La crisis de las tijeras

por Julio Aramberri

«Soy amiga del ministro de Defensa». Con un repique de orgullo así me lo espetaba Ta, una estudiante tailandesa en uno de los cursos para graduados del programa Erasmus Mundus en los que a veces me invitan a participar. Aunque fuera nuestro único medio de comunicación, el inglés no era su lengua materna ni la mía, con lo que no me quedaba claro qué mensaje quería trasmitirme. La expresión que usaba para definirse como amiga del ministro era girlfriend y esa palabra tiene diversas traducciones posibles al castellano, con importantes matices según que el artículo que le preceda sea indefinido o no. Ser una amiga o una de las amigas de alguien puede nombrar una relación más o menos trivial; ser la amiga de tan eminente personaje habitualmente implicaría algún amorío clandestino.

Al hilo de mi asombro (nos habíamos conocido hacía muy poco y su anuncio se me antojaba tan ocioso como extemporáneo), Ta se creyó en la obligación de explicarse. «A veces me llaman de su escolta y me dicen que me necesita para acompañarlo en alguna actividad, que van a pasar a buscarme en un rato y que me vista para la ocasión. Cuando terminamos, me devuelven a casa». Como el asunto no me interesaba demasiado, no le sonsaqué cuál era la índole de sus actividades o cuánto tardaban Ta y su ministro en acabarlas, pero ella se había embalado. «Me ha ayudado mucho. Es amigo de mi padre, aunque algo más joven que él. Se conocían del pueblo, pero mientras que mi padre se quedó allí, él entró en la academia militar y fue ascendiendo. Es muy brillante. Yo le caía bien, así que hace unos años, al acabar mi bachillerato, me ofreció un puesto en uno de los departamentos que controla en Bangkok. El sueldo era decente y el trabajo escaso, así que pude continuar con mis estudios y sacarme un título. Si ahora estoy aquí, también se lo debo a él. Entretanto, como no puedo salir mucho porque tengo que estar pendiente de que me llamen de su escolta, me he comprado ya una casa con los ahorros y he dado una entrada para otra. Si te interesa alquilarla puedo hacer que te la enseñen». Al fin quedaba claro el objeto de tan largo circunloquio. No sólo era Ta ahorrativa; tampoco perdía comba. Al principio de nuestra conversación yo me había hecho lenguas de Bangkok y de lo atractiva que me resulta esa ciudad y había apuntado también la posibilidad de quedarme a vivir allí cuando me llegase la edad del retiro, lo que animaba a Ta a mirarme con la misma ternura con que se mira a una cuota para la amortización de la hipoteca.

He perdido ya su pista pero imagino que, de haber vuelto a Bangkok y de seguir trabajando en la burocracia pública, hoy andará de manifestación en manifestación con un silbato en la mano para pitar falta al Gobierno de Yingluck Shinawatra como tantos otros miles de sus colegas en el funcionariado. Sin saberlo, Ta me había dado una lección rápida y eficaz sobre la importancia de las redes de patronazgo en Tailandia, anticipando con ello algo de la explicación de lo que actualmente sucede en ese país. Desde hace cinco meses Bangkok asiste a una asonada ilegal, de sospechosa financiación y aún inconclusa en contra del Gobierno elegido por una mayoría de tailandesas y tailandeses en las elecciones de 2011.

La constitución actualmente vigente, impuesta en 2007 por los militares tras el golpe del año anterior en contra de Thaksin Shinawatra, cuenta con instituciones democráticas básicas (elecciones libres, separación de poderes, multipartidismo, libertades públicas) pero, al tiempo, impone serios límites a la acción del Gobierno y al ejercicio de los derechos individuales. La constitución ha dado vida a unos llamados órganos independientes (tribunal constitucional, junta electoral y agencia anticorrupción) compuestos por representantes de camarillas burocráticas y con amplísimas facultades para intervenir en la vida política del país. La garantía final de sus decisiones está en manos del poder militar, apoyado en la legitimidad de la monarquía y respaldado por las elites financieras y culturales más tradicionales. En definitiva, la constitución traduce a los usos locales el modelo de una democracia rigurosamente controlada por poderes no elegidos que diseñara Lee Kwan Yew para el Singapur poscolonial y ampliamente imitado por los regímenes no comunistas del sudeste asiático.

El modelo, empero, tiene cada vez más dificultades para funcionar en Tailandia. Sus representantes políticos (fundamentalmente el Partido Demócrata) no han conseguido ganar una sola elección desde los años noventa y los gobiernos populistas de Thaksin y de sus seguidores han despertado deseos de participación política en sectores sociales que anteriormente se sabían desplazados, pero que, hasta cierto punto, aceptaban sumisamente su postergación. Desde el principio de este siglo estamos asistiendo en Tailandia a un intento de recomposición de la crisis de las tijeras.

