DEBATE

¿Una legislatura distinta?

 

INTRODUCCIÓN RdL ha dedicado ya dos debates a asuntos de interés nacional: educación y reforma constitucional. También quiere dar voz a distintas opiniones en vísperas de unos comicios en muchos sentidos extraordinarios. A lo largo de los próximos días, representantes del mundo de la universidad, el periodismo y la cultura responderán en estas páginas a un cuestionario que les ha presentado la redacción de la Revista.

 

1. Existe una sensación generalizada de que nunca, a lo largo de nuestra democracia, unas elecciones generales han estado tan abiertas como las que se celebrarán en diciembre. ¿Prevé usted un gobierno con recursos políticos suficientes para introducir grandes cambios, entre otros, la reforma constitucional, o combinaciones inestables abocadas a la celebración de nuevas elecciones a medio plazo? ¿O teme quizá que un gobierno precario, carente de apoyos parlamentarios suficientes para emprender proyectos de envergadura, se enquiste en el poder mientras se deteriora la situación general?

Emilio Lamo de Espinosa

El riesgo de un Parlamento fragmentado e incapaz de alcanzar consensos firmes es real y cierto. Estimaciones serias nos indican que podría haber hasta diez grupos distintos con representación parlamentaria. Veremos en qué queda todo ese barullo de siglas que, en todo caso, muestra un dinamismo y un proceso profundo de renovación política (lo que es bueno) que recuerda mucho el dinamismo de la Transición. Pero creo que el panorama tiende a aclararse, sobre todo si se compara con el existente hace un año o dos. Entonces la posibilidad de un gobierno radical de izquierdas (Podemos) era real, así como el riesgo alternativo de cuatro partidos empatados, incapaces de articular mayorías. Ambos riesgos, sospecho, se han cancelado. No parece que Podemos vaya a «asaltar los cielos», no al menos de momento, y más bien asistimos a una moderación creciente, consecuencia de su necesidad de conseguir votos; y estos, como siempre, siguen en el centro del espacio político. El riesgo de pluripartidismo también se diluye a medida que los sondeos muestran la fortaleza del PP (aunque ciertamente disminuida), la resistencia del PSOE (que sospecho será mayor incluso de lo que hoy dan los sondeos) y el crecimiento casi espectacular de una partido bisagra y de centro-centro, como es Ciudadanos, capaz de articular mayorías por su derecha o por su izquierda. Actualmente, y de nuevo según estimaciones fiables (pero sin duda prematuras) sólo habría dos mayorías posibles: la del PP con el apoyo de Ciudadanos, o una improbable alianza del PSOE con Podemos y Ciudadanos, a la que dudo que estos se prestaran. Hay que añadir finalmente lo más importante: hay un clamor en la sociedad española toda, derecha o izquierda, centro o periferia, a favor de reformas políticas profundas, incluidas reformas constitucionales, pero hechas desde la ley y el respeto a la Constitución. Y va a ser difícil que la mayoría que resulte el 20 de diciembre pueda sustraerse a esta presión desde abajo.

De modo que sí, preveo más bien un gobierno de coalición, pero con cierta estabilidad, obligado a abordar reformas profundas. Sin descartar la hipótesis de una legislatura corta, resultado de un pacto firme (incluso a tres) para abordar las citadas reformas constitucionales, convocando elecciones inmediatamente después. 

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Roberto L. Blanco Valdés

Aunque responder la pregunta afirmando que, tal y como están las cosas, es difícil hacer un pronóstico podría parecer una obviedad, lo cierto es que la primera reflexión ha de ser esa: que pronosticar en qué situación podemos encontrarnos tras las elecciones generales resulta, ciertamente, más complicado que nunca hasta la fecha. Por eso, y utilizando como guía menos subjetiva la que se deriva de la previsión de resultados que apuntan las encuestas, hay dos cosas que, en estos momentos, pueden darse prácticamente por seguras: primera, que, gane uno o gane el otro, los dos grandes partidos españoles estarán muy lejos, no ya de la mayoría absoluta, sino incluso del número de escaños que ambos obtuvieron en las dos elecciones generales que marcaron el tránsito histórico del felipismo al aznarismo: las de 1993 (159 escaños el PSOE por 141 el PP) y 1996 (156 escaños el PP por 141 el PSOE); segundo, que tanto Podemos como Ciudadanos entrarán con fuerza en el Congreso, convirtiéndose, así, en fuerzas indispensables (por separado o, más improbablemente, en su conjunto) para la formación de cualquier mayoría imaginable. A este respecto, y partiendo de nuevo de los datos que aportan las encuestas, es muy probable que el PP mantenga con mayor o menor holgura respecto del PSOE la primera posición, lo que unido a las crecientemente mejores expectativas de Ciudadanos respecto de Podemos, podría situarnos ante un gobierno de coalición entre el PP y Ciudadanos o ante uno del PP con el apoyo externo del partido de Rivera. La otra alternativa, menos probable según casi todos los sondeos, sería un gobierno de presidencia socialista con el apoyo de Podemos, coalición esa que no conseguiría la mayoría necesaria sin contar con los escaños de la mayor parte de los pequeños grupos de extrema izquierda que logren representación en el Congreso (Izquierda Unida, por un lado, y las izquierdas nacionalistas en varios territorios, por el otro.) Y más improbable aún que cualquiera de las dos mayorías señaladas sería una dirigida por el PSOE con el apoyo de Ciudadanos y Podemos.

