Los temas del derecho de la competencia no suelen ser objeto de publicaciones frecuentes, probablemente por su complejidad; y menos aún los multicompetenciales, porque la complejidad aumenta en proporción al número de filtros competenciales a los que están sometidos; y todavía menos si el campo de análisis es el sector agroalimentario, que engloba múltiples productos y múltiples problemas, y menos, por supuesto, si el tratamiento es exhaustivo. De ahí la importancia de este libro, que trata, con detalle y claridad, problemas sectoriales complejos, porque resalta las dificultades que se derivan de tener que hacer frente a normas autonómicas, a la regulación de la Comisión Nacional de la Competencia y a las de la Comisión Europea; porque desgrana y aclara los componentes del sector agroalimentario, y porque, al ser exhaustivo, constituye una referencia obligada para cualquier trabajo que aborde esos temas.
El segundo capítulo analiza el significado de la competencia, tanto desde el punto de vista jurídico como desde el ángulo económico. Y lo hace de modo amplio, en especial en lo que atañe al segundo aspecto, y no sólo porque los distintos pensadores económicos le han atribuido al término matices diferentes, sino porque la defensa de la competencia es, ante todo, la defensa de la libertad de mercado, sin la cual los más fuertes impondrían su voluntad, en perjuicio de los más débiles, trátese de productores o de consumidores.
En España, como es bien sabido, cualquier actividad puede estar sometida a tres ámbitos de competencia: el autonómico, el nacional y el de la Unión Europea. Y así ocurre con el sector agroalimentario y así se estudia en este libro, un trabajo que distingue, además, entre las conductas prohibidas, los abusos de posición dominante y las concentraciones en el sector agroalimentario. Aunque tales problemas sean específicamente analizados en el tercer capítulo del libro, lo cierto es que constituyen el núcleo básico del estudio, puesto que aparecen a lo largo de todas sus páginas.
El agrícola es, sin duda, un sector singular y no sólo por la multiplicidad de productos que en él se engloban, sino por la profusión de empresas y entidades que forman su tejido productivo e institucional y por los casos que, en el terreno de la defensa de la competencia, deben tenerse en cuenta. Y un caso especial es el de las «vacas francesas», problema que dio lugar a una decisión de la Comisión Europea de abril de 2003.
Los hechos se produjeron del siguiente modo. En el otoño de 2000 aparecieron los casos de encelopatía espongiforme y de fiebre aftosa en los bovinos procedentes del Reino Unido, razones por las que el consumo de carne se contrajo notablemente en los países europeos. El desequilibrio entre oferta y demanda hizo que la Comisión Europea decidiera retirar del mercado más de setecientas cincuenta mil toneladas de carne, en 2001, y, por su parte, el Gobierno francés concedió múltiples ayudas a los ganaderos para hacer frente a la muy difícil situación a que se enfrentaban. Pese a ello, la complicada situación del mercado dio lugar a que la relación entre ganaderos y mataderos franceses se tensara extraordinariamente en los meses de septiembre y octubre de aquel año y a que, en todo el territorio francés, grupos de ganaderos detuvieran, ilegalmente, a los camiones que transportaban carne para comprobar el origen de la misma y, no conformes con ello, bloquearan toda una serie de mataderos para impedir las entradas de bovinos y salidas de productos. Finalmente, y a través de varias federaciones agrícolas y ganaderas, y con el visto bueno del ministro de Agricultura del país vecino, se firmó, el 24 de octubre de 2001, un acuerdo que suponía, de un lado, la suspensión provisional de importaciones de carne de vacuno y, del otro, la fijación de precios de la carne según calidades.
La Comisión Europea, a la que corresponden los temas de defensa de la competencia, consideró, en la decisión ya mencionada de abril de 2003, que el acuerdo vulneraba las normas comunitarias en la medida en que falseaba la competencia en el espacio común. En consecuencia, consideró ilícita su aplicación y sancionó a las federaciones intervinientes: esta decisión se halla minuciosamente estudiada en el libro de Patricia Lamo de Espinosa.
El trabajo, conviene insistir en ello, es exhaustivo, dado que, además de los múltiples enfoques teóricos, ofrece una casuística amplísima, sobre todo en lo que atañe al derecho de la competencia en España, aspecto al que se dedican las partes tercera y cuarta de la obra, que contienen el análisis de más de treinta expedientes relativos a empresas agroalimentarias de muy distinto tamaño y muy diferente actividad.
Estamos, por tanto, ante un libro de notable interés para todos los que aspiren a conocer a fondo las reglas de competencia del sector agroalimentario.
