Las guerras edípicas

por Manuel Arias Maldonado

¿Hay algo más hermoso que ser joven y protestar contra una causa injusta? Seguramente, no. De ahí que las calles francesas se hayan llenado de estudiantes que hacen guardia con objeto de impedir la reforma laboral auspiciada por el presidente socialista François Hollande. Se trata de una pieza legislativa inspirada en la última reforma española, a la que los jóvenes franceses, cuyo movimiento ha suscitado comparaciones con nuestro 15-M, se oponen fervorosamente por la pérdida de derechos sociales que traería consigo su aprobación. Thomas Piketty les ha dado la razón, si bien el reciente premio Nobel de Economía, Jean Tirole, experto en regulación laboral, ha defendido lo contrario: que la reducción de la indemnización por despido habría de aumentar las contrataciones indefinidas, que ahora son apenas el 10% de las nuevos contratos. De ahí que The Economist haya subrayado la triste ironía de que se opongan a la reforma quienes más se beneficiarían de ella: los jóvenes outsiders de un mercado de trabajo dual que premia, en cambio, a los mayores que ya forman parte del mismo. Desde este punto de vista, la protesta sería igualmente emocionante, pero más bien desatinada.

Pero las movilizaciones francesa y española no son las únicas que han tenido a los jóvenes como protagonistas. Estos protestaron en Israel por el elevado precio de la vivienda y componen el grueso del apoyo al septuagenario Bernie Sanders en el proceso de primarias del Partido Democrático norteamericano (en un caso que guarda semejanzas indudables con el liderazgo de Jeremy Corbyn al frente de los laboristas británicos). Se diría que, como ha apuntado el historiador Harold James, vivimos las primeras escaramuzas de una guerra global entre generaciones que reemplaza a la vieja guerra de clases. Es una contienda peculiar:

La guerra se libra principalmente en las urnas –la gente mayor gana elecciones, mientras que la gente joven se queda en casa– y el botín está en el presupuesto nacional, en los equilibrios entre gasto educativo, en las pensiones, la sanidad y los regímenes fiscales. Debido a este impacto, el pacto intergeneracional que durante mucho tiempo ha apuntalado la estabilidad social y política se ha roto.

La referencia a la participación electoral tiene consecuencias que van más allá de las elecciones ordinarias: la masiva preferencia de los jóvenes británicos por la permanencia en la Unión Europea puede verse frustrada ante el euroescepticismo de los mayores si aquéllos no acuden a votar en alto número en el referéndum de junio. En Alemania, los jóvenes son favorables a la Willkommenskultur defendida por la canciller Angela Merkel como solución para la crisis de los refugiados en una proporción mucho mayor que sus padres y abuelos. Richard Precht y Harald Welzer, prominentes intelectuales nacionales, han lamentado que la actual vida política europea esté lamentablemente marcada por el predominio demográfico de una población envejecida que padece un miedo atroz a los cambios.

Sucede que los propios jóvenes europeos no parecen ser conscientes de que esa es justamente la guerra que están librando. Tal como muestra el caso francés, el joven libra una batalla imaginaria contra enemigos en gran medida imaginarios: el capitalismo, el neoliberalismo, la casta, los banqueros, los ricos. Eso no quiere decir que estos fenómenos y actores carezcan de importancia a la hora de explicar algunas de las deficiencias que aquejan a nuestros sistemas sociales; pero mucho más decisiva es la colonización del futuro emprendida por quienes hoy se hacen fuertes en sus puestos de trabajo y, sobre todo, disfrutan de prolongadas jubilaciones y aún más prolongadas prejubilaciones. ¡Además del descuento de Renfe! En la apasionante conversación que mantuvieron en 2006 Boris Groys y Vittorio Hösle bajo los auspicios de la Escuela Superior de Diseño de Karlsruhe, el segundo subraya el problema que el actual desequilibrio generacional plantea para cualquier idea viable de justicia:

No se trata de que mantengamos en pie un Estado social que permita a la gente jubilarse con sesenta y cinco años o incluso antes, aunque la esperanza de vida haya aumentado enormemente en los últimos decenios y la gente joven tenga que pagar por ello impuestos sociales muy altos, lo que conduce a que no puedan ser contratados y consigan su primer puesto de trabajo fijo a los cuarenta y cinco. Eso no es justoBoris Groys y Vittorio Hösle, La razón al poder. Una discusión, trad. de Manuel Fontan del Junco y Alejandro Martín Navarro, Valencia, Pre-Textos, 2014, p. 77..

Porque, ciertamente, las elevadas cotizaciones sociales que dificultan la contratación en la medida en que encarecen el despido –al menos mientras no pueda obligarse directamente a nadie a contratar contra su voluntad– operan de facto como impuestos sobre los jóvenes. A lo que habría que añadir el elevado endeudamiento estatal, en parte dirigido a sufragar pensiones y financiar el sistema de salud. Esos jóvenes, sin embargo, no parecen reparar en el expolio así padecido, acaso por abrazar totalidades –sociedad, pueblo, capitalismo– que velan los detalles de una realidad algo más prosaica que combina amplios beneficios sociales con un imparable envejecimiento de la población. Por eso llegan a salir a la calle contra las propuestas de retraso de la edad de jubilación, pensando ingenuamente que tardarán con ello un poco más en «ocupar» el puesto de trabajo abandonado por el futuro pensionista. Por el contrario, la ira se dirige contra el Estado que actúa insensiblemente o el mezquino empresariado, por no hablar del sistema capitalista en su conjunto; rara vez, en cambio, contra los desproporcionados beneficios disfrutados por las clases medias europeas después de su jubilación. He ahí un caso de falsa conciencia que sirve a la clase dominante –los mayores– para perpetuar su dominio.