¿Contribuirían del igual modo a la gobernabilidad cada una de las tres posibilidades apuntadas? Creo que no. Más allá de las preferencias políticas de cada cual, pues entiendo que no es esto lo que aquí se nos pregunta, a mi juicio la opción más estable sería, en principio, la conformada por la suma del PP y de Ciudadanos, pues sus programas y electorados respectivos son mucho más homogéneos que cualquiera de los otros entre sí. Además, y de cumplirse los pronósticos de la mayoría de las encuestas, ambas fuerzas podrían alcanzar, sin más apoyos, la mayoría absoluta en el Congreso o una muy cercana, lo que permitiría un acuerdo a dos, en principio más fácil de gestionar que uno en el que participasen tres, cuatro o cinco fuerzas. De hecho, la mayor inestabilidad que podría afectar a una mayoría formada por todas o gran parte de las izquierdas con representación parlamentaria en el Congreso vendría dada no sólo por el mayor número de partidos que parece sería necesario para acabar por conformarla, sino también por las manifiestas diferencias ideológicas entre el PSOE y los partidos que serían en ese caso sus eventuales apoyos o socios de gobierno, partidos que mantienen con el socialista discrepancias sustanciales, entre otras esferas, en política económica, política social y política exterior. No parece, en fin, difícil de imaginar la inestabilidad que inevitablemente llevaría aparejada un gobierno tripartito PSOE-Podemos-Ciudadanos, tanto por sus divergencias políticas, muy evidentes, como por la dificultad que tendría para los socialistas gestionar una mayoría con dos socios que aspiran, cada uno por su lado del espectro, a crecer a costa del electorado del PSOE.

Una última consideración, directamente relacionada con lo que acabo de apuntar, me parece indispensable: la vocación de los dos partidos emergentes que podrían transformar el formato bipartidista imperfecto que ha estado vigente en España en un formato a cuatro no es –por lo menos no lo ha sido hasta el presente– la de convertirse en partidos bisagras de las fuerzas que han dominado hasta ahora en el electorado de la izquierda y la derecha, sino llegar a sustituirlas en sus campos respectivos. Un hecho que permite prever que ni Podemos ni Ciudadanos serán, en su caso, fáciles socios de coalición o apoyos externos para el PSOE y/o el PP, sino duros competidores, que no dejarán de serlo ni siquiera en el caso de compartir una mayoría de gobierno, lo que permite pronosticar serios problemas de funcionamiento para cualquiera de las que puedan llegar a constituirse en el futuro.

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José Luis Leal Maldonado

No sabemos quién pude ganar las elecciones del 20 de diciembre. Lo que dicen los sondeos de manera reiterada es que habrá tres partidos en cabeza con no mucha diferencia entre ellos: el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos, seguidos a distancia por Podemos. Esta situación excluye el que alguno de los partidos en liza alcance la mayoría absoluta (salvo sorpresa motivada por algún acontecimiento excepcional), por lo que habrá que contemplar la posibilidad de coaliciones entre dos o más partidos. Actualmente, la más probable sería la formada por el Partido Popular y Ciudadanos, cuya suma de apoyos podría alcanzar la mayoría absoluta o quedarse lo suficientemente cerca de ella como para asegurar la estabilidad de la coalición. La cuestión que se plantearía en ese caso es la naturaleza del apoyo del segundo partido, es decir, si apoyaría desde fuera del gobierno (como en el caso de la Comunidad de Madrid o la de Andalucía) o si, por el contrario, participaría directamente en el mismo, lo que, por el momento, dadas las declaraciones de unos y otros, parece poco probable. La estabilidad de ese gobierno y su capacidad real para llevar a cabo las reformas que España necesita es un asunto discutible. Hay que ser bastante optimista para pensar que esta coalición estaría en condiciones de iniciar, por ejemplo, la reforma de la Constitución, de la Ley Electoral o la construcción de un consenso sólido sobre la educación en todos sus aspectos. El tiempo pasa y antes o después habrá que abordar estas cuestiones. Si, en vez de una coalición de dos partidos, fuera necesario hacer un pacto entre tres, las cosas serían aún más difíciles. Se trataría entonces de un gobierno centrado en despachar los asuntos corrientes sin la fuerza necesaria para abordar los problemas de fondo de nuestra sociedad. La legislatura duraría lo que durase la estabilidad interna de los componentes de la coalición y, aunque se completara, estaríamos al final de la misma en una situación parecida a la de partida, aunque más compleja. A menos que acontecimientos tales como la pérdida del control presupuestario, el recrudecimiento de las tensiones territoriales, una nueva crisis financiera o cualquier situación imprevista forzaran la disolución anticipada de las Cortes.

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Julián Santamaría Ossorio

En efecto, se trata de elecciones muy singulares por la enorme incertidumbre que encierran. A diferencia de otras veces, en que lo único dudoso era si gobernaría el PSOE o el PP, en esta ocasión están en juego muchas otras cosas, tanto por la incógnita que plantean los nuevos partidos como por la presencia del problema catalán. Parece poco probable que ningún partido alcance la mayoría absoluta y tanto o menos probable que pueda completarla pactando con los nacionalistas. El PNV contará con un número reducido de escaños y será poco viable un acuerdo con los nacionalistas catalanes.

Pero tampoco es claro que PP o PSOE puedan formar gobierno apoyándose en Ciudadanos o Podemos. Ambos partidos han surgido con vocación de competir y, en su caso, desplazar a aquellos, por lo que su disposición a respaldarlos es dudosa y no es tampoco seguro que su aportación sea suficiente para conformar una mayoría. La gravedad de este asunto es que en esta legislatura el gobierno tendrá que afrontar problemas muy serios, como el paro, la corrupción, la reforma constitucional y el contencioso territorial con un Parlamento fragmentado y en el que no será fácil la elaboración de grandes consensos.

Difícil, pero no imposible. Es poco probable un gobierno de coalición, con Podemos o Ciudadanos, pero estos podrían inclinarse a respaldar a un gobierno minoritario bajo ciertas condiciones. En todo caso, a día de hoy, es más que dudoso que pueda constituirse un gobierno fuerte con capacidad y con recursos para afrontar los grandes y numerosos retos sociales, económicos y políticos que se le plantearán por necesidad. Y en ese contexto poco estable es más que previsible la convocatoria de elecciones antes de que finalice la legislatura. Se precipitaría, en todo caso, si Mariano Rajoy y Artur Mas siguieran gobernando en España y Cataluña. 

