RESEÑAS

La maldición del petróleo

Raúl Gallegos
¿Cuándo se jodió Venezuela? Sobre cómo el país con las reservas patroleras más ricas del mundo acabó sumido en la ruina, otra vez
Barcelona, Deusto, 2016
323 pp. 17,95 €

Es muy posible que, en 1969, los primeros lectores de Conversación en La Catedral se vieran sorprendidos por la pregunta que atormentaba a Zavalita, y no sólo por su abrupta expresión, sino porque implicaba un juicio muy negativo sobre la situación moral de Perú. Ahora, en cambio, los lectores aceptan con naturalidad las expresiones más fuertes, y es difícil imaginar a un lector que ignore que la situación social, económica y política de Venezuela es un completo desastre. Así, podría considerarse un error del autor haber elegido este título al traducir su propia obra, Crude Nation.

Si hubiera de buscarse una fecha para responder a la pregunta que plantea el título del libro, podría ser 2002. Ese año, tras un golpe de Estado que tuvo a Chávez contra las cuerdas durante cuarenta y ocho horas, frente a la ocupación de la plaza Altamira y después la huelga de Petróleos de Venezuela, se hizo evidente para Chávez que buena parte de su capital político se había evaporado, y esto le llevó a la puesta en marcha de una espiral de gasto social −incluyendo las misiones− y de uso masivo de los recursos petroleros para construirse alianzas internacionales. El entorno del momento le resultaba más que favorable. Los años 2003-2013 fueron un período de fuerte crecimiento de los precios del petróleo y de las commodities en general. El fin del espejismo de una prosperidad sin fin vino a coincidir con la muerte de Chávez.

Sin embargo, la clave del libro de Gallegos no es buscar la raíz del actual desastre, sino presentarlo en toda su amplitud e irracionalidad, ilustrando al lector sobre las llamativas anomalías de la vida venezolana. Como es bien sabido, muchas de ellas, incluyendo el desabastecimiento de productos de primera necesidad −incluyendo el papel higiénico−, son consecuencia de los intentos del Gobierno de controlar el tráfico de divisas. No es un problema nuevo del chavismo: en su segundo gobierno, en 1988, Carlos Andrés Pérez chocó con la herencia de corrupción e ineficiencia del Régimen de Cambio Diferencial (RECADI) creado con la misma intención. El problema es que la gran afluencia de divisas traída por las rentas petroleras favorece la inflación, hunde la competitividad internacional de los productos nacionales, incentiva las importaciones y ofrece una vía obvia para proteger el ahorro mediante la huida de capitales frente a la devaluación del bolívar. Así, la tentación para cualquier gobierno es controlar el cambio de divisas. Y tras la desaparición del RECADI vino en los años noventa la Oficina Técnica de Administración Cambiaria (OTAC) y, ya con Chávez, se creó la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI).

Estos son problemas económicos usuales y admiten soluciones pragmáticas. En el caso venezolano, sin embargo, la ideología del «socialismo del siglo XXI» ha conducido a una sucesión de medidas arbitristas, que han acentuado y multiplicado los problemas en vez de resolverlos, a consecuencia de una visión del empresariado y las clases medias como grupos sociales hostiles y en «guerra económica» con el Gobierno bolivariano. Ahora bien, más allá de las preferencias ideológicas, habría que plantearse la cuestión de las estructuras de incentivos que condicionan la actuación de los agentes, y el chavismo ha creado una serie de incentivos profundamente disfuncionales, que no favorecen el ahorro sino el consumo inmediato, en un contexto en el que la inflación erosiona rápidamente los ingresos en bolívares y la posesión de divisas permite no sólo mantener un alto nivel vida, sino también ahorrar.

Gallegos nos cuenta el caso de un colega periodista inglés, Girish Gupta, que había optado por vivir en Caracas en un hotel de lujo −el Marriott Renaissance− por conveniencia económica, ya que eso no sólo le garantizaba el jabón, el papel higiénico, la electricidad, el agua y el teléfono, sino que le costaba unos mil dólares mensuales, mientras que el alquiler de un apartamento de una sola habitación podía costarle entre mil y mil quinientos dólares, con la presión adicional de tener que cambiar o renegociar anualmente el alquiler. Por más racional que pudiera ser la opción de Gupta, se diría que el mercado de la vivienda refleja un mundo trastocado por el problema de la inflación y el control de las divisas.

Resumiendo mucho, lo que se desprende del libro de Gallegos es que la maldición que pesa sobre Venezuela es la existencia de unas enormes reservas de petróleo, a partir de las cuales los venezolanos han desarrollado la singular creencia de que el Gobierno dispone de los medios necesarios para resolver sus problemas, sin que el trabajo o el mercado tengan papel alguno. Y los gobernantes, recíprocamente, han llegado a coincidir en que, contando con el maná petrolero, es posible satisfacer las demandas sociales sin preocuparse mucho del diseño de las instituciones o de la responsabilidad fiscal. Una imagen que funciona como metáfora del problema es que los venezolanos consideren un derecho propio consumir la gasolina más barata del mundo, sin mayor consideración de los costes de extracción y refinado.

