Es frecuente que las amas de casa establezcan una comparación entre el comportamiento del IPC y la cesta de la compra que ellas realizan diariamente. Tanto el precio de algunos alimentos como el de otros bienes de uso y consumo, incluso algunos gastos realizados fuera del domicilio, aparecen con alzas que superan el IPC general. Este hecho conduce inevitablemente a pensar que el IPC no refleja la realidad del alza de los precios pagados por las familias. Es evidente que cuando los consumidores llegan a esta conclusión no han tenido en cuenta que existe un grupo de bienes y servicios en los que la evolución de los precios es claramente menor. Es el caso de lo acontecido en 2003 con los gastos familiares en comunicaciones, ocio y cultura, menaje, medicina y transporte, cuyos precios crecieron menos de un punto porcentual respecto al índice general. La ponderación de estos grupos de gasto representa el 33% del presupuesto familiar anual. Este comportamiento no se repite cada año de forma necesaria, pero es comprobable que la opinión pública desfavorable a la fiabilidad del IPC se acrecienta cuando ha sido el precio de algunos alimentos, del vestido y calzado el que ha desbordado la tasa media anual del IPC. La opinión pública, en realidad, compara el coste de su cesta de la compra con la de otros momentos, sin tener en cuenta la calidad y clase de los bienes adquiridos. Y, por supuesto, no piensa en los bienes y servicios consumidos, pagados mensualmente.
La mayor parte de la opinión pública (amas de casa y consumidores en general) consideran y han mantenido a lo largo de la historia reciente de la economía española, por tanto, que los precios reflejados en el índice de precios de consumo, el famoso IPC elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, es inferior a la realidad por ellos observada. Esto es, que los precios pagados por los consumidores en cualquier año han superado en crecimiento al guarismo resultante en la medición oficial del Instituto de Estadística.
El primer problema que parece necesario plantearse es si la metodología para la elaboración del índice de precios de consumo (IPC), elaborado por el INE, cumple con los requisitos necesarios para alcanzar unos resultados finales plenamente fiables. Para afrontar esta cuestión es necesario analizar cómo se construye el índice y cómo se accede a la información necesaria para conocer la evolución de los precios de los bienes y servicios adquiridos por los consumidores.
La primera operación que realiza el INE, cada año que cambia la base de índice, es analizar cuál es la nueva estructura del consumo familiar para evaluar el peso que ha de conceder a cada producto o servicio que debe integrarse en el conjunto de los gastos familiares. Para construir este esquema de la estructura del gasto familiar, el INE realiza la denominada encuesta de presupuestos familiares, que tiene como fin conocer la composición del consumo familiar: cuánto gasta cada familia en los distintos bienes y servicios consumidos en los doce grupos en que se distribuyen, a partir de la elaboración de los índices de precios correspondientes.
En la actualidad, el año base corresponde a 2001 con el siguiente peso. Incluimos también el porcentaje de crecimiento en 2003 respecto a 2002 (ver cuadro).
La fiabilidad de los resultados de la encuesta de presupuestos familiares depende de la calidad de la información aportada por los hogares encuestados. La experiencia demuestra que, así como los datos de alimentación, bebidas, vestido, calzado, medicina, comunicaciones y enseñanza suelen ajustarse a la realidad, ya que son controlados directamente por los agentes del INE que realizan la encuesta, los gastos correspondientes a menaje, transporte, ocio, cultura y hoteles son más aleatorios, puesto que se ha demostrado en muchas ocasiones, por ejemplo, que las compras de automóviles y otros aparatos para el hogar, conocidas por otras fuentes, superaban ampliamente a los resultados de la encuesta. Todo ello significa que los datos estructurales resultantes para conocer la composición del consumo familiar hay que tomarlos con alguna reserva. Pero obsérvese que si el peso consignado al gasto de transporte fuese mayor que el atribuido en la encuesta (14,4%), y el alza de los precios, dentro del grupo correspondiente, es menor que la media del IPC, su efecto sería un menor crecimiento del índice general del IPC.
