Otro ciclón en Tailandia

por Julio Aramberri

En estos tiempos, el viajero curioso que llega a Bangkok no deja de percibir un aumento de carga eléctrica en el ambiente. Hace unos pocos días, en el trayecto desde el aeropuerto, mi taxista se topó en la autopista con uno de esos embotellamientos bíblicos que han hecho justamente célebre a la ciudad. Su inglés, como el de la mayoría de sus colegas, era muy deficiente, pero en un alarde de improvisación me espetó un sintagma que desafiaba mi ya de por sí precario oído, zis leshé aaaah jir aguin. Alguien había vuelto, me dije, pero no quedaba nada claro de quién se trataba. Al fin, en una brillante finta neuronal conecté, uno con otro, dos archivos residentes en mi hipocampo, apócope y caló, y se hizo la luz. Los tailandeses tienen serias dificultades para pronunciar la erre y la convierten en una ele, como los chinos de los tebeos antiguos. Los que habían vuelto eran los partidarios de Thaksin, el antiguo primer ministro (sigo aquí la costumbre tai de designar a las personas por su nombre de pila, evitando así la reiteración de apellidos difícilmente pronunciables), es decir, los camisas rojas, red shirts, o leshé en abreviatura fonética tai-cañí. Estaban de manifestación y eso explicaba, según el taxista, el tapón de tráfico.

Pues sí, como pude comprobar más tarde, los leshé estaban ahí de nuevo y en Bangkok se sucedían escenas parecidas a las que ya había yo visto en 2010, pero como el tiempo nunca retrocede, la tensión de entonces había subido de punto. Ahora no se trataba de la ocupación unilateral de espacios públicos por los camisas rojas que, en las semanas anteriores a la brutal represión del 19 de mayo, pedían pacíficamente la celebración de nuevas elecciones. Hasta hace poco, los camisas rojas no tenían razones aparentes para salir a la calle. Yingluck, una hermana de Thaksin, ganó ampliamente en 2011 esas nuevas elecciones por las que habían clamado y se convirtió en primera ministra. Durante los dos años siguientes el país parecía haberse normalizado, pero desde el pasado verano la oposición ha conseguido movilizarse contra una serie de discutidas y discutibles decisiones del Gobierno. Ahora eran sus adversarios quienes buscaban revancha en la calle, con manifestaciones y ocupaciones, y los leshé veían otra vez amenazados sus sucesivos triunfos en las urnas.

Es una historia vergonzosa. Desde el primer triunfo electoral de Thaksin en 2001 hasta hoy no ha habido ninguna elección en Tailandia que no haya sido ganada por él o por sus partidarios. Y, con inveterada monotonía, esos triunfos han sido invalidados una y otra vez por maniobras autoritarias. En 2006, poco antes de que se celebrasen nuevas elecciones, el ejército intervino para evitar otro previsible triunfo de Thaksin. Tras un corto paréntesis marcial para, según decían sus líderes, restaurar el orden con la nueva Constitución de 2007, que a la postre sólo apañaba nuevos y mejores blindajes para el orden político tradicional, los militares se retiraron a sus cuarteles y dejaron la política en manos de los civiles. Los golpistas y sus seguidores habían sido demasiado optimistas. Las nuevas elecciones de 2007 dieron otro triunfo a los leshé y sus representantes formaron un gobierno de coalición con varios partidos menores. Su vida iba a ser azarosa. A finales de 2008, el Tribunal Constitucional, usando los poderes que le otorga la Constitución, disolvió el principal partido que lo apoyaba porque uno de sus dirigentes había cometido un problemático fraude electoral. En medio de la confusión, y bajo el fuego graneado de importantes grupos de presión, el nuevo partido formado por los antiguos diputados leshé perdió apoyos parlamentarios y tuvo que ceder el gobierno a Abhisit, el candidato del Partido Demócrata, rotundamente tronzado en las urnas antes de que el Constitucional pusiese en marcha ese golpe de Estado judicial.

