En un mercado persa

por Julio Aramberri

El pasado 8 de mayo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmaba con gran aparato propagandístico la retirada de su país de un Plan Conjunto y Detallado de Acción (JCPA por sus siglas en inglés) suscrito el 14 de julio de 2015 en Viena. En lenguaje de la calle se lo conoce como el Acuerdo Nuclear con Irán. Lo habían pactado, de una parte, un ente cabalístico bautizado como E3/EU+3 (el triunvirato europeo –Alemania, Francia y Gran Bretaña– y la representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores o E3/EU, más China, Estados Unidos y la Federación Rusa, el 3 final) y, de la otra, la República Islámica de Irán.

La retirada estadounidense detonó con gran fragor en los medios globales. El País editorializaba al día siguiente: «Clamor mundial contra Trump. El abandono estadounidense del acuerdo con Irán representa una amenaza a la paz». The Washington Post se sumaba con otra cabecera lapidaria: «La decisión de Trump sobre Irán nos acerca a la guerra». Der Spiegel llamaba a una resistencia contra América y, algo menos descompuesto, The New York Times destacaba la escasa fiabilidad de Trump, su renuncia a cumplir con las obligaciones contraídas por el presidente Obama y su humillación de los aliados europeos.

Éstos, por su parte, no ocultaban su frustración. Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, comentaba que «con amigos como éstos, quién necesita enemigos». Tampoco quedaron muy satisfechos quienes de verdad mandan en la Unión (es decir, Angela Merkel y Emmanuel Macron, con Theresa May, por ahora, de telonera), aunque reducían el puntillo: el acuerdo con Irán no era perfecto, pero debía mantenerse. Federica Mogherini, Alta Representante de Exteriores de la Unión Europea, llamaba a defender los intereses de seguridad de los socios europeos y sus inversiones económicas y recordaba que el acuerdo había sido adoptado por unanimidad en la Resolución 2231 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Tenía razón la Alta Comisionada, aunque eludía reparar en un pequeño detalle. El procedimiento tradicional para que Estados Unidos participe en decisiones internacionales importantes como ésta es la firma y ratificación de un tratado. Su Constitución determina que los tratados deban contar con el consejo y consentimiento del Senado y con el voto de dos tercios de los senadores presentes. Con el ardid de una previa resolución unánime del Consejo de Seguridad, el presidente Obama hurtaba al Senado de Estados Unidos su capacidad de decisión en un asunto grave y convertía la Constitución en papel mojado.

Obama y el Partido Demócrata habían salido escaldados de las elecciones al Congreso de 2014 –el presidente, con razón, las definió como un shellacking, es decir, una paliza descomunal–, perdiendo la mayoría en ambas cámaras. Una eventual ratificación del acuerdo con Irán por dos tercios del Senado era el sueño de una noche de verano. Y empujar a la mayoría republicana con ayuda de la opinión resultaba aún más difícil. En julio de 2015, recién firmado el JCPA, las opciones se repartían entre un 33% a favor y un % en contra. Dos meses más tarde, la distancia entre ambas había ascendido del 12 al 28% (21% a favor, 49% en contra). Ya en 2013, cuando todavía contaba con mayoría en el Senado, Obama había recordado a la oposición que «tengo una pluma y un teléfono [...] y puedo usar esa pluma para firmar decretos [executive orders] e impulsar acciones administrativas». Desde entonces, Obama dejó de contar con el Congreso para imponer su real gana.

