DISCUSIÓN

Reflexiones para una sociedad posterrorista

 

El terrorismo de ETA ha hipotecado la vida española durante más de medio siglo, pero también ha servido para que el país madure y explore modos nuevos de afrontar y gestionar las adversidades. La experiencia de quienes han tenido responsabilidades de carácter político o policial revela que los errores han sido compatibles con aciertos y con apuestas creativas y generosas para solucionar el problema de la violencia. Las víctimas echan en falta una «foto final» con vencedores y vencidos, y algunos miembros de ETA de la primera hora lamentan que su pretendida lucha antifranquista creara el monstruo al que después costaría tantas décadas derrotar. Estas y otras reflexiones las expusieron algunos testigos cualificados durante un reciente encuentro celebrado en Madrid.

Protestas por el asesinato de un militar a manos de ETA, noviembre 1975.

Cuando se habla del origen de ETA, no es raro que salga a relucir la tesis de que la organización terrorista nació en un seminario. Sin ser cierta en sí misma, la afirmación tiene un trasfondo muy real. Como ha explicado recientemente un exmiembro de ETA, para muchos de los fundadores e integrantes de la organización en los primeros años –algunos de los cuales, en efecto, habían pasado por el seminario–, la militancia política era una continuación de la militancia religiosa, católica. Eso se reflejaba en su fraseología y en el ambiente místico que se respiraba en episodios clave como el proceso de Burgos de 1970, un ambiente al que se unieron incluso los más escépticos entre los condenados. «La influencia de la religión –el nacionalcatolicismo vasco animado por el nacionalcatolicismo español– nos llevó a situaciones de exaltación violenta que nos condujeron al terrorismo», sentencia el exetarra.

Los dieciséis condenados, seis de ellos a pena de muerte, aprovecharon el escenario y la visibilidad que les ofrecía el juicio para denunciar públicamente la opresión del régimen franquista. «El proceso constituía la representación, la escenificación, de lo que había sido nuestra lucha. Era nuestra ekintza [acción] más importante», explica Mario OnaindíaMario Onaindía, El precio de la libertad. Memorias (1948-1977), Madrid, Espasa, 2001, p. 462., uno de los procesados, en sus memorias. El éxito de esa escenificación, facilitado en gran medida por la torpeza del régimen en la lucha antiterrorista, hizo que las adhesiones a ETA –entonces débil– se multiplicaran.

ETA después de Franco

Sin embargo, las cosas se veían de manera distinta desde prisión. El paso por la cárcel de los procesados en Burgos y de otros miembros de ETA fue una oportunidad para reflexionar. No pocos comenzaron a pensar en la participación política; ya en 1974 se planteaban que, en caso de que se diera un proceso democrático en España, la violencia no tendría justificación. Por eso, cuando en 1977 se aprobó la Ley de Amnistía y fueron liberados, algunos de ellos tomaron la vía política, al principio con la intención de subvertirla y, después, defendiéndola como un bien en sí misma. Eso les convirtió en blanco de amenazas, que recibían por motivos tan simples como animar a los ciudadanos a votar, recuerda el exmiembro de ETA que participó en el encuentro. Él mismo, tomando las palabras de Gaizka Fernández SoldevillaGaizka Fernández Soldevilla, Héroes, heterodoxos y traidores. Historia de Euskadiko Ezkerra (1974-1994), Madrid, Tecnos, 2013., apunta que aquellos primeros miembros de ETA pasaron de ser héroes del nacionalismo a heterodoxos y, después, traidores. Sobre todo, aquellos que años después formaron parte de movimientos cívicos como Gesto por la Paz, el Foro de Ermua o Basta ya.

Pero mientras algunos tomaban la vía política, otros intensificaban la militar. Paradójicamente para quienes creían que ETA era un grupo de oposición al franquismo, cuando el régimen cayó comenzó la escalada terrorista, una cuestión que no pudieron obviar los gobiernos de la transición. Uno de los ministros de aquel tiempo ha explicado cómo abordaron el problema por distintas vías. Por un lado, apostaron por una solución política: la amnistía. Una decisión que, como se tratará más adelante, era bastante espinosa. Por otro, vieron la necesidad de impulsar una reforma policial, pues los cuerpos heredados del franquismo no estaban preparados para llevar con éxito la lucha antiterrorista, y así lo hicieron. Además de eso, cuenta el exministro, se buscó la cooperación internacional, pues ETA tenía en Francia un refugio en el que podía moverse sin mayor preocupación. Sin embargo, aquellos primeros intentos no dieron resultado y el país vecino se mostró reacio a colaborar con un gobierno que contaba entre sus miembros con personas que habían ejercido cargos durante el franquismo. Habría que esperar todavía unos años para que Francia decidiera colaborar con España y adoptara una actitud combativa contra ETA.

