Buena parte de la literatura económica y geopolítica que aparece en todos los medios de comunicación coincide en que estamos ante la hora de China. Los más porfiados son los chinos especialmente ahora que el país conmemora el centenario del Partido Comunista Chino, cuya fecha exacta de fundación es el próximo 23 de julio, aunque sus dirigentes hayan adelantado sus fastos al día 1.
Desde el inicio del procés secesionista catalán se han publicado decenas de libros que constituyen un auténtico género literario. En el interior de esta tupida selva editorial convendrá establecer ciertos criterios de orden, tanto por lo que respecta al subgénero literario en que se inscriben como en lo relativo a la posición de sus autores, favorables o contrarios a la independencia de Cataluña. Todo ello sin la más mínima intención de exhaustividad, dado el carácter oceánico de este nuevo género literario.
Las crónicas periodísticas
En este apartado se inscriben una serie de obras, firmadas por periodistas, cuyo objetivo es realizar una exposición de los principales acontecimientos que han jalonado el proceso soberanista, sobre cuya fecha de inicio existen diferentes criterios. Algunos sitúan el arranque del procés en las oleadas de consultas soberanistas que empezaron en septiembre de 2007 en Arenys de Munt (Barcelona) y que durante año y medio se celebraron por oleadas en los municipios de Cataluña.
Para comprobar que las palabras importan, basta con atender a uno de los aspectos que más han centrado la atención de la opinión pública española desde que hace dos años se publicase la sentencia que condenó por abuso sexual a los miembros de La Manada cuya condena acaba de ser elevada por el Tribunal Supremo. Ha entendido éste que puede darse por probada la intimidación que sus colegas de la instancia inferior no llegaron a contemplar, al subsumir los hechos probados dentro del abuso por prevalimiento. Se trata de tecnicismos, claro: los que se espera que contenga el Código Penal de una sociedad avanzada que refina en la mayor medida posible la distinción –y el castigo– entre conductas. Pero lo interesante del caso es que ya desde las primeras manifestaciones públicas la protesta fue unánime: «¡No es abuso, es violación!» A pesar de que, como se esforzaron por explicar incontables penalistas, tanto el abuso como la agresión son variantes de la violación. De ahí que una de las exigencias que se plantean a los expertos que debaten la reforma del Código Penal «con perspectiva de género» es que se reintroduzca en éste, con todas las letras, el delito de violación, que había desaparecido del mismo con su última reforma progresista.
Nadie diría, paseando por El Corte Inglés una tarde cualquiera, que vivimos en sociedades heterogéneas, fragmentadas y polarizadas hasta lo indecible. Pero así es, a juzgar por la actual composición de los parlamentos, los títulos de los ensayos a la venta y los discursos de nuestros líderes. La diversidad habría alcanzado así un punto de no retorno que compromete la viabilidad del sistema democrático: el cuerpo político se ha desmembrado y no parece poder reensamblarse fácilmente. ¡Somos demasiado distintos!
Pero, ¿tiene la premisa de la atomización suficiente verosimilitud sociológica? En una de las entrevistas que ha concedido desde que publicó su andanada contra las políticas de la identidad en Norteamérica, el historiador de las ideas Mark Lilla ha puesto de manifiesto la paradoja de la diversidad: «Lo que me asombra es que la política de las identidades sea ahora tan potente, justo cuando la gente joven de todos sitios es tan parecida».
Mucho se ha hablado a estas alturas de lo que podríamos denominar la mise-en-scène del juicio sobre el procés que se celebra en Madrid: las reprimendas del juez Marchena, la estolidez de la acusación popular, la marrullería de algunas de las defensas. Pero si hay un aspecto que a mí me fascina de esa inonografía procesal es –o era– la pegatina que el abogado Andreu Van den Eynde mantenía adosada durante las sesiones iniciales al envés de la pantalla de su ordenador portátil, de manera que resultara perfectamente visible para los demás en el curso de sus intervenciones. Allí, de manera en apariencia incongruente con el objeto del proceso, se reproducía el lema de un movimiento cívico norteamericano: Black Lives Matter. Esto es: «Las vidas de los negros importan». Se trata de un movimiento que, surgido en el seno de la comunidad afroamericana, denuncia el racismo sistemático de la policía estadounidense y que se hizo notorio entre 2013 y 2014 a raíz de algunos casos de brutalidad policial. Yo mismo pude ver esta pasada Semana Santa una ruidosa acción de algunos de sus activistas en el aparcamiento del Dome Entertainment Center de Los Ángeles, a un paso de los espléndidos ArcLight Cinemas. Sus ramificaciones internacionales han llegado, sin demasiada fuerza, a otros países anglosajones: Canadá, Australia o Reino Unido. En España, hasta donde yo sé, su repercusión ha sido escasa. Pero ahí estaba Van den Eynde.