Como se desprende de lo dicho, la metodología aplicada por el INE –que es la denominada como «Índice Laspeyres»– consiste en mantener en el tiempo idéntica ponderación para cada producto y grupo de productos, en general unos diez años, hasta que se cambia la base del índice. Lo correcto, aunque su complejidad lo hace inaplicable, sería utilizar el «Índice Paasche», que modifica continuamente las ponderaciones en la medida que cambia la composición del consumo familiar. La realidad es que la estructura del consumo cambia cada día, cada mes, o cada año. Cada día, porque el ama de casa cuando realiza su compra altera la estructura del consumo en alimentación, ya que, en función de los precios diarios, opta por la compra de uno u otro bien. También hay precios que se mantienen a lo largo de un año, aunque terminan cambiando en un determinado momento, en general con la entrada del nuevo año.
Nuestra opinión es que, en la medida que el peso relativo de la alimentación, el vestido y el calzado y algún otro componente fuese menor al asignado en la encuesta de presupuestos familiares, crecería menos el IPC.
Por tanto, la conclusión a que podría llegarse en cuanto a la incidencia del método elegido para la ponderación de los distintos grupos del IPC es que, de tener efectos en el resultado final del IPC, sería más bien en el sentido de que el índice fuera ligeramente inferior al real, ya que a determinados bienes y servicios con menor alza de precios se les ha otorgado un peso inferior al real. Por tanto, la primera conclusión es que la metodología para calcular la estructura del consumo familiar, en caso de que tenga alguna incidencia en el índice general del IPC, sería en el sentido de que el índice oficial resultante podría ser superior al que se habría alcanzado con otro índice elaborado con el modelo Paasche, ya que éste reflejaría con mayor precisión la estructura real del consumo familiar de cada año.
La segunda cuestión a plantear es cómo el INE hace acopio de la información para conocer el cambio registrado en los precios de los bienes y servicios consumidos por los hogares. Hay que distinguir dos grandes grupos. Por un lado, el de los productos de consumo habitual, que registran unos precios desiguales según el lugar donde se compran o sus calidades. Comprende fundamentalmente los productos alimenticios y de uso y vestido adquiridos por los hogares. En este caso, los agentes encargados por el INE de esta información se limitan a anotar los precios corrientes observados, siempre en los mismos establecimientos y para igual calidad de producto, sin consultar para nada al vendedor. Para el conjunto de bienes y servicios restantes, especialmente los de productos energéticos y servicios públicos, se tienen en cuenta los precios fijados por las grandes compañías. En los productos en que intervienen distintas marcas o modelos, se selecciona secretamente uno de ellos que servirá de referencia: se trata de un dato reservado que sólo conoce algún funcionario del INE.
La gran ventaja que se deriva de esta investigación estadística es que no cabe falsedad por parte del vendedor ni del comprador del producto, pues se trata de precios marcados, que son anotados a partir de la observación de los agentes estadísticos.
Mi opinión, con la experiencia vivida como profesional de la estadística española a lo largo de más de medio siglo, es que la elaboración del índice de precios de consumo (IPC) –antiguamente, índice del coste de la vida (desde 1936)-es probablemente la operación estadística más fiable de entre las que se elaboran, bien por métodos de muestreo, bien por consulta directa a las empresas, sociedades y familias, y que, en algún caso, se extiende también a las instituciones públicas.
Quedan fuera, claramente, las estadísticas cuyo origen está en los registros administrativos, como son las recaudaciones de impuestos, gastos públicos, etc., ya que sus resultados son hechos contables. En algunos casos, como el registro de paro del INEM, el error estadístico se debe a no definir correctamente el dato investigado, que no se corresponde con lo que suele tildarse de «paro registrado». Debería denominarse «personas que han declarado que buscan empleo».
Hay una razón de peso para creer que el IPC español constituye un fiel reflejo de la realidad de los precios españoles. Me refiero a su utilización como deflactor del agregado histórico del consumo familiar. Las diferencias en los resultados de las series estadísticas españolas han estado siempre en la cuantificación de las magnitudes a los precios corrientes, pero nunca a causa de los deflactores utilizados, que se han mantenido fieles a los registros oficiales publicados.