Cualquier turista que haya estado en un mercado persa sabe que los precios nunca son fijos. El tira y afloja entre comprador y vendedor siempre cae del lado de quien tiene más tiempo para regatear y, como los turistas suelen ir con prisas, acaban comprando lo que les gusta sin reparar en el precio. Obama andaba azacaneado con su legado, esa huella indeleble con la que los políticos quisieran marcar su paso por la Historia. Contaba con la admiración rendida de los medios globales y en Davos suscitaba casi tanta devoción como Angelina Jolie, pero las fiestas de los incondicionales, aun de agradecer, no bastan. Tenía, sí, el premio Nobel de la Paz de 2009, pero todo el mundo sabía que le había caído de rebote, sólo para ningunear a George Bush Jr. y a su cuadrilla neocon. A un año de acabar su mandato, al presidente se le escapaban los éxitos cósmicos que creía merecer. ¿No había definido su candidatura presidencial como «el momento en que los mares dejaron de crecer y nuestro planeta empezó a sanar»? Obama no podía irse a casa de tapadillo y el mercader persa, que lo sabía, le hizo una oferta irresistible con un precio a la altura de su vanidad presidencial.

Tal vez por convicción, posiblemente por oportunismo, Obama favoreció desde el principio de su mandato un cambio de estrategia política en Oriente Medio. Su fatua genuflexión ante los ulemas de la mezquita de al-Azhar y los estudiantes de la Universidad de El Cairo en junio de 2009 incluyó críticas a Israel no formuladas con anterioridad por ningún otro presidente estadounidense. Aunque nunca lo expresara abiertamente, con los años, Obama buscó una salida a los conflictos la zona con una aproximación al régimen que creía más estable y predecible, el de los mulás persas. Su discurso cairota coincidió en el tiempo con la protesta de cientos de miles de iraníes que denunciaban la reelección amañada del presidente Mahmud Ahmedineyad, pero Obama mantuvo impasible su ademán ante la represión brutal de la milicia basij. Como ha argumentado persuasivamente Jay Solomon, no estaba dispuesto a que el movimiento verde le estropease su acercamiento secreto a Irán.

Tras obtener un segundo mandato en 2012, Obama vio llegada su oportunidad. Por un lado, en 2013, Irán eligió a un nuevo presidente, Hassan Rouhani, al que el gobierno estadounidense y, por ende, los medios globales presentaron como un moderado grand cru, aunque sabían de sobra que en la teocracia persa no se mueve ni una hoja de parra sin permiso del gran ayatolá Jamenei, para quien la tibieza conduce necesariamente al sacrilegio. Por otro, el Organismo Internacional de Energía Atómica había avisado en 2011 de que Irán llevaba tratando de obtener armas nucleares desde 2003. ¿Podían esas dos partes moderadas (E3/EU+3 y la República Islámica) dejar pasar la ocasión de evitar ese desenlace con un acuerdo de buena fe? Y así, tras interminables sesiones negociadoras en las que Irán ganaba cada vez más concesiones, se llegó al JCPA que Donald Trump denunció el pasado 8 de mayo. En breve, Irán renunciaba a avanzar en su programa nuclear hasta 2025 y los otros siete contratantes le libraban de la bota malaya de las sanciones económicas en un momento en el que la economía del país iba de mal en peor.

Para sus críticos, el acuerdo adolecía de tres grandes vicios. Ante todo, mantenía intactas las instalaciones nucleares iraníes, permitiéndoles avanzar en I+D para, en 2025, dotarse rápidamente de armas nucleares. En segundo lugar, esa concesión está llamada a desatar una carrera bélica en toda la región. Finalmente, además del levantamiento de las sanciones, el acuerdo preveía una liberación de fondos iraníes retenidos en virtud del régimen de sanciones por más de cien millardos de dólares más intereses: otros 1,7 millardos. Para la parte estadounidense del E3/EU+3, que llevaba el peso de los turnos de réplica a la oposición doméstica e internacional, el régimen de inspecciones establecido era suficientemente rígido como para impedir el uso de artimañas por parte de Irán; la carrera armamentística no era una consecuencia inevitable; y las indemnizaciones honraban los derechos de la contraparte iraní.