Según el exministro, esa cooperación internacional, junto a la actuación policial, ha sido clave en la derrota de ETA. También ha sido importante, señala, la respuesta de la sociedad española al terrorismo, que tras el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco por fin reaccionó al unísono. En el País Vasco, sin embargo, ve un pecado de omisión: «Ha habido dos silencios graves: el de los que tienen miedo y el de los que se han aprovechado política y socialmente de la violencia». Para combatir hoy esos silencios, aboga por el relato de la verdad.

La lucha policial contra ETA

No hay duda de que, para llegar a ese final de ETA –cuyo relato, no hay que olvidarlo, aún tiene fuerza–, fue fundamental la mejora en la organización, formación, medios y métodos de la Guardia Civil y la Policía Nacional. En ello coinciden dos de sus mandos en antiterrorismo, que han explicado cómo se llevó a cabo esa lucha contra ETA en cada uno de los cuerpos, si bien ambos destacan la complementariedad entre ellos. Una complementariedad, señala el mando de la Policía, que fue estratégica y temporal y que a él le ha llevado a pensar en las ventajas que tendría ampliarla al máximo con un mando directo común a los dos cuerpos.

Según explica el mando de la Guardia Civil, hasta el año 2000 se dieron algunas mejoras en el cuerpo –se puso en marcha la mecanización de datos, se crearon unidades especializadas, se centralizó la actuación del cuerpo contra ETA en el Servicio Central de Información– y se llevaron a cabo acciones policiales importantes: por ejemplo, la detención del comando Argala en 1990 o la de la cúpula de la organización en Bidart en 1992, conseguida en gran medida gracias a la colaboración entre la Guardia Civil y la policía francesa, que establecieron una relación directa y privilegiada. Pero aquellas eran siempre acciones de respuesta contra comandos ya formados. A partir de 2000, sin embargo, la capacidad operativa, técnica, analítica y tecnológica permitió a la Guardia Civil enfrentarse a ETA desde sus estructuras. Se planificó entonces el ataque a su estructura logística y a su entorno político, a lo que contribuyó la Ley de Partidos de 2002. Mientras, la Guardia Civil respondía a la ofensiva de ETA tras la tregua de Lizarra (1998-1999) y detenía a unos quinientos etarras. Entre las acciones de aquellos años, el guardia civil destaca la Operación Santuario de 2004, en la que se dio un golpe importante al aparato logístico de ETA y a su archivo, lo que permitió a los agentes incautarse de gran cantidad de información. Todo ello facilitó que a finales de la década se multiplicaran las detenciones de dirigentes y de cúpulas sucesivas de la organización. Si entre 1986 y 2008 se había detenido a siete dirigentes de ETA –tres de ellos en Bidart–, entre 2008 y 2010 se detuvo a nueve.

Paradójicamente para quienes creían que ETA era un grupo de oposición
al franquismo, cuando el régimen cayó comenzó la escalada terrorista

Por su parte, el mando de la Policía Nacional apunta que la lucha global y más efectiva contra ETA del cuerpo al que pertenece comenzó a mediados de los años noventa, cuando se empezó a prestar atención no sólo a la organización como tal, sino también a su entorno, pues, según apunta el policía, la mayor fortaleza de la organización estaba en el apoyo popular que tenía. Se planteó entonces un proyecto estratégico con un objetivo final muy claro: «Cortocircuitar la estrategia político-militar de ETA». Con ese propósito, la Policía basó su actuación en cuatro ejes: la lucha contra la organización terrorista propiamente dicha, contra el «terrorismo de baja intensidad» o kale borroka (lucha callejera) que complementaba la acción de ETA, contra el entramado de apoyo desde la Koordinadora Abertzale Sozialista (KAS) y contra el colectivo de apoyo a los huidos de ETA.

En los primeros años, la Policía no tenía aún capacidad para acabar con la organización armada. Sin embargo, antes del año 2000 fue sumando éxitos en los otros tres ejes. Consiguió reducir la actividad de la kale borroka y completó reseñas con información acerca de muchos de los implicados en esas acciones callejeras, que se veían como potenciales miembros de ETA. También se llevó a cabo entonces la desarticulación de estructuras de KAS, se actuó contra el entramado financiero que sostenía a ETA y contra su frente mediático-cultural. Asimismo, se consiguieron avances en relación con el último eje: México realizó las primeras entregas administrativas de etarras a España.