Pero al autor no cree en la maldición del petróleo. En un marco institucional adecuado pueden evitarse las sucesivas crisis bancarias y los colapsos de las finanzas que marcan la historia venezolana. Pero eso significa limitar el gasto del Gobierno y financiar con parte de las rentas petroleras un fondo de estabilización e inversión que permita a la economía sobrevivir en las coyunturas adversas. El problema es que en un régimen democrático una línea de contención del gasto e inversión para el futuro exige una opinión pública y una cultura política acordes, y conseguir eso no es tan fácil cuando se parte de una estructura social muy desigual y de repetidas experiencias de consumo acelerado impulsado por las bonanzas petroleras y por la erosión inflacionaria de cualquier ahorro en la moneda nacional.

Gallegos no sólo no cree en la maldición del petróleo, sino que presenta positivamente a quienes, como Arturo Uslar Pietri, previeron los riesgos de que Venezuela derivara en un país rentista, en «parásito petrolero», o a quienes, como Juan Pablo Pérez Alfonzo, lucharon políticamente para lograr una mayor participación del Estado en las ganancias del petróleo −el reparto fifty-fifty− frente a las compañías extractoras. Pérez Alfonzo fue el estratega de la creación de la OPEP, y mal podría culpárselo de que la sociedad venezolana no haya desarrollado una exigencia de uso racional de los recursos petroleros, o de que sucesivos gobiernos no hayan sido capaces de autolimitarse en su gasto.

Pero lo más paradójico es que unas políticas de gasto social y de providencialismo llevado al extremo han conducido a resultados sociales completamente indeseables. La inflación se ha llevado por delante las mejoras de ingresos de las clases populares, la destrucción de empleo en las empresas privadas, a causa de los torpes intentos del Gobierno de ponerlas al servicio de sus propios proyectos, se ha intentado compensar con la introducción de empleos públicos o semipúblicos −con la transformación en cooperativas sociales de las empresas privadas quebradas o intervenidas− que lastran insoportablemente las finanzas del Gobierno en la actual fase de vacas flacas, y la distribución discrecional de apoyos a los sectores ideológicamente afines ha acentuado las peores tendencias clientelares de la sociedad venezolana.

La oposición lleva años denunciando la aparición de una «boliburguesía» surgida gracias a las ventajas selectivas de que gozan quienes tienen acceso, desde el aparato de Estado, a las divisas necesarias para enriquecerse importando lo que ya no puede producirse en Venezuela, incluyendo bienes de lujo para marcar su nuevo estatus social. Pero, quizá, junto al ascenso de esa nueva clase privilegiada, lo más notable sea la aparición de otra clase social sin precedentes: los bachaqueros. Dedicar tiempo a adquirir los bienes escasos a precios regulados que garantiza el Gobierno para contrabandearlos a Colombia o revenderlos en el mercado negro se ha convertido en una lucrativa actividad masiva. No es la guerra económica que denuncia el Gobierno, sino la consecuencia de unas políticas irracionales.

Leer el libro de Gallegos permite comprender mejor el día a día de los venezolanos y las dimensiones del desastre en que estos se hallan envueltos. Pero, desgraciadamente, no ofrece pistas para saber cómo podría desenredarse el fatal nudo político en que está hoy atrapado el país. Al menos nos permite saber cómo se ha llegado hasta aquí, en una rara combinación de megalomanía y riqueza petrolera, sin un marco institucional capaz de inducir modestia en los gobernantes y racionalidad en los gobernados.

Ludolfo Paramio es profesor de investigación en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CSIC). Sus últimos libros son La socialdemocracia (Madrid, Los Libros de La Catarata, 2009) y La socialdemocracia maniatada. De los orígenes y la edad de oro a la trampa de la crisis de la Eurozona (Madrid, Los Libros de La Catarata, 2012). Es también editor de Clases medias y gobernabilidad en América Latina (Madrid, Pablo Iglesias, 2011), Clases medias y procesos electorales en América Latina (2009-2010) (Madrid, Los Libros de La Catarata, 2012) y Desafección política y gobernabilidad. El reto político (Alcalá de Henares, Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos, 2015).

06/03/2017

 
COMENTARIOS

susana 09/03/17 00:44
¿CUANDO?
El conocimiento del gran depósito de hierro del “Cerro Bolivar” del que se tiene memoria creo que desde la dictadura de Juan Vicente Gómez nunca ha sido industrializado haciendo la acerería para el forjado de tubos necesarios para el petróleo.
La gran sabana tan bien descrita en “Canaima” nunca se ha roturado para la gran agricultura que podría competir con el medio oeste americano.
Que es una pena de país ya lo sabíamos antes de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez
Supongo a que a la mayoría de venezolanos les duele mucho su tierra y en la revolución bolivariana del siglo XXI ven la posibilidad de cambiar una vez que los detentadores de los privilegios se vayan.

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