«El Parlamento sólo será "real" en tanto que la discusión pública sea tomada en serio y llevada a efecto."Discusión" posee a este respecto un sentido especial y no significa simplemente negociación. Los que denominan parlamentarismo a todos los posibles tipos de negociación y de comunicación […] eluden la verdadera cuestión. En cualquier congreso de delegados, en cualquier jornada de representantes y en cualquier reunión de directores se negocia, al igual que se negociaba en los gabinetes de los monarcas absolutos, entre las organizaciones estamentales y entre turcos y cristianos. De ello no se infiere la institución del Parlamento moderno. No se deben confundir los conceptos ni ignorar las características específicas de la discusión. La discusión significa un intercambio de opiniones guiada por el objetivo de convencer al adversario por medio de argumentos de la verdad o la justicia de algo, o permitir que él también pueda persuadirnos a nosotros […]. Lo característico de todas las Constituciones representativas (el sentido del moderno parlamentarismo en contraste con las representaciones corporativas o estamentales) es que las leyes se generan a partir de la lucha de opiniones (no de intereses). Las convicciones comunes forman parte de la discusión como premisas de la misma: la disposición a dejarse convencer, la independencia con respecto a los partidos, la imparcialidad respecto a los intereses egoístas»Carl Schmitt, The Crisis of Parliamentary Democracy, Cambridge,The MIT Press, 1988, pp.4-5..
Resulta difícil encontrar en menos líneas una descripción más ajustada del ideal que renace con las revoluciones democráticas en Filadelfia o en París. La democracia, con sus decisiones, nos acerca a lo verdadero o a lo correcto.A lo justo.Así debería ser el mundo. Pero no lo es.Y lo sabía mejor que nadie Carl Schmitt, el autor de estas líneas, cuya biografía política no es una broma, según nos cuenta Müller en las primeras páginas de su libro. Protagonista en los años veinte de los debates de la constitución de Weimar y de las críticas contra el tratado de Versalles, a principios de los treinta participará con otros en los esfuerzos por transformar la Republica de Weimar en un régimen presidencialista autoritario. Eufóricamente nazi en sus escritos entre 1933 y 1936, no reparará, ante las acusaciones de insincero en su antisemitismo, en defender una jurisprudencia alemana «no infectada de judaísmo» y en reforzar su meritaje nazi justificando la noche de los cuchillos largos. Fatigado de los debates domésticos, desde 1936 se retirará al territorio del derecho internacional para formular una doctrina de los «grandes espacios» que servirá para sancionar las invasiones nazis.Tras su reaparición en escena en 1946, después de haber sido juzgado y exculpado en Nuremberg, se dedicará a desdibujar los trazos más gruesos de sus huellas.
Schmitt descreía del ideal que tan impecablemente le vemos resumir. Sencillamente, el mundo no era así. A su parecer, la política nada tenía que ver con los buenos valores. Las decisiones no se adoptan como resultado de argumentadas deliberaciones en busca de la justicia. La política es intereses, negociación y, al cabo, poder. No, no tenía razón Kelsen cuando identificaba una norma básica con el fundamento último del orden legal.Al final, lo único que había era el poder desnudo: «Como cualquier otro orden, el orden legal reposa en una decisión». Schmitt no se movía un milímetro de Hobbes: «Importa esencialmente la autoridad y no, como en el concepto racionalista del Estado de Derecho de la Ley, la verdad y la justicia.Auctoritas, non veritas facit legem». La autoridad, no la verdad, hace las leyes.
Eso de puertas adentro, en las líneas enmarcadas por las fronteras. Al otro lado, en las relaciones entre los países, las cosas todavía estaban más claras. En las relaciones entre Estados ni siquiera había lugar para la hipocresía, para las buenas palabras. En realidad, el descreimiento de Schmitt acerca de la naturaleza moral de las leyes arrancaba del derecho internacional. Allí empezó a mirar la realidad de frente, a rebuscar en la hojarasca de los principios la dura verdad de la política: la fuerza. Lo había aprendido en carne propia con el tratado de Versalles, sancionado por la Sociedad de las Naciones, que no era otra cosa que la imposición de la justicia de los ganadores en nombre de la justicia internacional. Otro tanto, dirá, sucede con las intervenciones humanitarias y la retórica universalista: un modo de encubrir los intereses imperiales. Ningún ejemplo mejor que el derecho marítimo protector de una libertad de navegación que, de facto, beneficiaba a los poderosos. Frente a la hipocresía de los imperios coloniales gestará su teoría de los «grandes espacios», que le servirá para defender la expansión alemana hacia el Este; bien es cierto que, como recuerda Müller, sin buscar el fundamento en el Volk, en unas características raciales, nacionales, que juzgaba insuficientes para superar el modelo EstadoNación y cimentar lo que él juzgaba conveniente: un nuevo orden europeo, de soberanías solapadas y jerarquizadas, neomedieval (no tan lejos, por cierto, de la Europa de las regiones o de los pueblos que hoy hermana a la derecha reaccionaria y a los nacionalistas).