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Antonio Muñoz Molina

Por un lado, me produce cierto alivio que no vaya a haber mayorías absolutas, si eso favorece que se produzcan acuerdos necesarios, compromisos en el sentido que tiene la palabra en inglés, reveladoramente distinto al español. Las mayorías precarias, si hay instinto político, pueden permitir soluciones imaginativas, hasta improvisadas, que no cabe desdeñar. A veces por ese camino se ha llegado a grandes hallazgos, aunque eso implicaría una flexibilidad mental y un grado de pragmatismo que, por desdicha, se ven muy poco en la vida española, menos aún en la vida política. Dada la urgencia de las grandes tareas que están poniendo en juego la perduración misma del sistema, a mí me gustaría una especie de gran coalición centrada en un programa claro, para limpiar el sistema democrático de sus debilidades internas y protegerlo de las agresiones populistas, pero eso no parece factible.

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Juan José López Burniol

Es cierto que las próximas elecciones están muy abiertas, pero lo que de veras está abierto –abierto en canal– es el sistema político instaurado durante la Transición y vertebrado por la Constitución de 1978. No está en trance de muerte, pero precisa de una intervención quirúrgica urgente en forma de profundas reformas, que incluyan la de la propia Constitución. No se trata de negar los señalados servicios que este sistema ha prestado durante el último tercio de siglo, que ha sido una de las etapas más pacíficas y más productivas de nuestra historia. Pero los síntomas de la crisis en que se halla inmerso son graves y evidentes. Un breve paralelismo histórico refuerza esta idea.

El 29 de diciembre de 1874, el general Martínez Campos se pronunció en Sagunto y proclamó rey –como Alfonso XII– al hijo de Isabel II, destronada seis años antes. La Primera Restauración había comenzado, poniendo fin a un largo período de turbulencias e iniciando una larga etapa de relativa paz, si se dejan al margen –¡que ya es dejar!– la Tercera Guerra Carlista, el Desastre de 1898 y las recurrentes agitaciones sociales. Esta paz y cierto progreso hicieron posible que apuntase, unos años después, la que ha sido denominada Edad de Plata de la cultura española. Pero, a partir de 1912, «borboneado» Maura y asesinado Canalejas, todo comenzó a torcerse. «Los partidos son incapaces de gobernar», sentenció Antonio Maura. El regeneracionismo encarnado por el Partido Reformista de Melquíades Álvarez, que intentó romper el bipartidismo, no llego a cuajar, pese a contar con buena parte de las mejores cabezas del país, desde Ortega a Azaña. Y entonces, agotado el «turnismo» del Partido Conservador y el Partido Liberal, se ensayaron unos gobiernos de concentración nacional –con participación catalana– que tampoco prosperaron, hasta que el sistema se negó a sí mismo disolviéndose en la Dictadura del general Primo de Rivera. No es extraño que, al caer el dictador, arrastrara con él al rey.

Justo un siglo después, el 22 de noviembre de 1975, a los dos días de la muerte del general Franco, Juan Carlos de Borbón fue proclamado por las Cortes rey de España. La Segunda Restauración había comenzado. Y, al igual que había sucedido en la Primera, siguieron también ahora más de treinta años de paz y progreso, que comenzaron a desvanecerse al estallar la crisis económica. Entonces, y de resultas de ésta, la crisis política latente se hizo manifiesta, al poner de relieve que, si bien los dos partidos «turnantes» –el PP y el PSOE– no son incapaces de gobernar como antaño, sí denotan graves carencias. Únanse a estos problemas de los partidos (esclerosis, renovación por cooptación, falta de democracia interna y prevalencia del interés partidista por encima del general), una fuerte erosión del Estado como sistema jurídico (muchas leyes y muchas sentencias no se cumplen), una grave degradación del prestigio de las instituciones (sólo atajada por la Monarquía, tras la abdicación de don Juan Carlos) y una corrupción rampante (próxima a ser sistémica), y tendremos un cuadro muy poco halagüeño. Además, en este momento, el intento secesionista de Cataluña contribuye a generar la sensación de que está llegándose a una situación límite.

Así las cosas, tras el 20 de diciembre hará falta un gobierno fuerte, que no esté en precario y pueda acometer con decisión y asumiendo riesgos las reformas urgentes que la refacción del sistema político precisa. Pero, aunque los dos grandes partidos obtengan buenos resultados, el bipartidismo «turnista» y oligárquico quedará herido: habrá que contar con los nuevos partidos emergentes. Por consiguiente, el nuevo gobierno habrá de ser de coalición o tener un decidido apoyo parlamentario estable. Todo lo demás –en palabras de Manuel Azaña– sería «impotencia y barullo». 

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Arcadi Espada

Como, efectivamente, las elecciones son muy inciertas, no seré yo el que profetice. Pero sí puedo decir lo que querría que sucediese: la continuidad de la Constitución, salvo en lo referido a la sucesión en la Corona y la desaparición del Senado, que no debería sustituirse por nada. Son dos reformas necesarias y que pueden suscitar consenso sea cual sea el resultado electoral.

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2. ¿Percibe promesas de renovación en los partidos emergentes? ¿Se inclina a la reserva, la esperanza o la alarma?

