Nos preguntábamos aquí la quincena pasada, a cuenta de la polémica relativa a la producción de artículos científicos sobre el procés por parte de un conjunto de académicos ideológicamente comprometidos con el procés, si es posible hacer ciencia (política) cuando se tienen «profundas convicciones» acerca de los asuntos sobre los que se estudia. Y decíamos que la pregunta interesante es ésa y no la relativa a la producción de textos académicos por parte de personas que padecen un conflicto de interés no declarado: cuando se defiende «científicamente» una posición ideológica que a uno le ha reportado algún beneficio de otro tipo, ya se trate de un cargo o una subvención, la deshonestidad es tan patente que no merece siquiera discutirse. Lo que queremos es saber si uno puede hacer ciencia cuando posee ideología y, por extensión, si la ciencia política como tal puede ser practicada a pesar de que los seres humanos se formen inevitablemente juicios de valor acerca de los fenómenos sociales de los que son testigos; ya se trate del procés mismo, la digitalización de la esfera pública o el ascenso del populismo.
Pues bien: si entendemos por ciencia la producción de conocimiento sistemático, es evidente que la Ciencia Política —igual que las demás ciencias sociales— es digna de tal nombre. Pero si entendemos por ciencia la producción de un conocimiento sistemático que además sea neutral desde el punto de vista valorativo y susceptible de verificación, de modo que puedan promulgarse leyes axiomáticas y formularse predicciones generalizables, la respuesta no es tan clara. Hay quienes creen que la Ciencia Política puede y debe ser ciencia en este sentido fuerte; otros sostienen que se trata de un ideal irrealizable e indeseable. Sin embargo, no es tan sencillo separar la teoría normativa o prescriptiva de la ciencia empírica, ni siquiera en el interior del propio investigador. Máxime si ni siquiera hay unidad epistemológica dentro de la disciplina; por algo tiene dicho el inevitable Giovanni Sartori que el descubrimiento de la autonomía de la Ciencia Política respecto de las demás ciencias sociales no ha desembocado en la adopción de un solo método científico. Baste pensar en el contraste, que ha señalado entre nosotros Miquel Caminal, entre un positivismo que quiere explicar causalmente el funcionamiento de la sociedad y un marxismo que persigue la transformación de esa misma sociedad.
La principal divisoria en el plano ontológico es aquella que separa a los fundacionalistas, para quienes el mundo existe con independencia del conocimiento que podamos llegar a poseer del mismo, y los anti-fundacionalistas, convencidos de que el mundo está socialmente construido, principalmente a través del lenguaje. No es que, para estos últimos, no haya mundo; sino que no tiene sentido pensar en el mundo al margen de la construcción social del mismo. Y menos sentido tiene aún pensar que podemos alcanzar un conocimiento objetivo de ese mundo, embebidos como estamos —¡construidos!— también nosotros. Esta divisoria ontológica (mundo independiente versus mundo construido) conduce de manera natural a una divisoria epistemológica (mundo objetivable versus mundo interpretable) que nos permite distinguir entre dos tradiciones epistemológicas alejadas entre sí.
De una parte, está la tradición científica que defiende el modelo de las ciencias naturales y quiere identificar causas que permitan explicar los fenómenos sociales. Esta tradición contiene a su vez dos corrientes diferentes: una, el positivismo que quiere ser axiológicamente neutral y se basa en la observación directa como método para la verificación de las hipótesis; y otra, el realismo que duda de que la observación directa permita comprender todo lo que pasa en una sociedad y admite que nuestras interpretaciones del mundo influyen en el mundo, razón por la cual hemos de conocer esa parte «construida» de la realidad.
Por otro lado, tenemos la tradición hermenéutica o interpretativa que desiste de imitar a las ciencias naturales por una sencilla razón: niega que sea posible establecer relaciones causales entre distintos fenómenos. El objetivo de la Ciencia Política sería elucidar el significado del comportamiento humano; no se trata de explicar, sino de comprender. Dado que los fenómenos no existen fuera de nuestra comprensión de los mismos (y si existen da igual, pues no nos son accesibles), lo decisivo es la interpretación de la realidad; que a su vez tiene lugar en el marco de discursos o tradiciones de pensamiento. De ahí que el análisis objetivo sea imposible: el científico opera dentro de una tradición y dentro de un discurso, de los que no puede desembarazarse. ¡Jaula del contexto!
