RESEÑAS

México: ¿un país atrincherado en su historia?

Héctor Aguilar Camín, Jorge G. Castañeda
Una agenda para México 2012
Ciudad de México, Punto de Lectura, 2011
199 pp. $109

Rafael Rodríguez Castañeda (coord.)
La agenda pendiente. Los desafíos de Enrique Peña Nieto
Ciudad de México, Temas de Hoy, 2013
300 pp. $198

El pasado 1 de diciembre, Enrique Peña Nieto asumió la presidencia de la República Mexicana. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) recuperaba así el poder que durante décadas había ejercido ininterrumpidamente hasta que, en el año 2000, el Partido de Acción Nacional (PAN) se instaló durante dos sexenios en Los Pinos (la residencia oficial del presidente). La victoria del candidato del PRI y la desilusión provocada por los doce años de presidencia «panista» originaron una evidente esperanza de cambio, que se ha manifestado en ensayos y polémicas sobre cuáles son los problemas acuciantes a que debería enfrentarse el nuevo presidente y con qué talante –«ánimo», decían algunos– los encaraban unos ciudadanos a quienes dominaban, simultáneamente, la incertidumbre, el miedo y la esperanza.

Entre toda esa marea de ensayos, aquí se reseñan dos: el libro de Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda (en adelante, AC-C) se publicó antes de las elecciones presidenciales y condensa las conferencias, encuentros, artículos y entrevistas que ambos publicaron en la revista Nexos que dirige el primero –un conocido escritor y politólogo– y de la cual es asiduo colaborador el segundo, profesor universitario, articulista bien conocido en España y exsecretario de Relaciones Exteriores en el primer gobierno de Vicente Fox. El otro libro ha aparecido este año y reúne once ensayos de otros tantos especialistas en las respectivas materias, coordinados y presentados por Rafael Rodríguez Castañeda (RRC), actual director de la revista Proceso, en cuya fundación participó con otros colegas que, como él, abandonaron el periódico Excélsior cuando en 1976, y por presiones del entonces presidente Echeverría, su director –Julio Scherer García– se vio obligado a dimitir, fundando ese semanario. Estas son las dos obras reseñadas. Y, ahora, dos palabras a propósito del reseñista. Casado con una mexicana, ha visitado con frecuencia ese país, amén de haber pasado allí recientemente tres semanas, en las cuales ha recorrido varios Estados, con estancias en la capital, el Distrito Federal. Pues bien, lo que a este «gachupín» le ha llamado la atención son las similitudes y las diferencias entre las respectivas situaciones políticas, sociales, económicas e incluso anímicas entre México y España, y lo que nos muestran respecto a algunas posibles claves interpretativas para entender el presente y vislumbrar, siquiera mínimamente, los posibles caminos que México podría transitar hacia el futuro.

Comienzo por situar a México en su marco más general. Aproximadamente cuatro veces más extenso que España, con una población que casi triplica la nuestra si incluimos los más de once millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, cuenta con treinta ciudades de más de medio millón de habitantes y una capital –el Distrito Federal– que supera los veinte millones. Según indican (AC-C), a comienzos de 2011 la renta por cabeza alcanzaba los 13.900 dólares y, aun cuando son innegables los esfuerzos realizados, en 2008 un 13% de la población vivía en condiciones de pobreza o extrema pobreza«Panorama Social de América Latina 2009», Santiago de Chile, CEPAL, 2009.. Cierto es que, sobre este trasfondo, se dibuja una fuerte diversidad regional que combina las regiones y ciudades tradicionalmente más pobres (Chiapas, Oaxaca y Guerrero) con otras pujantes (Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara o los centros turísticos de Cancún, Riviera Maya, Los Cabos, Vallarta y Mazatlán). El problema es que México crece pausadamente para hacer frente a la doble necesidad de reducir la pobreza –con sus dolorosas manifestaciones de abandono rural e indígenaA unos diez kilómetros de San Cristóbal de Las Casas, en el Estado de Chiapas, se encuentra el pueblo de San Juan Chamula, habitado mayoritariamente por los indígenas de la etnia tzotzil, que conservan su lengua, costumbres e incluso ciertas estructuras de carácter administrativo y arbitral en disputas internas. Los objetos de artesanía, especialmente vestidos, sombreros y otros tipos de lo que modernamente se califican como «complementos» son de gran belleza. A ello se une un curioso sincretismo entre creencias paganas y católicas que pudimos contemplar en un bautizo multitudinario en una pintoresca iglesia. Pero lo que pude ver en mercados, tiendas y viviendas me llevó a plantearme dudas respecto a las ventajas e inconvenientes de vivir en el siglo XXI tal como podría hacerse en el siglo XVI. y miseria urbana–, así como para contener la desigualdad (según datos del Banco Mundial, el crecimiento medio entre 1996 y 2008 fue del 3,4%); a todo lo cual se une su fuerte dependencia respecto a la evolución de la coyuntura económica de su principal cliente comercial, Estados UnidosAC-C resumen esa dependencia en unos datos tan escuetos como esclarecedores: el 90% del comercio exterior se realiza con el vecino del norte, e igual porcentaje supone el turismo, el 75% de la inversión extranjera procede de allí, un millón de estadounidenses residen en México, dos de cada cuatro mexicanos tienen parientes en Estados Unidos y cuatro de cada diez desearían vivir y trabajar allí (op. cit., pp. 79-80). A ello se añaden otros datos preocupantes: un 66% de las empresas y algo más del 60% de los trabajadores son «informales»; los monopolios públicos –especialmente los asentados en los campos de energía petrolera y la electricidad– son cotos cerrados a la transparencia respecto a la sociedad mexicana y a las posibilidades de su transformación por medio de la inversión privada, nacional o extranjera, y, por último, en la sanidad y la educación, la iniciativa privada apenas suministra unos servicios que serían muy necesarios para la mejora de ambos sectores..

Para mi desgracia, no he podido encontrar en ninguna de las dos obras reseñadas un cifra que indique cuál es el crecimiento potencial de la economía mexicana (AC-C hacen una referencia de pasada, afirmando que ese crecimiento podría estar entre el cinco y el seis por ciento, pero no ofrecen argumento alguno para confirmarlo), pero tengo razones para pensar que es, sin duda, superior a ese 3,4%. Ahora bien, sin crecer más será muy difícil reducir la desigualdad, mejorar las infraestructuras, financiar los cambios imprescindibles en la educación en todos sus niveles, ofrecer servicios sociales universales y reestructurar casi por completo el aparato del Estado y, especialmente, sus fuerzas de seguridad. En pocas palabras, México necesita invertir mucho y ahorrar mucho, objetivos que no se alcanzarán sin «abrir la economía a la inversión y a la competencia, global y nacional […] [sin] crear una efectiva economía de mercado en sustitución de la economía intervenida por monopolios, empresas dominantes, oligopolios y poderes fácticos», afirman AC-C.