Schmitt nos invitaba a no dejarnos engañar por las escasas veces que las buenas razones se parecen imponer. Cuando eso sucede es por casualidad, porque coinciden las prescripciones basadas en buenas razones con el interés de los poderosos. Pasa poco. Lo común es que las relaciones entre los países se rijan por el interés desnudo, por las razones de Estado, sin lugar siquiera para la hipocresía de los principios. La justicia nada importa. Y como acostumbra a suceder cuando mandan los intereses y la fuerza, el statu quo se impone y perdura.Va de suyo: el statu quo es la resultante de la fuerza de cada cual. Un statu quo que queda rematado por el dogma de la no intervención. Entre los Estados, la lógica de la negociación. Dentro de los Estados, que cada cual haga de su capa un sayo. Es decir, la fuerza recubierta de la hipocresía democrática. Era el mundo que había sancionado la paz de Westfalia: nuestro mundo hasta ahora mismo.
La obra de Schmitt es una invitación a caerse del guindo. Los herederos de las revoluciones democráticas quisimos convencernos de que habíamos transitado de un mundo regido por el imperio de la fuerza hasta otro basado en el escrutinio de la razón. El poder despótico del rey, la voluntad arbitraria de quienes estaban en condiciones de imponer su fuerza, habían dejado paso al control democrático, al ejercicio público de la razón. Pero la reflexión de Carl Schmitt nos recuerda que andamos lejos del ideal.En un caso, lo admitimos: en las relaciones entre Estados, no hay deliberación ni democracia, sino interés desnudo y negociación. En el otro, nos engañamos: dentro de las fronteras, las sociedades democráticas asumen que todos pueden hacer oír su voto y que comparten unos principios de justicia, unos derechos y deberes a los que pueden apelar. El filósofo alemán nos dirá que, en el fondo, no hay diferencias, que, en la hora de las verdades, la política de casa es como la otra: el trazo entre el amigo y el enemigo, el antagonismo, la fuerza y la decisión; nunca el triunfo de la verdad, la argumentación, los valores y la ley justa.
LOS HIJOS DE SCHMITT
El mensaje de Carl Schmitt estaba muy alejado de la reflexión política de la segunda posguerra que, sobre todo en sus vertientes más teóricas y filosóficas, hablaba poco de la fuerza o el poder. Por lo común, esta última frecuentaba un léxico noble y moralista: legitimidad, valores, argumentación, justicia. Esa era la historia común; pero no toda, como nos recuerda Müller. En su ensayo nos muestra cómo sobrevivirán al aislamiento de su artífice muchas de las descarnadas tesis de Schmitt, en particular su crítica al liberalismo, a esa versión idealizada de la política como una suerte de sofisticado debate académico donde las mejores razones se imponen. Por diversos caminos y con diversos destinos sus tesis llegarán a mil puertos. Interesarán a la derecha extrema y a la izquierda radical. Muchas veces con la aquiescencia de un Schmitt dispuesto a entusiasmarse con cualquier cosa. Para muestra, un botón: en sus últimas publicaciones se mostraba fascinado con el eurocomunismo y, en particular, con Santiago Carrillo.
El relato de cómo las ideas de Schmitt han germinado en tiestos tan diferentes ocupa la mayor parte del ensayo de Müller. Después de examinar la primera mitad de su vida, sin escamotear las tensiones, conflictos y contradicciones de su obra, Müller dedica casi toda su investigación a estudiar el impacto de la obra de Schmitt posterior a 1945. Un impacto que se dispara en diversas direcciones, casi siempre radicales. Acostumbra a suceder con quienes escriben a chorro abierto y con los que merodean las inconsistencias.Aunque también con los pensadores profundos.Y con los que «cambian el significado de conceptos centrales de su teoría» o hacen «sutiles cambios en las nuevas ediciones de sus libros». De todo eso hay en Schmitt. Sea como fuere, lo indiscutible es que su obra interesa a una derecha que busca una identidad europea frente a las dos superpotencias –o, más recientemente, frente a un islam que dibuja con todos los rasgos del «enemigo»– y a una izquierda que encuentra en sus libros poderosos argumentos para criticar al liberalismo o a un «reino del libre mercado» que, de distinta forma, desplazan «el territorio de la política»: la política no es el bla bla de los valores, de la discusión inacabable ni el egoísmo de la sociedad de mercado y de los beneficios compatibles; ni la conversación ni el cálculo; ni los derechos humanos ni la globalización. La crítica a un liberalismo abstracto y universalista reunirá a los conservadores partidarios de la tradición y a la izquierda posmoderna que urde sus argumentos con mimbres comunitaristas. Entre los materiales schmittianos que unos y otros van a reutilizar se encuentran: «el destino del Estado posliberal y del Estado del bienestar en particular; la relación entre legalidad y legitimidad, y la cuestión de qué modelo de acción política era el apropiado en un continente ensombrecido por la polarización (y un aparente congelamiento de la política) entre amigos y enemigos. La lucha por la estabilidad política y social después de los treinta años de guerra del siglo XX era una preocupación paneuropea. Pero, finalmente, muchos de estos pensadores recalaban en un problema que era central para Schmitt: la lógica y los límites de la soberanía moderna».
Desde luego, son muchas influencias. Sobre todo si se tiene en cuenta el estigma de la fuente, marcada por su compromiso con el nazismo y su discreta ubicación académica. En todo caso, parte de la explicación de tanta influencia no es un mérito de Schmitt, al menos no un mérito intelectual: la dificultad para precisar sus puntos de vista. Sus ideas, gestadas antes de la Segunda Guerra Mundial, al menos en sus brotes más incipientes, se matizarán y corregirán mil veces, pero sin llamar mucho la atención sobre las rectificaciones y sin que nunca se acabaran de resolver de modo concluyente. Idas y venidas y ambigüedades que contribuirán a la heterogeneidad de lectores. Seguramente, no todos interpretarán cabalmente a Schmitt. Pero éste, que no estaba para despachar discípulos ni reconocimientos, no se esforzará mucho en trazar fronteras de ortodoxia. Ni siquiera de claridad. Él mismo, citando a Goethe, quien citaba a su vez a Hamann, se justificaba: «Claridad es una apropiada distribución de luz y de sombra».
