Más de un lector de la magnífica obra de Santos Juliá aquí reseñada podría preguntarse por el interés que justifica escribir un libro de 459 páginas para rememorar un episodio de la lucha antifranquista en el ya lejano decenio que transcurrió entre 1955 y 1965. Pues bien, la respuesta es un rotundo «si»; el libro tiene interés por dos razones: personal la una y general, de actualidad política, la otra. La primera se centra en el protagonista del libro –Javier Pradera (en adelante JP)–, no sólo porque fue un arriesgado luchador contra la dictadura franquista sino, también, porque una vez desaparecida esta, tuvo una larga y notoria carrera como analista político y brillante editor. A ello se añade una consideración general relevante: a saber, de la lectura del libro puede extraerse una advertencia pertinente para la actual izquierda política española: la conveniencia de no incurrir nuevamente en parecidos errores de análisis y de estrategia a los cometidos en esa década por el Partido Comunista Español (PCE) y minuciosamente descritos por Santos Juliá, condenándose –a pesar de sus generosos sacrificios personales– a repetir su relativa irrelevancia una vez consolidada la democracia representativa en nuestro país.
El libro se estructura en una extensa presentación de Santos Juliá que revisa «Los años comunistas de Javier Pradera», seguida de dos escritos de JP: una «Introducción a unas memorias», que nunca se completaron, y unos retratos personales agrupados bajo el título «La familia», acompañados por una entrevista que recrea el ambiente, los personajes y los motivos que lo condujeron al PCE. Por último, y antes de una recopilación de algunos escritos de JP, se presenta una extensa e interesante documentación, en la cual destacan las «Notas» enviadas en mayo de 1960 al Comité Ejecutivo del PCE exponiendo sus dudas respecto a los resultados de la Huelga Nacional Pacífica (HNP) de junio del año anterior, la respuesta de Federico Sánchez (FS) –es decir, Jorge Semprún– y la réplica de JP.
¿Pérdida de fe?
La década 1955-1965 fue escenario del ingreso, activismo, dudas y pérdida de fe de JP en la teoría, la estrategia y la táctica «del Partido». En su año inicial, al tiempo que su ingreso, se presenta en público, y se prohíbe meses después, el Congreso Universitario de Escritores Jóvenes; muere Ortega (a quien JP calificaría más tarde de «fundamento ideológico del falangismo»); España se convierte en miembro de pleno derecho de la ONU (al año siguiente ingresará en la OIT); y los enfrentamientos entre estudiantes y militantes falangistas en el caserón universitario de la calle San Bernardo, en Madrid, provocan las destituciones del ministro de Educación y del rector de esa universidad. Se producen frecuentes detenciones de obreros y estudiantes, el Buró Político del PCE se reúne en Bucarest y Santiago Carrillo publica el manifiesto «Por la reconciliación nacional», aprobado poco después por el Comité Central del PCE.
Coincidiendo con la aparición de nuevos grupos políticos «centristas» en 1957, se suceden boicots a los transportes, paros universitarios y la primera Asamblea Libre de Estudiantes en Madrid, todo lo cual anima al PCE a organizar una Jornada de Reconciliación y, casi simultáneamente, se constituye en Madrid el Frente de Liberación Popular (FLP), un grupo de jóvenes universitarios y profesionales, mayoritariamente católicos, entre los cuales me contaba, y cuya personalidad dirigente es un diplomático: Julio Cerón. Con el cambio de año, en 1958 continúan las detenciones de opositores al régimen –entre ellos, JP y Antonio Amat («Guridi»), máximo dirigente del aparato socialista en el interior– y en mayo se lleva a cabo una intrascendente Jornada de Reconciliación Nacional. La interpretación que los máximos dirigentes del PCE hacen desde Bucarest o París de este telón de fondo es optimista: el régimen y su soporte –el capitalismo monopolista y los terratenientes absentistas– se cuartean y algunos de los grupos sociales que lo han apoyado –básicamente lo que JP denomina «burguesía no monopolista»– podrían estar tentados de aliarse con el proletariado y el campesinado sobre la base de un programa democrático que constituiría una alternativa de cambio en la cual el papel de la monarquía no se perfila con precisión. Un «análisis dialéctico y concreto de los hechos reales», que diría FS, aconsejaría alcanzar compromisos y alianzas con fuerzas de la burguesía nacional para así dirigir la lucha antifranquista. Era el momento idóneo para convocar –abril de 1959– una Huelga Nacional Pacífica (HNP) que acabase con la dictadura. Como es sabido, la HNP no acabó con el franquismo, pero sí con la militancia de JP en el PCE.
