¿Habría que negociar con ETA? ¿Es ésa la única posibilidad de acabar con la pesadilla que lleva casi veinte años desestabilizando la democracia española? Esa ha sido siempre la opinión del PNV, formación que nunca ha dejado de intentar, pese a notorios desaires, de convencer a ETA de la necesidad de un acuerdo negociado. Un acuerdo, en principio, en términos de paz por presos, aunque admitiendo algunas concesiones simbólicas complementarias.
La detallada investigación de Irujo y Arqués permite reconstruir uno a uno todos los contactos habidos entre el PNV y ETA desde los inicios de la transición. Sorprende la aparente puerilidad de la dirección etarra, que exigía, para empezar a hablar, la previa aceptación de su propio programa (la alternativa KAS) y consiguiente renuncia por parte del PNV al proceso estatutario en marcha. Pero aún sorprende más que un sector del PNV, con la aparente complacencia de su dirección, se haya acercado últimamente a ese punto de vista, admitiendo que la paz deberá ser el resultado de «cruzar la alternativa KAS con el modelo de pacificación de la Mesa de Ajuria Enea».
El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, afirma, en las líneas finales del más reciente libro sobre la cuestión, Negociar con ETA, de Carlos Fonseca, que su «modelo para un final dialogado de ETA» es el de ETA (p-m) en 1982. Pero sostiene que, así como entonces «hubo un grupo de personas que querían terminar, y protagonizaron el final», la ETA actual «está jugando con la idea del diálogo, sin que tenga intención de acabar con la violencia (…). Para que pueda haber diálogo tiene que haber ganas de terminar por parte de quienes matan».
Los especialistas que han estudiado la dinámica de los grupos terroristas coinciden en resaltar como un rasgo común a todos ellos el hecho de que, a partir de un momento dado de desarrollo organizativo, su propia supervivencia como colectivo armado –como banda con derecho a matar y secuestrar en nombre de un ideal–, se convierte en el principal móvil de su actuación: aquel al que subordinan otros fines, incluidos los de naturaleza política invocados en su propaganda.
La exigencia de negociaciones en términos que los terroristas saben inaceptables para cualquier Estado democrático es un método muy eficaz para prevenirse contra cualquier tentación abandonista. Así lo ha demostrado de manera muy convincente, por lo que se refiere a ETA, Kepa Aulestia, antiguo secretario general del desaparecido partido Euskadiko Ezkerra. En su opinión «toda aproximación dialogante genera un doble efecto. Por una parte, es saludada como señal de victoria; por otra, les incita a mantener la distancia, ese foso que garantiza su propia pervivencia. En cuanto te acercas a su peldaño, escalan un par de ellos más». La negociación deja de ser un medio para convertirse en «el único fin que aporta cohesión y motivación a las filas de ETA, a sus presos y a su entorno». La mera invocación de la posibilidad de una negociación «activa la capacidad violenta de ETA [porque] motiva a sus militantes con la perspectiva de su propio reconocimiento en una mesa de negociación (…). Ante la aparición de conciencias críticas, se esgrime el argumento de que la negociación está cerca. Noticias, fundadas o infundadas, rumores, declaraciones muchas veces inconvenientes de responsables gubernamentales, todo es utilizado para alimentar este corolario: como policialmente no podrán acabar con ETA, tendrán que negociar políticamente».
En su último libro, el ex diputado abertzale Francisco Letamendía, reconvertido ahora en profesor universitario, recuerda que ya en 1978 ETA había teorizado el papel de la lucha armada como provocación desestabilizadora, con la negociación como desenlace: una intensificación de los atentados pondría al Gobierno ante el dilema de elegir entre «intensificar la represión, lo que aumentaría los apoyos a la lucha armada», o negociar la alternativa KAS «para evitar que el ala reaccionaria llegue a tal grado de crispación que provoque un golpe militar».
Desde que descubrió la fuerte capacidad desestabilizadora de la violencia terrorista sobre los regímenes democráticos, ETA ha seguido estrategias de provocación. Hasta 1981, atacando en particular a miembros de las fuerzas armadas para estimular un golpe militar. Después de esa fecha, intentando suscitar una respuesta ilegal por parte del aparato del Estado que deslegitimara a éste y otorgara credibilidad a la imagen de un conflicto entre dos violencias simétricas. La hipótesis es que, a partir de un determinado grado de radicalización, ese conflicto sólo podría superarse mediante una negociación política que declarase la aministía para ambos bandos y modificase las reglas de juego: el «marco político-jurídico», en expresión popularizada hace años por los propagandistas de ETA. La actividad de los GAL a mediados de los ochenta (y su resurrección judicial y mediática diez años después) otorgaron alguna verosimilitud a esa imagen, con efectos muy visibles hoy en un sector de la juventud vasca. Imagen, en todo caso falsa: ETA ya actuaba antes de la aparición de los GAL, y no ha dejado de hacerlo tras su desaparición.
El problema se plantea, por tanto, en los siguientes términos: se sabe que la acción policial por sí misma no basta para acabar con ETA (e incluso que una acción represiva desproporcionadamente violenta o ilegal favorece los objetivos de los terroristas); pero se sospecha que mantener abierta la expectativa de negociación refuerza sus apoyos sociales y su cohesión interna a la vez que estimula la dinámica violenta, favoreciendo a la larga su continuidad organizativa.
