingüística o la corrupción del «oasis catalán». Sobre esta atrevida ignorancia lo dice todo el hecho de que la solución que proponen habitualmente los interlocutores menos radicales sea la de «otorgar algún grado de autonomía a Cataluña». Uno comprende en ese momento que ha estado perdiendo el tiempo: acabar con esos prejuicios —lo son en sentido estricto— seguramente sea imposible. Pero Conde tiene razón: quien acuda al corpus académico sobre el procés y se encuentre con trabajos a los que une el hilo secreto de la complicidad ideológica no podrá llegar a conclusiones diferentes a las defendidas por el soberanismo tout court.

Como no podía ser menos, la publicación de esta tribuna provocó un aluvión de reacciones encendidas por parte de los aludidos y sus colegas. Por lo general, en eso que Daniel Gascón ha llamado «épicos hilos de Twitter» se manifestaba una total confianza en la probidad intelectual y el rigor científico de los implicados; también se aseguraba que el sistema de evaluación por pares de las revistas internacionales no puede ser objeto de amaño y se garantizaba la completa integridad de sus consejos editoriales. Si todo eso es como dicen que es o de otra manera, no podemos saberlo; en ambos casos vendría a decirse lo mismo. No cabe duda de que la existencia de conflictos de interés no declarados habla por sí sola y arroja una sombra de sospecha sobre muchas de estas publicaciones. Ahora bien: cuando hay cargos o prebendas de por medio, el conflicto es más prosaico y por lo tanto menos interesante; las convicciones se amoldan fácilmente a los bolsillos y no digamos la vanidad. De ahí que el problema del que quisiera ocuparme aquí sea otro: consiste en discernir si es posible hacer ciencia social —en particular, ciencia política— cuando se tienen y exhiben convicciones ideológicas fuertes.

Tras la publicación de la tribuna, la politóloga española Eva Anduiza resumió bien la tensión existente entre investigación e ideología por medio de una serie de tuits. En ellos empezaba por lamentar «la idea relativamente extendida que considera incompatible llevar a cabo investigación excelente en ciencias sociales con tener posicionamientos ideológicos fuertes», para continuar diciendo que si bien la ideología no es condición necesaria ni suficiente para hacer buena investigación, no es menos cierto que de acuerdo con su propia experiencia «los mejores investigadores son también personas con profundas convicciones». Tales convicciones, seguía Anduiza, «no tienen por qué poner en riesgo el compromiso principal de un investigador con el conocimiento de la realidad». Y cerraba misteriosamente: «Porque para poder cambiarla [la realidad], lo principal es conocerla, y no engañarse a uno mismo». Nótese que Anduiza no dice que la ciencia esté contaminada inevitablemente de ideología, hecho al que tendríamos que resignarnos, sino que se puede hacer ciencia a pesar de tener ideología.

Como no podía ser menos al tratarse de un formato tan conciso, los tuits dejan algunos interrogantes: no sabemos si el propósito de la investigación en las ciencias sociales consiste en «cambiar la realidad» o solo en conocerla; no se descarta que la ideología pueda poner en riesgo el rigor científico del investigador («no tiene por qué» implica que puede hacerlo); y no se aclara si es indiferente cuáles sean concretamente las «profundas convicciones» que el investigador atesora en cada caso. Estos matices pueden ser decisivos: una cosa es que el académico independentista estudie el procés y otra que se dedique a evaluar los procesos de erosión en la Costa Brava. Por mucho esfuerzo que ponga esta figura imaginaria, las «profundas convicciones» del investigador constituirán un obstáculo epistémico más fuerte para la búsqueda de la objetividad en el primer caso que en el segundo. Por lo demás, no se trata de una tensión exclusiva del caso catalán; las habas cuecen en todas partes, aunque no siempre sean del mismo tipo. Por ejemplo: si sabemos que Andreas Malm es profesor asociado de la Universidad de Lund y también un activista medioambiental que ha llamado al boicot global contra la industria petrolera, estaremos en condiciones de anticipar que sus libros sobre la historia del «capitalismo fósil» llegarán exactamente a las conclusiones que él mismo había previsto alcanzar cuando empezó a escribirlos… Y lo mismo vale, en principio, para todos: conservadores, marxistas, liberales, feministas. ¿O no?

Es preferible no responder apresuradamente a esta pregunta. Aunque haya casos particulares en los que exista un obsceno conflicto de interés entre las convicciones —remuneradas o no— y las investigaciones, hay otros en los que el asunto no está tan claro; la relación entre adhesión ideológica y compromiso investigador no se deja aclarar con facilidad. Para explorarla, es necesario referirse al propósito y la trayectoria de las ciencias sociales, cuya denominación es en sí misma una promesa de neutralidad valorativa: ¿a cuento de qué, si no, llamarse ciencias? Claro que ciencias sociales hay muchas; yo me limitaré aquí a hablar de la Ciencia Política, no solo por contarme entre sus practicantes, sino también por ser aquella que más protagonismo público ha recabado —para bien o para mal— a lo largo del procés. Y más allá: no se olvide que en España hemos llegado a tener un partido dirigido por politólogos que ahora, ya sin los politólogos, está en el gobierno.

