Repudio y necesidad del centro (y III)

por Manuel Arias Maldonado

Hablábamos, a cuenta de las tesis de Pierre Manent sobre el «fanatismo del centro» y la estigmatización de las posiciones populistas como «ilegítimas», de la paradoja del pluralismo. A saber: el pluralismo es una cualidad del sistema que no es necesariamente compartida por los actores que operan en él, ya que éstos no practican exactamente un uso público de la razón orientado hacia el acuerdo ‒a partir de la convicción de que no existen verdades absolutas‒, sino que suelen defender su verdad convencidos de que no hay otra y se resignan a compartir la esfera pública con quienes sostienen «verdades» distintas. No existe, como quería Hobbes a fin de evitar la discordia civil, un poder centralizado ‒un Leviatán‒ capaz de fijar el significado del bien y del mal, esto es, legitimado para determinar la verdad pública. Se espera por ello que los actores políticos y los ciudadanos que toman parte en la conversación pública sean educados por el sistema democrático: su convivencia forzosa, como sugería Richard Rorty, debería enseñarles que no existen «vocabularios finales» y que, por lo tanto, no nos queda más remedio que aceptar la contingencia de todos los vocabularios particulares. Pero lo que no es en ningún modo contingente es el sistema democrático mismo, que crea el marco donde se encuentran ‒en las instituciones y fuera de ellas‒ quienes piensan de manera diferente. Es gracias a esta estructura moral que pueden surgir voces nuevas: desde el feminismo al animalismo. Conviene entender bien esto: las novedades morales no se producen a pesar de la democracia liberal, sino debido a la configuración de la democracia liberal. Hay aquí, pues, una epistemología que se asienta sobre la pluralidad de puntos de vista.

Pues bien, lo que dice Manent es que esta misma democracia liberal está experimentando una mutación de orden excluyente: los partidos populistas son tildados de peligrosos y las opiniones asociadas a ellos juzgadas ilegítimas por quienes, desde un centro vigilante, vigilan el terreno de juego. Manent hace trampa cuando sostiene que, antes de esta mutación, cuando la nación y la clase social eran el «pueblo» alrededor del cual orbitaban socialcristianos y socialdemócratas, no existían opiniones legítimas e ilegítimas, sino tan solo derechas e izquierdas. Él mismo añade que los extremos ‒a izquierda y derecha‒ representaban una zona de sombra en ese continuo ideológico. Tiene su lógica, pues el extremismo está reñido con el método democrático: aunque la democracia nace con la revolución que derriba al Antiguo Régimen, pronto recela de los excesos de la revolución. La trampa de Manent consiste en minimizar la medida en la cual los extremos representaban ya, al menos desde los años setenta, y con seguridad tras la caída del Muro, una opción de reducido prestigio en el interior de las democracias occidentales. En otras palabras, las cosas no han cambiado tanto. Lo que se afeaba a la extrema izquierda y derecha de antaño es lo mismo que se afea a los populismos de hogaño: su radicalidad antipluralista. O, si se quiere, su radicalidad de efectos inevitablemente antipluralistas. Ese antipluralismo está latente en la noción de pueblo del populista, si bien ha de convenirse que la nación o la clase social podrían acarrear efectos similares: todos ellos son ficciones movilizadoras que reducen la heterogeneidad social y, con ello, la simplifican. Y lo mismo podría decirse de la oposición entre un pueblo bueno y una elite mala: también se ha hablado siempre de los enemigos de la nación y de la lucha de clases. Tal vez el populismo contemporáneo nos choca porque las democracias occidentales habían atenuado esos viejos antagonismos.

Sea como fuere, nos aproximamos aquí a un punto delicado del entramado político liberal, a saber, la relación entre pluralismo y decisión. Recordemos que Carl Schmitt apuntaba en esa dirección en su afinada crítica del liberalismo, que incluía la recuperación de Donoso Cortés y su célebre caracterización de la burguesía como «clase discutidora». Es decir: enredada en debates sin fin que no conducen a decisión alguna, pues no existe la figura del soberano sobre el que recae ‒como dice Hobbes‒ la tarea de decidir sobre lo bueno y lo malo; una tarea que, en el caso del relativista Hobbes, tiene menos que ver con la bondad o maldad de las decisiones y las palabras, y más con el imperativo de evitar la desunión civil. Así las cosas, ¿quién podría decidir lo que es bueno o malo? Si dejamos de creer en la verdad revelada, ¿quién podría decidir lo que es cierto y es falso? Por eso dice Schmitt que el liberalismo es una ideología defensiva o reactiva que derriba regímenes ‒el absolutismo, el totalitarismo‒, pero no los funda. Y por eso pone el énfasis en la decisión, que alcanza su máxima expresión en la decisión que declara el estado de excepción. En un contexto pluralista, la decisión política resulta problemática por carecer de fundamento último.

