Se conmemora –o, mejor dicho, se recuerda con mayor o menor fortuna– a lo largo de este año el 75 aniversario de diversos acontecimientos relacionados con la Segunda República española, aquel régimen proclamado «la más alegre mañana de abril» (Fernando Fernán-Gómez) en medio de una gran fiesta popular, que llegó a suscitar un júbilo y una convergencia de aspiraciones desconocidas hasta entonces en la historia española contemporánea. Tan desconocidas como posiblemente desmedidas: se crearon grandes expectativas para una sociedad surcada de profundas desigualdades sociales, económicas y territoriales, políticamente atrasada, y todo ello desde una precaria base real, quizá lo que Manuel Tuñón de Lara calificó como «una ensoñación colectiva». Y, sin embargo, merece la pena recordar que la proclamación de la República dio origen a la apertura de un proceso constituyente, culminado con la aprobación de la Constitución de 1931, un texto novedoso y modernizante, que debía aplicarse sobre un país atrasado política y económicamente, aunque atravesara un momento culturalmente brillante, aquejado de profundos conflictos sociales e ideológicos y sin verdadera cultura democrática. A la postre, un texto que se hizo acreedor a no caer en el olvido por sus elementos innovadores (democracia constitucional, laicismo, derechos y libertades de los ciudadanos, etc.), su modernidad y su valentía para afrontar problemas enquistados en la historia española: uno de ellos, sin duda, la organización territorial del poder estatal o, dicho de otra forma, la articulación en el conjunto de España de comunidades diferenciadas con aspiraciones de autogobierno. Precisamente una de las novedades más importantes de la Constitución de 1931 fue su intento de resolver el llamado «problema regional», que se presentó ante las Cortes constituyentes –aunque fuera mucho más amplio– como la «cuestión catalana». Para ello, de entrada, el artículo 1 definía la República como un «Estado integral, compatible con la autonomía de los municipios y las regiones». Se acuñaba así un nuevo concepto, el «Estado integral», que en realidad era un compromiso entre los defensores del federalismo y del Estado unitario y que, como explicó Jiménez de Asúa, en el discurso de presentación del proyecto constitucional, aspiraba a convertirse en «un gran Estado integral, en el que sean compatibles, junto a la gran España, las regiones, y haciendo posible, en este sistema integral, que cada una de las regiones reciba la autonomía que merece por su grado de cultura y progreso».
Hoy sabemos que no fue precisamente fácil la puesta en marcha de este novedoso intento descentralizador del Estado español: con ciertas dificultades se puso en marcha el Estatuto catalán (1932); el Estatuto vasco sólo consiguió entrar en vigor iniciada la Guerra Civil (1936); y posteriormente el gallego, aunque plebiscitado favorablemente, ni siquiera lograría estar vigente. En cualquier caso, la Constitución republicana de 1931 y la solución que otorga al «problema regional» son el punto de partida inexcusable para entender este libro, cuyo eje central es la relación de Manuel Azaña con la autonomía política de Cataluña, contemplada desde una serie antológica de discursos políticos parlamentarios y extraparlamentarios. Afortunadamente, para su mejor comprensión, la obra cuenta con un excelente estudio preliminar de Eduardo García de Enterría, que a su reconocido prestigio como jurista suelda una honestidad y curiosidad intelectual fuera de lo común.
La originalidad en la selección de textos de Azaña que lleva a cabo García de Enterría –y que, como toda selección, implica límites, y discusión, por tanto, sobre lo que se echa en falta o lo que sobra– reside en que no se ha limitado a incluir sus más conocidos discursos parlamentarios, verdaderamente extraordinarios, sino que ha intentado mostrar la génesis de su pensamiento sobre la autonomía catalana desde los albores de la República hasta los estertores de la misma al concluir la Guerra Civil. Así, junto a los cinco discursos parlamentarios más importantes de Azaña en las constituyentes –uno perteneciente al debate constitucional de 1931, y los cuatro restantes al debate del proyecto de Estatuto catalán en 1932–, encontramos otro pronunciado en Barcelona en 1930 –previo al Pacto de San Sebastián–, algunas anotaciones de Azaña en su «Cuaderno de la Pobleta» (1937) y un par de artículos de la serie que Juan Marichal (a quien verdaderamente se debe el inicio de la recuperación de la figura de Azaña) recopiló en la edición de sus obras completas y que agrupó con el título de Artículos de la guerra de España, escritos entre 1939 y 1940.