A que la sombra se impusiera a la luz ayudó mucho el vértigo estetizante y novelero que a veces lastraba su escritura y, con ella, su juicio académico. El dilema orteguiano –«o se hace literatura, o se hace precisión, o se calla uno»– no parecía importar tampoco a Schmitt. Su briosa prosa no siempre se resistía a la frase brillante, aunque fuese a costa de la anatomía del argumento. La explicación (lamarckiana, si se quiere) de la decadencia de la marina británica es una de las muestras más delirantes de exceso imaginativo. Los ingleses, al sustituir a los fornidos marineros por máquinas que lanzaban los arpones mediante cañones, deterioraron irreparablemente la virilidad de sus hombres, convertidos de ese modo en simples controladores de máquinas. Demasiado para un jurista, incluso para un politólogo, persona, por lo general, menos maniática en el manejo preciso de palabras y razones. Sobre todo cuando al delirio de las conjeturas se añade un estilo apocalíptico, saturado de ambigüedades, de usos cambiantes de las palabras, incluso contradictorios. Con ese material de fondo no resulta extraño que, en su aproximación, Müller empiece por asumir que «no hay una esencia que identificar en el pensamiento de Schmitt». De esa falta de esencia se abastecerán los dispares lectores a los que Müller sigue la pista.
Tampoco hay que descartar que a Müller se le vaya la mano a la hora de encontrar influencias. Quien encuentra una veta fecunda es difícil que se resista a explotarla más allá de lo razonable. Sobre todo cuando la naturaleza del material no favorece la criba ni el decantamiento inequívoco de filiaciones: el tráfico de influencias intelectuales no es el ADN y si uno no afina mucho el instrumental analítico, finalmente, por acción o por omisión, por elogio o por crítica, acaba por encontrar todas las ideas en todas partes. Le sucede a veces a Müller. Por ejemplo, relaciona «la teoría de la modernidad de Niklas Luhmann basada en distinciones, divisiones y exclusiones, con diferentes códigos gobernando las diferentes esferas» con las ideas defendidas por Schmitt en El concepto delo político medio siglo antes. Si ese es el criterio, hay que cargar en la cuenta toda la teoría social del siglo XX, al menos de toda aquella que ha hecho uso de taxonomías. Es decir, de casi toda.
Y no creo. De hecho, si se sigue en rastro de la nómina de influencias destacada por Müller, se observa que las ideas de Schmitt no parecían interesar mucho a los gestadores de la teoría social. Cierto es que tuvo sus discípulos en la academia. En la alemana, y no una legión: algunos teólogos políticos, a vueltas con el fatigado asunto de las relaciones entre la teología y la política en una sociedad liberal; una generación de historiadores críticos de cualquier resabio de filosofía de la historia ilustrada y de una visión optimista de la Revolución Francesa, como realización de la razón y de la justicia; unos pocos politólogos, medio juristas, que intentaban defender la propia democracia desde el decisionismo, desde la tesis –radicalmente antihabermasiana – de que la legitimidad basada en la legalidad, esto es, en los procedimientos democráticos, se debería imponer a la legitimidad basada en una imposible verdad, tesis basada en la convicción de que en un mundo como el nuestro, de valores y concepciones del bien inconmensurables, no cabe confiar en que las fatigosas deliberaciones nos lleven a ningún puerto, sobre todo cuando las decisiones hay que tomarlas en el día a día.
Poco más. ¡Ah, sí! También recuerda Müller su influencia sobre algunos profesores en la España franquista. En total, nada o casi nada en el mundo académico. En el académico puro. En el otro, en el más contaminado por las intervenciones públicas, era otro cantar. Las ideas de Schmitt interesaron a académicos –profesionales o no– metidos en el arenal de la política real y, muy en particular, a los que tuvieron tratos con ese lodazal de la política internacional, que poco entiende de valores y razones. Interesaron por ejemplo, al conservador Raymond Aron y a ese singular diplomático hegeliano-comunista que fue Alexandre Kojève. Pero no fue sólo en Francia –el nicho ecológico natural de los intelectuales públicos–, sino también en una Italia donde muchos de los hijos de Gramsci, de un marxismo interpretado en su sentido más genuino, como pensamiento orientado hacia la práctica, empezaban a desencantarse de un PCI cada vez más institucionalizado. La crítica schmittiana a un parlamentarismo de discutible representatividad, que sustituye el debate racional de ideas por el cambalache de intereses y la publicidad de los argumentos por la opacidad de los grupos de poder, será el punto de arranque de los marxisti schmittiani. Como su mentor, también ellos harán de la necesidad virtud, de la realidad fuente de inspiración y, en lugar de reclamar el retorno de la razón, resignados a aceptar que no hay otra cosa que la fuerza y el poder, retraducirán el léxico «amigo/enemigo» en lucha de clases.Sí, la política, en primer lugar, en único lugar, y a pulso, sin aspiraciones de justificación normativa, sin bridas éticas.Al final, claro, el terror, la fuerza bruta, el nada importa para llegar donde se quiere llegar. Si se consigue, perfecto; si no, también: el Estado «burgués», emplazado por las acciones terroristas, en la hora de la verdad de confirmar su compromiso con la libertad y la tolerancia, se mostrará en lo que esencialmente es: represión, dominio de clase, estado de excepción. Esa será, en sus trazos gruesos, la argumentación que inspirará a las Brigadas Rojas, y también a las RAF en Alemania. La que destrozará muchas vidas. No sólo las de los asesinados.