Emilio Lamo de Espinosa

En buena medida, los emergentes han recogido y canalizado un malestar enorme que afloró alrededor del 15-M y de los Indignados, de gran calado. Fue un movimiento con amplísimo apoyo popular (superior al 70%), transversal a clases sociales, edades, ideologías e incluso territorios, pues brotó tanto en Madrid o Sevilla como en Barcelona, algo inusitado, pues Cataluña ha tenido una lógica política propia desde hace décadas. Un malestar que es muy anterior a la crisis económica, y las series históricas del Centro de Investigaciones Sociológicas muestran que la crisis de legitimidad de las instituciones se desata en fecha tan temprana como el año 2004, y no cesó de crecer desde entonces. Por supuesto, la crisis económica de 2007 y, sobre todo, los reiterados casos de corrupción, no hicieron sino reforzar ese malestar, que brotó espontáneamente en la calle al no encontrar canales políticos. Pero debemos felicitarnos de que los nuevos partidos hayan reconducido esa enorme indignación, desde la calle y el asamblearismo en el que se hallaban, a las instituciones y la democracia representativa. Es un éxito poco destacado del sistema político español, que ha sabido integrar un caudal de protesta enorme, sin duda muy preocupante. Y es de destacar también que esos dos movimientos renovadores provengan de los dos centros de poder y de hegemonía cultural de España: uno de Madrid, Podemos, salido del fondo de la vieja universidad sesentayochista, y el otro de Barcelona, Ciudadanos, salido del malestar con la partitocracia nacionalista; uno de izquierdas y el otro de derechas, pero ambos renovadores del discurso. Y renovadores también generacionalmente, con un estilo, una estética (y, quizás, una ética), nuevos, frescos, casi desenfadados, que engancha con la calle y las nuevas generaciones de españoles. No olvidemos que detrás de todo lo que está pasando encontramos, como en todo cambio social importante, una renovación generacional de la que, la renovación (acertadísima) en la Jefatura del Estado es mucho más que un símbolo.

De modo que sospecho que los partidos –todos– no tienen alternativa. Los dos nuevos, Ciudadanos y Podemos, porque surgen de esa voluntad de renovación, son un producto del hartazgo con la corrupción y la partitocracia (llamémosla «clase política», «clase extractiva» o «casta»). Y los viejos (PP y PSOE), porque sienten el aliento de la renovación en sus bases y votantes, y no pueden perder la iniciativa, aunque se les nota demasiado que van a rastras y a trompicones, sin acabar de tomar la iniciativa.

De modo que la respuesta a la pregunta sería: esperanza, más que alarma, aunque no exenta de reserva.

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Roberto L. Blanco Valdés

Aunque llevamos tiempo hablando en España de partidos emergentes, con referencia sobre todo a Ciudadanos y Podemos, como si esas dos fuerzas resultaran de algún modo equivalentes, a mi juicio no lo son. Es verdad que, pese a haber nacido con años de diferencia, ambas han experimentado un crecimiento electoral exponencial por una causa en gran medida coincidente: el ambiente de desafección hacia los partidos tradicionales (sobre todo, aunque no sólo, el PSOE y el PP) que fue instalándose en España tras las graves consecuencias sociales de todo tipo que se derivaron del estallido de la crisis económica, crisis que terminaría por producir un auténtico tsunami en la política española. Pero, más allá de esa génesis parcialmente coincidente (parcialmente, porque Ciudadanos ya existía como Ciutadans en Cataluña bastante antes de que Podemos asomase la nariz), las diferencias entre ambas fuerzas son muchas y, desde mi punto de vista, extraordinariamente relevantes. Podemos es un partido populista, que se adecua a la perfección a algunos de los caracteres que definen a ese tipo de fenómenos políticos: por su simplificadora –y, por simplificadora, falsaria– retórica política, que contrapone al pueblo con un casta política corrupta que habría usurpado al pueblo su poder; y por el claro caudillismo autoritario que representa Pablo Iglesias, quien esconde bajo el discurso de la democracia participativa una dinámica organizativa de tipo leninista, en la que él y sus aliados en la organización toman las decisiones que los demás se ven obligados a aceptar. Si el primer rasgo (el populismo) constituye la auténtica característica definitoria de Podemos, el segundo (el leninismo organizativo) ha podido apreciarse con toda claridad en la elaboración de las listas para las elecciones generales, proceso que ha provocado fuertes enfrentamientos internos con los modos autoritarios de Iglesias y su grupo de leales. Ciudadanos representa otra cosa, pues no constituye en ningún caso una alternativa de tipo populista, por más que presente su mayor debilidad en la práctica ausencia de la estructura organizativa propia de un partido. Aunque ello no ha impedido a Ciudadanos crecer como la espuma, la indicada debilidad podría traducirse en un poder tendencialmente incontrolable y, por ello mismo, peligroso, de su omnipresente líder.

Además de lo apuntado, hay otro elemento de contraste entre Podemos y Ciudadanos, que creo necesario destacar. El partido de Pablo Iglesias, que es suyo en gran medida, compite en la izquierda por los votos de POSE e Izquierda Unida, y, aunque llegara a consolidarse como primera fuerza frente al primero de los dos –algo que, a día de hoy, las encuestas contradicen con toda claridad–, tal consolidación no afectaría el funcionamiento de nuestro sistema de partidos más que de un modo negativo, pues en lugar de un partido de centro-izquierda (el PSOE) tendríamos uno situado en la extrema izquierda, lo que dificultaría la consecución de los consensos básicos que exige la salud de cualquier Estado democrático. El asentamiento de Ciudadanos como tercer partido sí podría suponer, dada su ubicación ideológica en el centro, un cambio muy positivo en la dinámica del sistema de partidos español, que podría así dejar de pivotar sobre los acuerdos con los nacionalistas (cada vez más complicados, a medida que CiU y el PNV se han subido al carro del soberanismo) cuando el partido que gana las elecciones generales no obtiene la mayoría absoluta o, en todo caso, una mayoría suficiente para gobernar en solitario. Ciudadanos podría ser, por tanto, ese partido de centro con implantación estatal, bisagra para el PSOE y el PP, que España necesita desde hace tanto tiempo.

