DISCUSIÓN

El eterno retorno de la Inquisición en España

 

Fue el dominico Alonso de Ojeda quien convenció a la reina Isabel de la conveniencia de crear un tribunal para erradicar las prácticas judaizantes que él había observado en Sevilla entre los judíos conversos. Un informe posterior del arzobispo de Sevilla, Pedro González de Mendoza, y de otro dominico, Tomas de Torquemada, corroboraron las sospechas de Ojeda. Así fue como, en 1478, se fundó el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición.

Desde el punto de vista judicial, la Inquisición representó un fuerte retroceso respecto a las prácticas de la Edad Media. Los inquisidores utilizaban procedimientos que rompían con la tradición de la justicia medieval, basada en el proceso acusatorio durante el cual el juez decidía si la parte acusadora había aportado las pruebas suficientes para demostrar lo que afirmaba o no las había aportado. Para evitar las acusaciones sin fundamento, quien acusaba corría el riesgo de ser condenado a la misma pena que se le hubiera aplicado al acusado de ser ciertas las acusaciones.

En el proceso inquisitorial, el juez podía actuar de oficio sin necesidad de que un acusador iniciara la acción judicial, utilizando para ello también denuncias anónimas, sin que el denunciante corriera ningún riesgo si la denuncia resultaba ser falsa. El papel del juez había dejado de ser una parte «inactiva» del proceso para pasar a ser quien tomaba las declaraciones, interrogaba a los testigos y al acusado y, finalmente, emitía el veredicto.

Según el historiador Joseph Pérez, los procedimientos de tortura más empleados por la Inquisición fueron tres: la «garrucha», la «toca» y el «potro». El tormento de la garrucha consistía en colgar al reo del techo con una polea por medio de una cuerda atada a las muñecas y con pesos en los tobillos, ir izándolo lentamente y soltar de repente, con lo cual brazos y piernas sufrían violentos tirones y se dislocaban. La toca, también llamada «tortura del agua», consistía en atar al prisionero a una escalera inclinada con la cabeza más baja que los pies, introducir una toca o un paño en la boca a la víctima y obligarla a ingerir agua vertida desde un jarro para que tuviera la impresión de que se ahogaba. En el potro, el prisionero tenía las muñecas y los tobillos atados con cuerdas que iban retorciéndose progresivamente por medio de una palanca.

En la segunda mitad del siglo XVIII, con la llegada de la Ilustración a España, se redujo la actividad inquisitorial, que durante la primera mitad de ese siglo había quemado a 111 condenados, y a 117 en efigie por estar huidos. En el reinado de Felipe V, el número de autos de fe fue de 728. Sin embargo, en los reinados de Carlos III y Carlos IV sólo fueron quemados cuatro condenados. Como es lógico, las principales figuras de la Ilustración Española fueron partidarias de la reforma o de la abolición del Santo Oficio, pero sus propuestas no les salieron gratis. Muchos de ellos fueron procesados por la Inquisición, entre ellos Pablo de Olavide, en 1776; Tomás de Iriarte, en 1779; y Gaspar Melchor de Jovellanos, en 1796.

Ricardo García Cárcel estima que el total de procesados por la Inquisición a lo largo de toda su historia fue de unos ciento cincuenta mil. Aplicando el porcentaje de ejecutados que resulta de las causas instruidas entre 1560 y 1700 –cerca de un 2%–, podría estimarse que la Inquisición mató en torno a tres mil personas. Pero ese dato debe corregirse al alza si se tiene en cuenta la información suministrada por Jean-Pierre Dedieu, la cual condujo a una cifra mayor, en torno a diez mil sentencias a muerte seguidas de ejecución.

