El gran acontecimiento de finales del siglo XX fue el colapso del imperio soviético y la posterior desintegración de la Unión Soviética. El imperio que había conseguido un día perfeccionar el totalitarismo se desmoronó desde dentro, aunque los Estados resultantes consiguieron evitar la inacabable sucesión de guerras desencadenadas por la implosión simultánea de Yugoslavia. La mayoría de los Estados postsoviéticos se mostraron deseosos de colaborar entre sí para administrar la herencia postsoviética. Sólo las tres repúblicas bálticas se desgajaron por completo, anunciando que lo hacían simplemente para recuperar el status de Estados independientes que les había sido arrebatado violentamente por la invasión soviética de 1940. Su status era único porque, al contrario que todas las demás Repúblicas Socialistas Soviéticas, habían vivido durante toda una generación como repúblicas independientes y no habían formado parte de las conquistas iniciales del Ejército Rojo de 1919 y 1922 que hicieron posible la Unión Soviética original.
Por lo que respecta al resto de los Estados sucesorios –cada uno de ellos un antiguo integrante de aquélla en cuanto que República Socialista Soviética–, la situación era más complicada. Sus economías estaban más atrasadas, sus vínculos con Occidente eran más débiles y su dependencia de la antigua economía soviética era mayor. Afrontaban, además, temas enormemente complejos de obligaciones internacionales, deudas externas, el patrimonio estatal soviético heredado, el control futuro de las armas estratégicas y muchos otros. En vez de luchar por estos temas, el grupo principal de Estados sucesorios empezó rápidamente a establecer su propio nuevo marco internacional, la Comunidad de Estados Independientes (CEI), para encargarse de estos asuntos.
Antonio Blanc Altemir, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universitat de Lleida, se ha especializado en el estudio de los problemas sucesorios de los Estados postsoviéticos. Después de publicar en 2003 Conflictos territoriales, interétnicos y nacionales en los Estados surgidos de la antigua Unión Soviética, que se ocupa de los aspectos más conflictivos de los problemas postsoviéticos, su nuevo libro estudia las disposiciones legales internacionales entre los nuevos Estados que constituyen la CEI. Se trata fundamentalmente de un volumen técnico para especialistas que trata de los numerosos detalles legales de los acuerdos de la CEI, escrito especialmente para quienes se dedican a la legislación y las relaciones internacionales. No es para el lector general, o para aquellos que se interesan fundamentalmente por los problemas internos de los Estados postsoviéticos.
Blanc Altemir señala de pasada que si los antiguos Estados soviéticos hubieran emprendido el camino de Yugoslavia, las consecuencias podrían haber sido apocalípticas, dada la cantidad de armas nucleares que poseían originalmente. A este respecto, un factor crucial fue indudablemente la fuerza del movimiento democrático en Rusia, junto con el liderazgo de Boris Yeltsin, elementos que no tenían un equivalente en Serbia. Cuando afrontaba ya una crisis económica interna, la gigantesca y militarmente poderosa nueva Federación Rusa abrazó la democracia y la independencia, tanto para sí misma como para el resto de las antiguas repúblicas soviéticas.
Además, una vez que se fueron los Estados bálticos —que eran católicos o protestantes—, la línea divisoria en función de la religión y la civilización era bastante más fácil de negociar. Todas las restantes repúblicas cristianas eran ortodoxas, mientras que las seis nuevas repúblicas musulmanas tenían regímenes laicos, no islamistas. En este último aspecto, la influencia secularizadora soviética pudo haber tenido un efecto positivo en la sucesión política.
Entre diciembre de 1991 y enero de 1993, las doce repúblicas no bálticas suscribieron la Carta oficial de la CEI, que quedaba representada formalmente por una sede central de la CEI establecida en Minsk, la capital de Bielorrusia. La CEI no es una confederación, ni ha creado un nuevo Estado, sino simplemente un especial marco internacional organizado con el objetivo crucial de ocuparse de los numerosos problemas surgidos de la herencia soviética. Su concepto de «Comunidad» procede de la «Commonwealth» británica como una asociación relacionada cultural e históricamente de —como deja claro su nombre— Estados completamente soberanos e independientes. Su rasgo más destacado es probablemente el hecho de que se desarrollara tan fácilmente como lo hizo y que consiga funcionar tan bien como lo hace, aunque su alcance es limitado.