Los dos libros que aquí se comentan coinciden en varios asuntos, pero difieren en sus planteamientos: reformador el de AC-C, radical en sus críticas y planteamientos el de RRC. No todos presentan el mismo interés para la orientación que deseo adoptar en la reseña y que consiste en un resumen de algunos temas que no sólo introduzcan al lector español en la complejidad de los problemas mexicanos, sino que le sirvan también como patrón respecto al cual reflexionar sobre nuestras actuales encrucijadas hispanas. De esas reflexiones que conforman ambas agendas he seleccionado los cinco siguientes: la violencia y la lucha contra el narcotráfico; la estructura del Estado, el papel de los partidos políticos, la desconfianza ante el nuevo PRI y el presidente de la República, así como algunas propuestas para mejorar la gobernanza del país; la corrupción y la transparencia; el lastre que suponen los monopolios públicos y los oligopolios privados, incluido el discutido papel de los sindicatos; y, por último, el reto de la educación. La necesaria contención en la extensión de la reseña obliga a dejar sin comentar asuntos tales como el estado de la cultura, la ausencia de una política de género en la agenda pública y las relaciones entre Iglesia y Estado, aunque alguna referencia ocasional se escape al desarrollar las cuestiones que he considerado esenciales.

Mientras no se detengan a los delincuentes y se les sujete al debido proceso penal, el temor a la ley será cosa de risa y la justicia cosa de excepción

Lo que AC-C denominan «la espiral de la violencia» ha sido en los últimos años uno, si no el más visible, de los problemas de México y desde luego el que más atención ha merecido por parte de los medios de comunicación no mexicanos. Vale la pena detenerse en algunas cifras. En 1990, México sufría diecinueve homicidios por cien mil habitantes y, siete años después, esa relación había descendido a ocho. Sin embargo, la guerra contra el narco emprendida por el presidente Calderón la elevó a casi veintidós en 2010. ¿Cuál ha sido la razón de tan desastroso aumento de mortandad? En su ensayo, incluido en el libro coordinado por RRC, el escritor y profesor Javier Sicilia (en noviembre de 2011, su hijo, junto a otros seis jóvenes, fue asesinado por un grupo criminal en el Estado de Morelos) arremete contra Calderon, acusándolo de diseminar la violencia como consecuencia de su decisión de sacar el ejército a la calle, lo cual agregó a los crímenes de los cárteles los de esas mismas fuerzas; esto, junto a la complicidad de los poderes locales y estatales, generó una impunidad casi total. El resultado de la estrategia consistente en descabezar los cárteles, matando a sus «capos», dejó a las bandas armadas sin control alguno y se tradujo, en su opinión, en que los verdaderos crímenes –no la droga, que debería haberse tratado como un problema de salud pública, sino el homicidio, la extorsión, el secuestro y la desaparición de miles de personas–aumentasen de manera exponencialJavier Sicilia, «El Imperio de la Violencia», en RRC, op. cit., pp. 83-97. Basándose en un artículo publicado en The Economist el 22 de noviembre de 2012 con el título «Murderous Matches», este autor señala algunos datos estremecedores: por ejemplo, en el Estado de Chihuahua murieron asesinadas 68,99 personas por cada cien mil habitantes en 2011, una cifra semejante a la de El Salvador, uno de los países más violentos del mundo, y no muy lejos de tan escalofriante porcentaje se encuentran los Estados de Guerrero (68,88) y Sinaloa (56,94). Y a ello se añaden las cifras de muertes violentas a manos de la delincuencia organizada y las de personas sin identificar, setenta mil y nueve mil, respectivamente, según la Evaluación Inicial sobre Inseguridad del país ofrecida por el presidente Peña Nieto en la II Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública el 12 de diciembre de 2012. La otra cara de la moneda la ofrecen algunas estimaciones relativas a las ganancias derivadas del negocio principal (la droga) sobre el que se asientan esos crímenes. Existen varias estimaciones al respecto: las autoridades mexicanas ofrecen un cifra anual de 6.600 millones de dólares, la Rand Corporation coincide en su estudio para 2010 en unas cantidades muy semejantes, mientras que el Departamento de Estado norteamericano maneja una horquilla más amplia: entre 8.000 y 25.500 millones de dólares.. No muy diferente es la opinión que sobre esta espiral del miedo mantienen AC-C cuando señalan, de entrada, la «coincidencia estadística entre el aumento de los homicidios y las operaciones federales en territorios dominados por el narco [concluyendo que] hay un patrón claro en estos operativos: primero, un descenso visible de la violencia, después un aumento incontenible»AC-C, op. cit., p. 15., originado por diferentes máquinas de matar entre las que se mencionan no sólo a los militares y desertores entrenados profesionalmente en el uso de las armas, sino a otros y numerosos grupos armados que van desde los contrabandistas y las pandillas juveniles urbanas a las diferentes policías municipales, estatales y privadas. Siendo benévolos con los propósitos iniciales del Gobierno y con su estrategia de convertir el problema de seguridad nacional planteado por los cárteles en un problema de seguridad pública manejable por los gobiernos locales, la realidad demostró que estos no sólo eran incapaces estructuralmente de llevar a cabo esa misión, sino que se olvidó que el crimen organizado ha penetrado en las policías locales y sus instituciones de seguridad, precisamente los encargados de perseguir el abanico de delitos que afectan a la vida cotidiana de la sociedad: homicidios, robos, secuestros, violencia familiar y social. Un hecho poco conocido es que la persecución de los homicidios –sólo cinco de cada cien son castigados– no es responsabilidad federal, sino local. El diagnóstico de AC-C es terminante: «La debilidad del Estado de derecho y de la procuración de justicia es lo que está detrás del diario desaguisado mexicano de detenidos que no pueden ser encarcelados por defectos del proceso acusatorio. Mientras no se detengan a los delincuentes y se les sujete al debido proceso penal, el temor a la ley será cosa de risa y la justicia cosa de excepción. El verdadero guardián de la seguridad pública no es la policía limpia, sino el respeto a la ley»AC-C, op. cit., p. 117.. A ello añaden su pronóstico, según el cual legalizar la droga acaso no sea una panacea, pero, al disminuir los beneficios de los narcotraficantes, reducirá su poder. No me extiendo en la discusión respecto a cómo reorganizar las fuerzas de seguridad ni sobre la necesidad de confiar la dirección de las Fuerzas Armadas a un civil, asuntos cuya solución llevará probablemente bastante tiempo, aun cuando en el primero parece que se vuelve a esquemas conocidos, concentrando en la Secretaria de Gobernación prácticamente las máximas competencias.

En el otoño de 2010, una empresa llevó a cabo un estudio demoscópico –recogido como anexo en el libro de AC-C– que buscaba identificar «la sensibilidad nacional mexicana». En su retrato de un México ideal, el rasgo más señalado era el de un país «seguro, sin violencia»; el segundo, que contase con buen gobierno y estuviera libre de corrupción. Ahondando en este último deseo, y en respuesta a la pregunta sobre qué era lo más importante que le falta a México para salir adelante, los encuestados respondían en una gran mayoría que «un buen gobierno». Es más, si tuvieran que confiarle a alguien que no fuese un familiar el futuro de sus hijos, solamente el 6% señalaba al presidente de la República, el 1% a un diputado del Congreso, el 0,7% a un político del PRI o del PAN y un 0,3% a uno del PRD (Partido de la Revolución Democrática).