Pisamos un terreno incierto en el que se hace difícil encontrar suelo firme: ni lo científico ni lo político de la Ciencia Política admiten una formulación unívoca. Hay quien cree que podemos hacer ciencia siguiendo el modelo de las ciencias naturales; otros replican que incluso quien cree hacer ciencia estará haciendo ideología y, por tanto, también política. Ni que decir tiene que los estudiosos de la política no siempre han creído estar haciendo ciencia, aun cuando tratasen —Aristóteles, Maquiavelo— de ser sistemáticos. Pero es que cuando llegó la «ciencia», positivismo mediante, no vino acompañada del consenso dentro de la disciplina; aunque sus practicantes ganaron conciencia metodológica, no por eso quedó más claro a qué se dedica exactamente la Ciencia Política. Otra cosa es que lo sepamos aproximadamente, lo cual, conviene admitir, no es demasiado científico. Pero quizá no pueda ser de otra manera, si se tiene en cuenta la diversidad de objetos sobre los que recae la atención de los politólogos y el carácter escurridizo que posee la política misma como realidad susceptible de ser estudiada y conocida. ¿Acaso se parecen en algo el debate normativo sobre la república ideal y el análisis empírico de los sistemas electorales existentes? Y ciñéndonos al procés, ¿es lo mismo estudiar la teoría política de la secesión que tratar de determinar cuál es la adscripción ideológica de los partidarios de la misma?

Quiere con esto decirse que las cuestiones ontológicas (¿qué podemos conocer?) y las cuestiones epistemológicas (¿cómo podemos conocerlo?) no pueden separarse con facilidad. Por ejemplo: si se afirma que toda proposición debe ser demostrada empíricamente, no podrán resolverse cuestiones normativas tales como las referidas al grado de libertad o igualdad que serían deseables en una comunidad política. Y contrariamente: si se asegura que no es posible conocer la realidad, pues la aprehensión de la misma depende del lenguaje que cada grupo social emplea con ese fin, mejor será que nos perdamos el tiempo indagando en las variables socioeconómicas que explican el activismo político. Desde este punto de vista, la Ciencia Política es una ciencia anómala, porque no existe un acuerdo acerca de lo que con ella puede conocerse, ni acerca del método que debe aplicarse para alcanzar tal conocimiento. Se ha sostenido, incluso, que la única preocupación que ha unificado a la disciplina durante su primer siglo de existencia es la pregunta sobre si es o no una disciplina. Todo esto quiere decir que no existe una definición única de lo político, objeto verdaderamente escurridizo cuya radical singularidad explica la imposibilidad de dar forma cerrada a una única ciencia que se ocupe del mismo. Para colmo, esta dificultad no ha hecho sino agudizarse durante las últimas décadas, a medida que la definición de lo político ha ido ampliándose más allá del ámbito institucional, ¡hasta abarcar incluso el lenguaje mismo con el que su definición se formula! Si la política puede estar tanto en el parlamento como en la música pop, ¿cómo vamos a estudiarla echando mano de un único método?

Tirando de este hilo,  habrá quienes nieguen que pueda realizarse un estudio de la política que no sea valorativo: dado que los fenómenos sociales son ya una encarnación de valores o ideologías particulares, no podríamos abstenernos de hacer juicios sobre los mismos. El empirista, en otras palabras, sería un cómplice; el científico, un farsante. Separar el ser del deber ser constituye, desde este punto de vista, un pecado de lesa ideología en el sentido primigenio del término: damos por «natural» una realidad social contingente y transformable. Esta posición se antoja excesiva: ¿de verdad no puede siquiera llevarse a cabo la descripción de algún aspecto del proceso político que se limite a los aspectos factuales más significativos del mismo? Pensemos en un estudio sobre las élites políticas españolas o en el intento por caracterizar al votante de la CUP en Tarragona. Otra cosa es que todos los aspectos de la política puedan analizarse así, o que sea conveniente hacerlo. No es el caso y de ahí que la teoría normativa que se ocupa del deber ser forme parte de la Ciencia Política. Más aún: las descripciones empíricas requieren de un aparato conceptual que las haga inteligibles, ya que quien quiere medir el populismo —un suponer— necesita definirlo antes. Pero cuidado: reconocer el papel indispensable de la teoría no es lo mismo que aplaudir el influjo de la ideología en sus practicantes o dar carta blanca al activismo que viste con los ropajes del paper.

Así que la pregunta sigue en pie: ¿es posible un conocimiento científico de la política? Y sobre todo: ¿cabe alcanzarlo cuando se tienen profundas convicciones ideológicas? ¿Acaso no podría servir la ciencia para enmascarar la ideología del investigador? Trataremos de encontrar una respuesta —una que nos sirva para iluminar la controversia secesionista— en la próxima entrega de este blog.

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