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Cataluña: lo posible anterior (I)
Manuel Arias Maldonado
27/09/17

En una entrada de su diario fechada en abril de 1966, Ricardo Piglia dice a través de su álter ego Emilio Renzi que querría a veces «volver a ciertas épocas de mi vida y vivirlas con la conciencia que tengo ahora». Por ejemplo, añade, empezar de nuevo la historia en 1956. Destaca que se trata de un gran tema novelístico: el Lord Jim de Conrad quiere volver al día en que se comportó como un canalla para cambiarlo; en un cuento de Borges («La otra muerte») hay un soldado que hace un pacto fáustico para volver a la batalla en que fue cobarde y morir en ella como un héroe; el Gatsby enriquecido se empeña en cambiar la decisión de una mujer que lo rechazó en el pasado. Y concluye Piglia: «En definitiva, se trata de pensar el pasado con las categorías que usamos para imaginar el futuro. Lo posible anterior».

Si aplicásemos esta peculiar metodología a la relación entre Cataluña y España a la luz de los acontecimientos de las últimas semanas, todos encontraríamos algo que cambiar: para no haber llegado jamás hasta aquí. Qué forma de intervención retrospectiva elegiría cada cual dependerá del modo en que se interprete el problema y, por tanto, de las causas o decisiones a las que uno atribuya mayor impacto. Hay donde elegir: la redacción del Título VIII de la Constitución Española, la rebelión andaluza en demanda del famoso «café para todos», la aclamación popular de Pujol en el marco de su imputación por el caso de Banca Catalana, la política de inmersión lingüística, el viraje catalanista del socialismo, cualquier aspecto relacionado con el Estatut de 2006 (incluida la campaña de firmas organizada por el PP), el viraje soberanista del catalanismo, y así sucesivamente, hasta llegar a la reciente aprobación de la Ley de Transitoriedad en el Parlamento catalán. Nadie sabe qué habría pasado si alguno de esos factores no hubiera existido; ni lo sabremos nunca.

De hecho, no existe acuerdo acerca de cómo hemos de conceptualizar la insurrección en marcha. Para algunos, estamos ante una revolución burguesa en la que los ricos desean emanciparse de los pobres o, cuando menos, disfrutar de todo el poder en un Estado propio de nueva construcción; para otros, nos encontramos ante una reedición etnicista de los nacionalismos antiliberales de los años treinta, que incluye la pretensión ‒propia del separatismo que se dice no nacionalista‒ de construir un paraíso social a orillas del Mediterráneo; finalmente, no faltan quienes inscriben el secesionismo catalán en la más amplia ola populista provocada por la Gran Recesión, entre cuyas consecuencias se cuentan el Brexit o la elección de Donald Trump. Naturalmente, nada molesta más a un separatista catalán que ser incluido en ese dudoso paquete, convencido como está de defender la verdadera democracia frente a sus sepultureros españoles. ¡Abajo el franquismo!

Sucede que esta alucinación colectiva no impide que un observador externo encuentre un parentesco entre la protesta anti-establishment y el separatismo catalán. Entre ellas, una innegable similitud en sus estrategias discursivas: ambos distinguen entre un pueblo y sus enemigos (exteriores y/o interiores), se atribuyen superioridad moral sobre el Otro, invocan la voluntad general del pueblo como único criterio para la toma de decisiones políticas, muestran un escaso respeto por el pluralismo y por los mecanismos institucionales que tratan de preservarlo, recurren con entusiasmo a la movilización callejera y la hipérbole permanente. No estamos en los años treinta y sería sorprendente ‒pese a todo‒ que las protestas desembocasen en la guerra callejera. Por desgracia, eso no impide que concurran una violencia de baja intensidad, formas diversas de intimidación y, por supuesto, una constante violencia simbólica. Es ahí donde se manifiesta con mayor claridad el supremacismo nacionalista, apenas velado tras la fachada democrática e incluso moderna que le prestan sus protagonistas: no todos los separatismos pueden exhibir un comunicado de apoyo por parte del Primavera Sound. Se habla de renegados y traidores, se arenga a los colegiales, se hostiga en calles y redes sociales a quienes disienten. Finalmente, algo hay también de revolución burguesa: clases medias que reclaman todo el poder soberano frente a un poder superior, arengando a los ciudadanos en nombre de un «pueblo» agraviado. De ahí el éxito propagandístico del «derecho a decidir» y las extravagantes comparaciones con Rosa Parks o la Sudáfrica del apartheid. Que un ciudadano adulto pueda sostener en público que Cataluña es un país ocupado desde hace trescientos años es, por lo demás, un homenaje concluyente a los poderes de la ideología, rectamente entendida en su sentido primigenio de falsa conciencia: creer firmemente en una ficción.

