Sostener que, al cabo de treinta años, la Constitución necesita reformas, no es una afirmación insólita, ni arriesgada. Muchas contribuciones doctrinales vienen haciéndolo notar desde hace años, los principales partidos también se han pronunciado sobre la necesidad de hacer algunas y el presidente Rodríguez Zapatero solicitó, al comienzo de la octava legislatura, un dictamen al Consejo de Estado sobre la conveniencia, el modo de proceder y la orientación de cuatro reformas atinentes a otros tantos contenidos constitucionales, a saber: la desaparición del principio de varonía en la sucesión a la Corona, la expresión constitucional de la pertenencia de España a la Unión Europea, la adecuación del Senado a su definición de cámara de representación territorial, inspirada en el impresionante desarrollo de la descentralización política experimentada, y la actualización del crucial Título VIII. Sobre estos asuntos hay un acuerdo bastante amplio, que afecta a lo que el artículo 168 llama el principio de reforma, no a su concreción, lo que, aun siendo bastante, no ha sido suficiente para dar un solo paso en ninguna de las cuatro propuestas. Algunas otras podrían mejorar el funcionamiento del órgano de gobierno del poder judicial y la configuración del Tribunal Constitucional. Incluso no faltará quien, con toda razón, defienda algún cambio en el procedimiento agravado de reforma para hacerlo menos disuasorio de lo que es, un compendio de serios obstáculos promovidos por un exceso de celo protector de los constituyentes. Aunque no vaya de eso, de explícitas propuestas de reformas, las sugieren, unos más que otros, los estudios sobre la Constitución, todos de autoría prestigiosa, incluidos en este libro, preludiados por una introducción de Manuel Jiménez de Parga.
Han sido tres décadas de buen rendimiento constitucional. Nadie con responsabilidades políticas lo niega y lo sabemos bien los ciudadanos beneficiarios de la amplia lista de derechos y libertades que garantiza la Constitución. Ha dado una eficaz cobertura jurídica al juego político de las distintas opciones y al desarrollo del autogobierno de regiones y nacionalidades. Ha contribuido a fortalecer la estabilidad de la democracia y a abrir y enlazar nuestro ordenamiento al régimen jurídico comunitario. En resumen, no sería razonable, viniendo de donde venimos, cuestionar el balance positivo de los primeros treinta años de vigencia de la Constitución de 1978.
Pero también hay sombras. Lo bueno es que están identificadas; lo malo es que, quienes podrían, poco hacen por desvanecerlas, y se diría, incluso, que trabajan concienzudamente y con éxito por nublar más el horizonte próximo. La Constitución es una norma, la superior del ordenamiento, y a ella están sujetos los ciudadanos y también de modo ordinario –he aquí la gran novedad de nuestra historia política– los poderes públicos. Es una norma aplicable por las administraciones y por los jueces, como las demás, y cuenta con un guardián de su integridad y superioridad, el Tribunal Constitucional. De la norma suprema y de la autoridad de su supremo intérprete partíamos hace treinta años para expandir las libertades, para garantizar el buen funcionamiento del Estado democráti¬co de Derecho y para desarrollar el Es¬tado de las Autonomías. Los dos primeros capítulos se han resuelto a satisfacción de la mayoría pero –siempre hay un pero–, ¿no sería conveniente introducir reformas en el Título I, de modo que los nuevos derechos que demanda la sociedad no tuvieran que seguir dependiendo del quehacer interpretativo del Tribunal Constitucional y de las mayorías que en él van formándose cada tres años? Me refiero a derechos fuertes de los que merecen ser constitucionalizados con toda fijeza para librarlos de cualquier inseguridad. Y en materia de organización de poderes, aquí sin interrogantes, el Senado sigue siendo, todavía, un órgano, una fracción de órgano, en busca de una función, al igual que los seis personajes de Pirandello buscaban un autor. O dar con ella, o aceptarlo como adorno inofensivo, o…
El Estado de las Autonomías no deja de dar quebraderos de cabeza, y más desde que, con absoluta falta de prudencia política, se abriera en la legislatura que se inicia en 2004 un proceso de reformas estatutarias que, cuando escribo estas líneas (noviembre de 2008), presenta unos resultados de difícil gestión en términos jurídicos y económicos, y poco amables en términos políticos. Estaremos de acuerdo en que ni uno solo de los constituyentes imaginó el estado actual de cosas en esta materia, la más crucial de todas por el potencial de conflicto que encierra. Estaremos de acuerdo en que el Tribunal Constitucional ha corrido con una muy seria encomienda al respecto, revisar cada ladrillo del edificio autonómico, que desempeñó razonablemente bien mientras los actores políticos fueron prudentes y de la mano en su construcción. Pero estaremos de acuerdo asimismo en que hoy, imperantes la imprudencia y la desunión entre los mismos actores, el Tribunal se encuentra desbordado y lesionado en su singularísima posición de custodio constitucional. Y forzado a unos imposibles ejercicios de interpretación constitucional. A diagnosticar la situación, nada satisfactoria, del actual escenario autonómico y, como consecuencia, también los males que aquejan al supremo intérprete, dedican los profesores Solozábal, Requejo, Blanco y Acosta parte de sus excelentes estudios. Y a apuntar la necesidad de reformas constitucionales al respecto, unas reformas acaso imprescindibles cuando las mutaciones –muchas y muy importantes, señala Jiménez de Parga que son las experimentadas ya por la Constitución– parecen haber llegado al límite de sus posibilidades.
