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Sin duda una de las características del modelo descentralizador español es la complejidad del sistema de financiación autonómica, complejidad que se debe a diversas razones. Por un lado, a que el llamado sistema de financiación común, el aplicable a la mayoría de comunidades Autónomas (todas, excepto Canarias, Navarra y País Vasco), se articula a través de una serie de fondos, subfondos y reglas de financiación especiales que dificultan su comprensión. Por otro, a que para Comunidades Autónomas que tienen esencialmente las mismas competencias de gasto, existen, además del sistema común citado, otros regímenes especiales de financiación, como el Sistema Foral, aplicado en el País Vasco y Navarra, y el Régimen Fiscal de Canarias.

La existencia del Sistema Foral hace que la descentralización en España sea una muestra clara de federalismo asimétrico, es decir, un supuesto de descentralización en el que regiones que gozan de las mismas competencias tienen sistemas de financiación distintos. 

Uno de los grandes temas recurrentes en el debate político español ha sido el de la equidad del reparto territorial del gasto público y de las cargas tributarias que lo financian. La controversia sobre el tema ha sido especialmente intensa y agria en el caso de Cataluña, donde la percepción cada vez más extendida entre la población de que la comunidad ha experimentado durante décadas un claro maltrato fiscal por parte de la Administración Central ha desempeñado un papel importante en el avance del independentismo.