Entre los años 2000 y 2004 se produjo el punto de inflexión «prefinal» de ETA, según el mando policial. En ese período se consiguió desarticular la mayor parte de los comandos de la organización y la Policía Nacional pudo por fin atacar el primer eje de su estrategia antiterrorista de forma eficaz y continua. Ello estuvo facilitado por la debilidad operativa de ETA, en gran medida obligada por la acción policial en el resto de frentes, que seguía abierta y dando resultados. La organización se vio en la necesidad de incorporar nuevos miembros a sus comandos y cometió el error de tomarlos desde la kale borroka. Eran elementos poco preparados y muchos, además, estaban fichados por la Policía, lo que hacía su identificación y detención más sencilla y rápida.

La presión policial constante –el guardia civil niega que en las treguas o períodos de conversación o negociación recibieran órdenes de «echar el freno»– y en todos los frentes debilitó progresivamente a ETA y desarticuló el conglomerado que la apoyaba. Ello llevó al colapso de la organización, del que fue incapaz de recuperarse. Los dos altos mandos coinciden en destacar que ETA no se detuvo como resultado de un proceso de reflexión, sino que fue derrotada policialmente: una derrota que no siempre se había visto como el desenlace probable, ni siquiera dentro de los cuerpos, según confiesan ambos. Sólo cuando la organización fue incapaz de recuperarse, matiza el guardia civil, «surgieron las opciones posibilistas de la izquierda abertzale».

San Sebastián, 1981.

La Ley de Amnistía

Uno de los hitos decisivos de la Transición fue la amnistía que vació las prisiones españolas en el otoño de 1977. El escenario en que se aprobaron los sucesivos decretos y la ley que hicieron posibles las excarcelaciones era todavía muy frágil: había un deseo de reconciliación –«de que no se repitiera ni de lejos la Guerra Civil», por expresarlo con palabras de un ministro de la época–, pero la inseguridad y las tensiones hacían muy complicada cualquier iniciativa.

ETA mantuvo en aquellos años su cadencia criminal (dieciocho muertos en 1976 y once en 1977) y los miembros del Gobierno tuvieron que convivir con insultos y descalificaciones cada vez que acudían a un funeral. «Sin embargo –cuenta uno de ellos–, los familiares de la persona asesinada eran los que menos gritaban. A veces se acercaban y te decían: “Señor ministro, hagan ustedes lo que puedan para que esto no vuelva a suceder”». La amnistía fue justamente una de las medidas que se pusieron en marcha para alcanzar ese objetivo: «Las amnistías no se dan por razones de justicia, sino de conveniencia política», explica la misma persona.

La primera excarcelación se aprobó después de la coronación del rey. Hubo luego otras dos y en octubre de 1977 entró en vigor la Ley de Amnistía, de la que fue ponente Rafael Arias Salgado. La ley salió adelante gracias a las proposiciones de varios partidos, que se trataron en una comisión presidida por el socialista Pablo Castellano. Al terminar 1977, únicamente quedaron en la cárcel los detenidos por la matanza de los abogados laboralistas de Atocha.

Otro de los ministros del Gobierno que hizo posible la amnistía tiene la impresión de que se trató más bien de un indulto. Él participó en varios de los encuentros que se convocaron para tomar una decisión sobre los presos con delitos de sangre. Los representantes de varios partidos defendieron que había que ser «generosos» e incluir también a esos presos en el condicionado de la ley. El PNV les hizo llegar, además, un mensaje que parecía prometedor: «Que no quede ni un vasco y con eso se termina el problema». Los 246 asesinatos que perpetró ETA entre 1978 y 1980 ilustran la fragilidad o la mala fe de aquellos pronósticos. A pesar de todo, la UCD de Adolfo Suárez aceptó el planteamiento. La ley se redactó en el comedor del Círculo de Bellas Artes mientras que en el País Vasco y Navarra las manifestaciones y las huelgas se sucedían en calles y fábricas.