Aparentemente, los análisis del PCE no iban desencaminados. Y es que a los sucesos universitarios y la conflictividad social se añadían cuestiones tan candentes como la restauración monárquica y el fallido intento de asalto al poder por el grupo falangista encabezado por Arrese. Los teóricos del marxismo-leninismo juzgaron que la supervivencia del régimen se tambaleaba y calificaron la crisis de gobierno de febrero de 1957 como un intento fallido de lograr una estabilidad que a la dictadura se le escapaba de las manos: de «crisis de la dictadura» la calificó Carrillo, según JuliáSantos Juliá, Camarada Javier Pradera, p. 79.. Su error consistió, paradójicamente, en no ser suficientemente dialécticos: no llegaron a admitir que los nuevos tecnócratas harían posible la modernización del «capitalismo monopolista de Estado»En lo que Santos Juliá describe como «uno de los debates más singulares que hubiera visto el comunismo español», el concepto capitalismo monopolista de Estado se menciona repetidamente para discutir la estrategia adecuada a la hora de atacar al régimen franquista. Pero, como indica el propio autor, se trata de un concepto un tanto enigmático que «seguía intrigando a Javier Pradera» muchos años después. De que ello era así no sólo en el caso de JP sino también en el de otros personajes que aparecen en el libro, puedo dar testimonio directo basado en mis conversaciones con algunos de ellos en más de una ocasión. Por esas razones, el lector me disculpará la extensión de esta nota, escrita con el único propósito de resumir la gestación de un término clave para el comunismo español en la época descrita en la obra reseñada. Paradójicamente, la primera aportación a tan amplio y resbaladizo concepto fue obra de un economista inglés, John A. Hobson, quien en su Estudio del capitalismo, publicado en 1902, describió el imperialismo como una consecuencia del capitalismo. En su opinión, exportación de capital y expansión imperial estaban estrechamente relacionados en cuanto causa y efecto. La primera era tanto síntoma como origen de lo que calificaría como «nuevo imperialismo». No obstante, y este era un rasgo destacable, Hobson creía que el imperialismo no era inevitable y podía remediarse mediante la reforma social. El enfoque adoptado años después por el joven pediatra austríaco Rudolf Hilferding, transformado posteriormente en periodista, miembro del Partido Socialista alemán y, previa adquisición de la nacionalidad alemana, ministro de Finanzas de la República de Weimar, para finalmente morir en 1941 torturado por la Gestapo en el París ocupado, era algo muy diferente. Y es que en 1910, en su obra titulada Capital financiero, alabada al tiempo por Kautsky, Lenin y Bujarin, introdujo lo que resultó ser una muy fecunda contribución al debate neomarxista: el concepto de capital financiero, mediante el cual describía la concentración de capital en manos de grupos reducidos de banqueros e industriales. Puesto que el capitalismo tendía históricamente hacia la concentración de los medios de producción en unas pocas manos, el resultado era el monopolio de los sectores económicos vitales, rasgo característico de la fase final de la evolución del capitalismo. A ello añadiría una observación que los comunistas españoles no dejaron pasar en sus análisis de la situación de la España franquista: a saber, que esa combinación de socialización de los medios de producción bajo el dominio del capitalismo financiero requería a la postre que el Estado asumiera un papel protector cada vez más amplio. Hilferding estaba convencido de la posibilidad de implantar el socialismo mediante una mayoría parlamentaria suficiente y este fue el punto en el cual difería Lenin. La lectura leninista de las tesis del austro-alemán, fechada en 1916, y con el título de Imperialismo, la etapa suprema del capitalismo, era mucho más dogmática, pues aun compartiendo su definición en cuanto etapa histórica del capitalismo, mantuvo que el socialismo no sería posible a menos que una minoría bien organizada se apoderase del Estado. En la escena política doméstica, sentenciaba Lenin, el capitalismo controla cada vez más directamente las instituciones políticas y el parlamentarismo liberal se convierte en una farsa. Llama, no obstante, la atención que ambos, el socialista alemán y el revolucionario ruso, coincidieran en un punto crucial: la relevancia del Estado, que no de la sociedad, en la última fase del desarrollo capitalista. El dilema subsiguiente era, por tanto, claro: parlamentarismo o insurrección. La obra de Lenin se convirtió en el catecismo de la doctrina marxista revolucionaria sobre el capital monopolista. A ello se unió el hecho de que la rigidez de la ortodoxia estalinista disuadiría de todo intento posterior de analizar los cambios en la estructura y el funcionamiento de la economía capitalista contemporánea, dándose el curioso caso de que fuesen los economistas académicos occidentales –especialmente los británicos Edward