Por todo ello, si he de elegir entre reserva, esperanza o alarma, me inclino por una alarma moderada.

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José Luis Leal Maldonado

Ciudadanos parece que intenta construir un partido de centro o centroizquierda que, de alguna manera, recuerda lo que fue UCD, aunque sin las tensiones internas que terminaron por destruirla en poco tiempo. El que recoja votos de la derecha y de la izquierda significa que los votantes sitúan a este partido en el centro del espectro político. En el caso de Podemos, lo que llama la atención es el viaje, bastante rápido, de una posición de extrema izquierda a una posición bastante más moderada, lo que les plantea tensiones internas, además de una generalizada sospecha de oportunismo. En cualquier caso, lo que reflejan ambos partidos es el impacto de un cambio generacional que en España suele ser brusco, incluso cuando se produce en el interior de los partidos ya establecidos. En otros países, la experiencia de las generaciones anteriores se aprovecha en beneficio de la sociedad, pero en España parece que lo que precede hay que tirarlo por la ventana, como hacen los italianos en Nochevieja con los trastos viejos. Si Ciudadanos se consolida y sirve para moderar al PSOE o al Partido Popular, o si logra ser el primer partido y necesita coaligarse con alguno de estos dos partidos para gobernar, se habrá abierto la posibilidad de una alternancia en el poder en un marco de razonable moderación que, en cierta manera, es lo que ha ocurrido desde la llegada de la democracia, si bien la alianza con los partidos nacionalistas ha tenido un coste diferido que ahora aflora. Cabe pensar que, si hubiera existido un partido de centro que hubiera hecho posibles alianzas de centro-derecha o de centro-izquierda, el intento de desbordamiento constitucional al que ahora asistimos no se hubiera producido.

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Julián Santamaría Ossorio

Los partidos emergentes han irrumpido en el escenario nacional condenando a los partidos tradicionales, discutiendo su legitimidad por su implicación en distintos episodios de corrupción y presentándose como la única posibilidad de renovación de la vida política española. Han sido injustos tratando de identificar a PP y PSOE como si fueran lo mismo y sería de igual modo injusto identificar a Ciudadanos y Podemos cuando, en realidad, han seguido itinerarios muy distintos. Podemos ha mostrado muchas contradicciones, entre ellas la de considerar superado el eje izquierda-derecha y hacer todos los esfuerzos del mundo –sin demasiado éxito, es verdad– por situarse en el centro o la de proponer un modelo organizativo y no respetarlo.

En mi opinión, que parece reflejada en las encuestas, Podemos ha malversado en muy poco tiempo la ilusión que generó en un primer momento. Ha rehuido tomar partido en temas delicados, como el proyecto gubernamental, abandonado luego, de la ley del aborto, ha cambiado en varias ocasiones su discurso sobre la Transición, las instituciones y el sistema político surgido entonces, y en el seno de su formación ha practicado un discurso superdemocrático con unas prácticas de carácter subdemocrático. En una palabra, no sólo ha perdido su encanto inicial, sino también, y eso es más grave, buena parte de su credibilidad. ¿Es, como pretendían sus líderes, «diferente» en su forma de hacer política?

Por su parte, Ciudadanos ha ofrecido una versión más moderna y equilibrada de la derecha, centrando su discurso en la lucha contra la corrupción y la reforma de algunas instituciones y ha sabido recoger en Cataluña, de donde procede, buena parte de los votos perdidos por los partidos de ámbito estatal. Presenta una imagen de centro tecnocrático y moderado, aun mostrando algunas notables carencias en áreas como la política internacional. Podemos y Ciudadanos son formaciones muy jóvenes con un papel incierto en el futuro inmediato. No creo que sean motivo de alarma, han despertado esperanzas de regeneración, sobre todo entre los más jóvenes, y habrá que esperar a verlos actuar. Por tanto, reserva.

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Antonio Muñoz Molina

Hay dos tipos de promesas o posibilidades de renovación, me parece. Uno, el que algunos partidos pueden llevar en su programa, ideas prácticas de corrección de errores evidentes y de limpieza democrática. Y hay otras promesas que vendrán forzadas por la necesidad de atajar o de hacer frente a partidos que prometen soluciones delirantes a los problemas reales. Igual que es posible que el desafío soviético facilitara el consenso europeo sobre el Estado de bienestar, el desafío antisistema, el proyecto explícito de demolición de los acuerdos fundamentales en los que se basa la democracia española, puede hacer que las fuerzas políticas que la sostienen se esfuercen por salir de su torpor de muchos años y adopten actitudes de regeneración y limpieza que de otro modo no habrían considerado. Me inclino a la esperanza porque al fin, en España, ya no parece que haya margen de tolerancia pública hacia la corrupción. Pero lo que alimenta mi reserva, y despierta mi alarma, es que los partidos nuevos, y los anteriores, sigan sin hablar con claridad de algunos de nuestros problemas fundamentales: la educación, el valor de la cultura como fuente de prosperidad y de ciudadanía, el modelo productivo y su relación con el cambio climático, y con las posibilidades de sostener el Estado de bienestar,  la profesionalización de las administraciones, incluido el importantísimo servicio exterior, que se encuentra en un estado calamitoso, y, dentro de él, el Instituto Cervantes. Me desmoraliza observar que casi nada de eso forma parte del debate electoral.