Esa misma argumentación tiene sus ecos apagados, aguados, tanto en su vigor intelectual como en su vocación política, en cierta izquierda posmoderna de Norteamérica, ésta sí, presente en la academia –cierto es que por extraños caminos: en singulares departamentos, rara vez en los que marcan la pauta filosófica o jurídica.Andando el tiempo, esa izquierda, olvidada la lucha de clases, buscará en la identidad cultural el cimiento que la razón no proporcionaba y, en el camino, hasta corregirá sus originales perspectivas políticas, indistinguibles en su punto de llegada de los de la derecha más conservadora. Ilustra espléndidamente esa trayectoria la revista norteamericana Telos, en su evolución desde una izquierda frankfurtiana, hasta recalar en un federalismo «de los pueblos», crítico del Estado y apologista de las «comunidades» basadas en la identidad. Un destino donde se encontrará, en Europa, con una nueva derecha europea (Liga Norte,Nouvelle Droite) defensora de un paneuropeísmo sustentado en la diversidad de las regiones, en los particularismos y, por ende, crítica de cualquier «homogeneización» universalizadora, sea en nombre de la igualdad o de un americanismo que estima pavimentador de las identidades. Las ideas de Alain de Benoist, en la descripción de Müller, sintetizan bien esa sensibilidad. Aunque, eso sí, en su caso la intervención política se ve subordinada, al menos en lo que atañe a la prioridad temporal, a la influencia intelectual, cultural, a la «hegemonía», por decirlo con la expresión de Gramsci.
Como se ve, en Schmitt parece haber de todo para todos. En una obra tan larga, tan torrencial, y donde el esteticismo no siempre se ve embridado por la pulcritud analítica, no es difícil que cada cual encuentre lo que quiere. Por lo demás, él mismo tampoco opondrá resistencias a las licencias interpretativas. Parecía dispuesto a mendigar, en su aislamiento, cualquier reconocimiento.Y es que no está de más decir que Schmitt no ignoraba su condición de apestado. Con los retazos del relato de Müller no resulta difícil componer la imagen un tanto patética de una persona atenta a cualquier mención elogiosa de sus escritos aunque fuera en una hoja parroquial, dispuesto a entregarse a correspondencias con cualquiera que reconociera que existía, a reseñar anónimamente los libros elogiosos de los pocos discípulos que se atrevían a incluirlo en los agradecimientos de sus trabajos. Quizá la nula reserva que ofrecía a que sus ideas sirvieran lo mismo para un zurcido que para un remendado hay que achacarla a esa misma necesidad de resistirse a cualquier caricia.
LA FUERZA DE LA RAZÓN
Para Schmitt, la política no nace, en contra de la opinión común, cuando no aceptamos la amenaza de muerte como el argumento último que nos obliga a acatar cualquier arbitrariedad. La política es esa amenaza. Para él no hay otro lugar: la política empieza y acaba allí. Exactamente, la tesis contraria sostiene Buchanan en Justice, Legitimacy, and Self-Determination. De nuevo, el ideal parlamentario, las decisiones políticas basadas en razones.En todas partes, a un lado y otro de las fronteras. Si Schmitt había extendido a la política nacional lo aprendido en el despiadado mundo de las relaciones internacionales y sus cínicas razones de Estado, Buchanan aspira a extender a las relaciones internacionales el ideal de justicia, de razones y principios, que hasta ahora –aunque sólo fuera farisaicamente– se aspiraba a aplicar a la política doméstica. Su punto de partida es la crítica a los dos dogmas sobre los que se han basado las relaciones entre países y, en buena medida, el derecho internacional: que el objetivo fundamental de las instituciones internacionales es la paz, no la justicia; que la política exterior de los Estados debe basarse, exclusivamente, en los «intereses nacionales». La crítica al primer dogma le conduce a discutir, en general, el principio que establece que todos los Estados, con independencia de si son justos o no, democráticos o no, y del tamaño de su población, han de pesar igual, y, más específicamente, el supuesto de soberanía de los Estados, según el cual, éstos, por el hecho mismo de ser Estados, son legítimos, y, por ello mismo, no están sometidos a ninguna exigencia «externa» de calidad democrática. La crítica al dogma de que la razón de Estado y el interés nacional constituyen el cimiento en que basar las relaciones internacionales le conduce a enfrentarse a diversas versiones del realismo político que sostienen que el moralismo no tiene –o no debe tener, dirán otros– cabida en el ámbito de las relaciones entre Estados, sea porque no hay punto de vista moral común donde afianzar los criterios, porque es ingenuo ir con el lirio en la mano, porque resulta contraproducente o porque la idea misma de un derecho internacional es un cuento chino.
Tal y como acaba de contarse, puede tenerse la impresión de que el ensayo de Buchanan es una jeremiada o un brindis al sol de los muchos que pueblan la literatura política. Pero hay que resistirse a la tentación. En primer lugar, porque las implicaciones políticas de su ensayo están bien lejos de ser un complaciente pasteleo que se limite a adornar las tesis supuestamente progresistas sobre las relaciones internacionales de cierta izquierda. Buchanan está dispuesto a justificar las intervenciones internacionales. En su ensayo, nos está diciendo, negro sobre blanco, que las intervenciones en otros países están justificadas en nombre de la justicia. Un mensaje incómodo para una izquierda que, contraviniendo el internacionalismo de sus orígenes, había apostado por la defensa incondicional de la soberanía de los Estados, único modo, a su parecer, de embridar a quienes podrían tener intereses en cualquier parte del mundo y poder para entrometerse donde quisieran.
