ARTÍCULO

Republicanismo en el ciberespacio

Paidós, Barcelona
Trad. de Paula García Segura
212 pp. 15,38 €
 

En los dos últimos siglos cada avance técnico en el ámbito de las comunicaciones ha venido acompañado de la esperanza de que sirviese para aumentar la participación ciudadana y mejorar la calidad de las democracias. Sin duda, el auge de los ordenadores y de las redes telemáticas, en especial de Internet, ha dado alas a esta ilusión. Pero ¿tiene algún fundamento constatado esta extendida creencia? Ésta es precisamente la cuestión que plantea Cass S. Sunstein en el libro que aquí se presenta: ¿es bueno para la democracia el uso masivo de Internet? El autor responde a esta cuestión con una riqueza de matices que presumiblemente dejará insatisfecho a los amantes de afirmaciones contundentes, pero que indudablemente abre nuevas perspectivas a quienes no se dan por contentos con simplezas y menos aún cuando lo que se dirime son asuntos que incumben al interés general.El libro abriga además un objetivo práctico bien concreto: indagar «las posibles reformas políticas pensadas para garantizar que las tecnologías de la comunicación estén al servicio de la democracia y no al revés» (p. 19).

Sunstein, además de reputado constitucionalista norteamericano, es un decidido partidario de la democracia deliberativa, en cuyo marco teórico ha desarrollado la idea del foro público. Se trata de una institución que permite «que los oradores tengan acceso a diversas personas y se asegure en el proceso que cada uno de nosotros escuche a muchos de ellos, difundiéndose así gran variedad de temas y opiniones» (p. 36). El autor pone en relación esta noción con los efectos ambivalentes de las nuevas tecnologías de la comunicación. Se confronta así la difundida opinión de que Internet es una forma de hacer más fuerte a la sociedad civil con la idea de que, al poder seleccionar sólo la información que queremos y reafirmarnos con ello en nuestras opiniones, esta herramienta no es más que un multiplicador de la individualidad.Ver, oír y leer exclusivamente lo que queremos nos aleja de la pluralidad de experiencias y perspectivas que tan deseable resulta para una democracia de calidad. Sin duda, esta crítica no es fácil de rebatir para los amantes de Internet y sus virtualidades.

La noción de democracia deliberativa –como sucede también con la actual reivindicación de la tradición del republicanismo, con la que mantiene una estrecha relación (p. 45)– representa una forma de crítica a las modernas democracias liberales desde la perspectiva de una recuperación normativa del concepto de ciudadanía activa. De hecho, no resulta nada ajeno a quienes promueven esta forma de democracia la voluntad de elaborar una concepción de la política capaz de dar cobertura teórica a los nuevos movimientos sociales (con frecuencia «de protesta», aunque no necesariamente), a las iniciativas cívicas y, en general, a todas aquellas conductas políticas no convencionales que procuran o favorecen la desinstitucionalización y la desestatización de la política. En la misma línea que los autores que han contribuido al actual resurgimiento del pensamiento republicano, quienes abogan por la deliberación en el ámbito público ponen todo su empeño en combatir la creciente apatía política de las sociedades avanzadas y en recuperar así el pulso de las democracias.

Con la noción de democracia deliberativa se trata de garantizar que las decisiones que se tomen en el proceso político resulten reflexivas y argumentadas, y no simplemente instantáneas de las opiniones individuales vertidas en un momento dado. Se contrapone a una concepción del espacio público en donde los ciudadanos se encuentran entre sí tan solo para alcanzar compromisos sobre posiciones e intereses prácticamente cerrados de antemano. Frente a esta posición individualista, se abogaría por la necesidad de instaurar un ámbito de interacción y de experiencias compartidas que permita generar la cohesión social necesaria como para poder deliberar sobre intereses comunes y acordar soluciones generales.

Si descendemos desde el nivel de los ideales al de las realizaciones prácticas, nos topamos con el hecho de que en numerosas democracias contemporáneas –que se precian de constituir sistemas de opinión publica– apenas existen espacios donde reflexionar y debatir públicamente sobre las propuestas de los diferentes agentes sociales, y menos aún donde intercambiar razones sobre la viabilidad y financiación de las mismas o sobre su concordancia con determinados principios o valores. En las televisiones, ya sean públicas o privadas, en los parlamentos nacionales o en las instituciones locales no se expresan más que eslóganes, pero casi nunca argumentos.A los ciudadanos se les priva de la posibilidad de contemplar auténticos intercambios de razones y contrastes directos de ideas entre los adversarios políticos.