No son esos indicios optimistas respecto a la situación de la estructura del Estado, la salud de la gobernanza y las posibilidades de mejorarla, al tiempo que el actual presidente y su partido afirman su imagen pública para enfrentarse a los innumerables retos que al país se le presentan en los próximos años y para cuyo encauzamiento los tres grandes partidos se comprometieron en un ambicioso acuerdo bautizado como «Pacto por México», del que se hablará más adelante. Repaso ahora, y lo más brevemente posible, esas cuestiones esencialmente políticas.

México es una republica federal compuesta por diecinueve Estados, cinco territorios más el Distrito Federal, fiel reflejo, en cierto modo, de la increíble diversidad regional del país. Ya he señalado antes que la diversidad se refiere también al grado de desarrollo económico, de riqueza y de seguridad ciudadana entre zonas del país, pero destaca un rasgo común certeramente señalado por AC-C : los Estados y los municipios viven casi exclusivamente de las transferencias que reciben del poder federal que, por ejemplo, en el ejercicio fiscal de 2012, y según el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, ascendieron a 139.357 millones de pesos (algo más de un millardo de dólaresEn España, las administraciones territoriales participan en un porcentaje de la recaudación de los impuestos. Por ejemplo, y según datos del Presupuesto Inicial del Estado para 2012, los impuestos suponían un 79% de los ingresos no financieros. De ese total, el 45,1% correspondía al Estado, el 43,9% a las administraciones territoriales y el 11% restante provenía de los impuestos especiales. Existe otra diferencia abismal entre España y México: la debilidad recaudatoria entre nuestro IVA y el mexicano, allí denominado Impuesto al Valor Agregado. Esa diferencia se acentúa si se recuerda la magnitud de la «economía informal»: un 60% del total, según AC-C, en el caso de México y entre el 16 y el 20%, de acuerdo con las estimaciones más fiables en España.), cantidad que es manejada por los gobernadores de los Estados con casi absoluta libertad y sin estar sujetos en la práctica a los más elementales controles públicos. A ello se une el hecho de que la autonomía regional y local es enorme en México y, a diferencia del poder central (en el cual el juego político se traduce en competencia, división de poderes y oposiciones efectivas), en los Estados predominan las hegemonías políticas y el gobernador cuenta con una arma poderosísima para comprar clientelas, negociar con la oposición, entenderse con los medios de comunicación y hacer las obras públicas más rentables para su estrategia electoral.

Pero las complicaciones no acaban aquí y por ello conviene dedicar unas líneas a subrayar ciertos rasgos del sistema fiscal mexicano. El primero y fundamental es la bajísima proporción de ingresos tributarios en proporción a la renta nacional (un 12% según AC-C, que no concretan el año de referencia, aunque puede suponerse que fuera 2011, o un 40% del total de ingresos presupuestarios en 2012, según los datos de la Ley de Ingresos de la Federación [LIF]), resultado de unas reglas que permiten a una parte elevada de los contribuyentes potenciales bien no pagar impuestos, bien beneficiarse de regímenes especiales, con la consiguiente injusticia para quienes no tienen más remedio que pagar. A ello se une que prácticamente sólo el Estado recauda impuestos: los Estados, que no los cobran, reciben en promedio un 85% de sus ingresos del Estado central, según indican AC-C. Estos mecanismos fiscales asustan a AC-C, pues su resultado es que «se han vuelto dueños políticos de las urnas, porque lo son en distintos grados de los otros poderes, de los órganos electorales, de los medios de comunicación, de las oportunidades de negocios y hasta de su oposición»AC-C, op. cit., p. 52.. Es lo que en México se llama feuderalismo, fenómeno del que en España, con otros nombres, también sabemos algo.

La estructura territorial recuerda la práctica política que durante décadas encarnó el PRI y que ahora ha desaparecido en el plano federal para dar paso a una situación más cercana a una democracia efectiva con división de poderes, pero que, paradójicamente, y ésta es la tesis de AC-C, paraliza en buena medida la acción de gobierno de los poderes ejecutivo y legislativo centrales (el judicial, encarnado en la Suprema Corte o Tribunal Supremo, se ha convertido en un árbitro con poder que se extiende no sólo al ámbito constitucional, sino a otros muchos), con el riesgo de potenciar el desencanto de los ciudadanos ante una democracia que ofrece muy pobres resultados prácticos y hace temer en la cristalización de México como «un país sin rumbo, gobernado por sus inercias. Un país con pasado y sin futuro»AC-C, op. cit., p. 54.. Su tesis es que, desde 1997, la democracia mexicana produce gobiernos divididos, entendiendo por tales aquellos en los cuales el partido que gana las elecciones presidenciales carece de mayoría en el Congreso, con lo cual el poder legislativo puede bloquear al ejecutivo, pero no «conducirlo»; en otras palabras, la oposición bloquea más de lo que construye. En las últimas elecciones (en julio de  2012), el PRI obtuvo en el Congreso 212 diputados de 500, y en el Senado 52 senadores de un total de 128; es decir, no cuenta con mayoría absoluta y precisa aliarse bien con uno de sus grandes rivales (el PAN o el PRD), bien con varios de los minoritarios (el Partido Verde, el Partido del Trabajo o Movimiento Ciudadano). Esas dificultades para construir mayorías parlamentarias que apoyen las políticas del presidente preocupa a AC-C y les lleva a proponer tres grandes reformas: 1) Suprimir la llamada cláusula de sobrerrepresentación, lo que conduciría a que un partido se haga con un mayor número de escaños obtenidos directamente y no por medio de repartos proporcionales o, alternativamente, aun cuando ello condenaría a la irrelevancia al tercer partido en liza –normalmente el PRD–, implantar una segunda vuelta. Propician, asimismo, que exista una segunda vuelta en la elección presidencial para evitar las tensiones que se han producido en las elecciones del año 2000 –que ganó Vicente Fox– y 2006 –en que resultó elegido Felipe Calderón–, que dieron como resultado un presidente elegido por una proporción muy exigua del electorado. 2) Con el fin de asegurar a los electores el poder de designar a quienes conceden el poder, debería permitirse la reelección consecutiva de diputados y de senadores, por cuanto, aun con el riesgo de crear «oligarquías de ganadores», se reduciría el poder de los partidos y aumentaría el de los votantes, a lo cual podría unirse el hecho de facilitar la presentación de candidaturas independientes. 3) Aun cuando un pasado ilustrado de abusos autoritarios por parte de muchos presidentes es un recuerdo todavía vivo, AC-C contemplan con temor la perspectiva de un presidente democrático pero débil y abogan por cinco reformas: concederle la facultad de proponer mediante referéndum modificaciones de la Constitución; otorgarle el poder de veto parcial o total respecto a leyes aprobadas por el Congreso, adjudicándole mayores poderes en situaciones de emergencia; facultarle para proponer al Congreso un número mínimo de leyes anuales del tipo de las conocidas como «leyes guillotina», que deberían ser revisadas a más tardar en dos períodos de sesiones de la legislatura, pasados las cuales entrarían en vigor; y, finalmente, definir claramente quién debe sustituir al presidente en caso de ausencia absoluta. Ese afán por construir mayorías absolutas que permitan gobernar con eficacia no deja de ser un motivo de reflexión en la actual coyuntura política española, en la cual el partido que controla el ejecutivo cuenta también con mayoría absoluta en las dos Cámaras.

