Querido director: Pues voy a mostrar discrepancia, no estará de más comenzar manifestando que algo comparto con Maite Rico y compañía, Marcos, la genial impostura (El País-Aguilar, 1998, 480 págs.), y con su comentarista Carlos Malamud (Revista de Libros, n.º 21, septiembre 1998, págs. 24-25), y esto es la repugnancia frente al aventurismo criminal del afamado Subcomandante, cosa demasiado elemental y obvia como para caracterizar posiciones. Las diferencias principales pueden recaer de nuestra parte. Advierto de entrada esto porque libro y comentario no parecen estar imaginando más escenario que el de una alternativa maniquea entre zapatismo y vargasllosismo, entre tan malos modos de cerrazón frente a humanidad, frente a la satisfecha el uno y frente a la conflictiva el otro. Pero no quiero volver al libro que el comentario nos asegura, por su cuenta y por la de toda una caterva de críticos, informadísimo. Sea. Precisamente lo que pretendo no es contraste de información, sino acuse de desinformación. La primera nos falla a todos y todas, aunque ni la parte autora ni la crítica parezcan en disposición de reconocerlo. Comenzamos por manejarnos con una sola de las lenguas entre las que se hablan en Chiapas, la cual, la castellana, ni siquiera resulta, para las zonas indígenas, la lengua franca. Con visitar un territorio o residir en muy relativas cercanías, no se conoce una humanidad ni sus conflictos de fondo. Mas ahí radica quizá el problema: comenzamos por presumir que nuestra cultura nos basta. No sabemos conocer sin reconocernos. He aquí también que comparto las reticencias frente a la moda del turismo revolucionario. Dejémonos de coincidencias. No seamos repetitivos ni cansinos. Hablemos de la desinformación. Aquella a la que ahora me refiero no es la lingüística ni tampoco la cultural más genérica, éstas tan básicas cuya superación se resiste incluso a la antropología de campo, cuánto más al periodismo. Pienso en otra que me parece mucho más fácil de controlar. Toca, más que al contexto, al texto constitucional e internacional de la situación chiapaneca y con ello de la posición indígena, a asuntos más de fondo que el zapatismo postmoderno, su atracción periodística y su encanto turístico. La actual tragedia del caso difícilmente se comprende sin el transfondo adverso de la denegación pertinaz de un derecho que está logrando voz, mereciendo crédito y abriéndose paso por Naciones Unidas, por América y por México, también por México: el derecho de reconocimiento y respeto, de autonomía y reciprocidad de los pueblos indígenas, de unos pueblos dotados de culturas y territorios propios, tanto entre sí como con la humanidad organizada en Estados separados y en Naciones Unidas. En tal precisa dirección, México tiene contraídos compromisos internacionales, particularmente con la Organización Internacional del Trabajo, y constitucionales, sobre todo por una reforma de la Constitución federal en el año emblemático de 1992, lo cual le llevó primero, desde 1994, a una negociación con organizaciones indígenas, pues no exactamente, en lo que respecta a los derechos de unos pueblos, con la guerrilla, y después le movió, en 1997, a una ruptura unilateral de los acuerdos formalmente alcanzados, a la ruptura que libro y comentario imputan a la otra parte, o no con exactitud a ella, la indígena, sino al zapatismo. En el escenario que así se figura, no cabe protagonismo de la parte verdaderamente antagonista, de aquella que realmente se está antagonizando. Es agencia cancelada, fantasma conjurado, humanidad inerte. Puede haber una historia muy distinta a la narrada por el libro y avalada por el comentario. Difícilmente les cabe percibirla, incapaces como parecen ambos de concebir otra posición de la humanidad indígena que la cautiva de guerrilleros y otros turistas o la dependiente de estatistas y demás gente de su cultura. Para comprender la tragedia chiapanesca, habría que cambiar de decorado: abandonar el escenario maniqueo comenzando por advertir la presencia y dinámica propias del elenco principal, la población más afectada, humanidad no pasiva, pueblos con culturas y territorios. El problema de fondo puede ser efectivamente, como se nos dice, de derechos humanos, de su impedimento y carencia, pero no en el sentido humanitario de asistencia e intervención ni tampoco en el humanista de desestima e inculturación, sino en el sencillamente humano de reconocimiento y respeto, de consideración de la humanidad indígena en el pie de igualdad que no conciben ni zapatismo ni vargasllosismo. Tales, los más propiamente humanos, son los términos en los que actualmente se trata la cuestión por Naciones Unidas en su dimensión de portavoz, intérprete y guardián de los derechos así dichos, los humanos, iniciándose el alejamiento para ellas, al menos para ellas, de los tiempos moralmente miserables de la descolonización geográficamente condicionada. Son también términos en los que una institución de la misma órbita de Naciones Unidas, la Organización Internacioinal del Trabajo susodicha, llama a capítulo a México respecto en concreto a la situación de Chiapas. Pero tampoco a nada de esto parecen conferirle importancia ni libro ni comentario. E importante me parece: texto que explica, más que contexto que encuadra. Procedo con todas las disculpas a una última observación referente no sólo a cegueras, sino también a responsabilidades. El efecto de la desinformación tomada por lo contrario no parece banal ni despreciable. Allí donde el multiculturalismo no constituye frívola moda intelectual, sino lacerante estado social, las presunciones de cultura propia e incultura ajena pueden también, salvadas nuestras buenas intenciones, resultar criminales. Por mi parte no imputo, pues no entiendo que sea nuestro papel el de fiscal o ni siquiera, por nosotros mismos, sin jurado conciudadano, indígena para el caso, el de juez. La cuestión no es sólo ni primordialmente de información o desinformación de parte nuestra, la no indígena, sino también y ante todo de justicia o injusticia respecto a la humanidad restante, de cara a la cual además somos exactamente eso, parte, y una parte de legitimidad, encima, dudosa. La efemérides dicha de 1992, con todos sus fastos, no parece haber tocado por aquí sensibilidades. Tampoco trascendamos. Aquí nos ocupamos tan sólo, por fortuna, de libros. Para librar sin librarnos remito a un par, a uno literalmente documentado, pues introduce y ofrece documentos, Derechos de los Pueblos Indígenas (Secretaría General de Acción Exterior del Gobierno Vasco, 1998, 710 págs.), y a otro textualmente problemático, pues se trata de encuentro e incluye debate, Derecho indígena (coordinación de Magdalena Gómez Rivera, Instituto Nacional Indigenista y Asociación Mexicana para las Naciones Unidas, 1997, 470 págs.), no sin advertir, para prevenir malicias, que colaboro en ambos. Es licencia que me permito por si al lector o lectora le interesa hacerse con noticias y con dudas que evidentemente escapan, las unas como las otras, a Maite Rico y compañía. Con mi agradecimiento por la atención,