Chamberlin y Joan Robinson– quienes estudiasen los mercados monopolistas y los imperfectamente competitivos. Por último, con el telón de fondo de la crisis de 1929, nuevas corrientes de pensamiento en el marco general de la economía marxista intentaron explicar, a partir de 1940, la naturaleza de las crisis capitalistas. Así, el polaco Micha? Kalecki se centró en la teoría marxista de la acumulación, así como los norteamericanos Paul M. Sweezy, quien en 1942, y con su Teoría del desarrollo capitalista, introdujo algunos desarrollos conceptuales de la teoría de los monopolios y el oligopolio, mientras que Paul A. Baran (La economía política del crecimiento, 1957) construyó un marco explicativo de la dinámica del capitalismo monopolista, explorando la relación entre sociedades capitalistas y subdesarrolladas. La excepción a esos enfoques fue el libro de Joseph A. Schumpeter, Capitalismo, socialismo y democracia, publicado en Estados Unidos en 1942 (su versión en español apreció una década después), pero no recuerdo que despertase interés alguno en las personas a que se refiere el libro de Juliá. En todo caso, como comprobará el lector, los militantes comunistas españoles tenían a su disposición una amplia bibliografía de donde escoger su versión preferida del capitalismo monopolista de Estado. Lo que no estaba asegurado era ni la coherencia ni el éxito de su aplicación al caso español de aquel momento.,tan glosado por los máximos dirigentes del PCE e incluso por JP, mediante una liberalización económica que potenciase un crecimiento basado en la apertura al exterior y en el estímulo a la iniciativa privada. Las «reformas técnicas» debían preceder a las de mayor calado políticoBorja de Riquer, La dictadura de Franco, volumen 9 de Josep Fontana y Ramón Villares (dirs.), Historia de España, Barcelona/Madrid, Crítica/Marcial Pons, 2010, p. 421. .
La Jornada de Reconciliación, considerada por los dirigentes parisienses del PCE como una gran manifestación popular contra la dictadura, aun cuando no consiguiese romper el aislamiento del partido entre las restantes fuerzas de la oposición y, sobre todo, respecto a los socialistas, llevó a la HNP, en la cual, señala Juliá, el Comité Central invitaba a «las demás fuerzas de oposición [a organizar] un gran movimiento nacional antifranquista que garantice el derrocamiento pacífico de la dictadura del general Franco»Ibídem, p. 90.. En aquella época, el FLP era un grupo bisoño que comenzaba a organizarse no sólo en Madrid y Barcelona, sino también en el País Vasco, Santander y Sevilla. Cuando los representantes del PCE, concretamente FS y JP, nos invitaron a participar en los preparativos de la huelga, se abrió entre nosotros un fuerte debate. Una mayoría consideraba la propuesta arriesgada, pero beneficiosa, pues daría a conocer a la opinión antifranquista nuestra existencia; sin embargo, dejaba de lado los peligros inherentes, de forma muy especial las más que probables detenciones de muchos de nosotros. Durante semanas, Cerón mantuvo en un discreto silencio su postura; yo me encontraba en el grupo minoritario contrario a la participación en aquélla. No sólo temía los golpes de la policía, que seguramente desmembrarían nuestra débil organización; a ello se unía mi absoluta desconfianza respecto a la lealtad del PCE (pronto ratificada cuando los comunistas publicaron, sin consultar ni advertir a los restantes, la relación de grupos participantes en la organización de la HNP). A la vista de la acritud que iban adoptando las discusiones internas, Cerón me pidió que le acompañase a una reunión con JP en su piso de la calle Reyes Magos, mencionado por Santos Juliá en el relato de la preparación de la huelga. Cerón y JP eran amigos desde hacía años y jamás he sabido si el primero se había comprometido respecto a la participación del FLP en la huelga del 18 de junio. En todo caso, mi discusión con JP fue tensa. En ella, además de recriminarle la antes citada deslealtad del PCE –que encajó donosamente como una descoordinación entre escalones del aparato– y exponer que el FLP se jugaba probablemente su supervivencia en una acción cuyos hipotéticos beneficios iba a capitalizar el PCE, insistí una y otra en el error que en mi opinión suponía ignorar los efectos que sobre la situación económica futura tendrían las medidas económicas que el Gobierno llevaba estudiando desde hacía mesesQuien esté interesado, puede detenerse en la lectura de la «Introducción» de Enrique Fuentes Quintana al volumen 8 de Economía y economistas españoles, Barcelona, Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, 2004, así como en la contribución al mismo volumen de Manuel Varela Parache, titulada «El Plan de Estabilización: elaboración, contenido y efectos». No menos interesante resulta la colección de documentos que, bajo el título general de «El Plan de Estabilización y la Política Monetaria», se ofrece en Juan Sardá Dexeus, Escritos (1948-1980), Madrid, Banco de España, 1988. .