La llamo así por el debate sobre política económica en la Unión Soviética en 1923. En aquel tiempo, Trotski alertaba del peligro que para la revolución socialista latía en la creciente disparidad entre precios industriales y agrarios. Mientras los primeros habían crecido hasta un 290% sobre los de 1913, los últimos se habían reducido al 89% desde entonces. La consecuencia inmediata, decía, sería una reducción de la producción agrícola porque los campesinos carecían de incentivos para aumentarla. Dadas las circunstancias, preferían mantener una economía de subsistencia antes que aumentar sus suministros a las ciudades. La consecuencia final iba a ser el estrangulamiento de la revolución. Como sabemos, el debate se cerró con la colectivización agraria y una brutal represión del campesinado que aseguró la desigualdad de los términos de intercambio entre ambos sectores. Lo que, a la larga larguísima, aseguró el hundimiento del régimen comunista, pero eso es harina de otro costal.

El debate de las tijeras reverdeció en los años setenta cuando las economías de muchos países africanos entraron en un pronunciado declive, con caídas en sus tasas de crecimiento, renta per cápita, inversiones y exportaciones. Como lo recordaría David Cowan (The World Bank: Urban Bias and Structural Adjustment, 1994), esa fase de depresión marchaba en paralelo con el crecimiento de la población urbana debido a la emigración campesina hacia las ciudades. Muchos economistas pensaron entonces que esa urbanización excesiva había impuesto un aumento de inversiones infraestructurales que eran menos productivas para las sociedades en desarrollo. Adicionalmente, insistían en que los términos de intercambio entre el sector agrario y el urbano (industria y servicios) se deterioraban por efecto de políticas que, como la sustitución de importaciones, favorecían un sesgo a favor del último (urban bias). Michael Lipton (Why People Stay Poor: A Study of Urban Bias in World Development, Cambridge, Harvard University Press, 1977) añadiría que ese sesgo urbano no era sólo un efecto de la economía intersectorial, sino también un fenómeno político. Vivir en las ciudades aseguraba un acceso preferencial a bienes públicos como la sanidad o la educación, lo que favorecía la emigración. Para Lipton, pues, el conflicto básico en los países pobres no era el enfrentamiento de trabajo y capital, o el de los sectores más internacionalizados con los locales, sino la diferencia entre las clases rurales y las urbanas. Con independencia de discusiones refitoleras sobre si esto último puede considerarse un fenómeno clasista o no, Lipton no se encerraba en un regeneracionismo comunitarista para recordar, nostálgico como tantos ecologistas de hoy, qué verde era mi valle. El sesgo urbano, recordaba, no se combate haciendo más difícil la emigración a las ciudades, sino ampliando el acceso a los bienes públicos a todos los grupos sociales.

Si se mira con detenimiento, no otra era la solución propuesta para el futuro desarrollo de Tailandia por Thaksin, y sigue siéndolo con el actual Gobierno de su hermana Yingluck. No es contradictorio que los Shinawatra, típicos representantes de un sector de la economía tan globalizado como las telecomunicaciones, coincidan en sus propuestas políticas con los deseos de los campesinos empobrecidos del Isan o de los camisas rojas de la economía informal urbana. Mientras que para estos la reducción del sesgo urbano es una reivindicación igualitaria, para los capitalistas más globalizados representa una reducción del proteccionismo que tradicionalmente ha beneficiado a los sectores más localistas. Sin duda, el clan Shinawatra no es ajeno a la corrupción ni al populismo. La promesa de comprar arroz a los campesinos a precios superiores a los del mercado internacional, que tantos quebraderos de cabeza está dando a Yingluck, aspiraba, en una maniobra miope, a que fueran los consumidores internacionales quienes pagasen los costes. Pero no era la prueba del nueve de que el suyo sea necesariamente un régimen corrupto hasta la médula, como denuncian los seguidores de Suthep, el caudillo de los opositores, que, por su parte, amén de haber participado durante años en el sistema de la corrupción tradicional, aspira a barrer hasta los más elementales aspectos democráticos de la escena política tailandesa.

Estos matices hacen enormemente complicado el análisis de la crisis política en Tailandia, que enfrenta entre sí a sectores económicos y políticos partidarios del sistema tradicional de patronazgo, tan beneficioso para Ta y su amigo el ministro, con otros para quienes el mantenimiento del tinglado actual representa un traba inaceptable al desarrollo y a la igualdad de oportunidades en el país. Ambos sectores tienen partidarios entre el resto de los grupos sociales, sean urbanos o campesinos, mientras que la relación de sus fuerzas mutuas parece estar bastante igualada.

No es una sorpresa que, entre tanto, las tijeras sigan sin cerrarse.

11/03/2014

 
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