Se trata de crear una efectiva economía de mercado en sustitución de la economía de mercado intervenida por monopolios, empresas dominantes, oligopolios y poderes fácticos

Cierto es que la visión y las propuestas de AC-C no son compartidas en absoluto por RRC en la presentación que hace de su libro y que se abre con duros análisis de John M. Ackerman (investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM) y de Jesús Cantú (economista y profesor en la Escuela de Gobierno y Administración Pública de Monterrey). El primero muestra sus reservas respecto a lo que Peña Nieto y el PRI –del primero afirma que ha llegado al poder «como personero y con la televisión comercial como estandarte»RRC, op. cit., p. 11.– se propongan hacer con el poder –«vino viejo, botellas nuevas», exclama–, mientras que el segundo, en su ensayo titulado «La contraofensiva ideológica de EPN» (de la que el llamado Pacto por México, al que más adelante me referiré, es pieza maestra), parte de premisas muy diferentes de las antes resumidas de AC-C. No sólo califica de estrategia totalitaria y de revisionismo histórico abiertamente priísta y salinista (por el expresidente Salinas de Gortari) la llamada «Iniciativa México”» –un antecedente, en su opinión, del «Pacto Por México»–, sino que arremete contra los estudios y los analistas que lamentan la pluralidad en el Congreso, puesto que «El papel del Poder Legislativo en un sistema presidencial debe ser de contrapeso y vigilancia al Poder Ejecutivo, no de comparsa […] [y] es particularmente importante en un contexto de transición política, cuando el Ejecutivo sigue funcionando con las mismas prácticas autoritarias del pasado»RRC, op. cit., p. 24.. Su esperanza, por tanto, reside en confiar en unos ciudadanos que se comporten como actores sociales con la fuerza y convicción necesarias para provocar una ruptura histórica en el devenir de la nación, algo que está muy lejos de suceder, según la Segunda Encuesta Nacional de Cultura Constitucional que publicó en 2011 el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y que busca precisar qué piensan los mexicanos del estado en que se encuentra su país. Pues bien, el 73% de los encuestados afirma que la situación del país es «peor» o «igual de mala» que hace un año, el 43% describe como «preocupante» esa situación y el 53% pronostica que el próximo año «seguirá igual de mal» o «empeorará». Con este panorama, el autor basa sus esperanzas en el rechazo ciudadano ante la autocomplacencia, citando que un 57,3% de los encuestados afirman que «hay veces que es correcto desobedecer al gobierno» y un 40,8% aseguran que «cuando piensan que tienen la razón» estarían dispuestos a «ir en contra de lo establecido por la ley […] la Iglesia o la religión con la cual se identifican»RRC, op. cit., pp. 30 y 32.. Dicho esto, Ackerman no concreta soluciones posibles más allá del orgullo que un 64% de la población dice sentir por la Revolución Mexicana y del convencimiento de que hay millones «de personas hartas del constante abuso de autoridad, del estancamiento económico y de la franca ineficiencia gubernamental, así como su seguridad de que la clase política mexicana está más preocupada por asegurar el siguiente cargo y cuidar sus propios intereses que por lograr el desarrollo nacional»RRC, op. cit., p. 36.. Muy pocos en estas tierras allende los mares discreparían de estas últimas afirmaciones: el problema es de qué modo se corrigen esas actitudes. Y en una democracia, como la mexicana o la española, los partidos políticos desempeñan un papel muy importante. Veamos, por ello, qué dice de los mexicanos el politólogo Jesús Cantú en su ensayo antes mencionado.

En sus páginas, Jesús Cantú resume la trayectoria de la representación política durante la larga etapa de dominio del PRI hasta 1997, año en el que, por vez primera, este partido pierde la mayoría en la Cámara de Diputados y aumentan simultáneamente los Estados con gobernadores pertenecientes a los partidos en la oposición. Todo ello da lugar a que, a partir de esos años, comience a cristalizar la posibilidad de una alternancia en la presidencia de la república, posibilidad que se materializó y frustró a lo largo de la presidencia del «panista» Vicente Fox, pues ni el PAN ni el PRD supieron aprovechar la ocasión para comenzar «la construcción de unas nuevas reglas del juego», seguramente porque «las tres principales fuerzas políticas mexicanas pensaban más como gobierno que como oposición política y, por tanto, no se preocuparon por construir el andamiaje institucional que diera vida a un régimen democrático, [pues] aunque no impulsaban la construcción de un nuevo régimen, sí avanzaban en el afianzamiento de la partitocracia»RRC, op. cit., pp. 43-44..

Todo ello lleva a situar el régimen de partidos en México como un buen ejemplo de un modelo remozado de partido, el partido-cártel, modelo en el cual los partidos implicados se convierten en agentes del Estado y emplean los recursos de éste para asegurar su propia supervivencia colectiva. Y, a juzgar por algunos datos que el autor ofrece, no cabe duda del excelente funcionamiento del cártel en el México actual, ya que, por ejemplo, para evitar la aparición de nuevos partidos, no sólo no se permite su registro, como antes, cada tres años después de una elección presidencial, sino que ahora el plazo se ha aumentado a seis y en las elecciones intermedias entre presidenciales (lo cual hace más difícil obtener el 2% de los votos necesarios para ser incluido en el registro de partidos). Añádase también el incremento constante de los fondos públicos recibidos por los partidos existentes: un 11,4% en 2010 respecto a 2008; en 2012 –año de elecciones presidenciales– recibieron 5.142 millones de pesos (algo menos de 400 millones de euros), casi mil más respecto a los 4.171 recibidos en 2006, y en el año en curso recibirán 3.710 millones, lo cual supone un aumento del 7% respecto a 2012.

La conclusión es clara para Cantú: «El valor de las elecciones como el mecanismo por excelencia de rendición de cuentas […] se pierde, pues en el mejor de los casos es simplemente una vía para cambiar de partido en el gobierno[…], [pero] en muy pocos casos se ha traducido en beneficios para los ciudadanos, pues, en general, las diferencias, tanto en el ejercicio de la autoridad como en los programas que impulsan […] son menores y, en ocasiones, imperceptibles»RRC, op. cit., p. 49.. Son estas, ciertamente, apreciaciones tan pesimistas que el autor se ve obligado a confiar en iniciativas que impidan la restauración del presidencialismo omnipotente mediante las oportunas medidas legislativas junto a la aparición de nuevos movimientos sociales o la consolidación del #YoSoy 132Movimiento que toma su nombre del apoyo a los 131 estudiantes universitarios que criticaron las declaraciones de ciertos funcionarios públicos. Posteriormente, las adhesiones aumentaron con motivo de las manifestaciones organizadas contra el entonces candidato del PRI a las elecciones presidenciales (Peña Nieto), que protestaban contra lo que consideraban abusos descarados en su favor de los medios de comunicación (sobre todo, Televisa y Televisión Azteca), exigiendo, además, la celebración de un tercer debate entre los candidatos.. No viviendo en México, ni siguiendo día a día la realidad política de ese país, es difícil juzgar sus posibilidades de éxito y España no es, quizás, un ejemplo alentador.