A comienzos de aquel verano estaba a punto de completar mi quinto año de Derecho y mi tercero de Económicas; además, y gracias a un amigo común, tenía relación con algunos jóvenes profesores que eran funcionarios de los ministerios de Comercio y de Hacienda. Sus comentarios –siempre generales– respecto a sus trabajos y a las visitas de funcionarios de algunos organismos internacionales, junto con mis rudimentarios conocimientos de política económica, me permitían sospechar que se avecinaban cambios que iban en dirección contraria a los augurios catastrofistas de los analistas del PCE. Me sorprendió que JP, cuya capacidad de análisis había advertido siempre, no prestara atención alguna a mis argumentos, limitándose a defender las «razones objetivas» (entre las cuales incluía reiteradamente la afirmación según la cual los cambios en el gabinete efectuados dos años antes demostraban el agotamiento del régimen y su incapacidad para aglutinar a la «alta burguesia no monopolista» y a «grandes sectores de las clases medias», pilares tradicionales del franquismo) que justificaban una huelga que, afirmaba, iba a constituir un éxito. Cuando salimos a la calle, el silencio de Julio Cerón confirmó mis temores, pues, en efecto, se decidió que el FLP participase en la organización de la huelga. Unas semanas más tarde, el 9 de junio, fui detenido mientras comía en casa de mis padres, comenzando así un largo período de privación de libertad. Nueve días después, la HNP constituyó un sonoro fracaso, augurado por JP ya en 1958, según nos cuenta Santos JuliáIbídem, p. 83., y analizado con detenimiento en sus «Notas» enviadas al Comité Ejecutivo del PCE once meses después de aquel 18 de junio de 1959.
Trascurrieron algunos años cuando, de una forma ocasional que no viene al caso explicar aquí, me enteraría de la existencia de unas «Notas» de JP al Comité Central del PCE, fechadas en la primavera de 1960, en las cuales detalla las razones que explicaban las razones del fracaso de la HNP (por cierto, en ellas no se afirma, como era de esperar, que la huelga hubiera sido un fracaso; todo lo más se hace un referencia a «un juicio negativo» [p. 258], y a lo más se indica que «Plantear la huelga de junio en términos de “fracaso” o “éxito”, de manera abstracta, carece de sentido» [p.259]). A ello se unen tres testimonios recogidos en el libro de Santos Juliá: su hipótesis de unas posibles reflexiones de JP durante su estancia en la prisión militar de Alcalá de Henares en 1958 (p. 83), que pondrían en cuestión la aplicación a la sociedad española del esquema marxista-leninista de las contradicciones entre clases sociales y de sus relaciones con las fuerzas políticas; los comentarios de Ricardo Muñoz Suay al salir de una reunión de responsables de diversos sectores del Partido, a la cual asistió JP, y a cuyo término este manifestaría ante él y FS «estar completamente seguro» de que la HNP «iba a ser un fracaso» (p. 99); y, por último, la cita de Rossana Rossanda en un conversación con JP a primeros de 1962.