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Juan José López Burniol

La pregunta a hacerse es si el sistema político español tiene capacidad de regenerarse, de forma que la Segunda Restauración no termine por agotarse como la Primera. Es difícil hacer un vaticinio, dadas las diferencias existentes entre ambas épocas. Pero también se dan dos similitudes entre ellas. La primera es el agotamiento del «turnismo» bipartidista, encarnado hoy por el PP y el PSOE. La segunda es la hegemonía en ambas de una estructura oligárquica y caciquil, con la diferencia de que el cacique como persona de carne y hueso de la Primera Restauración ha sido sustituido hoy por un cacique institucional, que es, en cada comunidad autónoma, un distinto partido político: así –por ejemplo–, el PP en Madrid, Valencia y Galicia; el PSOE en Andalucía y Extremadura; Convergència en Cataluña; el PNV en el País Vasco… Tan cierto es que podría hablarse incluso de la existencia de distintos «caciques orgánicos», a similitud de los «intelectuales orgánicos» de otra época.

Estas semejanzas ayudan a avizorar el futuro. Así, puede sostenerse que el actual sistema político tiene hoy una sola oportunidad real de regenerarse gracias a la eclosión de dos nuevos partidos: Ciudadanos y Podemos. La regeneración será posible en la medida en que estos partidos pongan fin al bipartidismo «turnante», que está agotado, y al neocaciquismo –incluido el «capitalismo de amiguetes»–, que es insoportable, y obliguen al PP y al PSOE a acometer sin dilación las reformas –incluida la constitucional– que ya resultan inaplazables. Y también tendrían que impulsar de una vez la lucha contra la corrupción que anega la vida pública española, y con la que todos los viejos partidos han venido conviviendo por exigencias de su propia financiación. De ahí la importancia grande de estos nuevos partidos, cuyo éxito redundaría en beneficio del sistema, y cuyo fracaso determinaría su anquilosamiento definitivo, con riesgo de colapso. 

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Arcadi Espada

Uno de esos dos partidos emergentes no merece respeto intelectual ni político ni moral y su resultado sólo servirá para reflejar hasta qué niveles de la ciudadanía se extiende esa triple bajeza. En cuanto a Ciudadanos, todo dependerá de si entiende que ser moderno sólo es ser más riguroso que los antiguos.

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3. Tiende a culparse a los partidos de la crisis que atraviesa la vida pública. Pero los partidos no lo son todo. Están en crisis los medios de comunicación, el sistema educativo, las clases medias, las expectativas de los más desfavorecidos. Yendo más allá, puede que las propias actitudes de los ciudadanos hayan entrado en una zona de indefinición. ¿Estima que estos cambios superan el margen de eficacia de la política, en su acepción habitual?

Emilio Lamo de Espinosa

Creo que en España, como suele ocurrir, la sociedad ha ido por delante de su representación política, y de nuevo hay que hacer normal en la política lo que es normal en la calle, por recordar la citada frase de Adolfo Suarez en la Transición. Que es, en el fondo de lo que se trata: de renovar y actualizar la Transición en un nuevo pacto político. Y, a pesar del ataque de que ha sido objeto, la inmensa mayoría de los españoles (más del 70%) continúan valorando positivamente la Transición.

Es revelador que, a pesar de la crisis económica, profunda y persistente, y a pesar del descrédito, no ya de los políticos o los partidos, sino de numerosas instituciones, la mayoría de los ciudadanos siguen ubicados en el centro ideológico y son moderados, que no hay partidos ni movimientos xenófobos o antiemigración, ni tampoco antieuropeos, y ni siquiera antieuro. Y la violencia como instrumento político, que asomó hace un par de años (recordemos los asaltos al Parlamento, en Madrid o Barcelona) se ha diluido en un inmenso rechazo popular a la violencia. Es más, a pesar de los atentados del 14-M, no ha habido ni un solo suceso claramente antiislámico en España. Basta comparar este escenario con el europeo para recobrar el optimismo sobre la sociedad española, en este momento una de las ciudadanías más equilibradas de nuestro entorno.

Sinceramente, creo que en la actualidad España sólo tiene un problema político serio, que es Cataluña. Si fuéramos capaces de integrar en una España renovada, aunque sólo fuera a un 15% de quienes hoy se declaran independentistas, el tema quedaría zanjado, al menos por una temporada larga, y en política las temporadas largas son eternas. Si el proyecto europeo retomara el pulso (ojalá que los ataques terroristas sirvan para reforzar la solidaridad y la unidad, y no para dividirnos), la secesión catalana se mostraría como lo que es: un proyecto trasnochado y decimonónico. Tenemos que hacerlo, no sólo por el coste que supone la secesión, sino sobre todo porque España necesita del vigor y la inteligencia de la ciudadanía catalana, hoy perdida y enfangada en un proyecto inviable. 