Según el estudio cualitativo realizado por una empresa especializada entre grupos de discusión y entrevistas a gentes de todos los niveles socioeconómicos, ocupaciones y edades, en todas las regiones del país, lograr «un buen gobierno, sin corrupción» sería la tercera de las «características» del México ideal que desearían los entrevistados. AC-C distinguen tres manifestaciones de esa lacra: la corrupción de origen federal, la reinante entre los gobiernos locales (Estados y municipios) y la que califican «de ventanilla». Respecto a la primera afirman que ha descendido «de manera dramática» desde los años noventa gracias a la combinación de la diversidad de controles internos y de la vigilancia del Congreso, de los medios de comunicación, de la resistencia del sector privado y la presión de la sociedad civil. Sin embargo, la de los gobiernos locales ha aumentado debido, ante todo, al nulo control ejercido sobre el uso de las transferencias recibidas del Estado Federal, que, para empezar, no tiene capacidad, o voluntad, de fiscalizar. Por ello aconsejan que esos recursos federales se sometan a auditorias de rendición de cuentas a través de la Auditoria Superior de la Nación y, simultáneamente, se homologuen los sistemas contables de Estados y de la federación. En cuanto a la corrupción de ventanilla, la «de todos los días», se trata de otro cantar. Respecto a la que se manifiesta, por ejemplo, en comisiones por compra, realización de obras públicas y otros tipos de contratación, afirman que ha descendido enormemente; son mucho más escépticos, sin embargo, cuando se trata de la segunda modalidad, pues no parecen ver más solución que la resistencia del ciudadano y su voluntad de decir «NO» y ésta, ya se sabe, depende de multitud de conveniencias difíciles de controlar.

Bastante más crítico es el ensayo del jurista y coordinador del área de Derecho de la información en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ernesto Villanueva. Su aportación al volumen coordinado por RRC tiene un título bastante revelador, «La opacidad de la transparencia», y comienza con una declaración de principios: la democracia representativa es esencialmente un régimen de rendición de cuentas y un ejemplo de transparencia completa. Aprobada en abril de 2002, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se asentaba en un cambio radical de principios: antes todo era secreto, salvo lo que el Gobierno decidía que debía ser público, mientras que después de la ley todo sería información pública, salvo las excepciones previstas en la norma. Pero, y aquí comienza realmente el trabajo, la norma no se tradujo en hechos ni en un nuevo comportamiento de los servidores públicos y, por añadidura, tampoco la sociedad supo cómo utilizar este nuevo derecho para su propio beneficio como gobernado y como herramienta de vigilancia del quehacer público. El hecho es que, en los años transcurridos desde su entrada en vigor, no se ha instaurado un sistema mejor de rendición de cuentas ni en el Estado Federal, ni mucho menos en los Estados, y son numerosos los casos de abandono, más o menos voluntarios, de responsables políticos y funcionarios públicos que se tomaron en serio esos mandatos legales y se empeñaron en poner en marcha mecanismos que facilitaran la transparencia y la información públicas.

Villanueva ofrece datos muy significativos respecto a la extensión de la corrupciónLos datos provienen de aquí.: en el año 2007, los ciudadanos pagaron más de 27.000 millones de pesos (casi 1.900 millones de euros) de «mordidas» en gestiones relacionadas con servicios públicos (8.000 millones más que en 2005). De acuerdo con esa encuesta, hubo 197 millones de actos de corrupción «en el uso de servicios públicos provistos por las autoridades federales, estatales y municipales, así como concesiones y servicios provistos por particulares», frente a 115 en 2005. La tendencia se mantuvo al alza, pues el número de actos se elevó en 2010 a 200 millones. Según un Índice de Transparencia Internacional, publicado en 2012Índice de Transparencia Internacional., México ocupaba el número 105 entre los 176 países cuyo grado de corrupción se medía, un empeoramiento notable respecto a 2006, cuando se situaba en el puesto 70. Está claro que existe una notable diferencia entre los propósitos legales y la realidad, y Villanueva concluye que la explicación de esa brecha reside en que los organismos a quienes se confía el mandato legal ni son independientes («Los órganos internos de control y las contralorías internas funcionan más para intentar dejar sin rastros el uso indebido de recursos públicos que para ser efectivamente garantes del combate a la corrupción») ni cuentan con los medios reales para cumplir con sus funciones, ejemplo de lo cual, añade, es el llamado Consejo Nacional para la Ética Pública, cuya misión es fomentar una cultura de la legalidad. Lo preside nada menos que el presidente de la República y los expertos que lo componen han sido nombrados por él sin ningún requisito concreto. En su opinión, «este modelo representa una forma de simulación con fines cosméticos, sin que puedan extraerse resultados de esa iniciativa para bien del país»RRC, op. cit. p. 80..

En el segundo capítulo de su libro, que titulan «Prosperidad y Equidad», AC-C comienzan afirmando que «La única manera de crear riqueza y empleo […] es abrir la economía a la inversión, la competencia, global y nacional. Se trata de quitarle todas las trabas a una economía que podría crecer al cinco o seis por ciento anual: crear una efectiva economía de mercado en sustitución de la economía de mercado intervenida por monopolios, empresas dominantes, oligopolios y poderes fácticos que nos caracteriza»AC-C, op. cit., pp. 61-62. para, a continuación, identificar a empresas públicas monopolistas, privadas dominantes y redes de intereses asociadas a ellas, sindicatos públicos y proveedores favorecidos en el ámbito estatal; cadenas de negocio y rentas oligopolistas en el orden privado, como las principales barreras a la transformación de la actual economía mexicana en un mecanismo eficaz de creación y distribución de riqueza.

Evidentemente, saben de qué hablan. El primero de ellos, Héctor Aguilar Camín, escribió en 1988 una escalofriante novela, Morir en el Golfo, que denunciaba algunas manifestaciones repulsivas del poder del sindicato petrolero en los Estados del Golfo de México. Ahora, en el libro aquí reseñado, AC-C vuelven a la carga y señalan tres líneas de actuación, comenzando por los monopolios públicos asentados en los sectores de la energía, el petróleo y la electricidad. Se impone, dicen, una transformación radical de estas empresas y su apertura a la inversión privada, nacional y extranjera (¡por cierto, el presidente Peña Nieto parece que algo ha aventurado en esta dirección en el caso de Pemex!). Algo parecido, añaden, debería emprenderse en los ámbitos de la salud y la educación: en la primera, porque las ineficiencias en los servicios públicos que la prestan casi en exclusiva son palmarios y, en la segunda, habida cuenta de que la red estatal atiende al 85% de los alumnos de educación básica sin una evaluación rigurosa y exenta de toda competencia regulatoria (la educación constituye el último bloque de análisis en esta reseña y se tratará enseguida).