La Constitución de 2007 acoge, junto a los tres poderes tradicionales, una serie de órganos independientes con amplísimas facultades para intervenir en la vida política del país. Uno es el Tribunal Constitucional. Como la de otros similares, su misión es el control de la constitucionalidad de las leyes y otras disposiciones, incluyendo la forma en que se ejecutan. La toma en consideración del Constitucional acarrea la inmediata suspensión de la norma hasta que se produzca su decisión y, si esta resulta condenatoria, el propio tribunal puede imponer penas como la disolución de los partidos o la inhabilitación electoral de sus miembros. La Junta Electoral, por su parte, vela por el cumplimiento de las normas electorales e investiga posibles fraudes. Sus conclusiones tienen también importantes consecuencias. Si algún candidato ha conseguido su escaño de forma fraudulenta, su nombramiento será invalidado y, si hay constancia de que algún dirigente de su partido contribuyó al engaño por acción u omisión, todo el partido será considerado cómplice del fraude y el Tribunal Constitucional podrá disolverlo. El tercer órgano es la Comisión Nacional Anticorrupción. Tiene amplísimos poderes para investigar casos de eventual corrupción de políticos y altos funcionarios; controla sus declaraciones de patrimonio e investiga casos de enriquecimiento exagerado; prepara cargos penales contra políticos corruptos; y controla la moral de quienes desempeñan cargos políticos. Por su composición y por la vaguedad de sus atribuciones, estos órganos tienden a obstaculizar de consuno con la oposición del partido demócrata la acción de gobierno.

Pese a saber que esta partida la juegan con las cartas marcadas de sus contrarios, el gobierno de Yingluck ha adoptado una serie de medidas que se han vuelto en su contra en este fatídico mes de noviembre. La primera es el resultado de una simpleza: esperar que los consumidores internacionales pagasen sus promesas populistas a los campesinos. El Gobierno compró a éstos su arroz a precios superiores a los del mercado internacional, contentando así a sus votantes. Luego lo almacenó en espera de que los precios se disparasen por la menor oferta y así poder venderlo más tarde sin pérdidas finales. La estrategia reventó, como era de prever. India y Vietnam mantuvieron los precios y hundieron al gobierno tai en una deuda abismal. Oscuramente, al tiempo de una alerta del Fondo Monetario Internacional a principios de noviembre, el Gobierno ha apuntado que muchos campesinos van a tener que esperar para cobrar lo que se les adeuda. No parece que el anuncio haya entusiasmado a muchos de sus votantes.

Hay una segunda herida autoinfligida y tiene el mismo apellido que Yingluck… Shinawatra. Es su hermano Thaksin, el antiguo primer ministro, fugado del país para evitar una condena por corrupción. Thaksin puso en juego todo su enorme peso político para lograr que el Gobierno lo amnistiase. «Hay que empezar de cero», clamaba desde Singapur, y el gabinete envió al parlamento un proyecto de ley que no sólo liquidaba sus deudas con la justicia y preveía devolverle parte del patrimonio que gobiernos anteriores le habían congelado sino que, en un pretendido esfuerzo de reconciliación nacional, la amnistía incluía también a los responsables de la represión de mayo de 2010. Los sectores más radicales de los leshé no tardaron en mostrar su desencanto. El proyecto de ley murió en el Senado, pero dio lugar a crecientes manifestaciones en su contra por parte de la oposición. Ese fiasco monumental e injustificable ha puesto al Gobierno en serios apuros. Los tiburones olían la sangre en el agua y diversos grupos de opositores han exigido la celebración de nuevas elecciones, la dimisión de Yingluck y el fin de la era Thaksin con llamadas abiertas a la subversión acompañadas de manifestaciones y ocupaciones de edificios públicos en los últimos días.

El tercer tropiezo se lo deben al Tribunal Constitucional. La Constitución de 2007 había impuesto otro mecanismo estabilizador de los poderes tradicionales. El Senado tailandés, cuyas competencias son muy similares a las de la Cámara de Representantes, tiene una composición escasamente representativa. No sólo hay un senador por cada una de las provincias, lo que otorga a todas el mismo peso, sino que la otra mitad de senadores son designados por los mismos altos funcionarios que deciden la composición de los llamados organismos independientes. El gobierno de Yingluck puso en marcha una reforma constitucional, luego aprobada por el parlamento, para que el número de senadores se ampliase a doscientos y fueran todos ellos elegidos por votación popular. Por su parte, el Constitucional ha juzgado que la reforma no se ajusta a la Constitución. Sus argumentos rechinan en los oídos de cualquier jurista serio, pero revelan la concepción de la democracia que tiene una mayoría de sus jueces. La reforma propuesta, según ellos, supone un intento ilegítimo de alzarse con el poder y podría llevar al derrocamiento de la monarquía. Adicionalmente, dicen, daría a los políticos un control total del parlamento, en un paso atrás para el país. Es decir, un gobierno elegido democráticamente no puede reformar al Senado y convertirlo en una cámara menos manipulable por los burócratas que designan a la mitad de sus miembros, o por sus patronos.

No es de extrañar que los leshé estén creando embotellamientos de tráfico.

29/11/2013

 
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