Entre los años 2000 y 2004
se produjo el punto de inflexión «prefinal» de ETA, según el mando policial

La postura del Gobierno a favor de la amnistía total cosechó algunas críticas: «Ustedes se dieron el pico con ETA», le dijeron un tiempo después a uno de los ministros de UCD en Roma. O también: «Os habéis dado una amnistía a vosotros mismos». Sin embargo, varios miembros del Gobierno que la puso en marcha consideran que las reacciones negativas fueron el peaje de «un paso necesario para la reconciliación y la democracia». La percepción de las víctimas es, en cambio, mucho más negativa: «La Ley de Amnistía ha impedido que muchas víctimas sepan quiénes son los responsables del asesinato de sus familiares», señala la hija de un asesinado en Guipúzcoa en los años ochenta.

Las víctimas del terrorismo

En general, las víctimas vivieron toda aquella etapa aturdidas y desde lejos. Años después, el Congreso de los Diputados pidió al Defensor del Pueblo que redactase un informe que permitiera hacerse cargo de su situación y de sus necesidades. Después de reunir aportaciones de afectados, profesores, historiadores, una psiquiatra y una psicóloga, se redactó un documento de sesenta o setenta páginas. Una de las personas que trabajó en aquel texto aún recuerda que una de las psicólogas explicaba que en otros países –y mencionó en concreto a Israel– «el dolor de las víctimas había sido aliviado por el apoyo de sus gobiernos».

Manifestación contra ETA en Bilbao, 2007.

En España hubo que esperar bastantes años para que ocurriese algo parecido. Desde la perspectiva del presente, las víctimas creen que les ha causado «muchísimo daño» el hecho de que varios gobiernos constitucionales y democráticos hayan tratado de negociar con ETA. «Y además no ha servido para nada», añade la representante de una de las asociaciones que funcionan en España. Frente a la percepción ya descrita que comparten las Fuerzas de Seguridad sobre la derrota «policial» de ETA, las víctimas «sienten» que la batalla se ha perdido en el ámbito policial y en el institucional. «Nos falta la foto de la derrota de ETA –aseguran–. En ningún país democrático hemos visto que un Gobierno ruegue a una organización criminal que se disuelva, como ha ocurrido aquí».

En ese paisaje incierto que ha dejado el final de ETA, muchas víctimas son conscientes de que aún tienen una responsabilidad: la de ser «el último dique moral»: «No queremos ser víctimas de la paz. Por eso estamos enfrentándonos a los poderes establecidos. Sigue pendiente la deslegitimación del proyecto político de ETA, hoy más vigente que nunca. El Gobierno de Navarra es un ejemplo. Las víctimas aspiramos a que no se imponga una mentira organizada, aunque sabemos que se trata de la lucha de David contra Goliat». La hija de un asesinado de ETA señala que el nacionalismo está convencido de que las víctimas son un obstáculo para la paz, a pesar del papel «ejemplar» que han desempeñado: «Hemos neutralizado el odio», afirma.

Educación y transferencias

En el informe citado que preparó el Defensor del Pueblo se decía que, en los libros de texto de educación secundaria, la historia reciente del terrorismo en España se trata «poco y mal». El análisis de los manuales de diecisiete editoriales permitió concluir que las explicaciones relativas a la violencia se centraban en los atentados contra la dictadura: «No había ningún testimonio de víctimas y, en cambio, se reproducía un comunicado de ETA», sigue doliéndose a la vuelta de los años una persona relacionada con la elaboración de aquel informe. Los editores acudieron contrariados a pedir explicaciones al Defensor del Pueblo, pero al ver el análisis completo admitieron que los redactores tenían razón. Las víctimas también creen que la educación es uno de los «temas» que «mayor factura» les ha pasado: «Parece mentira que ningún Gobierno se haya tomado esto en serio», afirma la representante de un colectivo de víctimas.

Las víctimas creen que les ha causado «muchísimo daño»
el hecho de que varios gobiernos constitucionales
y democráticos hayan tratado de negociar con ETA

Varias personas que formaron parte de los primeros gobiernos de la transición democrática reconocen que transferir a las Comunidades Autónomas las competencias en educación fue un error que ha tenido consecuencias decisivas. Uno de ellos lo ilustra con una anécdota de la Francia ocupada por los nazis: cuando varios políticos franceses que habían sido detenidos por los alemanes se lamentaban de la suerte de su país, alguien trató de animar a los demás con el siguiente argumento: «No os preocupéis, porque a esta misma hora, en miles de colegios de Francia, millones de niños están estudiado la misma historia». Esto es justamente lo que no ocurre en España desde hace cuarenta años y lo que no parece que vaya a ocurrir en otros tantos.