En 2008, México ocupaba el puesto 78 en el índice de desarrollo de tecnologías de la información 

El segundo aspecto denunciado por AC-C en su cruzada en pro de la competencia se refiere a la relación del Estado con los grandes sindicatos: los de los maestros, los petroleros, los funcionarios federales y estatales, los empleados en los servicios públicos de salud y los de las universidades también públicas. Cuesta trabajo creerlo, pero las rotundas afirmaciones de estos dos autores ofrecen poco margen de duda. En total está hablándose de entre 4 y 5,5 millones de trabajadores de cuyos contratos de trabajo son titulares los sindicatos (es decir, no se pertenece al sindicato voluntariamente); además, esos contratos incluyen una cláusula según la cual el sindicato puede exigir el despido de un trabajador que rechaza su pertenencia sindical al tiempo que sus cuotas sindicales son retenidas y entregadas a los respectivos sindicatos, lo quiera o no el trabajador. El resultado es que estos sindicatos se han convertido en organizaciones políticas sin cuyo acuerdo el poder público no puede transformar su sector.

Otro de los obstáculos para el desarrollo que tanto añoran no es, en principio, la concentración de capital (economía de mercado y concentración de capital están altamente correlacionados), que es, desde luego, muy alta en México (la telefonía fija tiene una concentración del 81,4%, la móvil del 74%, la audiencia televisiva del 68%, el comercio al por menor del 54% y la harina de maíz industrializada del 93%, ¡en el país de las tortillas!, y tres grandes bancos concentran el 61,4% de la actividad del sector). Ahora bien, advierten con razón, el requisito básico en los países avanzados que disfrutan de economías de mercado es, precisamente, la ordenación de éste y la existencia de entidades reguladoras capaces de ejercer efectivamente sus funciones, contando, si es necesario, con facultades para plantear la división de las empresas dominantes en algún sector. Por cierto, en España sabemos algo de esto, pues no hace muchos meses el Gobierno planteó una reforma de los organismos reguladores que fue frenada en Bruselas por suponer un fuerte recorte en la independencia de estos.

Esa visión general, y el énfasis que AC-C ponen en la existencia de reguladores eficaces, con autonomía suficiente para imponer comportamientos competitivos, recibe un espaldarazo con la exposición que Jenaro Villamil ofrece en su capítulo  («La guerra por el triple play») en el libro de RRC. En su opinión, el futuro de las telecomunicaciones, la información, la educación y los movimientos sociales y políticos se juegan en la convergencia de televisión, radio y prensa con la pantalla de un ordenador y los dispositivos móviles. No sólo lo prueba el frenético ritmo de crecimiento del sector de las telecomunicaciones sino, también, la preocupación de los dos grandes consorcios privados, Televisa (en el campo de la televisión) y Telmex (en el de la telefonía), por ir dictando la política de telecomunicaciones de las administraciones «panistas», de forma que el Estado no impusiera unas reglas del juego iguales para todos los competidores, y menos para los sufridos usuarios. Más bien lo que los poderes públicos parecen haber estado haciendo son promesas de mayor competencia en el sector y de popularización de Internet al tiempo que regalaban concesiones a las grandes cadenas de televisión y retrasaban la aparición de cadenas en abierto. El resultado, se nos dice, ha sido un estancamiento del país en este campo, hasta tal punto que en 2008 ocupaba el puesto 78 en el índice de desarrollo de tecnologías de la información publicado por la Unión Nacional de TelecomunicacionesRRC, op. cit., p. 253.. ¿Está México y su futuro en un campo tan vital para el futuro como las telecomunicaciones en otro cuello de botella? La lectura del trabajo de Villamil, con sus críticas a las promesas que en este terreno contiene el Pacto por México, no permite albergar demasiadas esperanzas; pero quién sabe, a lo mejor los hechos le quitan la razón.

Pasemos ahora a la educación, el último gran obstáculo que tanto AC-C como RRC señalan en el camino para que México recupere la senda del crecimiento sostenido que le permita financiar las tareas pendientes y convertirse en un gran país desarrollado. Resumiré, primero, la argumentación básica de la colaboración de Axel Didriksson (investigador titular de la UNAM y presidente de la Global University Network for Innovation para Latinoamérica) en el volumen coordinado por RRC, que titula de forma muy directa «El PAN y la sal del sistema educativo mexicano» y en el cual se reproduce el artículo tercero de la Constitución, que dice así: «Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado […] impartirá educación, desde la preescolar hasta la media superior»Recuerdo, en forma extractada, lo que dice el art. 27 de nuestra Constitución: «1. Todos tienen derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. 4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. 5. Los poderes públicos garantizarán el derecho de todos a la educación […]. 8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes».. Dicho esto, ¿cuál es la situación de la educación en México según Didriksson? No muy optimista, si uno lee los encabezamientos de los diferentes apartados de su ensayo: «La sociedad mexicana de la ignorancia», «La educación como botín y aparato de negociación política», «La podredumbre». ¿Puro tremendismo, o existe base para tanto pesimismo? Recurramos a los datos: en unas pruebas diseñadas para conocer el nivel de los alumnos en el Distrito Federal, el porcentaje de alumnos que alcanzaban el nivel más alto en español no llegaba al 2% en primaria y el 1% en secundaria, y ninguno lo obtenía en matemáticas. En las pruebas PISA correspondientes al año 2006, México ocupó el último lugar entre los países de la OCDE y el penúltimo entre los cincuenta y seis que participaron y, lo que es más preocupante, alrededor del 50% de los alumnos mexicanos participantes se encontraban por debajo del nivel 2 (hay seis niveles) y menos del 1% se situaban en los niveles 5 y 6RRC, op. cit., pp. 171 y 187, nota 12. Algunos datos sobre los alumnos españoles en las pruebas PISA del año 2009 pueden ser oportunos. En lectura, comprensión. matemáticas y ciencias, estaban por debajo de la media de la OCDE (PISA 2009 Results. What Students Know and Can Do. Students Performance in Reading, Mathematics and Sciende, vol. I). A su vez, en las pruebas conocidas como PIRLS- 2011, realizadas con alumnos de nueve años, en lugar de los de quince en PISA, nuestros niños tampoco sobresalían: en lectura obtenían 513 puntos, por encima de la media de los 63 países evaluados, pero por debajo de los de la OCDE. Además, el porcentaje de alumnos excelentes españoles era inferior al de la OCDE y el de rezagados, superior; en matemáticas nos situábamos por debajo de la media tanto del total de los países como de los de la OCDE, y nuestros porcentajes de alumnos excelentes y rezagados eran idénticos a los reseñados en lectura; en ciencias estamos por encima de la media internacional, pero por debajo de la OCDE y sucede lo mismo que se ha indicado para lectura y matemáticas cuando nos referimos a los porcentajes alcanzados en los tramos de excelencia y de retraso. Véase ABC, 11 de diciembre de 2012.. A ello se acompañó un descenso del gasto nacional en educación entre 2006 y 2012, situándose por debajo del 8% fijado en la Ley General de Educación, con lo cual en 2011 tres de cada diez niños no tenían plaza en preescolar y quince millones de jóvenes con calificación de secundaria bien no podían entrar en alguna escuela media superior, bien no terminaban esta fase de su educaciónRRC, op. cit., pp. 174-175..

