ARTÍCULO

Un laboratorio para la historia política

 

En un perceptivo e inteligente reportaje sobre las relaciones entre Portugal y España, Ignacio Carrión recurría a la imagen de «siameses unidos por la espalda» para describir el actual estado de cosas entre los dos países. Bien escogida, la metáfora resume la trayectoria de unas relaciones en las que interés e indiferencia vienen sucediéndose alternadamente. Desde el observatorio español, Portugal ha acabado así por configurarse como una realidad situada a la vez «cerca y lejos», según ya sugería un perspicaz cartel turístico surgido al calor de la revolución de los claveles. Ni siquiera los procesos de globalización y europeización en los que andamos inmersos han conseguido modificar tan particulares coordenadas. Antes al contrario: tal y como se recoge en ese mismo reportaje, la reciente y agresiva penetración española en el espacio económico portugués ha activado una memoria de nación cuyos lugares se levantaron sobre un sustrato de antiespañolismo cuidadosamente trabajado desde el 1 de diciembre de 1640. Y cuya vitalidad pudo ponerse de manifiesto en algún que otro incidente protocolario ocurrido a raíz de la celebración de la Expo lisboeta de 1998.

Fuertemente enraizado en el imaginario colectivo, el movimiento iniciado en 1640, la revolución portuguesa, proyecta así su sombra sobre los comportamientos actuales, desempeñando un decisivo papel en el proceso de reafirmación identitaria y recordando finalmente –como hace notar la profesora y psicoanalista María Belo– que Portugal «se hizo a sí misma contra una madre muy poderosa, muy fuerte, fálica y castradora». Consideraciones psicoanalíticas aparte, la interpretación en cuestión carga a España con unas responsabilidades que debieran quizás imputarse a un distinto sujeto (la monarquía hispánica), aunque la imputación, como ya se advierte, no deja de tener su sentido. Es toda una concepción de la historia política lo que en última instancia está en juego: la presencia de España, su propia figuración como una entidad ya estatal, resulta imprescindible a la hora de establecer el papel de estadonación oprimido que reflejamente corresponde desempeñar a Portugal en esa historia. De esta forma, a los sucesos de 1640 no parece cumplirles otro cometido que el de demostrar la decidida voluntad de los portugueses de «recuperar la independencia perdida» y, con ello, de «conservar su identidad nacional».

Planteadas así las cosas, se comprenderá que la aparición de un nuevo libro sobre el acontecimiento-origen no tenga por qué constituir (no al menos necesariamente) motivo de alborozo. Si el que aquí comentamos lo produce se debe a la voluntad de su autor de romper con ese corsé interpretativo, de abandonar definitivamente un paradigma cuyos supuestos de fondo tampoco es que puedan decirse exclusivos de la historiografía portuguesa. Le Portugal au temps du Comte-Duc d'Olivares (1621-1640) es un trabajo de historia política o, más exactamente, una demostración de cómo puede hacerse una historia política que poco tiene que ver con la forma en que esta última viene todavía entendiéndose y practicándose. Y cuya proyección, según ya se ha apuntado, no resulta precisamente irrelevante. Más que Portugal, es en realidad la política el territorio que Schaub procede a explorar, convencido de que la cartografía disponible no resulta quizás la más segura para transitar por el mismo. Su libro se ofrece como una indagación acerca de la naturaleza y lugares de ese territorio en los veinte años que precedieron a la revuelta, un período que corresponde exactamente con el valimiento del conde-duque de Olivares y a lo largo del cual la monarquía se convirtió en un auténtico laboratorio de experimentación política.

Que esa llamada a repensar la historia política se efectúe desde el santuario de la historiografía francesa (la École des Hautes Études en Sciences Sociales), no deja, por lo demás, de tener su gracia. Sabido es que entre los méritos de esa historiografía se cuenta (o se contaba hasta hace poco) el de haber llevado a cabo una exitosa operación de acoso y derribo de la historia política. Con una intensidad tal que, de tradicional vertebradora del relato histórico según la entendía Ranke a mediados del siglo XIX, la historia política acabaría convertida un siglo después en simple «refuge des passions et de jugements gratuits», tal y como en este caso propugnaba el propio Braudel. Bien es verdad que el événement-choc de mayo del 68, con su reivindicación de la «autonomía» de la política, impondría algunas rectificaciones. Se planteó entonces, en efecto, como hizo Jacques Le Goff, la posibilidad de que la historia política pudiera volver a convertirse en «la espina dorsal de la historia», pero estaba claro que la rehabilitación debería guardar estricta fidelidad a los principios de la escuelaiglesia (Annales) que había estado en el origen de ese movimiento: es decir, abandono de toda la ganga evenemencial y, simultáneamente, aceptación indiscutida de los métodos de las ciencias sociales fuertes.