Pero, sobre todo, hay que tomarse en serio el ensayo porque estamos ante un importante filósofo político que sabe de qué habla. Sus trabajos en los ámbitos del marxismo analítico, la bioética o la teoría normativa del mercado están entre lo mejorcito de lo publicado por el gremioMarx and Justice:The Radical Critique of Liberalism,Totowa, Rowman & Littlefield, 1982; Ethics, Efficiency and the Market , Totowa, Rowman & Littlefield, 1985; Allen Buchanan, Dan Brock, Norman Daniels y David Wikler , From Choice to Chance: Genetics andJustice, Cambridge, Cambridge University Press, 2000.. Y entre todos ellos destaca el texto de referencia sobre independentismo, nacionalismo y autodeterminación de los últimos treinta años:SecesiónSecession: The Legitimacy of Political DivorceFrom Fort Sumter to Lithuania and Quebec, Boulder,Westview Press, 1991. Un texto crítico de las tesis secesionistas que, sabe Dios por qué, no ha sido traducido en nuestro país, tan dispuesto a traducir a cualquiera que se haya ocupado de estos asuntos.. Un libro que, como dice el autor, está en el origen de este trabajo.Vamos, que Buchanan lleva bastante tiempo peleando con los problemas que aquí le ocupan. Así que, prudencia a la hora de descalificarlo por candidez, por andarse con razones y principios morales. Su «candidez» no es más que una de las reglas del juego argumental que practica. Está escribiendo teoría normativa, explorando la justificación de los Estados y del derecho internacional y, eso, inexorablemente, en algún eslabón argumental, remite a enunciados morales. Ni el propio Schmitt, con todo su desprecio del moralismo, cuando se mira de cerca, puede evitarlo. Sencillamente, justificación quiere decir eso.
La arquitectura del ensayo de Buchanan se sustenta en muchos contrafuertes argumentales, cada uno de ellos, a su vez, apoyado en otras pequeñas obras de ingeniería. Con todo, la línea argumental del texto es, como resulta habitual en Buchanan, limpia y sin trampas y, en ella, desempeñan un papel fundamental los tres conceptos que dan título al libro: justicia, legitimidad y autodeterminación. Allá va. El orden internacional ha de basarse en unos mínimos de justicia que quedan recogidos en ciertos derechos individuales. Dicho de otro modo: el fundamento moral del orden internacional es la obligación (limitada) de ayudar a que todas las personas tengan acceso a instituciones que les aseguren los derechos humanos. En este sentido, las instituciones políticas sólo son legítimas si alcanzan un estándar de justicia mínimo, asociado a los derechos. Mientras los Estados cumplan con esos mínimos pueden considerarse legítimos y, por tanto, sus fronteras inviolables. Sólo en el caso de que se violen tales derechos está justificada la intervención y la modificación de las fronteras.Así las cosas, el llamado «derecho a la autodeterminación de los pueblos» o secesión tiene un carácter reparador: únicamente está justificado cuando los derechos humanos son sistemáticamente negados al grupo de referencia. En cualquier otro caso, la apelación a ese derecho supone un atentado a la justicia y a la democracia, un modo de escapar a las decisiones que nos comprometen a todos, de evitar el cumplimiento de los principios de justicia compartidos. Su simple existencia lo convierte en una amenaza que malea el buen funcionamiento de la deliberación democrática, sustituyéndola por el chantaje: si no se aceptan mis peticiones, incluida la de no atenerme a las reglas que valen para todos, me marcharé. En ese sentido, el derecho de autodeterminación está limitado por la exigencia de legitimidad y ésta, a su vez, por la de justicia, el fin primario del derecho internacional, y cuyo contenido fundamental son los derechos humanos. La secesión, entendida como el derecho unilateral –no consensuado– a formar un Estado independiente por grupos presentes dentro del espacio jurisdiccional de un Estado únicamente tiene justificación cuando se producen persistentes y serias violaciones de los derechos humanos.
El resumen, como acaba de verse, cabe en pocas líneas. Que se pueda hacer ya es una virtud. Nos muestra, por lo menos, que el autor sabe dónde quiere ir. Pero, claro, en la reflexión de fundamentos lo importante es el matiz, el argumento que desarrolla y precisa la idea.Y es ahí donde Buchanan se esmera. Una relectura del párrafo anterior deja claro que Buchanan está peleando con los conceptos y problemas centrales de la filosofía política: justicia, Estado, derechos humanos, legitimidad, soberanía, naciones, autodeterminación, orden mundial, intervenciones internacionales.A cada uno de ellos se enfrenta Buchanan con minuciosidad de orfebre.A ellos y a quienes han reflexionado sobre ellos, a teorías de las relaciones internacionales, de los derechos, de la justicia distributiva, entre otras de no menor calado. De paso, cuando entra en cada uno de esos berenjenales, discute las teorías existentes: además de las teorías de los derechos y de la justicia distributiva, las distintas concepciones del derecho internacional, desde el realismo, antes descrito, hasta el absolutismo legal –un trasunto del positivismo jurídico–, según el cual, en ningún caso está justificado violar el derecho internacional en nombre de la moralidad. Como se ve, una argumentación con mil frentes, una circunstancia que, si bien a veces hace excesivamente moroso el avance, justifica por sí misma una lectura del libro, aunque sólo sea para hacerse una idea de en qué afanes anda la filosofía política contemporánea.