A fines de 1995 la prensa (Diario Vasco, 31-12-1995) reprodujo un documento interno de KAS (el organismo de coordinación entre ETA y sus tramas civiles) titulado Karramarro, que había sido difundido en el otoño de aquel año. En el texto se abogaba por forzar la negociación política mediante una ofensiva de atentados como la que efectivamente se produciría en diciembre del mismo año y que costaría la vida a ocho personas. El escrito sostiene, en referencia a las negociaciones de 1989 en Argel, que «el hecho histórico e irreversible es que se reconoció a ETA la representación de los derechos históricos arrebatados a Euskadi». Una representatividad «política y democrática legitimada precisamente por el Estado al aceptar a ETA como interlocutor válido, como la otra parte del conflicto». El texto recuerda que las conversaciones de Argel fueron precedidas por atentados como el de Zaragoza (11 muertos, cinco de ellos niños) e Hipercor (21 muertos, 40 heridos) para argumentar que antes de negociar «son imprescindibles las ekintzas» (acciones), las cuales «antes de alejar la salida dialogada, la acercan inexorablemente». A lo que añade esta reflexión: «¿O es tan difícil adivinar la salida si la ekintzacontra el Borbón [en referencia al intento de asesinar al Rey en Mallorca en el verano de 1995] hubiera salido bien?».
El planteamiento es muy característico de la mentalidad actual de ETA: o se acepta el diálogo, siempre tras una ofensiva sangrienta, en cuyo caso los terroristas considerarán establecido su reconocimiento como interlocutor representativo y legitimado precisamente por su acreditada capacidad para matar; o no se acepta, en cuyo caso se considerará imprescindible una nueva ofensiva de atentados para convencer al enemigo de que más le conviene negociar. En ambos casos la conclusión es que sólo la lucha (armada) paga; que resulta eficaz para obligar a ceder al enemigo y para obtener aquello que no habría sido alcanzado mediante el convencimiento pacífico de los ciudadanos; y que esa forma de luchar seguirá siendo necesaria durante mucho tiempo: hasta la victoria final. Es decir, hasta la conquista del poder. Tras veinte años de elecciones democráticas, ETA sabe que su respaldo es muy minoritario. No ignora, por ello, que difícilmente logrará convencer a la mayoría si no es mediante la imposición. De ahí su estrategia actual, que combina provocación desestabilizadora del Estado y amedrentamiento de la población.
La consigna de la negociación sirve para dar un horizonte político a esa combinación pero también para mantener ese horizonte lo suficientemente alejado como para garantizar la perpetuación de la lucha armada. De ahí que, como ha escrito Fernando Reinares (en Violencia y sistema), cualquier acercamiento legal a los fines proclamados por los terroristas sea interpretado por éstos «como una amenaza a su supervivencia», y de ahí también su tendencia a «redefinir periódicamente las demandas planteadas, rechazando por irreales o insuficientes los logros ya alcanzados», hasta hacer que sus reclamaciones resulten en la práctica «inasequibles al convenio».
Durante años se pensó que aunque ETA hablase de negociación política –es decir, en torno a cuestiones como la autodeterminación o la integración de Navarra en Euskadi– una vez iniciado el diálogo admitiría que en la práctica el problema era encontrar una salida digna para sus presos y exiliados –es decir, lo que antes de las conversaciones de Argel de 1989 se llamaba negociación técnica–. Ya aquellas conversaciones, de las que existe una crónica bien documentada (como en Las conversaciones secretas Gobierno-ETA, de Alberto Pozas), demostraron que, si bien ETA tuvo dudas sobre si prolongar o no la tregua, nunca llegó a plantearse seriamente la posibilidad de abandono de las armas, ni siquiera a cambio de una amnistía encubierta. Las escasas dudas que podría haber después de aquella experiencia quedaron disipadas en los contactos que se establecieron de nuevo tras la ruptura de Argel, ahora en Santo Domingo.
Ésa es una de la conclusiones que se desprenden de la informada reconstrucción de dichos contactos que constituye el eje del libro de Carlos Fonseca. Su lectura más bien confirma que desmiente la teoría de Aulestia: la expectativa de negociación es interpretada por ETA como una ocasión para dar sentido político a ofensivas terroristas que sin ese factor no sabría cómo justificar. Los atentados se convierten así en mensajes al Gobierno: queremos un contacto urgente; no nos gusta el interlocutor; estamos más fuertes de lo que pensáis. Al mismo tiempo, el libro demuestra que ETA ha aprendido a prevenirse contra lo que considera principales riesgos de la negociación: entrar en lo que sus textos internos llaman «una dinámica de treguas encadenadas» que introduzca entre sus seguidores dudas sobre la inevitabilidad de seguir matando; y aceptar una negociación técnica previa a la propiamente política: temen que una vez abierta la expectativa de la salida de los 500 presos, ellos y sus familiares, y muchos otros cruzados de la causa, dejen de considerar urgente hasta la muerte la aceptación del resto de la alternativa KAS.