La Inquisición fue abolida por Napoleón mediante los decretos de Chamartín de diciembre de 1808 y, claro está, no existió durante el reinado de José Bonaparte (1808-1812). En 1813, los diputados de las Cortes de Cádiz aprobaron también su abolición, impulsados asimismo por el rechazo que en ellos había producido la condena del Santo Oficio a la sublevación popular contra las tropas francesas. Cuando, el 1 de julio de 1814, Fernando VII recuperó el trono, el «rey felón» restableció el Santo Oficio, que fue abolido otra vez durante el Trienio liberal. Durante la Década Ominosa, en contra de lo que se cree, la Inquisición no fue formalmente restablecida, pero sí sustituida por las Juntas de Fe. La Junta de Fe de Valencia tuvo el triste honor de condenar a muerte al último «hereje» ejecutado en España, el maestro de escuela Cayetano Ripoll, ahorcado en Valencia el 31 de julio de 1826. Aquella muerte provocó un notable escándalo en Europa.

La Inquisición fue definitivamente abolida el 15 de julio de 1834 por un Real Decreto firmado por la regente María Cristina de Borbón, durante la minoría de edad de Isabel II y a propuesta del presidente del Consejo de Ministros, el liberal Francisco Martínez de la Rosa. Pero, en España, el espíritu (y las prácticas) del Santo Oficio no se han ido nunca del todo y vuelven, como la burra, al trigo a la primera ocasión. Es triste recordar lo ocurrido aquí durante el siglo XIX desde sus inicios terribles: la guerra de la Independencia, que en buena parte fue una guerra civil, luego las «carlistadas», el asesinato de Prim, la triste experiencia de la Primera República. En fin, y ya en el siglo XX, la dictadura de Primo y, poco después, la Guerra Civil (1936-1939), cuyo resultado condenó a muchas generaciones a vivir bajo la Inquisición, con sus torturas incluidas.
Todas aquellas miserias parecieron desaparecer para siempre a manos de la Constitución democrática de 1978, la primera aprobada mediante un consenso vivificador. Sin embargo, y demostrando una vez más que «nada ni nadie es perfecto», volvieron a aparecer la viejas querencias justicieras e inquisitoriales de la mano del escándalo mediático y judicial, que tuvo en España una primera explosión en la etapa final del primer Gobierno socialista. En efecto, tras la caída del muro de Berlín, en varios países, comenzando por Italia, al desaparecer el «enemigo exterior», muchos partidos quedaron a la intemperie, descubriéndose en su seno unas prácticas que tienen un nombre: corrupción. Una ilegalidad especialmente grave por constituir un auténtico delito de lesa democracia, pues ataca la base misma del sistema. ¿Por qué?

1) Porque aquellos que tienen la obligación y el privilegio de hacer las leyes –los partidos políticos– tienen el deber de cumplirlas y de hacerlas cumplir. Si las transgredieran, atacarían directamente la legitimidad de aquéllas y el crédito de todo el sistema político.

2) Porque quien obtiene financiación ilegal arremete tramposamente contra el principio de igualdad de oportunidades respecto al electorado, utilizando además con frecuencia dinero público.

3) Porque la financiación ilegal, al no figurar en la contabilidad oficial del partido, no puede estar sujeta al control social (tribunales de cuentas, parlamentos, etcétera) ni al control democrático interno del propio partido que supuestamente se beneficia de tal financiación.

Al menos estos tres argumentos avalan el siguiente aserto: aun siendo reos de corrupción tanto los corruptos (miembros de los partidos) como los corruptores (las empresas), aquéllos incurren en una responsabilidad cualitativamente distinta y mayor. Mas, como suele ocurrir, todo tiene su cara y su cruz, y el escándalo también. Luis Meana se ha encargado de recordarnos que la palabra escándalo es de origen sánscrito y significa la trampa para alimañas que se cierra al rozarla el animal. El escándalo es, por tanto, un cepo tenaz y cogidos en él deben sentirse quienes son el sujeto pasivo de un escándalo. Pero, ¿qué es el escándalo mediático-judicial?

Los actores de ese «procedimiento» dicen pretender la condena pública de una infracción y su objetivo es la restauración del orden roto. Al mismo tiempo, pretenden también llevar adelante un proceso que conduzca a una condena. Hay, por tanto, un paralelismo entre el escándalo y el proceso judicial. Pero ambos procedimientos no deben confundirse. En primer lugar, porque el escándalo puede producirse tan solo en el ámbito moral, sin que necesariamente se hayan conculcado las leyes. Aunque, para decirlo todo, un buen escándalo exige para sí la presencia de fiscales, jueces y abogados, amén de policías, detenciones y registros espectaculares, con la presencia masiva de todo tipo de medios de comunicación para que contemplen al reo, antaño tenido por persona respetable, maniatado y escarnecido. Antes de cualquier otra cosa, el escándalo busca el espectáculo y, después, acabar definitivamente con la presunción de inocencia, con el derecho al honor, a la privacidad, etc.