La reflexión de Schaub asume como propio ese point de départ, aunque la trayectoria luego seguida quede lejos de un disciplinado sometimiento a las orientaciones marcadas. Su focalización investigadora en el ámbito ibérico resultaría decisiva a este respecto. Así, la militancia de Schaub denunciando la incapacidad de las categorías estatales para rendir cuenta del orden político del Antiguo Régimen, con su exigencia alternativa de comprensión de ese orden en clave de una sofisticada arquitectura interna de jurisdicciones, sólo se entiende a partir de la influencia ejercida por la obra renovadora de Antonio Manuel Hespanha y por la de algún que otro colega ibérico también historiador del derecho (Bartolomé Clavero). Instalado en el paradigma jurisdiccionalista, diseñado en lo fundamental por otro jurista del sur, Pietro Costa, Schaub argumenta razonablemente sobre la no pertinencia de los conceptos de «estado» y «nación», rechazando que tanto la oposición entre estas últimas como el irresistible ascenso del primero continúen ejerciendo como fábricas de inteligibilidad de la vida política de los siglos XVI y XVII. Un rechazo que, siguiendo con esa lógica, se hace extensivo al utillaje conceptual (soberanía, centralización, burocracia, espacio público) y a los reductores antagonismos (obediencia vs. revuelta, centro vs. periferia, absolutismo vs. pactismo) que informan el relato de la historia política. Despejado el camino, Schaub procede a concretar su alternativa, discretamente enunciada en el subtítulo del libro: «El conflicto de jurisdicciones como ejercicio de la política». De acuerdo con esa propuesta, el orden político portugués aparece organizado en torno al concepto de iurisdictio, emanación directa de una activa cultura jurídico-teológica de cristiandad que, lejos del monismo estatal, puebla el espacio político de una diversidad de instancias autónomas de autoridad, habilitando un pluralismo político que facilita la transversalidad entre ellas y pone en cuestión el pretendido protagonismo de los bloques nacionales. Desde esa pluralidad jurisdiccional, la dinámica política del sistema se produce, en efecto, como un permanente ejercicio de confrontación y composición de jurisdicciones. La posibilidad de llevar a cabo una nueva historia política del Antiguo Régimen exige así, como paso previo, la depuración y reconstrucción de un vocabulario cuyos conceptos aparecen fuertemente contaminados por las categorías estatales. No por ello la propuesta de Schaub se resuelve en un alegato a favor de una historia política estrictamente conceptual. Sobre esa orientación, últimamente tan en alza, planea siempre el peligro de devenir simple genealogía retrospectiva pero, sobre todo, de por medio está el hecho de que la autonomía que así vendría a reconocerse al discurso político convertiría en algo irrelevante la conexión entre tejido social y entramado institucional que conforma el sistema corporativo, fábrica en la que, después de todo, se elabora y cobra sentido la propia producción conceptual. Consciente de ese desafío, Schaub no rehúye implicarse para su resolución en una interesante apuesta historiográfica: vertebrar una historia del poder en la que la aportación annaliste de última generación pudiera conciliarse con las exigencias de la nueva historia conceptual/contextual. Algo así como atrapar a Brunner, Koselleck o el propio Skinner dentro de «las mallas del poder» de Foucault y, de paso, sacar a la historia política de Annales del relativo callejón sin salida en el que actualmente se encuentra.