Europa está padeciendo hoy el temporal de los populismos, de movimientos cuyos dirigentes son personas que, penosamente, están quitándose las legañas de la ignorancia, pero que creen haber descubierto los arcana imperii. Gozan, aunque no sean creyentes, de la gracia de Dios tal como la explican los afortunados que la viven: como un resplandor repentino que, al abatir las tinieblas, permite la entrada a chorros de la ideología creadora y liberadora. Liberadora de los saberes heredados, de la tradición, de todo aquello que nos ha legado el pasado como piedras preciosas nacidas de la sedimentación del tiempo, estuche de enigmas.
En la intensa polémica intelectual que sobre el Derecho y la política se produjo en Europa en el período de entreguerras intervinieron destacadas personalidades de la cultura jurídica alemana (entre los que no pueden dejar de citarse, por ejemplo, a Richard Thoma y Hermann Heller), pero las dos principales fueron, sin duda, Hans Kelsen y Carl Schmitt, cuyas enfrentadas posiciones marcarían decisivamente el rumbo de la Teoría del Derecho y del Estado tanto entonces ?años veinte y treinta del siglo XX? como posteriormente hasta hoy. En el fondo, aquella polémica versaba, en términos generales, sobre la cuestión esencial de si el Derecho (la Constitución) podía cumplir una función reguladora de la política, más precisamente del Estado y, en términos específicos, sobre la relación entre Constitución y democracia.
Odiar tal vez es más natural que amar. Quizá me equivoco e incurro en una visión sombría del ser humano, pero la lista de criminales de guerra excede ampliamente a la de hombres que han luchado y trabajado por la paz, sacrificando sus intereses personales. La historia se ha mostrado mucho más pródiga a la hora de alumbrar malvados que héroes o, por utilizar la expresión de Tzvetan Todorov, «insumisos», seres humanos con el coraje de rebelarse contra las injusticias, pero sin caer en el odio y en la deshumanización del adversario. Las buenas causas se transforman en perversiones cuando se invocan las heridas sufridas para justificar la violencia. Según Todorov, moral y política no pueden separarse sin precipitar un aluvión de calamidades. Nadie razonable puede sostener que la guerra contra Hitler y sus aliados constituyó un acto de barbarie, pero nadie honesto puede negar que se cometieran actos de barbarie para derrotar al totalitarismo.
La obra del Dr. Johnson últimamente llega de manera un tanto desorganizada, pero en ediciones excelentes (no nos referimos a ediciones más antiguas, que cumplieron su cometido, aunque ofreciendo una versión parcial e incompleta del autor). A punto estuvo Johnson de convertirse en una máquina de responder ingeniosidades, por obra de James Boswell, principalmente, como Quevedo lo fue de hacer chistes apócrifos. En realidad, Johnson es algo más que un personaje peculiar y erudito que escribía obras que no eran especialmente divertidas, que recorría las tabernas de Londres en compañía de un escocés bastante metomentodo y que oficiaba simultáneamente de admirador y de biógrafo.
Hoy quiero contar, pinceladas de brocha gorda, cómo hemos llegado hasta aquí, quiero decir, cómo es que un día, hace poco, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América dictó una sentencia en virtud de la cual se reconocía el derecho a contraer matrimonio a las parejas del mismo sexo; matrimonio, por cierto, que, en adelante, muchas veces voy a llamar, por distintas razones, entre ellas la económica –el no (ab)uso de excesivas palabras–, «matrimonio igualitario», aunque sea consciente de que la expresión no sea nada precisa, tan imprecisa como el término «matrimonio homosexual» o, mucho peor aún, «matrimonio gay».
La justicia es uno de los valores superiores de nuestro sistema político consagrados por el preámbulo y en el artículo primero de la Constitución de 1978. Y, en consecuencia, debe ser tenido en cuenta por todos los poderes públicos en el ejercicio de sus competencias y exigida su realización por los ciudadanos. La reflexión sobre la justicia ha ocupado y sigue ocupando a las mentes más lúcidas de Occidente, desde Platón hasta nuestros días, entre las que no me encuentro, de manera que centraré mi análisis en un objeto más reducido, el de la Administración de Justicia, competencia exclusiva del Estado .
La Iglesia católica ha gozado de un arraigo plurimilenario en España, perfilando las diversas formas de percibir e imaginar la realidad en cada momento histórico. La doctrina, el rito y la ética cristiana han tenido un impacto extraordinario en los modos de estar en el mundo de nuestros antepasados. Es imposible profundizar en el conocimiento de la historia española sin hacer referencia a la influencia del catolicismo en la vida social, política, cultural e, incluso, económica.
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