Los testimonios son de peso y acrecientan aún más mi perplejidad al comparar todo ello con la postura mantenida por JP, semanas antes de tener lugar la HNP, en la reunión celebrada en su casa con Julio Cerón y conmigo. Santos Juliá sostiene (p. 10) que los escritos de JP en 1960 preludiaban los enfrentamientos de FS y de Fernando Claudín con el resto del Comité Ejecutivo del Partido al hilo de ese concepto inasible e inexplicable que para los legos en el corpus leninista era el capitalismo monopolista de Estado, y afirma que JP tenía razón al señalar que «era ilusorio esperar que la burguesía no monopolista colaborase con los comunistas en una huelga […] cuyo último objetivo consistiría en abrir democráticamente en España la vía a una dictadura del proletariado». De la lectura de las «Notas», especialmente ardua en la actualidad por su escolasticismo marxista-leninista, me interesa destacar dos afirmaciones que la evolución de los acontecimientos políticos y económicos se encargaría de negar. La primera es la siguiente: «Es evidente que toda pretensión de la burguesía a la hegemonía política en la revolución democrática es ilusoria» (p. 257), y su continuación: «La dinámica previsible de las transformaciones democráticas, ¿no convertiría, desde ahora, a la burguesía no monopolista y a ciertos sectores de la pequeña burguesía en fuerzas antidemocráticas?» (p. 258); la segunda se condensa en estas frases: «El balance demuestra la imposibilidad de un desarrollo capitalista que, liberado de la opresión de los monopolios, crease un sistema estable y eficiente de libre competencia. La redistribución de la renta nacional a través del ahorro forzoso, de los mecanismos inflacionistas primero y de la estabilización después, etc., en provecho de los grupos monopolistas se realiza también a costa de las restantes capas de la burguesía» (p. 255).
No hay mejor contraste a tales afirmaciones que el ofrecido por los datos, pues a la muerte de Franco, en noviembre de 1975, el tamaño de la economía española había aumentado en más de nueve veces respecto a 1960, el producto per cápita creció esos años, en promedio, un 5,7% y, lo cual es más significativo, la participación de la remuneración de los asalariados en la renta nacional había pasado de constituir el 53% en 1960 a un 62,5% en 1975, mientras que la correspondiente a las rentas de la propiedad y la empresa se mantuvo en un 37,5%. Pero, como JP era un observador muy inteligente, no tuvo empacho en afirmar medio siglo después (siguiendo el sabio consejo de John Maynard Keynes, según el cual, si los datos cambian, uno debe mudar de opinión) en su artículo sobre Jorge Semprún, publicado poco antes de su muerte, que el gran «desacuerdo» entre Carrillo y la mayoría del Buró Político del PCE en 1964, por un lado, y el dúo Semprún-Claudín, por otro, residía en si, como opinaban los primeros, la caída del franquismo iría seguida de la liquidación del capital monopolista, de una revolución democrática a cuya vanguardia se situaría el PCE en marcha hacia la revolución socialista, mientras que los dos dirigentes en minoría mantenían que «la desaparición del régimen franquista no condenaba a muerte al capital monopolista, que podría coexistir […] con un sistema de democracia representativa y que situaba en un horizonte a medio plazo –aunque no a décadas– la construcción del socialismo»Ibídem, pp. 439-440.. Sobre esta afirmación de JP volveré enseguida, pero antes el lector me permitirá resumir mi opinión sobre la posible contradicción entre lo que JP sostenía en la discusión mantenida en su casa sobre la preparación de la HNP y lo que, al parecer, pensaba realmente respecto al éxito o el fracaso de la misma.
Los tres testimonios antes citados en apoyo de la lenta maduración del distanciamiento de JP respecto a los análisis teóricos y estratégicos del PCE a propósito de la lucha antifranquista me parecen de un peso desigual. Es muy posible que, en sus horas de soledad en la prisión de Alcalá de Henares en 1958, JP comenzara a encontrar incoherencias en las tesis oficiales comunistas, basadas en la falsa clave de bóveda que resultó ser el capitalismo monopolista de Estado. En cuanto a su pronóstico del fracaso de la HNP recogido a la salida de una reunión preparatoria de la misma, me parece, conociendo a JP, que debió de tratarse de un desahogo ante un clima de optimismo injustificado cuya manifestación más evidente sería el estudio, sobre planos de Madrid, de la forma en la cual las pacíficas masas confluirían en la Glorieta de Atocha para, supongo, desde allí marchar a la Puerta del Sol y ocupar la Dirección General de Seguridad deteniendo a los odiosos miembros de la Brigada Político-Social. Por último, el testimonio basado en la entrevista con Rossana Rossanda carece, en mi opinión, de valor, pues se recogió dos años después de sus tan comentadas «Notas».