¿Cómo ha podido llegarse a esa situación? La respuesta del autor es lapidaria: «porque se ha dejado en manos de un grupo muy cerrado de la clase política [y de] líderes sindicales que usurpan cargos vitalicios con intereses familiares, de enriquecimiento personal y que, en conjunto, han hecho del sistema educativo un botín» y «la SEP (Secretaria de Educación Pública), con sus programas y planes incumplidos […] no sirve para ofrecer educación de calidad a todos los que la requieren, en su lugar territorial de vida o acorde con su edad»RRC, op. cit., pp. 156-157.. La degradación de las políticas educativas fue especialmente grave durante el mandato del presidente Calderón, en estrecha colaboración con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y, en especial, con su presidenta Alba Esther Gordillo (encarcelada recientemente por el presidente Peña Nieto) y con el olvido de la SEP. Esa alianza se tradujo en hechos tales como que el sindicato contara con entre nueve mil y quince mil «comisionados» («liberados», en la jerga española), recibiese entre 150 y 200 millones de pesos anuales en concepto de «retención de cuentas», más dos fideicomisos otorgados por la SEP por importe de 13.000 millones de pesos. Es más, con motivo del lanzamiento de la denominada Alianza para la Calidad de la Educación (una propuesta vacua para elevar el nivel de la educación básica y media superior del currículo educativo), se incluía una evaluación «universal» de los profesores, en la cual el sindicato pretendía asegurarse el control de los exámenes para el ingreso, promoción y permanencia de los maestros y ser, también, parte interesada en la evaluación de los alumnos. El trabajo de Didriksson se cierra con un decálogo de políticas educativas cuyo análisis,  creo, no encajaría con el propósito de esta reseña.

En las pruebas PISA de 2006, México ocupó el último lugar entre los países de la OCDE y el penúltimo entre los cincuenta y seis que participaron

No menos incisiva, y yo diría desesperanzada, es la visión de AC-C, y ello no sólo porque perciben que en «en el mundo actual, el que no se educa no juega», sino también porque tienen muy presente que la educación ocupa el séptimo puesto en la relación de prioridades de los mexicanos. Los datos que manejan son parecidos a los citados al comentar el ensayo antes citado y sus comparaciones en las pruebas PISA se refieren sobre todo a los resultados obtenidos por los países sudamericanos y subrayan, por ejemplo, el escasísimo porcentaje de estudiantes mexicanos que obtienen más de 625 puntos (sobre un total de 800) en matemáticas: cuatro mil quinientos de entre dos millones. Por resumir, podríamos agrupar en cuatro grandes apartados las recomendaciones que estos dos autores proponían a la discusión pública: 1) Mejorar la enseñanza primaria aumentando las horas de clase y los días lectivos, actualmente cifrados en doscientos al año (aunque el promedio real es de 175) y en cuatro horas y media diariasComo parte de los acuerdos y compromisos establecidos en el Pacto por México, un acuerdo político firmado el día siguiente de la toma de posesión del nuevo presidente de la República por los representantes de los tres grandes partidos políticos (PRI, PAN y PRD), a los que se unió después el Partido Verde Ecologista de México, y que pretende fomentar el proceso democrático por medio del fortalecimiento del Estado, la democratización de la economía y la política, así como la ampliación y aplicación eficaz de los derechos sociales; y la participación de los ciudadanos como actores fundamentales en el diseño, la ejecución y la evaluación de políticas públicas.. 2) Suministrar a cada uno de los 14,6 millones de niños con edades comprendidas entre los seis y los doce años un ordenador personal adecuado para su uso en la escuela y el hogar, con las guías y los libros de texto incorporados. 3) Implantar un sistema de evaluaciones públicas que permita conocer la calidad de la educación que se imparte y, por tanto, que abarque a alumnos, maestros y centros educativos, de tal forma que, con las debidas garantías, y aceptando que la solución no es la ideal, pueda despedirse a enseñantes, cerrar centros y permitir a los padres la oportunidad de elegir dónde quieren enviar a sus hijosDurante mi reciente estancia en México he podido ser testigo de las increíblemente violentas reacciones de grupos de maestros –o que por tales se hacían pasar– contra de esa decisión pública de evaluar y de acuerdo con pruebas regladas su capacidad para seguir enseñando.. 4) Modificar la educación superior, que «produce» licenciados y doctores «mal preparados en general, pero sobre todo desvinculados del mercado de trabajo al que deben acudir para ganarse la vida, [cuando el objetivo debería ser] vincular la educación superior en todas sus acepciones con la economía real del país»ACC, op. cit., pp. 108-109., buscando afianzar el nexo entre los sectores privados y públicos en un país en el cual el 35% de los universitarios estudia en centros privados, mientras que, curiosamente, en Brasil lo hace un 44%, mientras que en Estados Unidos un 60% están matriculados en centros superiores de carácter público.

Aquí cierro los comentarios a esos cinco grandes apartados en que he ordenado el análisis de las críticas y las propuestas de solución en estas dos «Agendas» sobre la situación del México actual y las transformaciones que debería experimentar la actual sociedad azteca para convertirse en el gran país que sus ciudadanos ansían. Cierto es que han quedado en el tintero cuestiones de indudable interés (por ejemplo, la discusión que sobre «el peso del pasado» llevan a cabo AC-C o las reflexiones sobre la política exterior –y en especial las relaciones con Estados Unidos–, la necesidad de tener una política cultural adecuada o los temores de una influencia excesiva de la Iglesia católica en un Estado que se profesa laico como el mexicano, que se encuentran en el libro coordinado por RRC), pero no debo abusar más de la paciencia del lector.

Aun así, le pido perdón, pues desearía cerrar la reseña, primero, con la opinión que me merecen ambas «Agendas» y, segundo, con los comentarios desde el principio prometidos relativos a las posibles diferencias y semejanzas entre la óptica con que México y España enfocan sus perspectivas en un futuro inmediato.

He repetido el término «Agenda» porque refleja fielmente el propósito de ambos libros: influir en las decisiones que el presidente elegido en las presidenciales de julio de 2012 debería incluir en sus programas de gobierno. Ambas obras son, indudablemente, políticas, pero en el sentido más noble del término; es decir, destiladas de una ideología, pero no expresiones dogmáticas de posiciones partidistas. Y en tal sentido, y sin menospreciar gran parte del contenido de las colaboraciones incluidas en el libro de RRC, el de AC-C tiene mayor coherencia tanto en sus ideas como, especialmente, en la posibilidad de convencer al actual presidente mexicano de que a él y a su partido les conviene llevar a cabo las propuestas de reforma discutidas y aconsejadas en las páginas de su «Agenda».

Dicho esto, paso a la delicada tarea de comentar diferencias y semejanzas entre presente y futuro de México y España, y lo hago con todo tipo de precauciones, ya que en este intento ocurre algo muy parecido a lo que habitualmente sucede con el idioma que hablamos. Mexicanos y españoles se expresan en un idioma común, pero plagado de términos, modismos y giros que en no pocos ocasiones impiden comprender inmediatamente lo que queremos decirnos. No se trata aquí de echar mano de un diccionario de modismos mexicanos o españoles, sino de intentar poner blanco sobre negro dónde están hoy ambos países, por lo menos en las cinco grandes cuestiones que he destacado al analizar ambos libros.