Por supuesto, no siempre acompañan las fuerzas a Buchanan, pero, en todo caso, no esconde sus momentos de debilidad. El autor avisa dónde empieza a flaquear, en qué punto su argumentación es provisional.Tal vez debería también avisarnos cuándo es prescindible, cuándo el edificio central de sus tesis puede sostenerse sin el complejo entramado de teorías que lo apuntalan. Hay en Buchanan una suerte de espíritu leibniziano que lo lleva a ir cada vez más arriba en la jerarquía argumental, a no dar nada por supuesto. Esa pasión teoreticista la ejerce, por lo menos, en dos formas. La más exagerada es el paso de la reflexión desde una disciplina (en su caso, la filosofía política, por lo general) a la reflexión sobre la propia disciplina. Buchanan no sólo ejerce –«hace uso» de– la filosofía o la teoría política, no sólo se ocupa de problemas como la justicia o la democracia, sino que también reflexiona sobre los requisitos de esas mismas –«hace mención» de– filosofía y teoría política.Acaso no hay ejemplo más revelador de ese fervor que cuando, en lo que semeja un intento de rebajar el posible pecado de irrealismo de su argumentación, intenta convencernos de que sus tesis son practicables, de que es viable pasar del aquí y ahora, de la ley de la selva y las razones de Estado, de los amigos-enemigos de Schmitt, hasta su proyecto de justicia global: no sólo elabora una teoría de la transición, sino una (meta) teoría –bien interesante– acerca de cómo deben ser las teorías de las transiciones.
La otra manifestación de ese espíritu leibniziano es menos tortuosa y no le exige cambiar de género literario. Consiste en buscar a sus tesis normativas fundamentos últimos, casi trascendentales. En su caso, la piedra basal es una teoría según la cual tenemos una obligación moral limitada –un deber natural de justicia– de asegurar que las personas tengan acceso a instituciones que les garanticen derechos. Pero no sólo eso: lo que parecía un axioma acaba por ser un teorema, de modo que esa teoría, a su vez, se basa en un principio moral más fundamental según el cual debemos tratar a cada persona con igual consideración y respeto. Buchanan utiliza ese principio kantiano, que compromete a tomar a las personas como fines, para asentar su defensa de la obligación de ayudar a las personas, estén donde estén, a disponer de instituciones que protejan sus derechos. Lo extraño es que, en otro momento, Buchanan reconoce que su teoría no depende de ese axioma. Algo en lo que fácilmente se puede coincidir, pero que nos deja con la pregunta de por qué se mete, también esta vez, en camisa de once varas.
Es esta una pregunta que se impone con particular fuerza en aquellos otros casos en que nos encontramos con contrafuertes no del todo convincentes, que contribuyen a reforzar en el lector una impresión de debilidad del argumento principal, impresión prescindible habida cuenta de que, por lo general, el edificio se sostiene aunque le quitemos ese apoyo. Bien es verdad que, por el mismo precio, el lector se encuentra con exquisitas piezas de teoría política, como es el caso de su crítica a la teoría lockeana del Estado como asociación voluntaria, teoría según la cual el Estado viene a ser una suerte de club privado al que uno se afilia o da de baja a voluntad. Crítica que le sirve, en primer lugar, para reforzar su descalificación de la política basada, exclusivamente, en la defensa incondicional de los «intereses nacionales»: sólo si se cree que los Estados son asociaciones voluntarias para realizar intereses comunes está justificado ignorar cualquier consideración normativa a la hora de intervenir en el ámbito internacional o de sentirse moralmente obligados a participar en un orden internacional justo.Y crítica que, en otro contexto, también le sirve para desmontar la argumentación secesionista, según la cual, uno «se puede marchar con lo suyo» si no le gustan los acuerdos que se deciden. Buchanan recuerda que si las cosas son así, si uno puede amenazar con marcharse si lo que se decide no se acomoda a sus intereses, la democracia y la justicia se tornan en una farsa: las decisiones adoptadas no serán las más justas, sino las que gusten a quienes disponen de mayor poder negociador.
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«El monopolio legítimo de la fuerza»: en la weberiana caracterización del Estado, una de las contadas definiciones clásicas de uso generalizado en teoría social, están contenidos los materiales de una tensión con la que ha lidiado la política en su doble faceta de política como reflexión y política como práctica. De un lado, la legitimidad que, inevitablemente, convoca a la justificación, a las razones y a los principios de aceptación. De otro, la fuerza, el poder. Los diversos géneros que han abastecido a la moderna ciencia política se arraciman en torno a esos dos extremos. El análisis empírico, el que se ocupa de explicar cómo son las cosas, resultaba resignadamente pesimista.Venía a concluir que los procesos que rigen el curso de los acontecimientos poco tienen que ver con las razones, los valores o la justicia. El interés y la fuerza son los motores que, cuando la vida va en serio, mandan en la toma de decisiones.También la política, mirada de cerca, es un relato de un idiota, lleno de ruido y furia, que nada significa.