La relación con la nueva Federación Rusa era el ámbito más crucial de la CEI, simplemente debido a las dimensiones y la potencia desproporcionadas de la primera. Como subraya Blanc Altemir, tenía casi el 52 por 100 de la población de la antigua Unión Soviética, más del 76 por 100 de su territorio y aproximadamente el 60 por 100 de su producción económica total, incluidos el 92 por 100 de su petróleo y el 74 por 100 de su gas, así como aproximadamente el 80 por 100 de sus exportaciones totales. Por ello se accedió a que la Federación Rusa fuera la heredera del puesto soviético en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y se firmaron acuerdos para otorgarle la custodia de las armas nucleares localizadas en las otras repúblicas. Del mismo modo, se reconoció por regla general que la Federación Rusa era la heredera de los tratados internacionales soviéticos y entabló negociaciones para asumir la responsabilidad de la considerable deuda externa del antiguo gobierno soviético, así como de los activos internacionales de éste. Por otro lado, el objetivo ruso de crear una nueva fuerza militar internacional, dominada inevitablemente por los rusos, se vio frustrado, aunque el debilitado ejército ruso siguió siendo con mucho el aparato militar más poderoso de la región y se negociaron acuerdos militares especiales con algunos de los otros Estados sucesores.
La amplia participación en los mecanismos de la CEI no surgió de ningún deseo de la mayoría de los doce signatarios de crear una nueva unión, sino sencillamente de la necesidad acuciante de resolver problemas mutuos, con la mayor parte de sus signatarios considerándolo un marco tanto limitado como también, probablemente, transitorio. Así, aunque la mayoría de los acuerdos de la CEI se han ocupado por regla general con éxito de la mayoría de los temas derivados de la sucesión, no han dado como resultado una organización interestatal o intergubernamental caracterizada por una absoluta uniformidad en cuanto a acuerdos y participación, o por una simetría de los acuerdos. Blanc Altemir explica en cierto detalle las limitaciones por las que una serie de acuerdos implican a algunos gobiernos y no a otros, mientras que las obligaciones y los requisitos resultantes suelen ser asimétricos, sobre todo dado el tamaño y la fuerza desproporcionados de la Federación Rusa. Los acuerdos de la CEI son complejos y en ocasiones confusos, dada su gran variedad y la participación desigual en muchos de ellos. Además, son más que unos pocos componentes de estos acuerdos los que han pasado a ser pura letra muerta, sin que apenas se hicieran esfuerzos para ponerlos en práctica.
Existen, además, diferencias muy claras en la disposición de los distintos Estados sucesorios a la hora de establecer una asociación más estrecha con la Federación Rusa. El más entusiasta de todos ellos es, con mucho, el gobierno de Bielorrusia, la república cuya población está más íntimamente relacionada lingüística y culturalmente con los rusos. El nuevo gobierno ruso ha podido firmar únicamente con Bielorrusia acuerdos específicos para crear una estructura supraestatal unificada que se ocupe de determinados temas como un gobierno unificado permanente.
En cuanto a cercanía respecto de Rusia, a continuación se sitúan las repúblicas centroasiáticas económicamente dependientes y en parte económicamente integradas de Kazajistán, Kirguizistán y Tayikistán, que han formado una Unión Aduanera con estos dos Estados eslavos. Armenia mantiene también una especial relación con Rusia, en la que busca protección militar de los Estados islámicos que la rodean parcialmente: de ahí que Armenia haya suscrito el tratado militar de seguridad colectiva firmado por las seis repúblicas.
Las más reticentes de las repúblicas sucesoras son Ucrania, el tercer Estado eslavo, Azerbayán (que podría considerarse el único Estado sucesor musulmán de Oriente Medio), Georgia y Moldavia. Estos países se muestran recelosos de la potencial hegemonía rusa y se resisten a la extensión de los acuerdos limitados de la CEI. Las dos restantes repúblicas centroasiáticas, Turkmenistán y Uzbekistán, ocupan una suerte de posición intermedia, pero tienden generalmente a la del grupo anterior.
Todas estas y muchas otras complejidades se detallan claramente en este estudio preciso y cuidadoso de Blanc Altemir. No es un libro fácil de leer y sus elaboradas notas a pie de página contienen casi tantas palabras como el texto principal, pero para quienes estén interesados en las sutilezas de las disposiciones legales de la CEI, les servirá como un manual inestimable.
La estructura actual de la CEI es razonablemente funcional para ciertos fines limitados, pero también notablemente desequilibrada. Ha permitido la liquidación pacífica de la herencia de la Unión Soviética tanto militar como económicamente, lo cual ha sido un logro muy notable. Sus acuerdos aún están sujetos a más de un pequeño cambio, pero no es probable que den lugar a una integración más intensa en un futuro próximo. El nuevo gobierno ruso ha adoptado por regla general una buena conducta pero, aparte de Bielorrusia, sigue existiendo más de un pequeño recelo del poderío ruso y del futuro del régimen encabezado por el presidente cada vez más autoritario de Moscú, al que algunas personas ingeniosas conocen como «Putinochet».
Traducción de Luis Gago