Esta «indecidibilidad» permitiría explicar también el principio, originado en la doctrina de la tolerancia religiosa, de la neutralidad moral del Estado. Se formula de manera muy sencilla: la autoridad pública no puede decirnos cómo vivir o qué pensar. Tiene su lógica: si la verdad no tiene dueño, el poder público no puede imponer ninguna. Salvo, claro está, la preferencia por el sistema democrático: la democracia no puede ser neutral hacia sí misma. Va de suyo que esto supone la preferencia por un tipo particular de democracia, que es la liberal-representativa, en detrimento de otras posibilidades: ya sea asamblearia, conforme a la tradición de cierta izquierda, o refrendataria, de acuerdo con la lógica populista. Pero tampoco tendría sentido una neutralidad rígida que impidiese la asimilación pública de las innovaciones morales; si así fuera, por ejemplo, el progreso del feminismo habría sido imposible.

La queja de Manent viene a ser que la globalización es una decisión que no ha sido consultada con nadie, de tal forma que el populismo sería una reacción contra sus consecuencias. El pensador francés tiene algo de razón, pero no toda la razón. Tiene razón al decir que la globalización no ha sido objeto de una decisión explícita. Pero lo que está pidiendo es imposible: las sociedades no pueden someter a control democrático todos los cambios que les afectan. Pueden reflexionar sobre ellos ex post, actuando sobre sus consecuencias indeseadas, pero no tienen más remedio que adoptar una posición reactiva frente a buena parte de los cambios que se producen en su interior. Y, aun así, es inexacto afirmar que el desenvolvimiento de la globalización ‒entendido como proceso de integración económico, cultural social e, incluso, político entre sociedades‒ ha carecido de todo fundamento democrático: los votantes podrían haberla frenado en las urnas votando a un Trump allá por 2006. Por el contrario, ha hecho falta una recesión brutal para que aparezca Donald Trump y, más generalmente, cobrara impulso el debate sobre los excesos de la globalización. Respetables o no, los populismos han marcado la agenda política de estos años poscrisis sin que el centro pudiera hacer nada para evitarlo. De hecho, hay signos de un vaciamiento del centro en la mayoría de las democracias occidentales: fragmentación y polarización son las palabras del momento.

Pero volvamos, justamente, al centro, al problema o enigma del centro. Manent acusa al centro de fanatismo por expulsar ‒o intentar expulsar‒ del sistema democrático las posiciones más radicales, o que con más claridad desafían el consenso vigente; no es descabellado pensar que Schmitt encontraría en el centro el paradigma de la indecisión liberal. Pero el centro constituye más bien una necesidad de las democracias liberales; y lo sería por efecto del pluralismo que las caracteriza. Pensemos en el aborto, derecho inalienable para unos y aberración moral para otros: ninguna solución que satisficiera a uno de los extremos habría podido jamás aplicarse con visos de permanencia. De nuevo: en una sociedad pluralista, la decisión no debería ser sino el producto de un proceso sofisticado y cauteloso, que toma en consideración la fragmentación existente para avanzar por caminos reversibles con el mayor consenso posible.

Así que el centro no sería un contenido, sino un método: no nos dice lo que tenemos que pensar, sino de qué manera hemos de evaluar la realidad política y abordar la toma de decisiones. Tal como afirma Bo Winegard en su «manifiesto», el centrista cree que el progreso político y cultural debe alcanzarse por medio de la cautela y el compromiso, en lugar de a través del extremismo o la violencia. Acepta de buena gana el cambio social, pero no la existencia de un orden moral o religioso trascendental: estos dos rasgos lo separan del conservador. De ahí que la moralización del debate público le disguste: la libre expresión de opiniones es imprescindible para el progreso de las sociedades y nada ganamos si se estrechan los confines de lo «aceptable» y dejamos de decir aquello que pensamos por miedo a ser calificados de ‒pongamos‒ xenófobos o sexistas. Winegard tampoco tiene una solución para este problema, pero intenta mantener un precario equilibrio: por una parte, dice, las sociedades pueden sacralizar ciertas ideas ‒como la igualdad de todos los individuos ante la ley‒ y estigmatizar a quienes las cuestionan. Por otra, en cambio,

es crucial precaverse contra un tipo de tabú conforme al cual ideas que son compatibles con los ideales de una sociedad cosmopolita son estigmatizadas y aquellos que las defienden objeto de represión moral y humillación pública.