Como pasa con toda religión, el periodismo del escándalo –altar donde se inmola a los malvados de este mundo en honor de la «justicia rápida»– había de tener sus héroes y su mito. Puesto que el mito no podía ser otro que el débil David venciendo al poderoso Goliat, los héroes habían de aparentar ser poca cosa: dos jóvenes periodistas tan inexpertos como insobornables. El Watergate no sólo llevó a la fama a los dos jóvenes (Bob Woodward y Carl Bernstein) que lo instruyeron, y a The Washington Post que lo lideró, sino que se convirtió en el paradigma de un nuevo periodismo, en el que el milagro del éxito podía producirse sin esperar a que funcionara el escalafón.

No soy quién para echar por tierra la calidad de los 227 artículos que escribió la famosa pareja desde el 17 de junio de 1972 hasta el 7 de agosto de 1974, el día en que, por fin, el Post pudo titular en primera página: «Nixon dimite», pero una ración de desmitificación nunca viene mal. Para empezar, los dos periodistas descubrieron más bien poco por sí mismos, pues contaban con un informante de alto nivel, el famoso Garganta Profunda. ¿Quién era este señor?

Garganta Profunda era un alto funcionario del FBI (su nombre se supo tras su muerte: se llamaba William Mark Felt) y, al filtrar esas informaciones confidenciales, cometió graves faltas y delitos penados por el código que nunca fueron ni investigados ni castigados. Quizá porque, como sucedía con la Inquisición, también bajo el escándalo «el fin justifica los medios», medios que consisten en destruir derechos democráticos fundamentales como los ya citados más arriba. En efecto, el ya mentado veneno totalitario consiste, como siempre, en la negación del derecho de los demás. Pero lo más chusco es que estos métodos se defienden en nombre de la transparencia y son legión quienes siguen ciegamente esa utopía según la cual destapándole el culo al mundo, éste mejorará.

Se trata, ya se ha dicho, de la colusión de tres elementos: medios de comunicación, instituciones judiciales y cuerpos de policía. El elemento imprescindible y permanente de este tribunal inquisitorial es el medio de comunicación, que puede establecer relación, como «fuente de información», con algún funcionario o funcionarios, ya sea de la policía, ya de un juzgado de instrucción. Funcionarios que, al filtrar información confidencial –confidencialidad que está protegida por las leyes–, cometen gravísimas faltas y también delitos evidentes. Delitos y faltas que, pese a ser permanentes y continuos, jamás son castigados, ni siquiera investigados. Un consentimiento o «vista gorda» que pone en evidencia no sólo la cobardía, sino también la complicidad de las distintas administraciones, incumpliendo sistemática y gravemente sus obligaciones respecto a la vigilancia sobre el buen comportamiento de sus funcionarios.

Cuando los geos entraron en la SGAE como si aquella casa fuera un nido de yihadistas, ¿quién avisó de la hora y del lugar del asalto a los medios? Cuando se detuvo al presidente de la SGAE, Teddy Bautista, fue metido en el calabozo y, tras las cuarenta y ocho horas preceptivas, se lo vio salir de allí en pésimas condiciones, ¿quién avisó a los fotógrafos, cámaras y comentaristas? Quienes lo hicieron sabían que iban a destrozar el honor y la privacidad de Bautista y del resto de los detenidos, y que cometían un delito. Pasados varios años, ¿alguien sabe de qué se acusa hoy a Teddy Bautista? Son atropellos que nadie investiga ni castiga, otorgando así carta blanca a esos funcionarios corruptos.

