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La España constitucional
Rafael Narbona
15/02/19

Quizá los padres de la Constitución de 1978 se equivocaron al crear el Estado de las autonomías, propiciando una división artificial que ha incrementado innecesariamente la burocracia y el gasto público, pero a estas alturas no se puede dar marcha atrás sin provocar un cataclismo político y social. Al menos podemos extraer una lección histórica. En el caso del País Vasco y Cataluña, el independentismo no se aplacó con estas concesiones. Al revés, se interpretaron como un gesto de debilidad y como una excelente oportunidad para exacerbar el sentimiento nacionalista. La transferencia de las competencias educativas y culturales sólo ha servido para falsear la historia, marginar el castellano e inculcar en las nuevas generaciones el desprecio por España. La crisis económica de 2008 se convirtió en un inesperado aliado del independentismo. La izquierda se despeñó por el populismo, apoyando los «procesos soberanistas» y exaltando el «socialismo del siglo xxi» de Hugo Chávez, Evo Morales, Daniel Ortega y Rafael Correa. Se entonaron alabanzas al castrismo y se sacó del armario a Marx, olvidando –o minimizando‒ los crímenes del comunismo. El independentismo catalán se radicalizó, presentándose ante el mundo como una nación alegre y democrática ocupada por un Estado colonialista y represor. El independentismo vasco sonrió ante este giro, pues le permitía blanquear su pasado y redundar en su discurso jeremíaco.

Han pasado muchas cosas desde entonces. Ninguna tranquilizadora. Una grotesca parodia de elecciones, una rebelión disfrazada de proclamación institucional, una escalada verbal que divide cada vez más a la ciudadanía, un chantaje permanente en materia económica para bloquear la gobernabilidad de España. En Cataluña se ha hablado de la «vía eslovena» como posible camino hacia la autodeterminación, especulando que una guerra de diez días con casi un centenar de víctimas constituiría un precio muy razonable. Los CDR (Comités de Defensa de la República), inspirados en los siniestros Comités de Defensa de la Revolución de Cuba, calientan la calle para incrementar la tensión política. Explorar la vía del diálogo no arreglará nada, pues los independentistas siempre considerarán insuficiente cualquier acuerdo que no implique una autodeterminación definitiva e irreversible. Vladímir Putin no ha dejado pasar la ocasión, manifestando su apoyo al proyecto de una Cataluña independiente y soberana. Era previsible, pues el líder ruso hace tiempo que adoptó la estrategia de debilitar Europa, respaldando cualquier iniciativa que siembre la división y el caos.

La derecha también se ha despeñado por el populismo. No creo que hablar de reconquista constituya una alternativa sensata. No hay nada que reconquistar. El reto es preservar el orden constitucional, utilizando todas las herramientas del Estado de Derecho. Simplemente, ha de prevalecer la ley. No hay que tener complejos en ese sentido. España no es un Estado opresor, sino una democracia con separación de poderes y un sólido régimen de libertades. Es uno de los países con menos condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Italia, Alemania, Francia, Portugal y Suiza duplican o triplican el número de condenas. Sufrimos problemas de corrupción, sí, pero en la misma medida que otros países europeos. No hay nada anómalo en nuestra sociedad o en nuestra historia. Ni en la firme determinación de defender nuestra integridad territorial. Nunca he simpatizado con los nacionalismos, pero entiendo que en esta coyuntura se coloquen banderas de España en los balcones. No es posible defender el Estado de Derecho desde una perspectiva abstracta. Sin embargo, no me gusta la épica de cartón piedra. Pienso que la derecha y la izquierda deben girar hacia el centro. No creo que el centro represente el colapso del debate político, sino el espacio donde se contrastan las diferencias y surge el acuerdo. O, si se prefiere, el encuentro. Me parece muy sano que un ciudadano cambie su voto porque ha encontrado una alternativa más convincente. Los partidos políticos no deben funcionar como trincheras, donde se demoniza al adversario. La Transición española fue posible gracias a políticos que se negaron a percibir a sus rivales como enemigos. Eso sí, no es posible respetar a quien viola la ley en nombre de mitos raciales, históricos o políticos. La ley es el último bastión de la democracia. Sin ese recurso, el Estado se desarticula y cunde el caos.

Defender la España constitucional es defender la convivencia. No es tomar partido por una opción política, sino por la solidaridad, la igualdad y la ciudadanía. El «derecho a decidir» puede parecer un lema afortunado, pero en este caso sólo es una intolerable manipulación del lenguaje concebida para justificar un proyecto excluyente que establece diferencias nada democráticas entre los ciudadanos. «España es una alta y notable posibilidad de ser hombre», recordaba Pedro Laín Entralgo, citando a Américo Castro, un filólogo, cervantista e historiador republicano que se exilió en Estados Unidos para huir de la dictadura franquista. Finalizando, Laín Entralgo añadía: «Hagamos los españoles que esa posibilidad continúe existente y crezca en fuerza y anchura». Nos separa más de medio siglo de esta reflexión, pero no creo que haya perdido vigencia. De hecho, sería recomendable recordarla de vez en cuando para superar los complejos que a veces nos asaltan, empujándonos a menospreciar nuestra historia –asombrosa y fecunda‒ y nuestro patrimonio cultural, una pieza esencial en la historia de la civilización.


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