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Roberto L. Blanco Valdés

Sin duda, el creciente rechazo a los partidos, perfectamente perceptible en las encuestas, se inscribe, tal y como se afirma en la pregunta, en un contexto de crisis social general y de desafección hacia la política y la vida pública. La terrible dureza de la crisis económica, las políticas de ajuste no compensadas por las necesarias reformas del Estado que el país necesita de forma perentoria, la corrupción política –y, más en general– el comportamiento inmoral (delictivo o no) de muchos dirigentes de la elite económica y social, tanto en la esfera pública como privada, o las evidentes dificultades de las instituciones, los partidos y los políticos para tomar el pulso a la sociedad, se han traducido en una quiebra del mecanismo de suspensión voluntaria de la incredulidad sobre el que se basa en gran medida el funcionamiento del Estado democrático. Es verdad, sin duda, que la simpatía hacia la democracia como forma de administración de los intereses colectivos no ha disminuido de forma apreciable, pero lo es también que la crisis de una buena parte de sus instituciones podría acabar afectando al propio crédito de la democracia como sistema. Los partidos no son, desde luego, los únicos culpables, aunque su responsabilidad en la grave situación que atravesamos me parece evidente, pues su creciente autismo social ha conducido en gran medida a desprestigiarlos como instituciones sociales de mediación. De hecho, por más relevante que sea, que lo es, sin duda, el papel de los medios de comunicación o del sistema educativo en la salud de la democracia; y por más relevante que sea, que sin duda lo ha sido y está siéndolo, la crisis de las clases medias o la frustración de las expectativas de los más desfavorecidos que ha llegado de la mano de la crisis económica que se inicia en 2008, lo cierto es que los partidos han mostrado una incapacidad notable para cumplir las misiones que se les asignan en los sistema democráticos, de modo tal que, aunque en un principio la crisis partidista pudiese parecer meramente reactiva, ante la dureza de la recesión, el paro o la bajada de salarios, creo que, a día de hoy, esa crisis partidista (bien visible en la caída de la participación electoral, de la afiliación a los partidos y de la simpatía social hacia ellos) se ha convertido ya en un factor autónomo, que ha venido además para quedarse. Por eso, considero con Peter Mair (Gobernando el vacío, trad. de María Hernández Díaz, Madrid, Alianza, 2013) que los partidos se enfrentan cada vez a más problemas para conservar su papel como instituciones claves de vertebración del proceso democrático. De cómo se comporten en el futuro para intentar superar esta situación dependerá, a mi juicio, en gran medida que los partidos comiencen en España a salir del agujero de su desprestigio social o acabe por producirse en nuestro país un colapso total del sistema de partidos tradicional como el que acabó en Italia con las bases de la Primera República sin ser capaz de ofrecer, a cambio, nada mejor para el buen funcionamiento de la democracia.

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José Luis Leal Maldonado

Lo más destacable son las transformaciones sociales, que han sido muy importantes a lo largo de todos estos años. Hemos pasado de treinta y ocho a cuarenta y siete millones de habitantes, de los cuales más de cuatro son inmigrantes, de tal manera que nuestra sociedad es más diversa que al principio de la Transición. También somos una sociedad más rica (la renta por habitante se ha duplicado), más urbana, con un empleo basado en los servicios, más laica y, sobre todo, más libre. Estos factores y muchos otros, como la llamada globalización, la percepción de la corrupción como un fenómeno generalizado o las crisis económicas, influyen en las actitudes sociales, políticas y económicas de la población. La pregunta que podemos hacernos es en qué medida los partidos políticos han sido capaces no sólo de asimilar estas transformaciones, sino también de preverlas y conducir los procesos de cambio de manera ordenada conforme a los intereses generales de los españoles. El juicio ha de ser tentativo, en parte por el viejo problema de la selección de las elites políticas y, en parte también, porque la propia dinámica de los partidos (el ruido interno de la inevitable lucha por el poder y su conservación) dificulta renovar sus ideologías y métodos de trabajo con la celeridad que habría sido deseable. Conviene tener en cuenta que la tensión permanente entre los intereses locales y los generales se ha resuelto en numerosas ocasiones a favor de los primeros hasta llegar a un punto en el que la conciliación de ambos se hace sumamente difícil por la pervivencia del caciquismo. Por último, la tendencia a descargar la responsabilidad de todo cuanto ocurre en el Estado tampoco facilita las cosas. Al fin y al cabo, estamos en un proceso de aprendizaje de la democracia, pues cuarenta años de funcionamiento, en la escala de la Historia, es poco tiempo. Hemos de aprender de otros países que tienen una experiencia del funcionamiento de las instituciones democráticas mucho más dilatada que la nuestra. El peligro es que la sociedad se desestructure, que se consoliden populismos de derecha o de izquierda (o, peor aún, identitarios), que los partidos sean incapaces de canalizar las preocupaciones de los ciudadanos y darles una respuesta razonable. El camino que hemos recorrido hasta ahora ha sido importante y constituye una buena base de partida para construir el futuro. Conviene, sobre todo, evitar la vuelta al aislamiento del mundo que nos rodea. Somos europeos y, como muestran con insistencia los sondeos, y la propia Historia, no somos tan diferentes como a veces suele creerse. 

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Julián Santamaría Ossorio

Si se habla de crisis, y de una crisis que abarca tantas dimensiones, es porque se han producido y están produciéndose desajustes notorios entre la evolución de la sociedad española y el estancamiento de la vida política. Esa evolución incluye aspectos muy diversos que afectan tanto a su estructura como a sus creencias y formas de vida, cambios que reclaman la adaptación de las instituciones políticas y del comportamiento de los actores políticos. La crisis económica y la indignación ante la inacción y el incumplimiento de las promesas electorales y la corrupción han actuado como catalizadores, pero el proceso viene de atrás.

El sistema político español está pensado para asegurar la estabilidad, pero con el tiempo algunos de sus mecanismos rechinan. Los medios de comunicación, la justicia y muchas instituciones están bajo sospecha. No tiene ningún sentido el régimen de cuotas en el nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial y los órganos reguladores, o el control que sobre los medios ejercen el gobierno central y los gobiernos autonómicos y, en otro plano, tampoco tiene demasiado sentido que el voto de las zonas más rurales y despobladas pese más que el de las zonas más industriales y urbanas donde se concentra la población.

Una de las áreas con mayores desajustes es la de la distribución territorial del poder, en buena medida por la difusa distribución de competencias que hay que precisar y reordenar, creando, además, mecanismos eficientes de cooperación entre las distintas unidades y un nuevo Senado de representación territorial. Esa revisión ha de ser compatible con un acomodo razonable de las singularidades de Cataluña y el País Vasco, sin que ello comporte una quiebra del principio de igualdad entre todos los ciudadanos, sino un tratamiento diferenciado para aclimatar las diferencias y peculiaridades allí donde existan.

