El mundo analógico facilitaba la competencia para cobrar un canon por tenencia y consumo de televisión, pero la convergencia de soportes y tecnologías hace inviable este sistema en países que no hayan contado históricamente con él, como es el caso de España. Al tratarse de una tasa parafiscal, su imposición depende de una decisión política y nadie parece dispuesto a decirle a los ciudadanos que lo que ayer era gratis mañana costará unos 200 euros anuales. La presumible respuesta de una encuesta del CIS puede terminar por enterrar la cuestión.
Sin embargo, la mayor parte de los operadores públicos en Europa cuenta con un canon que permite tener una financiación estable, mientras que los ingresos comerciales son complementarios. El modelo ha funcionado en los países nórdicos y en el Reino Unido, donde además de presentar una cuenta de resultados clara y positiva son líderes de audiencia. Aun así, el Reino Unido y Alemania están reactualizando el cobro ante la multiplicación de la oferta de la televisión digital de pago. El pago oscila entre los 92 euros que se pagan en Italia hasta los 274 que pagan los daneses para sostener la televisión pública, pasando por los 175 euros para la BBC o los 194 que reciben France 2 y 3, mientras que en otros países como Grecia y Eslovenia la cuantía se ajusta en función del consumo de electricidad, auténtica materia prima de la televisión. Los ingresos fijos permiten a los gestores determinar objetivos y no pelear únicamente por los resultados de audiencia, que aseguran los ingresos por publicidad. España es un caso anómalo, porque TVE no tiene limitada los ingresos por esta partida, lo que sí sucede en Portugal (hasta el 50%), Francia (entre el 34 y el 7%) o Alemania (el 13% para la ARD y el 8% para ZDF).
En los últimos años se han observado algunos cambios interesantes en los operadores públicos, como la cooperación con terceros para la financiación de proyectos o la racionalización de la gestión mediante contratos-programa. Esta fórmula parece la más adecuada, porque permite distinguir los objetivos de servicio público con mayor facilidad. Bélgica, Francia, Portugal, Suecia, Dinamarca, Irlanda e Italia cuentan en la actualidad con este tipo de financiación, que asegura una parte de los ingresos y libera una porción de la tarta de la publicidad, que se reconduce hacia al sector audiovisual. Mediante esta política, las entidades públicas destinan una cantidad de dinero para financiar sólo ciertas actividades del servicio público. Por ejemplo, el Ministerio de Educación podría financiar películas o documentales, entre otros formatos, para divulgar el conocimiento científico, mientras que una Consejería de Sanidad podría destinar fondos a la educación sexual. Se trata de una aproximación gerencial a los contenidos audiovisuales, pero que asegura el cumplimiento de parte de la misión tanto en operadores públicos como privados. En el mundo digital, la viabilidad del canon pasa por remodelarlo como una especie de suscripción que fomente la diversidad audiovisual y apoye la cultura nacional. La televisión pública digital puede mantener esta función de punto de encuentro y representación para la mayoría de la sociedad siempre que esté clara la relación entre lo pagado y lo recibido.
En nuestro caso particular, la financiación condiciona la gestión a largo plazo de RTVE, que se encuentra ante una oportunidad única de redefinición estratégica ante el siglo XXI. Cuando la deuda ha alcanzado los 7.000 millones de euros, no es práctico hablar de un canon. Hoy por hoy es impensable imponer un canon en España, pero sí que se antoja necesario limitar la financiación pública a los objetivos concretos de servicio público. En ese sentido, hay que sanear la economía del ente, redimensionar sus recursos humanos y renegociar los contratos con las productoras creadas al calor del dinero público.
El comité de sabios sabe bien qué se juega en su informe, por lo que se torna imprescindible adjuntar una memoria económica y financiera que sostenga los proyectos que tan buenas intenciones desprenderá con seguridad. Más aún, y puestos a reconstruir RTVE, habría que sentarse a pensar qué televisión pública queremos, cuál es su misión en el panorama español y cómo podría liderar el cambio hacia la televisión de calidad en la era de la información.
