ARTÍCULO

No fue un tiempo de silencio

 

La anterior centuria no fue en España un período sosegado: veintitrés años de monarquía constitucional no democrática, siete años de monarquía con dictadura y sin Constitución, ocho años de república de los que tres se desarrollaron en medio de una demencial guerra civil, treinta y seis años de dictadura, tres de transición hacia un régimen de libertades y veintitrés de democracia. Los dilemas excluyentes variaron en diversas ocasiones, entre monarquía y república en unos casos, entre dictadura y democracia en otros. Y, en unos y otros, siempre presentes los tradicionales tutores de la política española: el Ejército y la Iglesia católica.
El profesor y analista Santos Juliá ha recopilado una serie de ensayos largos sobre esta época y les ha dado unidad bajo el siguiente axioma: el pasado es historia y el futuro está por construir; el presente no está determinado por el pasado, del que no es necesaria consecuencia. Nada de visiones teleológicas de la historia: quienes pretendan controlar el pasado perderán el futuro, como perderán el pasado quienes pretendan controlar el presente al modo de los «comisarios de la memoria». La historia no es una secuencia regida por la necesidad, pero tampoco es fruto del azar; el pasado no es casual, pero el futuro no está completamente determinado. O, como escribió Marx en El 18 brumario de Luis Bonaparte, «los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre albedrío, bajo las circunstancias elegidas por ellos».
Estar en contra de los determinismos cerrados ha significado para Santos Juliá hacerse con algunos enemigos inesperados, incluso dentro de su propia profesión. De los abundantes temas escogidos para este libro sobresalen, por su polémica actualidad, los relacionados con la transición desde la dictadura franquista a la democracia. El autor combate el relato que surge de una parte de la izquierda de esa transición como tiempo de silencio, ejemplo de pasividad, renuncia y amnesia que, de aceptarse, abre nuevos debates sobre la amnistía decretada en la segunda mitad de los años setenta (definida como una amnistía entregada, propiciada por una correlación de fuerzas desfavorable a los demócratas) y a una visión sesgada de la memoria histórica, como intento de fusión en una sola memoria democrática o antifascista de los diversos proyectos generados por la Guerra Civil en el campo de quienes resistieron con las armas a la rebelión militar de 1936.
Por el contrario, la transición no fue un período de bocas cerradas y cerebros lobotomizados, como dicen los que defienden esa tesis cada vez que se presenta un libro sobre el asunto, se publica un artículo, un documental sobre la represión del franquismo o una película, en una especie de adanismo continuo. Durante los años de la transición –y los demás años, hasta ahora mismo– ha habido un debate exhaustivo y permanente sobre nuestro pasado de guerra y dictadura, sobre la realidad republicana en sus diferentes fases, y sobre la misma modalidad de transición «realmente existente». En periódicos, revistas, ensayos de hispanistas británicos e historiadores españoles plenamente incorporados a las nuevas corrientes historiográficas, en folletos, novelas o en el cine todos estos asuntos han tenido una presencia constante. La Guerra Civil y el franquismo han sido verificados con exhaustividad después de que la coalición militar, católica y fascista, que se adueñó de todo el poder tras la derrota de la Segunda República, sus políticos, sus predicadores, sus profesores, sus publicistas y sus periodistas se inventaran un relato del pasado con el que pretendieron legitimar un tipo de régimen que llegó con vocación de eternizarse en el poder, y se afanaran en perseguir, encarcelar, torturar, desterrar, fusilar o descalificar a quienes se atrevieran a contar de otro modo el pasado impuesto. Pues bien, todas aquellas construcciones, todas aquellas memorias fabricadas dentro de un centro único, monolítico, de poder, se derrumbaron un buen día, dejando como única herencia un montón de ruinas intransitables.
Y también han estado presentes en el debate político, Congreso de los Diputados incluido, después de celebradas las primeras elecciones democráticas en junio de 1977. La amnistía de los setenta fue el primer paso para iniciar un proceso constituyente que culminara en un nuevo régimen aceptado por la mayoría de los españoles, fuera cual fuera el bando en el que habían combatido durante la Guerra Civil. No un ajuste de cuentas. Los presos políticos de la dictadura franquista fueron amnistiados por decreto ley en julio de 1976, casi un año antes de las citadas elecciones, y por ello y porque sus partidos políticos fueron legalizados, pudieron presentarse a los comicios del 15 de junio. La Ley de Amnistía de octubre de 1977, debatida y aprobada en las Cortes, fue defendida en el Congreso por algunos de los diputados que habían sido presos políticos durante la dictadura, y estaba destinada en el ánimo de sus proponentes a amnistiar a los presos de ETA, capturados y procesados por crímenes cometidos después de la muerte de Franco, que no fueron pocos.
Treinta años después se aprobó en el Parlamento la llamada Ley de Memoria Histórica, que exige la reparación y reconocimiento personal de quienes padecieron persecución y violencia «por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa durante la guerra civil y la dictadura». Llegaba un poco tarde a nuestro país esa corriente europea que Tzvetan Todorov ha calificado como obsesión «por un nuevo culto a la memoria». A partir de la norma –y de las polémicas sobre su grado de aplicación y sobre el alcance de la misma–, Santos Juliá desarrolla una teoría sobre las relaciones entre la memoria histórica o colectiva y la historia, basándose en Paul Ricoeur: la memoria ha de estar herida por la historia. No caer en la trampa de llamar memoria a lo que no son sino representaciones o relatos que nosotros, aquí y ahora, construimos sobre un pasado del que no tuvimos experiencia directa y del que no podemos conservar memoria «interior, personal, autobiográfica», sencillamente porque en la mayor parte de los casos no habíamos nacido.
No hay ningún hombre que posea memoria histórica, porque nadie recuerda ni puede recordar lo sucedido fuera del ámbito de su propia existencia; lo que poseemos es memoria de las doctrinas y de las ideologías mamadas, de los libros que hemos leído, las películas que hemos visto, es decir, de los relatos o representaciones construidos hoy para darnos cuenta del ayer, pero no tenemos el recuerdo de «la experiencia del suceso». La historia es una narración en la que van entreverados hechos documentados e interpretaciones construidas; que esas interpretaciones sucumban a la luz de otras posteriores, mejor elaboradas, no significa que no sean ciertos los hechos documentados. La memoria de unos excluye, silencia o vuelve invisible la de los otros. Mientras la historia se vea obligada a dar cuenta de todo lo ocurrido en una u otra parte, las memorias tendrían que coexistir y, si fuera posible, convivir, a la vez que se afirman y polemizan con objeto de ocupar un lugar visible en la sociedad.
Santos Juliá defiende, con una honradez intelectual que a veces parece situarlo en la minoría, que un Estado democrático no puede introducir diferencias entre quienes «padecieron persecución y violencia, por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa», no porque deba mantener una imposible equidistancia entre todas las memorias, sino porque para honrar y reparar la memoria de unos no se puede deshonrar ni ocultar la muerte de los otros. La multiplicidad de interpretaciones molesta a quienes consideran necesario un relato único, compartido, verdadero, o a quienes temen la caída en un relativismo moral de «todo vale». El pluralismo de interpretación y de relatos, como la pluralidad de memorias, no es sólo inevitable en democracia, sino deseable en sí mismo. Esta es la tesis central de Hoy no es ayer.

01/01/2011

 
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