Por su parte, la teoría normativa se ocupa de dilucidar cómo debe ser el mundo: cuáles son las buenas instituciones, cómo deben tomarse las decisiones o qué distribución del poder es más justa. Son asuntos sobre los que incluso existen algunos principios de respuesta, casi todos con sabor a democracia: las buenas instituciones son aquellas que disponen de una legitimidad democrática; las mejores decisiones son las que se basan en las mejores razones, las que pasan la criba del debate público; el respecto a la autonomía de las personas impone distribuciones igualitarias del poder. Incluso cuando la teoría –y la hay, bien precisa, como sucede con la teoría de la elección social– muestra los problemas de la idea de voluntad general, es difícil que la idea de democracia se discuta: a lo sumo, se reinterpreta modestamente como un sistema de competencia electoral que permite la penalización –o la selección– de élites políticasEl resultado fundamental era el teorema de Arrow que demuestra la imposibilidad de obtener un procedimiento de agregación de las voluntades individuales en una voluntad general que satisfaga elementales requisitos de racionalidad y democracia.Tales requisitos son cinco. El primero, dominio irrestricto, recoge una sencilla idea de soberanía individual al afirmar que los ciudadanos pueden ordenar sus preferencias como quieran.El segundo, el principio de Pareto o unanimidad, exige que si todos prefieren x a y, entonces x debe ser preferido socialmente a y. El tercero, el de transitividad, establece un elemental criterio de consistencia: si x es preferido a y e y es preferido a z, entonces x debe preferirse a z. El cuarto, la independencia de las opciones irrelevantes, establece que el ordenamiento entre dos estados cualesquiera (x e y) depende únicamente de cómo se ordenan esos dos Estados. Finalmente, la ausencia de dictadura impide que las preferencias de un individuo se conviertan en las preferencias sociales. En un texto hoy clásico, Liberalism Against Populism (Prospect Heights,Waveland Press, 1982) William Riker hizo una lectura liberal de los resultados de la teoría de la acción para defender que la única idea de democracia posible es como un simple sistema de selección política. Se trata de una tesis que ha sido objeto de importantes críticas. Una excelente se encuentra en Gerry Mackie, Democracy Defended, Cambridge, Cambridge University Press, 2003..
Sin embargo, el desacuerdo entre unos y otros, con todo, no es de principio. Si se quiere, es de grado de ingenuidad. Los empíricos, por lo común, creen que los filósofos políticos son unas almas de cántaro, que se engañan acerca de cómo es el mundo. Pero no les quitan la razón y, al fin, asumen, que si las cosas fueran como deberían ser, los argumentos y las razones deberían imponerse sobre los intereses y la fuerza. Están convencidos de que, por ejemplo, en los procesos constituyentes la capacidad de imposición resulta fundamental, pero no lo están menos de que irían mejor las cosas si rigieran las buenas razonesJon Elster, «Arguing and Bargaining in the Federal Convention and the Assemblée Constituante», Working Paper, Center for the Study of Constitutionalism in Eastern Europe, 4, Law School, Universidad de Chicago (agosto de 1991).. Incluso los marxistas sostendrán que, en el fondo, las fuerza y los intereses, la materia con la que está amasado el mundo, están al servicio de la razón y los principios, que si el capitalismo resultaba condenable era porque la desigualdad de acceso a la propiedad impedía una completa realización del ideal democrático. Pero siempre sin abandonar la creencia en que, en el mejor de los mundos, la razón debería imponerse.
Ese es el principio general, la convicción compartida. Con dos excepciones importantes. Una, los hijos de la economía, de la mano invisible, para quienes, en muchos escenarios, cuando cada uno vela por su propio interés, las cosas son como deben ser. El mercado, en su versión más idealizada, es un ejemplo paradigmático.Allí, si quieres obtener beneficios, has de ofrecer buenos productos al mejor precio. La institución funciona, y funciona bien, sin que nadie atienda a razones o principios. Basta con seguir los impulsos egoístas.
El otro caso, claro, es Schmitt. Él, como los políticos empíricos, descarta que la realidad se parezca al ideal. Pero no lo lamenta. Es así y no debe ser de otra manera. La tópica imagen de la política como la victoria sobre el estado de naturaleza es una ficción. La política es también estado de naturaleza. Fuerza y razón. Lo advirtió Leo Strauss, otro gran pensador reaccionario, más cínico, si se quiere, pero no menos lúcido.A su parecer, Schmitt convertía la política en el estado de naturaleza. El deber ser se agotaba en el ser Leo Strauss, «Apuntaciones sobre El conceptode lo político de Carl Schmitt», en Persecucióny arte de escribir y otros ensayos de filosofía política,Valencia,Alfons El Magnànim, 1996..