Acaso todo sea más sencillo. En aquellos años, JP unía a su sentido crítico general una fuerte lealtad al Partido, de cuya pertenencia se sentía orgulloso. Que en esos meses yo –¡un joven católico militante de un pequeño grupo recién creado!– jamás le escuchase una sola crítica a la actuación del Partido me parece lógico; lo relevante es si, a lo largo de las semanas empleadas en la preparación de la huelga, pudo atisbarse un solo momento en el cual pusiese en duda que la disciplina y la unidad de criterio y de acción primaba siempre sobre la libertad de opinión, o que la crítica individual no equivalía a oportunismo. Aquella larga y acalorada discusión en su domicilio suscitó en mí serias dudas. Todo ello no es contradictorio con que meses después, y liberado de la presión de los acontecimientos y constatado el fracaso de la huelga (por no mencionar su coste en términos de camaradas como Sánchez Montero y Lucio Lobato, detenidos, torturados y encarcelados), sometiera a una profunda crítica los fundamentos teóricos y estratégicos que, a modo de venda, impedían a los dirigentes del Partido, y en especial a su amigo FS, enfrentarse a la realidad de un fracaso incontestable.
Concluyo este apartado de la reseña con dos recuerdos personales. Años después, y en una de las comidas que JP y yo compartíamos de tiempo en tiempo en un conocido restaurante de la madrileña calle Zorrilla, le pregunté abiertamente por esa cuestión. Sonrió y, abriendo sus brazos, me respondió en un tono extremadamente cordial: «No debemos permitir que el modo asiático de producción se interponga entre nosotros». Comprendí lo que esa frase significaba, porque era la misma con que JP había pretendido, en este caso infructuosamente, reanudar su relación amistosa con un tío de mi mujer, un rico empresario mexicano de origen español que durante los primeros años de la década de los sesenta había ayudado financieramente a las familias de los mineros asturianos en huelga y, acaso, al propio PCE. El segundo recuerdo fue una cena en mi casa con JP y Jorge Semprún. A la hora de la sobremesa, le hice al segundo la misma pregunta que con anterioridad había formulado a JP, y me contestó: «No vale la pena que episodios del pasado nos estropeen esta magnífica cena». Hice lo que se espera de un anfitrión educado, y cambié de conversación.
La confianza en la razón
Es sabido que la aportación más interesante del leninismo al cuerpo doctrinal del marxismo fue su adaptación a lo que calificaba como el último estadio del capitalismo: es decir, el imperialismo. En su explicación se atacaba, en primer lugar, la aparente paradoja según la cual algunos socialistas habían traicionado el socialismo al unirse a los capitalistas para explotar, primero, a la gran masa de obreros poco cualificados de sus propios países y, después, a los de las naciones más atrasadas y a las colonias. Esta ideología pequeñoburguesa arrastraba un resultado que debía denunciarse incansablemente: enmascaraba la lucha de clases y ofrecía respetabilidad al proyecto de revolución burguesa a la que podía llegarse por medios pacíficos y respetuosos con la democracia parlamentaria. Era urgente, en opinión de Lenin y sus seguidores, convencer en todo el mundo al proletariado de ese peligro ofreciéndole una ideología revolucionaria que le preparase para el momento en el cual, aquél solo, o con la colaboración del campesinado y los restos de la pequeña burguesía, y bajo la dirección de una vanguardia revolucionaria, pudiese quebrar el capitalismo y demostrar así que, en política, el gobierno de la mayoría es una «ilusión constitucional». Ese era el marco doctrinal que los responsables del PCE utilizaban en la década de los años cincuenta del siglo pasado para analizar la situación española y diseñar la estrategia que acabase con el franquismo y el capitalismo monopolista de Estado, y fue ese el entramado que JP pretendió revisar sin éxito después del fracaso de la HNP de junio de 1959.