Las maniobras de la Casa Blanca para evitar que el Senado interviniese en la ratificación del acuerdo necesitarían de mucho más espacio para narrarse en detalle. En síntesis, lejos de someter el JCPA a su aprobación, el presidente dio por válida la decisión del Consejo de Seguridad, de forma que fuese el Senado quien tuviese que adoptar, en su caso, una moción contraria al acuerdo, para lo que necesitaría al menos sesenta votos favorables. Al tiempo, Obama hizo saber que impondría su veto si la propuesta llegaba a aprobarse. Como el quórum para superar un veto presidencial está en sesenta y siete votos, la oposición estaba irremediablemente condenada al fracaso.

Durante ese período, la discusión se tornó incandescente. En uno de sus momentos culminantes ‒un discurso en la American University de Washington–, Obama mantuvo que en Irán «los partidarios de la línea dura son los que se sienten más a gusto con el statu quo. Los ultras que gritan muerte a Estados Unidos son los máximos enemigos del acuerdo. Son ellos quienes están haciendo causa común con el grupo republicano». Los grandes medios domésticos y globales, por su parte, apoyaron sin fisuras al presidente y consideraron su desprecio por la Constitución como la maniobra de un hábil estadista.

Fue una victoria pírrica. El 19 de agosto de 2015, Associated Press informaba de que, pese a las seguridades en contrario, el Organismo Internacional de Energía Atómica no iba a tener acceso al complejo nuclear de Parchin que es, supuestamente, el centro de desarrollo de armamento nuclear y misiles intercontinentales iraníes. Un acuerdo secreto estipulaba que el organismo tendría que contentarse con la información que les transmitiese la parte iraní. En 4 de agosto de 2016, CNN advertía que la administración estadounidense había enviado a Teherán, por vía aérea y en contenedores, el equivalente de cuatrocientos millones de dólares en billetes de otras denominaciones. Ese mismo día, el Gobierno iraní puso en libertad a cuatro prisioneros estadounidenses, seguramente por mera coincidencia. Los portavoces de Estados Unidos insistieron en que su Gobierno no paga rescates. Hoy sabemos que buena parte de ese dinero ha ido a sufragar la intervención iraní en Siria y a financiar las operaciones de sus secuaces de Hezbolá en Líbano y de Hamás en Gaza.

Con el triunfo subido a la cabeza, en una entrevista con The New York Times, Ben Rhodes, uno de los miembros del Consejo Nacional de Seguridad que asesora al presidente en la toma de decisiones internacionales, se jactaba de haber manipulado a «periodistas inexpertos para crear una cámara de eco que contribuyó a predisponer a la opinión pública a favor del acuerdo». Como sabemos, era una baladronada, pero ponía en blanco y negro la opinión que Rhodes y su jefe tenían de sus turiferarios en los medios.

La frustración de los europeos con la decisión de Trump tiene su lógica. Tras el final del régimen sancionador, el valor total del comercio Unión Europea-Irán (importaciones más exportaciones) se multiplicó por tres, llegando a veintiún millardos de euros en 2017. La reimposición de las sanciones directas e indirectas (prohibición de utilizar cualquier banco de Estados Unidos o que opere en su territorio en transacciones con Irán) van a suponer una fuerte reducción de esos resultados. Pero, por más que protesten airadamente las decisiones «erráticas» del nuevo presidente estadounidense, la capacidad de maniobra de los gobernantes de la Unión Europea es muy reducida. ¿Van a hacer esos veintiún millardos de euros que comercian con Irán cambiar la dura realidad de que su principal socio económico, de lejos, es Estados Unidos: tres billones y medio de euros en 2015? Y si la resistencia contra Estados Unidos a la que animaba Der Spiegel se convirtiese en realidad, ¿quién va a sacar las castañas del fuego a los europeos el día en que Putin decida llevarse por delante, pongamos por caso, alguna de las repúblicas del Báltico a las que tanta afición profesa?

Los europeos y los iraníes prefirieron ignorar que Estados Unidos sólo se obliga formalmente mediante tratados como el que Obama se negó a someter al Senado. Los decretos que un presidente firma a su capricho, los deroga, también a su capricho, el presidente que le siga.

Obama tenía una pluma y un teléfono. Trump prefiere Twitter.

29/05/2018

 
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