Archivo Revista de Libros

¿Qué pasó en Johnstown?

Johnstown, Ohio, es una pequeña ciudad del Rust Belt (Cinturón de la Chatarra), una región de Estados Unidos que se extiende cerca de los Grandes Lagos y que en la inmediata posguerra mundial (1945-1970) fue el motor de la gran industria americana. El rust que define al área se refiere al proceso de decadencia industrial experimentado por la zona y refractado en declive económico, pérdida de población y decadencia urbana. Hace unos años, justamente al tiempo en que Trump dio la gran sorpresa electoral de 2016, Justin Gest, un demógrafo, tomó a Johnstown como paradigma de ese proceso y de sus consecuencias sobre los trabajadores blancos (The New Minority: White Working Class Politics in an Age of Immigration and Inequality. Oxford UP: Nueva York 2016).

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Lucidez final

«Si mañana estoy viva diré que he llegado a los 90 y pensando en trabajar», escribe Rosa Chacel en su

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Las pensiones en España: solidaridad y demagogia

Hace no muchos días escuché un programa de radio a la hora del Ángelus en el cual su director, con voz grave y tono magistral, presentaba los dos temas principales que iban a debatirse: la dramática situación de los jóvenes ?acosados por los costes de las hipotecas y obligados a seguir viviendo en casa de los padres, ¡o de los abuelos!? y las indignas pensiones recibidas por la mayoría de nuestros jubilados. Pero lo que llamó mi atención es el silencio respecto a la posible relación entre ambos. O, dicho de otra manera, la posibilidad de que no puedan elevarse las pensiones sin agravar aún más la situación de las generaciones más jóvenes, que ya obtienen una remuneración muy escasa en trabajos generalmente temporales o están en paro y, por añadidura, corren el riesgo de no percibir pensión alguna cuando lleguen a los sesenta y cinco años sin lograr un empleo estable. Y de todo ello se hablaba cuando no habían transcurrido muchos días desde la turbulenta manifestación de los jubilados ante el Congreso de los Diputados y se anunciaba ya otra ante el Ministerio de Hacienda. 

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De la cuna al Imserso

Recientemente, la prensa y la televisión –pública y privada– han recordado a la opinión pública que el sistema público de pensiones se encuentra en situación crítica y que la llamada «hucha de las pensiones» va a agotarse, situación esta que un ensayo publicado en Revista de Libros había explicado con todo detalle a comienzos del pasado mes de diciembre. Más discreta ha sido la atención reservada a unas proyecciones del Instituto Nacional de Estadística a propósito de los cambios en la estructura de la población española dentro de cincuenta años. ¡Una pena, habida cuenta de la íntima relación existente entre ambos problemas! Pero vamos primero con la cuestión de las pensiones públicas.

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La Edad de Bronce del welfare

Durante la segunda mitad del siglo XX, y con altos grados de legitimidad, el Estado del bienestar hizo posible la aspiración ciudadana por la mejora de las condiciones de vida en la Europa occidental. En retrospectiva, cabe colegir que a los Trente Glorieuses, o período de la Edad de Oro del capitalismo del bienestar europeo (1945-1975), le sucedió una Edad de Plata (1976-2007) que mantuvo una encomiable capacidad de resistencia ante los persistentes ajustes para contener los gastos sociales y en evitación de retrocesos de las políticas del bienestar. 

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2019: ¿la quiebra del sistema público de pensiones?

La sostenibilidad de los sistemas de pensiones es, cada vez más, un tema de vital importancia y de amplia discusión en las sociedades desarrolladas. Ello se debe a que las pensiones de jubilación constituyen la fuente de renta más importante de los jubilados, en parte porque en muchos casos la recepción de una pensión de jubilación es incompatible con la actividad laboral, en parte porque estas transferencias podrían llegar a desincentivar el ahorro individual para la jubilación. Además, las pensiones de jubilación suponen la mayor partida del gasto público en protección social, cuya financiación recae fundamentalmente sobre el factor trabajo, especialmente sobre las cotizaciones sociales de empresas y trabajadores, si bien hay una parte (12,22% en 2014) que se sufraga con los impuestos generales (cotizaciones de desempleados).

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