La vigencia de la Constitución, la de una Constitución normativa pasada por el tamiz jurisdiccional, ha tenido, por tanto, en el consenso continuado de los actores políticos y de la inmensa mayoría de los ciudadanos el soporte imprescindible. Desde la transición hasta hoy. De la formación de ese consenso y de sus protagonistas, de los riesgos que ha tenido y tendrá que sortear, de los modos en que se expresa y de los instrumentos a través de los cuales lo hace, trata la segunda parte de este libro, «La política», que introduce Fernando Vallespín, encabezando un conjunto de trabajos de un grupo de reconocidos profesores de Ciencia Política y Sociología. Unos estudios rigurosos cuya lectura alberga la explicación verificable de por qué, pese a las insuficiencias de la Constitución y del entramado jurídico e institucional del Estado que fundamenta, la democracia española es sólida y los problemas que ha afrontado, y los que le esperan, vienen resolviéndose con los modos y la madurez política de las democracias más solventes.
Los últimos treinta años han sido los de menos violencia y más estabilidad política, más libertades y derechos para todos, más tolerancia y pluralismo, más reducción de la desigualdad, mayor control del poder, más apertura de fronteras culturales, políticas, económicas y jurídicas, mayor eficacia gubernamental y mejor funcionamiento de las administraciones públicas. Desde que ésos son los valores en alza en una sociedad y los principales objetivos a alcanzar, en efecto, los treinta años pasados no tienen parangón en nuestra historia política. Mirando a nuestro siglo XIX y a los setenta y cinco primeros años del XX, lo que ha ocurrido desde 1975, la transición primero y la consolidación de la democracia constitucional después y hasta hoy, es un éxito colectivo del que, en conjunto, los españoles se sienten satisfechos, según demuestran una vez tras otra las encuestas.
La Transición, con mayúsculas, tiene entidad por sí sola para seguir provocando reflexiones de las que seguir extrayendo, aún hoy, consecuencias útiles en la actual coyuntura política. Las que hace Julián Santamaría son de esa clase. Como ocurre tantas veces, no hay un modelo canónico de tránsito de la dictadura a la democracia y, entre las que ha habido en los últimos treinta o cuarenta años en todas las regiones del mundo, la de aquí ha resultado muy positiva. Por el peaje pagado, por el ritmo del cambio y por la consolidación de los resultados. No creo que merezca la pena pararse a defender lo que mayoritariamente, dentro y fuera de España, por los ciudadanos, por los actores políticos, y por los estudiosos de la política es aceptado sin objeciones dignas de ser tenidas en cuenta.