Uno de los ministros de la UCD con responsabilidades en aquel proceso de transferencias recuerda que fue la propia Constitución la que garantizaba el traspaso, por lo que no había muchas alternativas. Y añade que fue Adolfo Suárez quien les indicó que la cesión de las competencias educativas no podía fragmentarse: era todo o nada. Cree que incluso el entonces lehendakari, Carlos Garaikoetxea, quedó feliz después de aquel proceso en el que recibió «más de lo que había pedido». Pensando en el presente, plantean la posibilidad de que la Alta Inspección o la reordenación de los planes de estudio o un condicionado uniforme para las oposiciones al cuerpo docente intenten recobrar la uniformidad perdida, si bien admiten que se trata casi de una utopía.

Derrota policial y victorias políticas

De alguna manera, el encuentro celebrado en Madrid ha vuelto a poner de manifiesto la doble lectura que viene haciéndose del final de ETA: mientras que, por una parte, se destaca que la banda ha sido derrotada por el Estado de Derecho, por otra los acontecimientos de los últimos años se perciben como una victoria política de los terroristas, que ahora gozan de una representación institucional que nunca antes habían tenido.

Escuchando a políticos, académicos, policías y víctimas, puede concluirse que quizá las dos lecturas son posibles, y que no se trata tanto de una disyuntiva como de dos realidades que se solapan o se entrecruzan: «La derrota policial de ETA no ha impedido que su legado esté muy presente –así lo resume un historiador–. El discurso del odio se mantiene vigente, Alsasua es un ejemplo elocuente. Se sigue cultivando la narración del conflicto milenario y los homenajes a etarras permiten que muchos jóvenes los vean como héroes».

Todos coinciden en que una de las tareas pendientes es justamente la de trabajar por la memoria y el relato, una responsabilidad que incluso viene impuesta por la Ley Integral de Víctimas del Terrorismo. En ese aspecto, un catedrático de Historia destaca que ha habido avances significativos, como el de incorporar a las víctimas al relato. También queda pendiente seguir trabajando policialmente para resolver los crímenes de ETA cuya autoría no se conoce, y para localizar y detener a sus responsables.

A la «sensación» expuesta por una periodista especializada en terrorismo de que «se sabe dónde está lo que queda de ETA y no se actúa», varios responsables de las Fuerzas de Seguridad responden que «en ningún momento se ha levantado el pie del acelerador». «Puedo asegurar que cuando se localiza a un miembro de ETA se le detiene», añade un veterano miembro de los servicios de información.

Roncesvalles Labiano Juangarcía es investigadora en formación en la Facultad de Comunicación en la Universidad de Navarra. Javier Marrodán Ciordia es profesor en la Facultad de Comunicación en la Universidad de Navarra. Su último libro, con María Jiménez Ramos, es Heridos y olvidados. Los supervivientes del terrorismo en España (Madrid, La Esfera de los Libros, 2019).

10/04/2019

 
COMENTARIOS

Miguel Pantoja 11/04/19 07:27
La principal victoria de los independentistas (a estas alturas podemos dejar de usar el eufemismo “nacionalistas”) de varias regiones de España es el control de la educación y de la comunicación. Mientras eso no cambie el independentismo será hegemónico en las regiones donde ya existía en 1978, crecerá en aquellas donde no lo había y ya prospera, y terminará apareciendo en todas las demás.

Por más que pueda dolernos, desde el punto de vista de la cohesión nacional España es en Estado fallido. Contemporizar, es más, confraternizar con los independentistas tal vez pareció una solución en 1978 pero es evidente que sólo ha conducido a la insurrección. Sucedió lo mismo en la Ii República.

Francisco Martínez 12/04/19 14:20
«Ha habido dos silencios graves: el de los que tienen miedo y el de los que se han aprovechado política y socialmente de la violencia». Es cierto.

Ha faltado continuidad en las políticas que han cercado y derrotado a los terroristas. De otro modo se habría obtenido la imagen de derrota total de la organización criminal, condición imprescindible para que la sociedad sane y las víctimas puedan encontrar un sentido a tanto dolor. Las víctimas llevan razón en sus denuncias. Los cómplices y quienes se han aprovechado de la violencia para sus fines deben pagar un precio por su trayectoria de estas décadas. En lugar de eso los vemos degradar con su presencia ciertas instituciones. Como en otros asuntos es la falta de criterio, de coherencia y de generosidad por parte de algunos responsables políticos lo que ha facilitado este falso desenlace. Denunciar con la verdad de lo acurrido el falso "relato" de los portavoces de la organización terrorista es una tarea necesaria para desmantelar sus apoyos e impedir que pueda resurgir más adelante.

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