Comencemos por la política, el aparato institucional que conforma el gobierno de la nación, cómo están representados los ciudadanos y cómo sienten éstos que actúan sus representantes y, por último, qué cambios deberían o podrían hacerse para mejorar la imagen que de éstos tienen aquéllos. Ya he mencionado la escasa confianza que los mexicanos tienen en sus políticos (de hecho, son los últimos a quienes confiarían el futuro de sus hijos) y algo muy semejante sucede en España, pues en una reciente evaluación de instituciones y grupos sociales, los partidos políticos y los políticos eran los peor considerados (puestos 36 y 37) de los treinta y siete grupos e instituciones que componían la muestra«Barómetro de Metroscopia»,  El País, 30 de diciembre de 2012, p. 20. y en el último Barómetro del CIS, de mayo de 2013, casi un 30% de los encuestados consideraban que «los políticos en general, los partidos y la política» constituían el cuarto problema principal de la situación española. Es cierto que, en nuestro país, otras instituciones tampoco suscitan demasiado entusiasmo entre los ciudadanos, como es el caso del Parlamento, el Gobierno del Estado, los sindicatos, los tribunales de Justicia (incluyendo al Constitucional y al Supremo), la monarquía y la prensa. Esa percepción responde en los dos países a la insatisfacción ciudadana respecto en cómo valoran la aportación que los políticos hacen a su bienestar en un sentido amplio. De ahí que quienes analizan –como es el caso de los autores de los libros reseñados– esta cuestión planteen inmediatamente propuestas que podrían solucionar esa desconfianza y hacer que los representados se sintieran eso, bien representados. Es clara la percepción de los partidos políticos como cotos cerrados, endogámicos y con escasa intención de poner los intereses de quienes representan por encima de la continuidad de los propios. Y de ahí derivan, sin ir más lejos, las propuestas para modificar las leyes electorales, la financiación de los partidos y la transparencia de los ingresos y patrimonios de los políticos, cuestiones las dos últimas estrechamente ligadas a la percepción cívica según la cual la corrupción –que ocupa un lugar prominente entre las causas de su desconfianza– es el caldo de cultivo del cual algunos políticos y partidos se alimentan. La estructura del Estado, y sus divisiones entre Gobierno central y administraciones territoriales, es vista tanto en México como en España no sólo como un factor disfuncional clarísimo, sino como un elemento que propicia el despilfarro y la corrupción, a la vez que provoca un clamor por la implantación de sistemas de control y transparenciaBarómetro del CIS, mayo de 2013. Un 80,9 % de los encuestados considera mala o muy mala la situación política, que a su juicio es peor que hace un año (48,2%) y que dentro de doce meses se mantendrá igual o empeorará, en opinión de un 89,4%..

La estructura del Estado es vista tanto en México como en España como un elemento que propicia el despilfarro y la corrupción

Si la visión de los ciudadanos respecto a quienes les gobiernan en el sentido más amplio del término –incluyendo a personas e instituciones encargadas de la administración de justicia– es francamente mala, no quedan mejor parados ciertos pilares privados de la sociedad. Los mexicanos confían en sus maestros, médicos y sacerdotes por ese orden, los españoles desconfían de los bancos, los sindicatos, la patronal y las grandes empresas privadas (nacionales y multinacionales). Además, nadie, que yo sepa, les ha preguntado sobre las instituciones públicas cuyo cometido debe ser, por ejemplo, vigilar que no se produzcan acuerdos restrictivos y abusos de posición dominante, o impedir a las entidades financieras en general aprovecharse de la asimetría en la información a la hora de tomar decisiones relativas a las variaciones en el patrimonio financiero o inmobiliario de sus clientes.

No padecemos en España un grado de violencia comparable al que sufren los mexicanos; es más, las fuerzas de seguridad –policía y Guardia Civil– se encuentran entre las instituciones mejor valoradas, algo que no sucede en México, pero sí que compartimos las consecuencias dañinas de unos sistemas educativos que se han quedado obsoletos y se resisten a cambiar y adaptarse a entornos más exigentes. México muestra en las pruebas internacionales sobre evaluación de sus alumnos la imperiosa necesidad de tomar medidas para mejorar la calidad de su sistema educativo, desde la enseñanza primaria a la universitaria, y los dos libros reseñados se explayan abundantemente sobre este tema, al tiempo que sectores vitales para encauzar el cambio se resisten a ello, haciendo incluso uso de una violencia intolerable. En España la situación no parece ser tan virulenta, pero en el fondo esconde una resistencia al cambio no menos arraigada. Nuestros resultados en evaluaciones como PISA o en la lista de universidades destacadas –las escuelas de negocios son la única excepción– son francamente mediocres, por no decir malas, pero, en cambio, las profesiones de maestros y profesores de enseñanza media y universitaria están bien valoradas en las encuestas más recientes del CIS, aunque menos que hace una década. Es cierto que la sociedad considera que están mal pagados y poco motivados, al tiempo que señala que su prestigio social es escaso y que sus alumnos no les respetan. Esta última circunstancia adquiere gran importancia en todas las encuestas, que indican como uno de los principales problemas a que se enfrenta el profesorado la falta de disciplina y de interés de los alumnos, si bien la situación parece tener mal arreglo cuando los propios encuestados reconocen como un problema serio el poco tiempo que los padres dedican a sus hijos, confiando de manera un tanto utópica en que simplemente reforzando la autoridad del profesor, éste mejorara milagrosamente su trabajo.

Resumen final: aun cuando a muchos lectores acaso les cueste cierto trabajo creerlo, la concatenación de una estructura política e institucional deficiente y de unos políticos ocupados sobre todo en mantener sus propios intereses, junto a un sistema de administración de justicia ineficaz y partidista en sus altas instancias, supone un obstáculo para el desarrollo social y económico del país tanto en México –y así lo ponen de manifiesto los dos libros reseñados– como en España, tal y como es de sobra sabido. Los problemas se agravan si tenemos en cuenta «disfunciones» claras en el funcionamiento del sector privado –que no son corregidas por las instancias previstas para su regulación y vigilancia–, la existencia de una corrupción tanto en instancias públicas como privadas y la escasa contribución de un sistema educativo, que clama por reformas profundas al objeto de contribuir decisivamente a un mejor funcionamiento de nuestro sistema productivo. En este objetivo vuelven a hermanarse México y España. Ya he resaltado la preocupación que el bajo crecimiento suscita a los autores de una de las dos obras comentadas; en el caso español, no necesitamos más que recurrir al último Barómetro del CIS – repito, de mayo del corriente año– para comprobar que los españoles consideran que la situación económica es mala o muy mala en una proporción del 89,6% y que además es peor que hace una año (opinión que suscribe el 65,7%).

Es muy difícil hacer pronósticos, pero me atrevo a afirmar que, hoy por hoy, veo más posibilidades de cambio y mejora en México que en España; acaso porque, aun cuando sufre con mayor intensidad problemas tan acuciantes como la violencia y la pobreza de una parte significativa de su población, cuenta, sin embargo, con mayores posibilidades de cambio y tiene a su alcance perspectivas más claras de progreso que España. La razón es, sencillamente, que cuenta con una sociedad más unida y vigorosa que la nuestra y, sobre todo, más dispuesta a aceptar enormes sacrificios para triunfar.

Raimundo Ortega es economista.

10/06/2013

 
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