Dado el carácter casi confesional del que en Francia –y fuera de Francia– disfruta «la historia de Estado del Estado», la apuesta no puede decirse que carezca de dificultades. El apostante, en cualquier caso, no se ha amilanado ante ellas. Su Portugal constituye una cumplida y consecuente demostración a este respecto. Y no tanto –o no sólo– por el enorme volumen de material que ha sido necesario remover cuanto, más decisivamente, por el grado de coherencia interna que acredita el propio material seleccionado en relación con sus postulados. Evitando concentrarse en un solo tipo de fuentes o de manipular el material alegremente, como si su procedencia no importase, Schaub atiende cuidadosamente a la diversidad y representatividad de los contextos sociales, culturales e institucionales en los que los documentos se han elaborado. Lejos de un relato plano de los hechos, operando con esa información como un bricoleur, el autor propone una lectura del valimiento de Olivares estructurada sobre tres grandes cuestiones: el análisis de las novedades fiscales destinadas a financiar el proyecto de integración de los reinos de la monarquía, la designación en 1634 de Margarita de Saboya como virreina y, por último, la crisis política de los años 1638-1639. De esas tres cuestiones, es sobre todo la segunda de ellas la que permite apreciar la complejidad de lo que en esos momentos significaba «hacer política». En sí misma, la designación como virreina de quien era nieta de Felipe II y prima de Felipe IV no dejaba de ajustarse a las reglas de juego tradicionales: el virreinato de sangre no era, en efecto, sino una forma reconocida de dar contentamiento a las exigencias constitucionales de un cuerpo político condenado a vivir sin su cabeza. No obstante, la novedad y fundamental diferencia de esa designación respecto de anteriores situaciones radicaba en la presencia, junto a la virreina, de dos consejeros castellanos, uno de ellos (el marqués de Puebla) primo del favorito de Felipe IV (aunque no hechura suya) y tácito valido de la representante del monarca, con unas atribuciones que le situaban por encima de la magistratura ordinaria del reino. A diferencia de las novedades fiscales que se habían producido con anterioridad, cuyo alcance había podido reconducirse, la superintendencia ejercida por el marqués suponía una abierta ruptura con el espíritu de Tomar, confiriendo así un inequívoco carácter constitucional a la crisis que desde entonces quedó abierta. Al tiempo y, paradójicamente, la dinámica desestabilizadora abierta por esa nueva situación tendía a abastecerse más de la falta de entendimiento de los recién llegados con los hombres de Olivares en Portugal que de una supuesta resistencia regnícola: el reiterado «sabotaje» a las decisiones de la corte madrileña que desde entonces se constata será sobre todo consecuencia del enfrentamiento entre Diego Soares –el valido portugués de Olivares– y el marqués de Puebla, organizador de un cenáculo de protestantes y finalmente convertido en uno de los líderes de la parcialidad infecta al decir del propio Soares.

Las contradicciones dentro de la cúpula de poder en Portugal confirman así las sutilezas de un juego político cuyas claves distan de ajustarse sin más a un modelo de antagonismos nacionales. Una impresión que, cambiando la escala de observación, se deduce asimismo del seguimiento de una serie de jurisdicciones especiales castellanas establecidas en territorio portugués, exhibidas, por otra parte, como demostración de la modernidad absolutista que pretendidamente acompañó la acción reformista de Olivares. Sin embargo, las juntas encargadas de velar por la aplicación de la jurisdicción militar en los presidios castellanos en Portugal, administrar la exportación de la sal o combatir el contrabando, se atuvieron estrictamente a los parámetros de excepcionalidad y unicidad jurisdiccional contemplados por el sistema del ius commune, sin servirse de ese momento comisarial para habilitar un tipo de gestión y un modelo que pudiera decirse administrativo, moderno si se quiere. La fidelidad para con los principios aprendidos se acompañaba en la práctica de una actuación, a escala local, sustentada sobre la complicidad de redes de amistad y clientelismo antes que por un ejercicio propiamente comisarial. Por lo mismo, la posibilidad de que, como consecuencia de esa actuación, llegara a dibujarse una línea continua de «frentes nacionales» se difuminaba ante el mestizaje de alianzas que imponía la lógica misma de ese sistema. En su lugar era un complejo campo de fuerzas jurisdiccionales, abiertas a toda suerte de transversalidades, lo que aparecía. Ellas, finalmente, determinaban la política del Portugal de Olivares.

En 1631, Antonio de Sousa de Macedo no tenía mayor inconveniente en proclamar que Flores de España, el título de su libro escrito en castellano y editado en Lisboa, constituía el pórtico más adecuado para acoger, como subtítulo, a unas Excelencias de Portugal de las que pasaba a dar cuenta. Leyéndolo, surge inevitable la convicción de que entre el discurso nacionalista fuerte y los alegatos irredentistas (no menos nacionalistas) presentes a uno y otro lado de la raya, se nos ha escatimado el reconocimiento y las enseñanzas de una extinguida cultura común que permitía composiciones políticas más flexibles y cuya consideración, sin mayor fascinación reverencial, no resultaría ociosa en el momento presente. No es mala guía para ello el libro de Jean-Frédéric Schaub. No es seguro que vaya a funcionar como un anti-Edipo pero, acaso, puede ayudar a que los hermanos siameses empiecen a mirarse frente a frente.

01/08/2002

 
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