¿Qué pensar? En principio, no parece que la Ciencia Política pueda funcionar como la ciencia natural, por causas que atañen a las diferencias entre sus respectivos objetos: los fenómenos sociales y los fenómenos naturales son cosa bien distinta, de forma que también es muy distinta la ciencia que se pueda hacer con cada uno de ellos. Sobre todo, a la Ciencia Política le resulta imposible predecir como predicen la física o la química: el factor humano, ya sea individual o agregado, impone humildad. Sería un error, sin embargo, tirar al niño junto al agua de la bañera y afirmar que la Ciencia Política solo puede ser hermenéutica. O sea: igual que la Ciencia Política no puede ser toda ella una ciencia positivista, no hay razón para negar que una parte de ella puede intentar serlo. Si renunciase de entrada a la observación y verificación empíricas conducidas con arreglo al modelo positivista, habrá perdido un instrumento valioso para el conocimiento de los fenómenos sociales; un conocimiento llamado a facilitar la posterior elaboración de proposiciones teóricas de orden explicativo y normativo.
Tal como han señalado los hermanos Castro Nogueira en su trabajo sobre la metodología de las ciencias sociales, en ellas hay siempre una parte importante dedicada al establecimiento de los hechos sobre los que se pretende proponer alguna explicación, junto a otra dedicada a la clarificación de las categorías causales con las que se pretende relacionar, y aun establecer, los hechos considerados pertinentes. Pensemos en la cuestión de la justicia distributiva: no solo necesitamos teorías de la justicia, sino el conocimiento de los patrones sociales que conducen a resultados diversos según cuáles sean los principios de justicia aplicados en las comunidades políticas. Dicho de otra manera: el deber ser no puede desvincularse de lo que es, aun cuando lo que haya de ser no se deduzca simplemente de lo que hay.
Y lo mismo cabe decir de la facultad predictiva de la Ciencia Política. Que la predicción no sea posible (en sentido estricto) no significa que no pueda practicarse (en sentido lato). Ian Shapiro ha señalado que, por más que sea imposible desbrozar la compleja trama de procesos causales que operan en el mundo real, la Ciencia Política debe seguir haciendo predicciones… a condición de que las entendamos como generalizaciones probabilísticas acerca de las condiciones bajo las cuales será más probable que nos comportemos de un modo o de otro. Estas predicciones aproximativas serán un instrumento falible; sus instrucciones de uso habrán de indicar que no podemos confiar demasiado en ellas.
Para la tradición científica de la disciplina, por lo tanto, valdrá aquello que dijo en su momento el politólogo norteamericano Gabriel Almond: el objeto esencial de la Ciencia Política es la producción de conocimiento, entendido como la creación de inferencias o generalizaciones sobre la política extraídas de la evidencia. Los politólogos que hagan ciencia política con arreglo a este modelo aspirarán a ser neutrales desde el punto de vista valorativo: sus «profundas convicciones» no habrán de interponerse jamás entre ellos y la descripción de la realidad. Desde este punto de vista, la ciencia política no tendría por objeto la prescripción, sino la explicación de los fenómenos políticos: si no juzgamos moralmente la realidad natural (el cocodrilo que devora al antílope), tampoco debemos hacerlo con la realidad social (el votante que apoya al populista). Hacer «ciencia normativa» sería entonces una contradicción en sus términos
Ni que decir tiene que este razonable propósito valdrá para la Ciencia Política de vocación empírica, pero no para la teoría política ni para la historia del pensamiento político, representantes ambas de la irrenunciable dimensión normativa y filosófica de la disciplina. En buena medida, por añadidura, esa visión purista de las ciencias ha sido ya superada; autores como Quine, Kuhn o Fereyabend dejaron claro que el científico no es un pasivo intérprete del mundo y que cualquier conocimiento está inevitablemente mediado por los conceptos que empleamos para analizarlo. De ahí no se sigue que no se pueda hacer ciencia, sino más bien que no se debe hacer ciencia de cualquier manera ni pensando que al hacerlo estamos levantando un espejo frente a la realidad. En el caso de las ciencias sociales, las cosas se complican un poco más, ya que la frontera que separa al investigador de su objeto es mucho más tenue y resulta imposible eliminar por completo los intereses, actitudes y prejuicios de aquel.
¿Significa esto que la objetividad es por completo imposible, que no es concebible una simple descripción de la realidad social? ¿Debe la Ciencia Política renunciar a toda pretensión de objetividad sólo porque la ausencia total de valoración es imposible? Desde luego que no. Podemos desmitificar la ciencia, pero sería un error que esta última dejase de intentar obtener conclusiones objetivables. Recordemos a Max Weber, para quien la objetividad de la ciencia social significa ausencia de valoración: su célebre Wertfreiheit equivale a la neutralización de los valores en el interior del científico y en el curso del proceso de investigación. No siendo concebible una investigación empírica sin elaboración analítica y teórica, el científico social debe cuando menos esforzarse por diferenciar claramente el aspecto normativo del empírico: separando juicios de hecho y juicios de valor, haciendo explícitos los valores subyacentes a sus premisas, emplear reglas de imparcialidad a la hora —por ejemplo— de presentar con equidad los distintos puntos de vista. Digamos que los valores pueden influir en lo que se estudia, pero no deben entorpecer el modo en que se estudia ni las conclusiones a las que se llega: así reza el ideal del empirista. Otra cosa es que se realice en la práctica.