Algo, con todo, no encaja. Ninguna de estas descripciones parece adecuada, aunque todas ellas tengan mucho sentido. Ante el fenómeno secesionista, es fácil sentirse extrañado; un tipo de extrañamiento que no dista mucho del que experimentamos leyendo un relato de Kafka. No hablo del tema, sino del tono: es como si lo que está sucediendo en Cataluña se encontrase fuera de lugar allí donde está; como si hubiera de estar en otro sitio. La razón, a mi juicio, es clara: el entero proyecto secesionista emplea un lenguaje, unos símbolos y un registro emocional que no se corresponden con el contexto en que se despliega. Un grupo social que habla el lenguaje de los pueblos oprimidos ‒por los poderes imperiales o coloniales‒ se ha contado a sí misma un relato propio de otra época y otras circunstancias. Se ha imaginado a sí mismo como representante de toda Cataluña y a su vez ha caracterizado a esta falsa totalidad como la libertad guiando al pueblo en el cuadro de Delacroix. Pero no estamos en 1830, ni Rajoy es Carlos X. Habrá quien lo crea, porque de otro modo no saldrían los números. Y quizá por el carácter delirante de una creencia semejante ha solido desdeñarse la amenaza secesionista, entendida más bien como una presión retórica ejercida con el fin de obtener nuevas competencias o asignaciones presupuestarias. ¿Cómo podía hacerse realidad una amenaza tan anacrónica en una región tradicionalmente rica en inteligencias?

Tal como ha señalado Fernando Vallespín, la futura República Catalana es una utopía sobre la que cada cual puede proyectar sus anhelos en una época privada de las viejas esperanzas de futuro: unos sueñan con un Ampurdán libre de rastro español y otros con la refundación del socialismo. ¡Hasta hay quien anhela verse libre de las causas penales instruidas en la Audiencia Nacional! Esta polisemia puede intoxicar al más penetrante de los intelectos: no nos extrañaría que un lector de Pútrida patria de W. G. Sebald dejase el libro en la estantería antes de unirse a la Diada. Fuera de lugar, decíamos: porque en una democracia, máxime en una donde el poder se encuentra seriamente descentralizado, la secesión no es un proyecto razonable.

Si nos situamos en la perspectiva de «lo posible anterior», sería ciertamente mucho esperar que la España constitucional hubiera podido librarse de las tensiones territoriales que han encontrado en la crisis catalana su expresión más aguda hasta el momento, con permiso de los ochocientos muertos causados por el terrorismo de ETA. Pero no pueden errar más el tiro quienes ‒empezando por los nacionalistas‒ apuntan hacia un presunto «nacionalismo español» como causa coequivalente de tales tensiones. No puede afirmarse tajantemente que el nacionalismo español no exista; sí puede observarse que ha permanecido en estado de latencia hasta ahora mismo. Dejando a un lado a los proverbiales grupúsculos de la Falange, resulta difícil identificar ese nacionalismo en un país que se parece más a Alemania que a Francia en lo que a los símbolos nacionales se refiere: ver a un particular con una bandera de España pegada en el coche es tal rareza que nos parece ver pasar a un miembro del Cuerpo Diplomático. ¡Insospechadas ventajas del franquismo! Es decir, de un franquismo que, al apropiarse de los símbolos nacionales, dificultó enormemente la asociación afectiva con ellos y reprimió saludablemente su exhibición. Era mucho esperar que España se convirtiese así en la primera nación posnacional, capaz de fundar la legitimidad del Estado sin necesidad de exhibicionismo sentimental alguno. Dado que no se conoce todavía ninguna sociedad tan sofisticada, cabe deducir que los españoles dirigieron sus afectos tribales en otra dirección: ya fueran las nacionalidades históricas (o sobrevenidas), ya aquellas localidades que ‒como Sevilla, un suponer‒ concitan el fervor de sus habitantes. Nuestra aparente identidad posnacional era, pues, una ilusión. O, en otras palabras: el vacío afectivo generado por la contaminación franquista de la idea de España fue rellenado por nuestros nacionalismos interiores, aunque no todos ellos hayan tenido el mismo éxito en su empresa de deslegitimación de los significados comunes. Porque estos últimos existían: recordemos que casi un 92% de los votantes catalanes en el referéndum constitucional de 1978 dio su apoyo a la Carta Magna, desmintiendo la idea de un Volk catalán que atraviesa la historia resistiendo sin interrupción la opresión española.