Tomemos otro caso más reciente: la detención de Rodrigo Rato. El artículo 520 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal dice: «La detención deberá practicarse en la forma que menos perjudique al detenido en su persona, reputación o patrimonio». ¿Con qué derecho, pues, ciertos funcionarios pisotean sistemáticamente el citado artículo (y no digamos las mangas y capirotes que esos funcionarios hacen del artículo relativo al secreto sumarial) sin que nunca les pase nada? Que se sepa, jamás se ha abierto una sola investigación en pos de empapelar y juzgar a tanto filtrador como existe en los juzgados y en la policía. En el caso de Rodrigo Rato, las cámaras e incluso «el pueblo» ya estaban convocados antes de que él saliera de su casa hacia el coche que lo llevaría al juzgado. El ojo mediático captó el humillante tratamiento y en la banda sonora se grabaron los gritos llamándolo sinvergüenza. Así lo describió Arcadi Espada:

En la imagen del hombre demacrado, insultado por la turba y cuya cabeza, privada ya de voluntad, mete el policía en el coche como si fuera la de un títere, no hay lugar para la presunción de inocencia.

Claro que a los directores de los escándalos no les gusta nada verse cogidos en ese mismo cepo. Lo ilustraré con un caso bien conocido: el vídeo sexual que grabaron en 1997 a Pedro J. Ramírez, el director de El Mundo, quien, junto al juez Garzón, había organizado la mayor parte de los escándalos contra los gobiernos de Felipe González. El 10 de noviembre de 1997 apareció en la prensa la siguiente noticia:

Una mujer ingresó el viernes en la prisión de Carabanchel, acusada de descubrir y revelar secretos de la intimidad del director de El Mundo, Pedro J. Ramírez. La detenida, Exuperancia Rapú Muebake, se encuentra a disposición de la juez Ana Revuelta [...]. La juez, para enviar a Muebake a la cárcel, se basó en el artículo 197 del Código Penal, que en su apartado 5 castiga con una pena de entre dos y cuatro años a quien revele la ideología, religión, creencia, salud, origen social o vida sexual de otro sin su consentimiento.

Es decir, que el gran desvelador de secretos ajenos, el paladín de la transparencia, exigía que a él se le respetara. Él, que siempre había sostenido con irrefutables argumentos de que «los hombres públicos no tienen vida privada», removió Roma con Santiago, justicia y policía, que en este caso dieron la sensación de estar a sus órdenes, para que si alguien publicaba sus vídeos subidos de tono lo pagara caro. Videos donde la africana Exuperancia y el periodista retozaban sobre un colchón, por cierto, bastante usado.

Años después llegó la crisis y el desastre coincidió en el tiempo con el descubrimiento de auténticas asociaciones de malhechores en torno al PP (Gürtel, Púnica, Bárcenas…) y al PSOE (los ERE, Galicia…). Al parecer, nadie había aprendido de la ola de escándalos de los años noventa. Pero entonces el único efecto político consistió en la caída del PSOE y la subida al poder del PP en una normal, sana y civilizada alternancia. Sin embargo, ahora, la crisis y sus destrozos sociales, junto a esas trapacerías llenas de cuentas millonarias en el extranjero (Bárcenas, Pujol, Granados…), compusieron una materia más explosiva que la nitroglicerina y que no tardó en estallar, llevándose todo por delante, incluida la Transición («una traición») y, con ella, la Constitución de 1978 («una cobardía»). Así se impuso el adanismo y con él volvimos a la Edad Media: «Matadlos a todos, que Dios escogerá a los suyos». Los bancos (quebrados o no) y sus desahucios, las prebendas de los usuarios de la «puerta giratoria» y, en fin, «la casta”, es decir, todos los afiliados a los dos grandes partidos, eran culpables de nuestros males, de los destrozos contra «la gente decente».