La razón la resumió lapidariamente FS en su respuesta a las «Notas», librescas y poco alimentadas por la «praxis» de aquel cuando asegura que «[…] nosotros somos un partido revolucionario […] que […] trata de transformar el régimen y luego la sociedad» (p. 277), para después admitir que, aun cuando habían ocupado una buena parte de la discusión del Buró Político sobre sus apuntes, no tocaba las «cuestiones económicas» en su respuesta a JP (p. 278). Una pena, pues acaso se hubieran percatado de que el supuesto capitalismo monopolista de Estado, en su versión autárquica franquista, había llevado al país a una situación insostenible, en la cual se combinaban los rasgos de una inflación de demanda y de costes originada por las fuertes elevaciones salariales, con un déficit público insostenible, una balanza de pagos deficitaria que no se corregía con una chapucera política de sustitución de importaciones que, en aparente paradoja, creó una mayor dependencia de las importaciones, pues las exportaciones se estancaron hasta que llegó el momento en el cual España no tenía reservas para hacer frente al reembolso y pago de intereses de su deuda externa. Todo lo cual impuso la necesidad de un plan de choque que se tituló Plan de Estabilización, olímpicamente ignorado por los analistas del Partido.
Afirmaba al comienzo de esta reseña que el libro de Santos Juliá era de plena actualidad por cuanto encierra una enseñanza para la izquierda actual: a saber, no deben malinterpretarse las relaciones entre crisis económica y estrategias políticas. Pues bien, en gracia a evitar explicaciones detalladas haré una breve referencia a una situación del pasado, extremadamente crítica y bien conocida por la mayoría de los lectores: me refiero a los llamados Pactos de la MoncloaVéase el capitulo que Enrique Fuentes Quintana titula «Los Pactos de la Moncloa y la Constitución de 1978» en Economía y economistas españoles, volumen 8, antes citado. .
En aquella ocasión se vivía una crisis mundial que afectaba a nuestra economía, aquejada de una delicada situación política caracterizada por la inacción impuesta por el declive irreversible de la salud de Franco, los temores respecto al cambio de régimen político y las incógnitas sobre cuál sería la actitud de la extrema derecha y de la izquierda en esa transición. La posición de esta última es la que ahora interesa, y creo que puede afirmarse que el PCE, y en especial su secretario general, Santiago Carrillo, habían aprendido la lección de sus fracasos como oposición en la década 1955-1965 y actuaron con sentido de Estado y gran generosidad personal, pues en todo momento facilitaron la estrategia que permitió el necesario ajuste de la economía española. El éxito de los Pactos y del ajuste que implicaban se basó, en mi opinión, en dos consideraciones primordiales: que las medidas económicas gozaban de prioridad política y, segundo, que el reparto colectivo de sus costes se efectuó con equidad. Como antes he apuntado, ambos principios aparecen muy difuminados en la situación actual y suponen, por tanto, un incentivo para una actuación irresponsable de la izquierda, aunque ello le otorgue ventajas a muy corto plazo.
La estrategia puede parecer sencilla a una izquierda decidida a explotar la insatisfacción popular, pero el entramado de las soluciones que comienza a ofrecer es muy frágil. En primer lugar, porque deben cubrir con un sonoro silencio la participación de las corrientes parlamentarias de izquierda en algunos de esos males: por ejemplo, en el naufragio de algunas entidades financieras en las cuales representantes suyos formaban parte de los órganos decisorios y cuyo salvamento supone un coste muy elevado que todos los contribuyentes estamos soportando. Pero si este olvido mira al pasado, la mayor preocupación para la izquierda debería provenir, creo yo, de que, quiéralo o no, participa en el descrédito en que la opinión pública tiene a la clase política como imagen genérica de la viciosa conexión entre corrupción y profesionalización de la política, mientras que, cara al futuro, otras nuevas corrientes comienzan a intentar ya arrogarse una «nueva imagen» de la democracia. En verdad, esa imagen no sólo pretende edificarse sobre ideas mas que discutibles sino que, y aquí reside su mayor peligro, sus consecuencias serían desastrosas tanto para sacarnos del atolladero económico en que nos encontramos como para remozar el modelo de democracia que alberga las reglas y las instituciones bajo las cuales, mal que bien, convivimos.
Concluyo. La izquierda de estos comienzos del siglo XXI haría bien en aprender de la historia del pasado y recordar que un paso adelante equivocado puede obligar a dar cuatro atrás, para reflexionar seriamente sobre el precedente que el libro de Santos Juliá ilustra de forma magnífica, desechando así visiones utópicas que simplifican los problemas de nuestro tiempo hasta el punto de hacerlos insolubles. Y, caso de equivocarse, ahí está el ejemplo de Javier Pradera sobre cómo enmendar el error.
Raimundo Ortega es economista