Ahora bien: no todas las conclusiones a las que uno quiera llegar podrán ser «verificadas» en la misma medida. Por ejemplo: seguramente puede establecerse qué segmentos sociales apoyan qué valores políticos; en cambio, no es sencillo decidir si la igualdad debe primar sobre la libertad o al revés. Y de aquí se deduce igualmente que la reflexión acerca de lo deseable no puede ignorar la investigación sobre lo existente. Tratar de separar de manera tajante teoría empírica y teoría normativa es perjudicial para ambas: aun cuando distingamos entre afirmaciones de hecho y afirmaciones de valor, el teórico normativo no puede ignorar al mundo ni el empirista puede desdeñar la influencia del lenguaje y de los valores, tanto en ese mundo como en él mismo.
Puede así concluirse que la Ciencia Política no es una ciencia, aunque a menudo quiera serlo; o que será una ciencia sólo si por tal entendemos algo muy distinto a lo que sugiere el modelo de las ciencias naturales. Digamos que la Ciencia Política produce un conocimiento sistemático sobre la realidad social y ese conocimiento es —debe ser— diferente al que produce la simple opinión. De ahí que lo razonable sea defender la sistematicidad de la Ciencia Política bien hecha. En principio, esta cualidad es predicable de la Ciencia Política empírica, mientras que la teoría normativa tiene más difícil demostrar que también es «científica». Pero es que el objeto de ambas es diferente, como se verá a continuación.
Habría que recordar que fue Isaiah Berlin quien subrayó la vital importancia de la teoría política en una sociedad pluralista caracterizada por el conflicto de valores. Su actividad se diferencia claramente de la que lleva a cabo el positivismo. Para Norberto Bobbio, las diferencias entre la ciencia y la filosofía de la política pueden sintetizarse en el siguiente juego de oposiciones: (i) comprobación empírica versus coherencia deductiva: la ciencia aspira a la verificación y la filosofía a la coherencia argumentativa de sus postulados; (ii) explicación descriptiva versus justificación y prescripción: la ciencia aspira a describir la realidad sin realizar juicios de valor y la filosofía prescribe, directa o indirectamente, el mejor modo de ser de esa misma realidad; (iii) objetividad vs. valoración o axiología: la ciencia se proclama libre de valores y la filosofía se basa en esos mismos valores para abordar la realidad, de tal manera que una quiere limitarse a los hechos mientras la otra vive en los conceptos. Esto deja a la TeoríaPolítica resultante —resultante de la integración de la vieja filosofía en la nueva Ciencia Política— en un lugar intermedio: no siendo ya filosofía, tampoco se ha convertido en ciencia. Pero bastaría con señalar a la teoría política como aquella parte de la Ciencia Política dedicada a la reflexión acerca de la realidad social y sus principios organizativos, para encontrarle un acomodo diáfano en su interior: trata de dar un sentido a aquello que la ciencia empírica intenta describir. Y para ello, además, recurre con frecuencia a las aportaciones realizadas por la filosofía y otras ciencias sociales.
¿Qué hay entonces de las «profundas convicciones» del investigador? El terreno es espinoso. Sin duda, la mundanidad acompaña a la Ciencia Política porque esta, como señala Giovanni Sartori, «es, o tiende a ser, un saber de aplicación, operativo: un instrumento para intervenir sobre la realidad de la que trata». En esto no se diferencia de la ciencia natural; al menos, en su modalidad clásica o baconiana, orientada al control humano del mundo físico. Y no ha nacido todavía una ciencia vocacionalmente inútil, aunque cualquier ciencia —ahí están Bouvard y Pécuchet— sea susceptible de emplearse inútilmente. Cuestión distinta es cómo definamos la utilidad de la Ciencia Política para la sociedad: en relación a qué fines, de acuerdo con qué postulados normativos, con qué beneficiarios. El acuerdo no es sencillo: ya hemos visto que un positivista proclama la neutralidad valorativa de la Ciencia Política y un marxista la tendrá por instrumento para la transformación social en la dirección de una sociedad sin clases. Cuidado: las fallidas ingenierías sociales del siglo XX muestran a la Ciencia Política el peligro de la hybris mundana. No todas las contaminaciones mundanas tienen la misma escala; la contribución politológica a la legitimación del soberanismo catalán —desde los lejanos tiempos del «federalismo asimétrico»— tampoco es desdeñable.