Pero sería injusto despachar a Schmitt acusándolo de incurrir en la falacia naturalista, de derivar enunciados normativos a partir de tesis empíricas. Schmitt está escarbando en la búsqueda del núcleo de la política y niega que se pueda encontrar en la ética. Incluso, en su ánimo de desprender a la política de todo aditamento moral, de dotarla de la máxima autonomía, parece dispuesto a recalar en la estética, en la pura forma desprovista de toda intención moral. En su madurez,Thomas Mann, convencido de que nulla aesthetica sine ethica, sostendrá en muchos ensayos y en casi todas sus grandes novelas que hay una línea inflexible que conduce desde esas ideas al fascismo.Aunque siempre hay que coger con pinzas los saltos entre las ideas y la historia material, quizá no le falte razónOtros verán en Schmitt –entre otros– uno de los hitos de una estrecha idea de racionalidad cientificista que también desemboca en el fascismo, Jeffrey Herf, Reactionary Modernism.Technology, Culture, and Politics in Wemarad the Third Reich, Cambridge, Cambridge University Press, 1984. Una tesis vecina a otra que –con no mucha más precisión analítica – formaría parte del núcleo reconocible de ideas de la Escuela de Frankfurt: la contraposición entre la «racionalidad sustantiva» y «la racionalidad instrumental». Nunca es poca la prudencia a la hora de establecer estas relaciones.Al cabo, el futurismo –indiscutiblemente muy «cientificista»– encontró simpatías entre los fascistas italianos y los comunistas rusos, estos últimos, desde luego, bien alejados de cualquier idea de «racionalidad instrumental», se entienda por ello lo que se entienda.. En todo caso, lo que es más seguro es que la preocupación de Schmitt por acotar el territorio de la política está emparentada con un problema que ocupa a hoy a los filósofos políticos que, con vocación de realismo, discuten sobre democracia, a saber: cómo se relacionan, en escenarios democráticos, los proyectos que se fundan en razones, que aspiran a persuadir, con procesos que se dan en el mundo real, en mitad de disputas donde la mercancía que se negocia es el interés y la fuerza la moneda que se cursa. La disputa política no es, nos vienen a decir, una reunión de académicos, sino lucha por el poder y capacidad de imponer los propios interesesChantal Mouffe, The Return of the Political, Londres,Verso, 1993; Ian Shapiro, «Enough of Deliberation: Politics is about Interests and Power» y Michael Walzer, «Deliberation, and What Else?», ambos en Stephen Macedo, Deliberative Politics: Essays on Democracyand Disagreement, Oxford, Oxford University Press, 1999..
De mil maneras dijo Maquiavelo que la ley, sin la virtud, era humo, nada. Hay muchos maneras de entender esa convicción. Una de ellas: el análisis normativo no impide reconocer que la política no sólo es argumentación, que también es negociación y fuerza. En muchos sentidos esa afirmación resulta una obviedad, pero conviene hacerla explícita porque con frecuencia en la reflexión sobre la política parece confundirse el debate filosófico con la historia política. Los procesos de transformación social requieren, por supuesto, poderosas razones que muestren su sólida justificación, que, por ejemplo, no son delirios o desatinos; pero no cabe ignorar que el hecho de mostrar su calidad intelectual no basta para asegurar su realización material, entre otras razones porque, como la propia reflexión muestra, nuestras sociedades están lejos de ser escenarios ideales de deliberación democrática, de asegurar una igual oportunidad real de influir en las decisiones políticas. Una implicación no menor de reconocer esa circunstancia es que la disputa política ha de buscar que los ideales –sobre todo los democráticos– también se materialicen en los escenarios políticos donde se interviene y eso, con frecuencia, requiere de la lucha y de la negociación.
Es ahí donde se revela la insuficiencia de perspectivas como la de Buchanan, donde su trabajada arquitectura argumental corre el peligro de ser un castillo en el aire. Algo nada irrelevante –dados los asuntos que le ocupan– cuando se aspira a hacer propuestas realizables de modificación de las instituciones. Justo es reconocer de inmediato que, con todo, su ensayo se sitúa entre lo más realista del subgénero de la filosofía política que cultiva: la justicia globalUn género cada vez más floreciente: véanse Ian Shapiro y Lea Brilmayer (eds.), GlobalJustice, Nueva York, New York University Press, 1999; Charles Jones, Global Justice, Oxford, Oxford University Press, 1999; KokChor Tan, Justice without Borders, Cambridge, Cambridge University Press, 2004;Thomas Pogge, World Poverty and Human Rights, Cambridge, Polity Press, 2002; Harry Brighouse y Gillian Brock (eds.), The PoliticalPhilosophy of Cosmopolitanism, Cambridge, Cambridge University Press, 2005). De todos modos, a esa línea de investigación le cabe la disculpa de que se sitúa sobre todo en el terreno de la filosofía política, de la exploración normativa que, sobre todo, lo que requiere es claridad de concepto. Menos disculpable es que le suceda lo mismo a la literatura sobre globalización que procede de politólogos, plúmbea por todos los costados. Davis Held,Anthony McGrew, David Goldblatt y Jonathan Perraton, Global Transformations: Politics, Economics and Culture, Cambridge, Polity Press, 1999; David Held y Anthony McGrew (eds.), The Global Transformations Reader, Cambridge, Polity Press, 2000.. Un área de investigación que, a pesar de ocuparse de los problemas más relevantes a los que tendrán que enfrentarse en los próximos años –entre ellos, muy fundamentalmente, el de la emigración–, no siempre se evitan las conclusiones angelicales, desiderativas, ni se tienen en cuenta –por decirlo a la antigua – las «correlaciones de fuerzas» en las que han de realizarse los proyectos o, lo que es peor, se tienen de mala manera: presentándolas como naturaleza, como parámetros, no con variables susceptibles de ser modificadas por la propia acción política.
Entiéndase que el reconocimiento de esas circunstancias quiere decir exactamente que la disputa política se desarrolla entre gentes que disputan sobre intereses y buscan el poder. Quiere decir eso y nada más. No quiere decir, por ejemplo, que sobre intereses y poderes no podamos discutir. Podemos, por ejemplo, argumentar qué intereses o qué necesidades, es justo atender o qué poderes son legítimos y cuáles no. Y es ahí donde las razones necesitan de la fuerza, para que, por ejemplo, las voces de todos puedan atenderse, para que los excluidos puedan hacer llegar sus razones: ni más ni menos que la historia de la democracia hasta hoy mismo.