Para empezar, las claves del éxito hay que buscarlas en el protagonista colectivo. Nunca se insistirá demasiado, frente a los que están contra esto y aquello y suelen aconsejar a un tiempo una cosa y la contraria, en las grandes semejanzas registradas en la percepción que tenemos de la política los españoles y los europeos, como mínimo. También hay algunas diferencias, como escribe Vallespín, un mayor desapego político y desafección institucional que, y esto es lo importante, «paradójicamente conviven con una amplia satisfacción con el sistema democrático, cuya legitimidad no es cuestionable», satisfacción al parecer creciente, porque «una amplia mayoría piensa que el sistema democrático funciona hoy mejor que hace diez años y le dan un aprobado alto o notable». Resumiendo, que los españoles vieron con buenos ojos el modo de encarrilar la política después del 20 de noviembre de 1975, respaldaron los tiempos y están encantados de ser ciudadanos de una democracia.
La intensidad de esa satisfacción con la democracia aconseja poner sordina a las críticas, angustiadas o malévolas, pero muy estruendosas, que ocupan habitualmente el escenario. El sistema tolera un cierto grado de disfunciones y carencias institucionales que no lo pone, seriamente, en peligro, en contra de lo que a veces parece si atendemos sólo a algunas voces cuyas denuncias chocan frontalmente con lo que la realidad y los datos ponen de manifiesto con su característica tozudez. Para evidenciar las distorsiones que practican esas voces y las marejadas que provocan, hubiera sido interesante, me parece, y es quizás lo único que se echa de menos en el libro, una visión sobre quienes crean y expanden opinión sobre la política, y sobre el tono del mismo discurso político que emplean los actores y sus publicistas de plantilla. En eso sí que parece que seamos bastante diferentes, más cainitas, menos moderados, más incultos políticamente o, si se prefiere, de una cultura política más bronca que otros europeos. Por todo ello no deja de llamar la atención que la dureza de las críticas ciudadanas y periodísticas a las instituciones y a los actores políticos –señaladamente a los partidos, como explica Pablo Oñate–, no se corresponda con la opinión de los especialistas que constatan la consolidación de aquéllas y del sistema de partidos. Sin duda, es esto –la realidad– lo que importa, aunque, sin duda también, los discursos escandalosos, agresivos, teatrales o extravagantes resulten mucho más entretenidos desde la perspectiva de la política como espectáculo.
El excelente estudio de José R. Montero sobre el funcionamiento del sistema de partidos a lo largo ya de muchas confrontaciones electorales de distinto nivel, pone de manifiesto el firme asentamiento de dicho sistema, la estabilidad y coherencia de los comportamientos de los electores y la adecuación de las ofertas electorales a sus demandas y a sus identificaciones ideológicas. En suma, lo contrario de lo que suele afirmar rotundamente el habitual discurso especulativo: un electorado fácilmente manipulable, unos partidos oportunistas y un sistema electoral no idóneo democráticamente. La realidad es muy otra.
Nuestro modelo de organización territorial se tiene habitualmente por la apuesta más compleja y políticamente más conflictiva de cuantas planteó la democracia. De eso tratan desde perspectivas distintas los trabajos de Subirats y Llera. Los dos coinciden en hacer un balance positivo de los resultados de aquella arriesgada apuesta. Si ese balance excluye la primera legislatura del gobierno de Rodríguez Zapatero, comparto la valoración. No me parece, en cambio, que lo sucedido a partir de 2004 haya sido políticamente una demostración de buen gobierno. De hecho, creo que, al contrario, una dirección equivocada, un mensaje confuso y una escasa capacidad de previsión han provocado perturbaciones importantes, deterioros institucionales y enfrentamientos inter e intrapartidistas de los que no será fácil recuperarse. Creo, incluso, que, para la mayoría del electorado socialista y del de los partidos nacionalistas moderados, lo sucedido no ha terminado de merecer la pena y, si se piensa en las incertidumbres abiertas, aún menos.
Rogelio Alonso es un profundo estudioso del fenómeno terrorista que padecemos en España y el trabajo que se incluye en el libro lo demuestra con creces. Yo suelo coincidir con sus conclusiones. Ahí va la que pone fin a su trabajo y a este comentario: «En este sentido debe subrayarse la pertinencia de un sólido consenso en torno a la respuesta gubernamental frente al terrorismo, requiriendo esta problemática una política concertada y de Estado que avale la solidez de las iniciativas derivadas de la misma. De ese modo disminuiría notablemente el potencial de la violencia como factor de división y confrontación política y social ante un desafío a las instituciones democráticas cuya respuesta debe trascender los intereses puramente partidistas».