Pero la objeción de Manent sigue en pie: ¿quién decide qué ideas son sagradas y cuáles no? Más aún: ¿no puede expresarse políticamente quien no comparte los ideales de la sociedad cosmopolita? Esto último, desde luego, no es razonable: los partidarios de una sociedad cerrada deben poder defender su preferencia. Sin embargo, y esto responde a la pregunta de Manent, jamás podrán cerrar la sociedad liberal, que, en cualquier caso, habrá de permanecer «abierta» en la medida suficiente para seguir llamándose «liberal». La razón es clara: una sociedad abierta admite distintos grados de apertura, pero una sociedad cerrada carece de los mecanismos que permitirían su apertura sin recurso a la revolución o la fuerza. En consecuencia, las ideas que son «sagradas» para una democracia liberal son aquellas que ‒materializadas en forma de derechos y procedimientos‒ le permiten seguir siendo ella misma: derechos civiles y políticos, imperio de la ley, protección de las minorías, independencia de los tribunales. De manera que ciertas posiciones ‒la negación de la igualdad ante la ley, la saturación étnica de la ciudadanía, el sexismo, la demonización de grupos humanos‒ serán contrarias a, o incompatibles con, la democracia liberal. De qué manera pueda en la práctica hacerse efectiva su neutralización es asunto distinto y nada sencillo, pero este criterio nos permite al menos orientarnos en el debate público. Nótese que hablamos de los elementos liberales del régimen representativo y que ninguna decisión democrática ‒por mayoritaria que sea‒ puede suprimirlos: ahí empieza, exactamente, el camino del iliberalismo.

¿Y cuál es el fundamento de esta autolimitación democrática? En este punto, habría que subrayar la dimensión histórica de la democracia liberal: no se trata ya de una forma de gobierno nueva, sino de una que acumula una experiencia considerable de la que es posible extraer enseñanzas elementales. No se deduce de aquí que hayamos de interpretar la actual situación política como una repetición de los años veinte, llamando «fascismo» a cualquier cosa. Pero sí sabemos que resulta inconveniente concentrar los poderes en el ejecutivo en detrimento del legislativo, que es preciso mantener la independencia de los órganos contramayoritarios, o, según hemos confirmado últimamente, que los referendos populares no son demasiado recomendables. Dicho de otro modo, hay errores que las democracias liberales no deberían cometer dos veces; que de facto los cometan, evidentemente, no puede prevenirse fácilmente. Incorporar este criterio a la conversación democrática no es tampoco sencillo, pues ni todo el mundo sabe historia ni la historia es siempre unívoca; el protagonismo de la juventud en las movilizaciones colectivas dificulta, asimismo, este propósito.

Si con este bagaje volvemos a la crítica que Manent hace del tratamiento centrista del populismo, comprobamos que aquella contiene algún acierto y una flagrante inexactitud. Tiene razón Manent cuando sugiere que la división entre partidos respetables y partidos no respetables, que se reproduce en la separación entre opiniones legítimas y opiniones ilegítimas, conduciendo de paso a la práctica del llamado «cordón sanitario» que aísla a los extremistas, tiene mucho de estrategia partidista: conviene a quien la pone en marcha y no siempre se pondrá en marcha contra quienes se supone que habría de practicarse. No es descabellado que la retórica del cordón sanitario termine por emplearse para desgastar a los rivales «convencionales» tildándolos de extremistas, ni que otros extremistas que pueden servir como socios sean eximidos de la pena de aislamiento sólo porque conviene para forjar una mayoría: todo eso lo hemos visto en España durante los últimos quince años. En suma: la estigmatización moral puede ser, y a menudo es, una táctica política. Acaso sería por ello deseable que el debate girara en torno a la deseabilidad de los acuerdos con determinadas fuerzas políticas, en abandono del vocabulario épico del cordón sanitario: si una fuerza política se compromete con el sistema democrático, integrándose con ello en la cacofonía pluralista, se hará acreedora de las críticas y los argumentos de sus rivales. Pero el señalamiento moral acarrea el riesgo de que terminemos todos por juzgar ilegítimo a quien sólo es indeseable, situándonos con ello en una posición de superioridad que casa mal con la contingencia que caracteriza nuestros sistemas de valores y el propio ethos democrático.

Ni que decir tiene que, como se sugirió en la entrada anterior a cuenta de las sentencias de los tribunales alemanes sobre discursos de odio antimusulmán, la democracia liberal posee líneas rojas que no pueden traspasarse: el respeto a las normas, instituciones y procedimientos que la constituyen como tal. Ahí está, a menudo, el peligro del populismo: en sus inclinaciones antipluralistas y plebiscitarias, que se manifiestan tanto en el discurso (que reduce la complejidad social a una fábula de buenos y malos) como en la práctica (las tendencias iliberales que comprometen la separación de poderes o la libertad de prensa). No digamos si se adopta un criterio nativista en la delimitación de la ciudadanía: la trayectoria del nacionalpopulismo catalán deja al descubierto el previsible camino que conduce del etnicismo al iliberalismo. En la mayor parte de estos casos, no estamos ante posiciones legítimas, por la sencilla razón de que vulneran ‒o prometen vulnerar‒ derechos ciudadanos. Y eso, justamente, es lo que debe ser denunciado en un marco democrático. Si es posible, con buenos argumentos.
 

13/02/2019

 
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