Se plantea aquí, para empezar, un problema afectivo que dificulta cualquier toma de conciencia colectiva capaz de redirigir la protesta en una dirección más eficaz. Y es que rebelarse contra el sesgo generacional de las políticas estatales –alimentadas por los electorados durante décadas– supone rebelarse contra los propios padres y abuelos: son ellos quienes sufrirían las consecuencias del reequilibrio generacional de aquellas. ¿Cómo ver en ellos al enemigo, si comemos en su casa los domingos? Naturalmente, ese reequilibrio no tendría por qué ser injusto, ni aquellas consecuencias demasiado dolorosas. Pero mejor si se dispone de una explicación alternativa que pueda evitar ese daño y procure, en cambio, a todas las demás el espejismo de una posible universalización de los beneficios disfrutados por esas cohortes generacionales. Esta falsa solución es así preferida, creándose la ilusión de una unidad intergeneracional de intereses allí donde no hay sino el conflicto entre jóvenes y mayores por los recursos monopolizados por estos últimos. En décadas precedentes, singularmente en los años sesenta y setenta del siglo pasado, la ruptura entre padres e hijos fue un hecho repetido en muchas sociedades: bien debido a la presión libertaria ejercida por la cultura juvenil dentro de la sociedad tradicional de posguerra, bien a causa de una línea divisoria política irreconciliable del tipo alemán o español. Ahora, en cambio, mientras los jóvenes permanezcan ciegos a las causas –de orden casi estamental– de su desventaja relativa, esa ruptura no se producirá, y sus energías negativas serán reorientadas hacia un enemigo común a padres e hijos, ya que tampoco los mayores son conscientes de que los beneficios estatales de que vienen disfrutando causan un considerable daño a las oportunidades vitales de sus descendientes.

Análogamente, no han surgido partidos políticos capaces de ejercer la portavocía de ese agravio intergeneracional y de reclamar la mencionada reorganización de las políticas públicas. Es verdad que hay partidos nuevos que reciben un apoyo masivo de los jóvenes, como sucede en España con Podemos y Ciudadanos, frente a la fidelidad que sus mayores muestran hacia los partidos más consolidados. Pero sólo durante el 15-M pudo oírse, y aun débilmente, la voz de la protesta generacional. Es llamativo que Podemos, por razones ideológicas o puramente electorales, haya renunciado a convertirse explícitamente en el partido de la injusticia intergeneracional. Son razones ideológicas las que apuntan a la preferencia por las explicaciones totalizadoras, que desembocan en la propuesta de expandir los actuales derechos sociales hasta que todos puedan disfrutarlos por igual. Son razones electorales las que atienden al obstinado hecho de que el voto joven es menos abundante y más difícil de movilizar que el de los mayores.

Esto último implica que quien desee llegar al poder no puede hacerlo con el apoyo único del voto juvenil y debe apelar al electorado en su conjunto, con la consiguiente disolución programática del problema intergeneracional: se apela por igual al pensionista y al becario. Seguramente un partido que no hiciera tal cosa habría de renunciar desde el principio a la posibilidad de dirigir el gobierno de su país. Pero si se limitara a dar visibilidad en la esfera pública a los intereses de los jóvenes, influyendo con ello sobre el conjunto de la conversación pública, estaría ya rindiendo un beneficio considerable al proceso político de las sociedades tardomodernas. Más aún, un partido de estas características no tendría por qué permanecer indefinidamente en la oposición, ahora que el pluralismo de los electorados nacionales se ha visto fragmentado y los gobiernos de coalición están llamados a convertirse en norma antes que excepción. En cualquiera de los casos, los jóvenes no han tomado conciencia colectiva porque nadie se ha dirigido a ellos como tales, describiéndoles abiertamente su situación en términos de injusticia intergeneracional: esa frase permanece inédita en campaña. En lugar de llamar la atención sobre el sesgo generacional de las políticas públicas, que produce sesgos generacionales en el mercado de trabajo, los jóvenes se rebelan así contra las iniciativas gubernamentales que podrían serles de ayuda, convirtiéndose, de hecho, en un factor que frena de entrada el diseño de otras políticas reformistas antiestamentales: ningún gobierno quiere a los jóvenes en la calle.

Sería deseable, en fin, que los jóvenes europeos tomaran conciencia a tiempo del conflicto que les enfrenta a sus mayores a fin de que negociasen con ellos una redistribución razonable de los recursos públicos, antes de que las manifestaciones se conviertan en formas más violentas de desorden colectivo. Y que lo hicieran, dicho sea de paso, renunciando a las hipérboles que los retratan como «primera generación que vive peor que la anterior», porque ese dibujo en crudo debe hacer sitio a circunstancias atenuantes que matizan la contundencia de la afirmación: por un lado, sus padres vivieron vidas muchos menos experimentales y sus abuelos se jugaron la vida en la guerra; por otro, la pérdida de poder adquisitivo se ve parcialmente compensada por la mayor capacidad de acceder por menor precio, e incluso gratuitamente, a bienes y servicios de mayor potencia que en el pasado. Sería igualmente deseable, aunque improbable, que la psicología de la resistencia inherente a la cultura juvenil perdiera peso en beneficio de una posición más reformista. De lo contrario, como estamos viendo, el populismo de derecha e izquierda –que no por casualidad omite toda mención a la dimensión intergeneracional de los problemas sociopolíticos contemporáneos– tendrá las de ganar. Es sabido que Edipo nunca vio más claro que cuando perdió la vista, arrepentido por una violenta agresión intergeneracional de la que no tenía conciencia. Ojalá no debamos llegar tan lejos, aunque la metáfora nos sirve para describir otra agresión que pasa inadvertida: la perpetrada por los mayores de hoy contra sus jóvenes a través de los medios estatales.
 

13/04/2016

 
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