Con esas mimbres se presentaron los «regeneradores» y bajo ese síndrome no se tardó en importar de Italia los «Grillos». Los tonos, los discursos, los odios y las «limpiezas étnicas» llevaron en derechura a la instalación de una renovada Inquisición. Un espíritu que no sólo ha infectado a quienes más lo han aprovechado: es decir, los de Podemos. El virus se ha extendido a los «viejos» y «nuevos» partidos y para ello la infección ha contado con la inestimable ayuda de una nube de periodistas que representan la parte más activa del cabreo nacional, ése que se ha instalado con particular inquina entre las achatarradas capas medias. Pues bien, dentro de ellas, los periodistas son uno de sus sectores más maltratados por la crisis y no es de extrañar que los expulsados de sus empleos y echados a la calle mediante los ERE, como los sucesivos de PRISA, vaguen hoy sin destino fijo por periódicos digitales y otros domicilios ubicados dentro de las llamadas redes sociales. Bajo tan malas condiciones personales, y urgidos por un futuro incierto, estos profesionales de la prensa han dejado de atenerse a norma deontológica alguna y muerden la pantorrilla a quien pillan por medio (excepto a los directos causantes de su ruina, como el multimillonario Juan Luis Cebrián). Un odio demagógico que, como es obvio, resulta muy peligroso para la convivencia.

Pero hay más efectos perversos. Uno de los más graves problemas que afectan hoy a la política española se ha producido a causa del evidente deterioro profesional de los actuales representantes en las distintas instituciones, tanto del PSOE como del PP: Gobierno, alcaldías, diputados, concejales, etcétera, etcétera. Baste contemplar los curricula de los actuales ocupantes de esos puestos con los homónimos de hace treinta años para comprobar el deterioro. Un deterioro que también se detecta viendo, simplemente, que la mayor parte de los actuales representantes políticos no han cotizado jamás (fuera de sus partidos) a la Seguridad Social por cuenta propia o ajena. Todo lo cual reclama una solución que no puede ser otra que la renovación mediante la entrada en esos cargos de personas con sus vidas ya hechas antes de ocuparlos. ¿Y quién estaría dispuesto a tomar esa opción para convertirse, ipso facto, en sospechoso y perseguido por la nueva Inquisición? ¿Quién dejaría un puesto seguro y/o relativamente bien remunerado, al que quizá le esté vedado volver (las «puertas giratorias», ya se sabe), para recibir un sueldo que no se compadece con las responsabilidades públicas que esa persona ha de asumir? Pues, en efecto, bajar los sueldos de los «políticos» es uno de los mensajes más demagógicos y destructores de cuantos lanza hoy la nueva Inquisición. Si alguien cree que el Nuevo Santo Oficio va a traer de la mano la «regeneración» política, que espere sentado, pues del odio y de la demagogia nunca salió nada bueno.

En las actuales condiciones ambientales, se hace evidente la conclusión a la que llegó Luciano Rincón después de pasarse algunos años a la sombra por haber escrito una biografía «no autorizada» de Francisco Franco. Tras los barrotes, escribió: «Aquí toda mejora empeora». Pues eso.

Joaquin Leguina fue presidente de la Comunidad de Madrid (1983-1995). Sus últimos libros son El duelo y la revancha. Los itinerarios del antifranquismo sobrevenido (Madrid, La Esfera de los Libros, 2010), Impostores y otros artistas (Palencia, Cálamo, 2013), Historia de un despropósito. Zapatero, el gran organizador de derrotas (Barcelona, Temas de Hoy, 2014) y Los diez mitos del nacionalismo catalán (Barcelona, Temas de Hoy, 2014).

06/07/2015

 
COMENTARIOS

Aeneas 07/07/15 01:31
Hay que ver ¡qué malos somos los ciudadanos españoles! ¡Y peores los periodistas!

Los políticos, unas pobres víctimas de la Inquisición.

Apuremos nuestros días en el Consejo y ¡a seguir pontificando.

Beatriz 07/07/15 20:32
Lo peor D. Joaquin es que el que mas y el que menos se apunta a calcetera al pie de la guillotina, disfrutando del espectáculo, creyendose por encima del bien y del mal y esperando a q lleguen los "suyos" para un contratito, subvención o enchufe.... Eh, amigo Aeneas?

Pedro 08/07/15 17:25
Está bien, más de veinte párrafos de datos objetivos acerca del pasado para conducir a tres párrafos finales de opinión, interpretación y subjetividad. Claro ejemplo de estructura argumentativa falseadora, donde de A se sigue B no por su relación de causa-efecto ni de analogía ni de inclusión, sino por pura apariencia de autoridad, lo que en términos lógicos es una clara falacia.