Dicho esto, conviene estar vigilante ante los propios sesgos: el tribalismo moral nos afecta a todos. Pocos dudan de que nuestro texto constitucional admite mejoras en una dirección federalizante y que, incluso en el terreno simbólico, puede avanzarse hacia formas más sustantivas de reconocimiento; un reconocimiento que, recordemos a Hegel, acaso mueva el mundo. ¡Nos guste o no! Por desgracia, eso exige voluntad de cooperación y lealtad democrática, condiciones que los sucesos de estas últimas semanas autorizan a poner en duda. En todo caso, las sociedades democráticas tienen todavía trabajo por hacer en todo el mundo: recordemos las críticas que recibió Emmanuel Macron cuando cuestionó, al condenar sin paliativos la colonización de Argelia, el relato heroico de la nación francesa. Tal como me decía una colega hace unos días, todas las asignaturas de Historia que se imparten en colegios e institutos podrían entenderse como asignaturas de Formación del Espíritu Nacional: procesos de socialización en una determinada identidad colectiva. Siendo esto cierto, el demonio está en los detalles, pues no todas las identidades nacionales son iguales o se articulan de la misma forma. Y si la célebre asignatura franquista trataba (no siempre con éxito) de crear directamente un sentimiento de adhesión al régimen dictatorial, la enseñanza de la historia en una democracia persigue ‒o debería perseguir‒ la enseñanza de una historia común a todos los españoles, incluyendo la historia de sus distintas partes componentes: una instrucción básica que indirectamente nos socializa en una comunidad política. Y si no es así, así debería ser: mostrando tanto respeto por la diferencia como por la totalidad.

Pero no estamos todavía en ese momento. Contamos las horas hasta el 1-O, fecha marcada en rojo en la agenda separatista. No me parece necesario explicar por qué este referéndum no puede celebrarse: es inconstitucional y, por lo tanto, ilegal. Hará bien el Estado en impedir su celebración por los medios que se hagan necesarios; medios, hasta el momento en que escribo estas líneas, aplicados con la máxima prudencia. Más interesante es, en cambio, discutir la conveniencia de celebrar un referéndum después del 1-O: como solución pactada al conflicto. Según las encuestas, muchos ciudadanos creen que sería lo deseable. Son también muchas las figuras públicas, dentro y fuera de Cataluña, que se han manifestado contrarias al referéndum ilegal precisamente por ser ilegal, pero que al tiempo apuestan por otro realizado con plenas garantías. Así no, viene a decirse: hagámoslo bien. Desde luego, sería interesante comparar el número de respuestas afirmativas así obtenido con el que resultaría de un distinto «enmarcado» de la cuestión. ¿Qué pasaría si se preguntase al encuestado si está a favor de conceder a Cataluña el derecho de autodeterminación? Ya que podría darse la paradoja de que la vulneración de las normas tuviese premio: el referéndum pactado podría terminar siendo el resultado de la convocatoria de un referéndum ilegal. Estaríamos entonces ante un razonamiento similar al que me hacía un periodista anglosajón, para quien el único problema del referéndum sería su cualidad «ilegal», una cualidad que podría modificarse fácilmente: cambiar la ley. ¡Todo fuera eso!

No estoy seguro de que todos los que apoyan la celebración del referéndum pactado conozcan las implicaciones del mismo. Una singular característica de las democracias representativas es que son sistemas más complejos y sofisticados que sus actores individuales: basta comprobar la alegría con que identificamos la democracia con las urnas. Y no puede exagerarse la necesidad de discutir a fondo la conveniencia de que ese referéndum se realice, sea cual sea el grado de apoyo que reciba en las encuestas. Volviendo a «lo posible anterior» de que nos habla Piglia, sería deseable que no cometiésemos ahora un error del que hayamos de lamentarnos dentro de diez o veinte años, hasta el punto de que deseemos volver del futuro para corregirlo. Traer lo posible anterior a la conciencia reflexiva del presente se parece así al eterno retorno de Nietzsche, según el cual aquello que hacemos volverá a suceder una y otra vez en un bucle sin final: más nos vale hacerlo bien. Es, por tanto, preciso vivir con plena conciencia; lo que significa pensar con plena conciencia. En el caso que nos ocupa, sopesar cuidadosamente la oportunidad de un referéndum que no debería celebrarse sólo porque empezamos a estar todos muy cansados: por agotamiento. De las razones que así lo aconsejan nos ocuparemos la semana que viene. De momento, crucemos los dedos.


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