Internet puede llegar a ser un medio efectivo para preservar y promover los principios de la libertad de expresión y las bases del proceso democrático, pues, tal como sostiene Sunstein, «las nuevas tecnologías ofrecen extraordinarias y cada vez mayores posibilidades de exposición a diferentes opiniones, y también brindan grandes oportunidades para compartir experiencias y sustanciales discusiones sobre política y principios» (pp. 155156). En nuestros días, las calles, plazas o parques que en otros tiempos servían como foros públicos para el debate han sido reemplazados por los medios de comunicación de masas: en un principio, por la prensa escrita, luego por la radio y la televisión y, más recientemente, por Internet. Los avances tecnológicos –en especial, las redes telemáticas– revocan de hecho algunos de los tópicos de la política tradicional y, en particular, uno especialmente enraizado: en las sociedades de masas, en razón de la población y del tamaño del territorio, la democracia ya no puede ser sino democracia representativa. En realidad, la posibilidad de que los ciudadanos participen activamente no sólo en la elección de sus representantes, sino en la elaboración de las leyes que les afectan y, sobre todo, en su aprobación, es un hecho que tan solo la inercia de la clase política impide poner en marcha. Existen mecanismos técnicos que posibilitan no sólo la consulta de los ciudadanos, sino también que ésta se realice en condiciones de seguridad, anonimato y confidencialidad. Si se pusieran en marcha, el perfil de las democracias reales podría cambiar radicalmente y se tornarían en democracias descentralizadas, antijerárquicas y de participación directa. Hoy por hoy, lo cierto es, sin embargo, que la interpenetración entre Internet y esfera política es un proceso aún bastante indefinido e incierto, existiendo además el riesgo, como ha sucedido con otros medios de comunicación, de que acabe siendo presa de las concentraciones de poder político y económico. Sunstein, no obstante, insiste en que tales escollos no han de servir de excusa para dejar de explorar las posibilidades de participación que nos abre la tecnología informática.

Desde que los atenienses llevaran a cabo su asombroso experimento de libertad colectiva han cambiado ciertamente las condiciones materiales, pero las exigencias normativas permanecen. Ahora resulta decisivo garantizar la equidad en el acceso a los medios masivos de comunicación. El cambio de condiciones exige regular y adecuar los «derechos de acceso» a los foros públicos por parte de oradores y receptores, de modo que se garantice el libre flujo de información e ideas (véase el capítulo 6). De este modo, Sunstein no sólo toma posición en el debate aún en curso sobre la oportunidad de regular las redes telemáticas, sino que cuestiona también aquella ideología «ciberlibertaria» que compartían muchos de los primeros cibernautas: la utopía de una red sin autoridad central, sin leyes, donde imperaba la libertad absoluta, carente de intereses crematísticos.

Sunstein subraya una y otra vez que el funcionamiento de la democracia depende, por un lado, de que existan experiencias compartidas por todos los ciudadanos –una cultura cívica común o, si se prefiere, un marco general de referencia– y, por otro, de que éstos se enfrenten a temas e ideas que no han elegido de antemano. A la luz de estos principios, el desenvolvimiento real hasta ahora de las redes de opinión dentro del ciberespacio abona un cierto pesimismo, pues lo que domina son más bien las tendencias hacia la reafirmación de las opiniones ya adquiridas, la personalización de las fuentes de información y, en definitiva, la fragmentación social. Por el contrario, con el establecimiento de foros públicos cibernéticos se lograrían a la vez dos objetivos: que los ciudadanos puedan optar con conocimiento de causa y que además adquieran experiencias comunes (p. 188). El objetivo manifiesto de foros públicos en Internet sería, pues, que se incrementasen las posibilidades de intercambio de opiniones entre miembros de los distintos grupos y formas de pensar existentes en una sociedad o, dicho de otra manera, que se aminoren las tendencias hacia el autoaislamiento y la fragmentación social que imposibilitan el ejercicio de la deliberación (capítulo 3). Se trataría de propiciar, en cambio, que los individuos no elijan únicamente materiales y puntos de vista que obedezcan a las propias predilecciones y excluyan temas y opiniones que les son adversas o críticas.

Para terminar, una pequeña sugerencia final: para el lector interesado en el tema de esta recensión será de seguro aprovechamiento la parte monográfica del n.º 28 (2003) de la revista Isegoría, consagrada a «Ciencia, tecnología y ciudadanía». Especialmente recomendables son, sin duda, los artículos firmados por Langdon Winner, Steve Fuller y Javier Echeverría.

01/05/2005

 
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