¿Seremos arruinados por las empresas farmacéuticas?

por Francisco García Olmedo

Cuando por imperativos humanitarios, y gracias a la proximidad de las elecciones generales, los enfermos españoles de hepatitis C están recibiendo por fin su ansiada medicación, pasando por el aro del macabro chantaje de la empresa Gilead Sciences, es urgente reflexionar sobre la súbita aparición en el mercado de varios nuevos fármacos cuyos delirantes precios amenazan con arruinar a individuos, familias, instituciones e incluso Estados. ¿Están justificados estos precios? ¿Debemos tolerarlos? ¿Cómo van a pagarse?

En una rueda de prensa celebrada el pasado mes de noviembre en Boston, el Tufts Center for the Study of Drug Development anunció que había calculado que el coste para las empresas farmacéuticas de desarrollar un nuevo medicamento era de 2.600 millones de dólares. En 2003 habían estimado dicho coste en 802 millones, una cifra que es más de tres veces inferior. La cifra recién anunciada está protagonizando ya el debate sobre el precio de las medicinas, antes de que los métodos y datos detallados del estudio hayan podido ser sometidos al escrutinio de los pares. Por ejemplo, está utilizándose para justificar el desmesurado coste de algunos medicamentos nuevos y para apoyar la concesión de períodos de exclusividad más largos que los actuales. Estas circunstancias han motivado un incisivo editorial del Dr. Jerry Avorn y una contrarréplica de los autores del cálculo, en las páginas de The New England Journal of Medicine. Póngase por delante que, además, el Centro Tufts, que es una institución universitaria sin ánimo de lucro, supuestamente independiente en sus investigaciones, recibe casi la mitad de su apoyo financiero de las propias empresas farmacéuticas.

Resulta esencial una rigurosa auditoría del estudio que da lugar a la fatídica cifra. Este se basó, al parecer, en datos de diez fabricantes no identificados de fármacos, y de más de un centenar de compuestos supuestamente «autooriginados» en dichas empresas, cuya identidad no se facilita ni es probable que se facilite, imposibilitando así una revisión transparente del estudio.

Es obvio que, para la supervivencia de las empresas, éstas deben obtener unos justos beneficios tras su inversión y que, al calcularla, hay que tener en cuenta no sólo los gastos específicos del desarrollo del producto que llega al mercado, sino también los de disipados en otros compuestos cuyo desarrollo hubo de ser interrumpido al surgir contraindicaciones. Es crucial poder contrastar si, efectivamente, cuatro de cada cinco nuevos compuestos ensayados deben ser abandonados antes de intentar su aprobación. ¿Podrían las compañías reducir los costes de desarrollo seleccionando mejor los compuestos a ensayar o abandonando más tempranamente los que no son prometedores? ¿Está maquillada esta cifra?

En un informe anterior de la misma procedencia se señalaba que casi la mitad de los costes de desarrollo eran financieros y sólo el resto eran realmente originados de modo directo por la investigación. A este respecto, señala Avorn que, en el citado estudio, los gastos financieros se estimaron en un 10,6%, mientras que las empresas vienen a pagar por su bonos entre el 1% y el 5%. Por otro lado, las farmacéuticas se encuentran entre las empresas que mantienen una mayor proporción de sus beneficios fuera de sus fronteras y, dicho sea de paso, probablemente eludiendo buena parte del pago de impuestos at home and abroad.

No se incluye en el estudio la considerable aportación pública al desarrollo de fármacos, sea como subvenciones, sea en forma de investigación realizada en centros públicos. Para alcanzar la exorbitante cifra tampoco tienen en cuenta hasta qué punto muchos de los nuevos fármacos han sido adquiridos a empresas de menor calado más íntimamente asociadas a la investigación pública. Avorn llama la atención sobre el hecho documentado en un estudio reciente de que más de la mitad de los fármacos más innovadores de las últimas décadas se han originado en centros universitarios sin ánimo de lucro.

Volviendo al caso de Gilead Sciences, empresa que parece fundada por Jack el Destripador (el medicamento te cura pero puede «destriparte») o por Al Capone, hay que señalar que no ha sido responsable del desarrollo de su fármaco estrella, el sofosbuvir (Sovaldi en su nombre comercial), sino que lo adquirió a una pequeña compañía fundada por su descubridor, un miembro del claustro de la Universidad Emory cuyas investigaciones fueron financiadas con dinero público. Gilead pagó por el fármaco unos once mil millones de dólares a finales de 2011. Éste se aprobó a finales de 2013 y la compañía recuperó por completo su inversión en 2014. Si esto no es un atraco, ya me dirán qué es lo que es.

30/06/2015

 
COMENTARIOS

m.martin 01/07/15 14:53
La avaricia siempre suele terminar con la ética profesional.
¡¡Que fácil es robar cuando se juega con la salud¡¡

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