Edward Baker 08/07/15 17:31
Está en lo cierto Joaquín Leguina cuando afirma que "una ración de desmitificación nunca viene mal", pero la tal desmitificación es un camino pedregoso donde a menudo damos traspiés. En sus comentarios en torno a Watergate Leguina da al menos dos. Vayamos por partes:
--Mucho antes de que muriera Mark Felt, aquel alto funcionario de nuestra policía secreta, el Buró Federal de Investigación (FBI), que con el gracioso y pornográfico pseudónimo de Garganta Profunda orientó a Bob Woodward y Carl Bernstein en sus pesquisas, se conocía perfectamente su identidad. Es más, en las más altas esferas de las élites políticas nuestras se supo la identidad del personaje desde el primer momento. Sin embargo, nada se pudo hacer en contra suya porque casi desde el momento fundacional el FBI de J. Edgar Hoover se había dedicado a recoger información acerca de las no siempre muy sanas constumbres de los inquilinos de la Casa Blanca. Si alguno de ellos se hubiera atrevido a destapar la olla, habría naufragado en un mar de excremento.
--Los predecesores de Richard M. Nixon cometieron alguna vez actos delictivos, pero la presidencia de este hombre se caracterizaba por la privatización sistemática de nuestras instituciones estatales ad maiorem nixoni gloriam. El "delito" de Mark Felt, por su parte, consistió en poner al descubierto los mecanismos a todas luces delictivos de dicha privatización o, más exactamente, dar algunas pistas a Woodstein para que en las páginas del Washington Post se hiciera lo propio.
Por lo tanto, hubo por un lado un ajuste de cuentas entre élites para que los comportamientos políticos volvieran a unos cauces que en ese lugar y tiempo, y tras las zozobras de los años sesenta, se consideraban "normales".
Al mismo tiempo, un periódico de carácter marcadamente oficialista nos dio a los ciudadanos de a pie la oportunidad de compartir hasta cierto punto unos conocimientos que hasta ese momento habían estado al alcance de unos pocos. Y a partir de ahí, de la singular aunque relativa oportunidad que tuvimos los ciudadanos, surgieron las mitificaciones.
Mark Felt hizo posible que se diera a la publicidad la privatización del Estado norteamericano. Si eso es delito que vengan los dioses y lo vean.

Aeneas 12/07/15 12:13
Es decir, quien critica a Leguina se convierte en miembro de la secta de enfrente a la espera de prebendas. A veces los comentarios tienen aún menos nivel que los artículos, ¿verdad, doña Beatriz?

ENVÍA UN COMENTARIO
Nombre *
Correo electrónico *
Su comentario *
 
 
 
 

Normas de uso
Los comentarios en esta página pueden estar moderados. En este caso no aparecerán inmediatamente en la página al ser enviados. Evita las descalificaciones personales, los insultos y los comentarios que no tengan que ver con el tema que se trata. Los comentarios que incumplan estas normas básicas serán eliminados.

 
Deseo mostrar mi email públicamente
 
He leído y acepto la cláusula de privacidad.
 
 
 
Por favor, para evitar el spam necesitamos que resuelvas la siguiente operación matemática:
7 - 5  =  
ENVIAR
 
 
OTROS ENSAYOS DE JOAQUÍN LEGUINA
RESEÑAS

 

BÚSQUEDA AVANZADA

Te animamos a bucear en el archivo de Revista de Libros. Puedes realizar tus búsquedas utilizando los siguientes criterios.

Todas las palabras
Cualquiera
Coincidencia
ENVIAR


Apúntate al boletín de Revista de Libros
ENSAYOS ANTERIORES
Revista de libros en Papel 199
RESEÑAS
 
  Apúntate a RdL
BLOGS
 
  Archivo RdL
 
Patrocinadores RDL

Esta web utiliza cookies para obtener datos estadísticos de la navegación de sus usuarios. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.
Más información ACEPTAR