El núcleo fundamental del pensamiento de Azaña sobre la autonomía de Cataluña se encuentra sin duda en sus discursos parlamentarios en las Cortes constituyentes republicanas en 1931 y 1932, cuando se debaten la Constitución y el Estatuto de autonomía catalán. Muchas veces se ha dicho que el discurso de mayor repercusión política de Azaña en las Cortes fue el del 13 de octubre de 1931, cuando se discute el tratamiento del «problema religioso» en el texto constitucional, pero hay mayor unanimidad en reconocer (lo dijo Marichal, y García de Enterría lo corrobora) que su mejor pieza oratoria desde la cabecera del «banco azul» fue la pronunciada el 27 de mayo de 1932, durante el debate del Estatuto catalán. Cuando a las 7 de la tarde de ese día Azaña toma la palabra para intervenir en el debate de totalidad del proyecto estatutario, con el fin de trazar las líneas generales y la política del Gobierno en esta cuestión, todavía no sabe que durante las tres horas siguientes va a legar a la posteridad uno de los discursos de mayor hondura intelectual y oratoria de los pronunciados en el Parlamento español (asombra, además, la lectura de este discurso por su precisión y extraordinaria calidad literaria, sobre todo si se piensa que entonces no se leían los discursos parlamentarios, sino que se construían al hilo de unas ideas y unas notas). Pero hay algo más en estas «excelentes piezas jurídicas y dialécticas» sobre la autonomía catalana, y es que Azaña no se muestra sólo como el mejor orador de la cámara, sino, como destaca García de Enterría, «también el mejor jurista, con diferencia, entre todos los intervinientes. Todo el Derecho, en cualquiera de sus capítulos, es razón ordenada y Azaña es un formidable dialéctico para poder intuir y deducir con principios racionales por sí mismo lo que no ha estudiado directamente» (p. 40), lo cual constituye en sí mismo una hazaña, si tenemos en cuenta que Azaña ha tenido una formación jurídica iusprivatista y en ese momento debía enfrentarse a arduos problemas de Derecho público que, sin embargo, resuelve con verdadera solvencia.
A la «cuestión catalana» hay que aplicarle, según Manuel Azaña, la «razón creadora». Si se coteja su posición –como hizo Juan Marichal en su trabajo introductorio a la obra azañista– en el debate autonómico con la de otro interviniente, Ortega y Gasset, se comprobaría cómo hasta cierto punto los papeles se han invertido: frente a la posición irresoluta de que Cataluña y los demás países españoles pueden solamente «conllevarse», como sostenía Ortega, porque no hay verdadera «solución» al problema de sus relaciones, Azaña cree que una política inteligente puede crear formas satisfactorias de convivencia nacional si se sabe utilizar conjuntamente la «tradición» y la «razón», es decir, una «razón creadora» que no esté en desacuerdo con la «tradición española». La tarea es complicada, y Azaña no lo oculta: «Sé que es más difícil gobernar a España ahora que hace cincuenta años, y más difícil será gobernarla dentro de algunos años. Es más difícil llevar cuatro caballos que uno solo»; pero «en el fondo de nuestra conducta política alienta una noble y gran ambición […] nosotros no queremos seguir siendo los guardianes de un ascua mortecina arropada en las cenizas de este hogar español desertado por la historia. Queremos reinstalar la historia en nuestro hogar, que la tea pasada de mano en mano en las generaciones que nos han precedido y llegó a las nuestras, podamos transferirla a la generación que nos suceda, más brillante, […] iluminando los caminos del porvenir», porque eso es lo que importa, «lo que importa es navegar […] pecho al porvenir y revestíos de arrojo para ensayar, del arrojo grave de los hombres responsables que saben para lo que están en la vida y quieren dejar algo en la vida, y estad vigilantes para saludar jubilosos a todas las auroras que quieran despegar los párpados sobre el suelo español».
El final del discurso de Azaña, certeramente calificado por García de Enterría como «sinfónico y entusiasta, de gran retórico», es bastante expresivo del espíritu con el que Azaña se había impuesto personalmente llevar adelante la resolución de la autonomía catalana. Y explica también, según Enterría, la «terrible frustración» de Azaña cuando compruebe, ya durante la Guerra Civil, la deslealtad de Cataluña hacia los republicanos españoles, rompiendo el pacto iniciado en San Sebastián en 1930, continuado con la Constitución en 1931, y culminado con la aprobación del Estatuto catalán en 1932.
Esta es, en cierto modo, la conclusión final que extrae García de Enterría, y a la que dedica un buen número de páginas de su estudio preliminar: la decepción de Azaña respecto del autonomismo catalán, su amargura durante la Guerra Civil al comprobar la respuesta del nacionalismo catalán a su generosidad previa en la experiencia republicana. Sin negar parte de razón a ese juicio global, creo que en este punto reside mi único leve desacuerdo con la meritoria tarea de García de Enterría en este libro, al considerar la génesis del pensamiento de Azaña sobre la autonomía catalana desde el inicio de la República hasta la conclusión de la Guerra Civil como un continuun lineal que va desde el entusiasmo y la generosidad a la amarga decepción, olvidando el elemento de ruptura que supuso, en julio de 1936, la rebelión militar frustrada que dio origen a la Guerra Civil española: a partir de ese momento, todo fue distinto, y debería ser enjuiciado desde parámetros excepcionales, alejados de la vida política en una situación de normalidad democrática.
Tengo para mí que el trauma y los sentimientos de Azaña con respecto a la autonomía catalana al finalizar la guerra no son sino un retazo de lo que en general siente ante el derrumbe de aquello que Luis Araquistáin, en un momento de exaltación radical, denominara su «bella utopía republicana». Porque lo que se desmorona no es la idea descentralizadora construida desde la Constitución de 1931, ni la autonomía catalana: lo que se ha hundido es el propio Estado republicano –que desde el inicio de la guerra carece ya de los atributos necesarios para su funcionamiento normalizado como maquinaria política– y, lo que es más preocupante para Azaña en aquel momento, las posibilidades de convivencia democrática de las generaciones venideras.