Si la sociedad civil no hubiera cambiado, no llamarían tanto la atención algunas peculiaridades de la política española. La sociedad (sin adjetivos) ha evolucionado a gran velocidad, se ha urbanizado, modernizado, secularizado y asimilado la acumulación de cambios tecnológicos, políticos y económicos que se han precipitado sobre ella en tan solo unos años. Los partidos, unos más que otros, han colonizado las instituciones, se han distanciado de la gente y han hecho poco por corregir sus prioridades electoralistas y sus malas prácticas y adaptar sus programas, sus organizaciones y sus estrategias a los cambios de su entorno. 

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Antonio Muñoz Molina

Parece inevitable que se exageren los infortunios del presente, pero es cierto que vivimos el período de mayor incertidumbre desde que se establecieron los grandes acuerdos posteriores a la Segunda Guerra Mundial. La hipertrofia del mundo financiero, la crisis del modelo económico provocada por la competencia de un capitalismo de modelo chino no entorpecido por obligaciones sociales ni ambientales, el derrumbe de la prensa y, por lo tanto, el fin efectivo del rigor informativo y el pluralismo. ¿Hasta qué grado de desigualdad económica puede seguir funcionando de manera aceptable en una democracia? Lo que sucede en Estados Unidos puede ser revelador: un multimillonario como Michael Bloomberg ganó tres veces seguidas las elecciones a la alcaldía de Nueva York pagándose la campaña con su propio dinero y gastando veinte o treinta veces más que los otros candidatos. Bloomberg fue un administrador eficaz, pero Donald Trump, que también gasta su propio dinero, es un peligro. Congresistas y senadores están en manos de los intereses particulares que financian sus campañas. La National Rifle Association invierte cientos de millones de dólares en impedir que se establezcan controles mínimos sobre la venta de armas. El caso de Europa es distinto, claro, pero el peligro del abismo social no es mucho menor, sobre todo cuando la educación ha perdido su carácter de palanca social. ¿Podemos mantener la Unión Europea con las tensiones económicas, políticas y nacionales que no dejan de crecer? Lo que está pasando en Francia con la victoria de Marine Le Pen me parece aterrador. ¿Podemos mantener el proyecto ilustrado del pluralismo y la legalidad democrática a pesar de la presión del terrorismo islámico, y de los reflejos defensivos y agresivos que eso despierta en las sociedades? En un panorama así, con tantos asuntos cruciales que merecen ser debatidos, no deja de ser patético el nivel de la campaña electoral en España. Para mí está claro que la democracia siempre es muy frágil, y a veces incapaz de enfrentarse a los problemas más graves, pero sin el mantenimiento obstinado y el refuerzo de su marco político y legal no hay nada que hacer.

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Arcadi Espada

La política tiene mucho que hacer. En España y en el mundo. Algunos ejemplos. Debe gestionar una sociedad donde el concepto de trabajo va a sufrir cambios radicales. Debe resolver la destrucción del sistema cultural que ha traído la inmensa maravilla de Internet. Debe regular los importantísimos problemas vinculados con la bioética que van a desencadenarse en los próximos años. Y debe evaluar cómo se castiga la diseminación social de la mentira, que es uno de los más graves y urgentes problemas de la democracia. Por lo demás, la política española habrá de afrontar en los próximos meses la insurrección de un gobierno regional, que es un problema realmente vistoso e inédito en el mundo civilizado.

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Juan José López Burniol

La causa de la crisis que atraviesa la vida pública está en la pérdida de confianza de los ciudadanos en sus elites dirigentes, incluidas las políticas, pero no exclusivamente en éstas. El origen del malestar viene de lejos y se halla en el creciente distanciamiento de estas elites respecto a los ciudadanos, que hace tiempo se limitan a elegir periódicamente a sus representantes, otorgándoles un cheque en blanco para que decidan por ellos, sin intervenir luego para nada en la toma de decisiones. Este hecho, unido a la convicción de que el núcleo de poder político-financiero-funcionarial-mediático está muchas veces unido entre sí por vínculos de connivencia, cuando no de colusión, ha levantado en los ciudadanos la poderosa sospecha de que las acciones de sus dirigentes no están movidas tanto por razones de interés general cuanto por motivos de beneficio particular.

La última crisis económica ha acentuado esta desconfianza hasta niveles graves, especialmente entre los jóvenes. Diversas son las causas de este fenómeno, todas interrelacionadas entre sí, que han provocado una enorme crisis política: 1) El injusto reparto de los costes de la crisis económica, cargados sobre las espaldas de la clase media y de la clase popular, en aras de una devaluación interna (recortes salariales y de las prestaciones del Estado de bienestar) que facilitase las exportaciones; 2) Una desigualdad social creciente, fruto directo de estas políticas de recortes; 3) Una corrupción rampante, que es mayor en países con una fuerte desigualdad social.

Ante esta situación, es prueba de buena salud social que surjan diversos movimientos críticos, que algunos llaman de «indignados» –por su denuncia descarnada del establishment– y otros de «no instalados» –por no estar integrados en ningún colectivo con mecanismos de autodefensa–. Por el contrario, nunca ha sido lógica la reacción del establishment desde que se percibieron los primeros síntomas de protesta. Primero la minimizó, ridiculizando a sus representantes y tildando de maximalistas sus reivindicaciones. Pero luego, cuando el movimiento creció, lo demonizó como «radical» y «populista». El establishment español no ha intentado nunca una aproximación crítica a su quehacer. La razón de este proceder –elusivo primero y agresivo después– se halla en un doble sentimiento que embarga desde siempre a nuestras elites: una concepción patrimonial del poder y una permanente sensación de impunidad. Pero los tiempos han cambiado: las situaciones son fluidas y los mecanismos de autodefensa no siempre bastan. Estamos entrando en una nueva época cuyo protagonismo corresponderá a las generaciones jóvenes impulsadas por una voluntad de cambio, que sólo se contentará con una reforma del sistema si ésta puede ser profunda y rápida, pero que intentará la ruptura si la reforma se obtura, es insuficiente o se dilata. 

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