Desde este punto de vista de un Max Weber, la Ciencia Política tendría por objeto un estudio de la realidad social que sistematice el estado de cosas y lo traduzca a conceptos y representaciones útiles para conocer lo real, de manera que ese conocimiento pueda orientar la toma de decisiones de índole normativa. Pero Mefistófeles acecha: la Ciencia Política es especialmente sensible a las mediaciones externas, como señalase Klaus von Beyme, por encontrarse sometida a la determinación de fines externos a la ciencia. A saber: organismos públicos, empresas privadas, sistemas educativos, partidos y movimientos políticos. Desde el momento en que el investigador sirve a fines externos, pone la ciencia al servicio de un objetivo de parte y, por el camino, la desnaturaliza. La ductilidad de los científicos como gremio a la hora de servir intereses particulares es bien conocida: ya no hay quien presente una iniciativa política sin su correspondiente «informe de experto», que dirá lo que tenga que decir en la mayoría de los casos y si no —el Ministerio de Trabajo ha sido requerido por Transparencia para que haga público el trabajo que encargó sobre el impacto de la subida del salario mínimo sobre el mercado de trabajo— será ocultado a la opinión pública.
Puede ocurrir que las recompensas para quien se alinee con los intereses de un gobierno o partido sean difusas y no necesariamente desemboquen en un movimiento bancario. Y, como se ha dicho ya, puede no haber recompensa material alguna: el compromiso ideológico en favor de una causa puede encontrar satisfacción en sí mismo. ¿Incurre en un «conflicto de intereses» quien se dispone a hacer ciencia política albergando «profundas convicciones» acerca de su objeto de estudio? Depende del caso. Si uno hace investigación empírica, puede estudiar la realidad social —mediada por los conceptos y condicionada por las preguntas de investigación— con independencia de las convicciones, siempre que se respete el método científico aplicable a su objeto. Pero también cabe la deshonestidad de quien pone la «evidencia» al servicio de la ideología, actitud que merecerá mayor reproche cuando el investigador se adhiere a la tradición «científica» antedescrita. Quienes escriben un paper titulado «Beaten Ballots» con el propósito declarado de investigar si el uso policial de la fuerza en el referéndum ilegal del 1-O estimuló o reprimió la participación ciudadana, están sugiriendo ya desde el título cuál es su sesgo ideológico, confirmado cuando los autores afirman que ese día hubo «1.000 heridos» a causa de la intervención policial: una cifra falsa que el independentismo no ha dejado de repetir para apuntalar su «relato» sobre esa jornada.
Nada más equívoco, pues, que hacer ideología cuando se dice hacer positivismo. A cambio, los juicios de valor del teórico político serán más visibles por definición. Su deshonestidad quedará no obstante al descubierto cuando refuerce su argumentación con supuestos de hecho que sean falsos: si habla de los famosos 1.000 heridos, invoca un «derecho a decidir» no reconocido en ninguna constitución, describe la Guerra de Sucesión de 1714 como una agresión de «España» contra «Cataluña» o, en fin, sostiene que el Tribunal Constitucional «suprimió» —o algún adjetivo similar— el Estatut. Hay asuntos debatibles: habrá quien sostenga que la fuerza ejercida por la policía en la jornada del referéndum es «violencia estatal represiva e ilegítima », pero ese juicio de valor solo podrá realizarse acompañado de la debida justificación teórica y sin tergiversar lo sucedido ese día (mal podremos evaluar la proporcionalidad de la acción policial si no manejamos datos veraces); lo que quiere decir que quien así se exprese estará razonando sin tomar en consideración el marco legal vigente en nuestro país, que autoriza a las fuerzas policiales a actuar en defensa del orden constitucional siempre que lo haga dentro de los límites que marca la ley.
Tal como puede verse, el factor determinante aquí será la honestidad del investigador. Pero si aceptamos la premisa de que solo puede hacerse ciencia social en condiciones de libertad dentro de una sociedad democrática, el primer compromiso del investigador habrá de ser con el mantenimiento de la democracia misma; mal podrá defender el rigor «científico» de su trabajo quien se adhiera a movimientos o partidos que persigan derribar el orden constitucional vigente de una democracia. Y es que no todas las «profundas convicciones» son iguales: las hay que, cuando salen a la superficie, revelan al ideólogo que se disfrazaba de investigador.